Uruguay/ Se viene el estallido. Fotografías de las cárceles: "crueles, inhumanas y degradantes" [Venancio Acosta - Informe]

Sab Mayo 9 12:52:18 UYT 2020

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Correspondencia de Prensa

9 de mayo 2020

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Uruguay

Fotografías del sistema penitenciario antes de la aprobación de la LUC

Se viene el estallido 

El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel
Petit, advirtió a los legisladores del riesgo de que el sistema se
sobrepueble si la Luc se aprueba tal como ha sido presentada. Al dar a
conocer un nuevo informe, que vuelve a exponer las condiciones bárbaras de
las cárceles uruguayas, Petit aseguró que un eventual aumento de la tasa de
encarcelamiento podría condenar al sistema a una “ineficiencia definitiva”.
Propuso integrar al proyecto un artículo que responsabiliza civilmente al
Estado de las condiciones de los presos. Nadie recogió el guante.

Venancio Acosta

Brecha, 8-5-2020 

https://brecha.com.uy/

“Gigantesco”, “inhumano”, “degradante”, “infinanciable”. Estos fueron
algunos de los adjetivos que eligió Juan Miguel Petit el martes de mañana,
cuando presentó –junto con docentes de la Udelar (Universidad de la
República9 – el informe que sintetiza el estado de situación en 2019 de las
cárceles en el país.(1) Ese mismo día, de tarde, acudió a la comisión
especial de la Cámara de Senadores que estudia el proyecto de la ley de
urgente consideración (Luc). Y, en los mismos términos, previno a los
legisladores sobre las nuevas malas noticias del sistema.

Es la primera actualización de información luego de que, meses atrás,
naufragara un proyecto de ley presentado en 2018 por el Ministerio del
Interior (entonces todavía al mando de Eduardo Bonomi) que proponía
“reorganizar” las políticas carcelarias en todo el país. El texto planteaba,
entre otras cosas, restituir la rectoría de las políticas carcelarias a la
órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Según académicos y actores del
sistema, significaba, más bien, un cambio organizacional que dejaba intacto
el paradigma de trabajo. La discusión se diluyó con el fin de la
legislatura.

Sin embargo, al haber surgido a instancias de un acuerdo multipartidario, no
se descarta que aquella iniciativa regrese en el mediano plazo; por ejemplo,
una vez que la ley de urgencia haya sido aprobada. De momento, el proyecto
de la Luc plantea cambios que propiciarían –según sus críticos– una
inflación penal en el sistema judicial, con muy probables efectos negativos
inmediatos en relación con el eventual aumento de la tasa de
encarcelamiento.

Similares consideraciones figuran en el documento que el comisionado
repartió el martes entre los legisladores: “Entiendo que debe cuidarse, al
pensar el resultado final de la acción legislativa, en no impulsar
mecanismos que, como artículos o piezas aisladas, pueden ser razonables o
atractivos para la preocupación que nos genera el delito, pero que sumados
produzcan un sistema penal de enorme magnitud, sobrepoblado, de cerrado
funcionamiento y sin alternativas lógicas y cuidadosas a la privación de
libertad”.

Malas nuevas

Uruguay sigue siendo uno de los países con más presos del mundo en relación
con su población. En América Latina está en la cima del ranking. En América
del Sur sólo es superado por Brasil. En lo que va del siglo XXI –según el
informe– la población carcelaria uruguaya se triplicó, aunque el país no
haya sufrido “guerras o enfrentamientos civiles recientes” y tenga “muy
buenos indicadores de desarrollo humano, clara disminución de la pobreza y
la indigencia en los últimos años, amplia cobertura institucional en
políticas sociales, sin conflictos étnico-raciales, con una cultura
relativamente homogénea e instituciones políticas democráticas y estables”.
“Algo insólito”, afirma el texto.

A diciembre de 2019 teníamos a 11.574 personas privadas de libertad. Cuando
el informe fue editado, en enero, eran 11.732. Hasta este martes eran
12.016. La tasa de prisionalización, que también aumenta, es de 340 personas
cada 100 mil habitantes. El aumento de la cantidad de presos tuvo una breve
interrupción a fines de 2017 –presumiblemente relacionada con el nuevo
Código del Proceso Penal (Cpp)–, pero inmediatamente retomó la curva.
Actualmente la cifra está en su máximo histórico: el país nunca tuvo más
personas tras las rejas.

El número que parece disminuir es el de personas presas sin condena (la
“incertidumbre procesal”). La cifra, todavía alta, ronda el 22 por ciento:
históricamente –según el informe– ha sido de alrededor del 70 por ciento del
total, un factor que el comisionado también atribuye a la entrada en
vigencia del nuevo Cpp. En promedio, el 65 por ciento de las personas que
salen de la cárcel reinciden en delitos. El mayor riesgo de reincidencia se
concentra en los varones que están presos en las grandes cárceles de la zona
metropolitana y tienen entre 30 y 34 años.

La mayoría de los presos son varones. Pero hay 670 mujeres presas (y 21
mujeres trans): la mayoría cometió delitos leves como estrategia de
supervivencia extrema. En el sistema hay, además, 46 niños que viven
recluidos junto con sus madres y 15 mujeres embarazadas. La mayor parte de
los presos son jóvenes: según el Inju (Instituto Nacional de la Juventud)
casi uno de cada 100 jóvenes está privado de libertad (0,88 por ciento). Y
si tenemos en cuenta sólo a los jóvenes varones, la cifra sube a 1,66 por
ciento. Casi la totalidad de la población carcelaria está recluida de manera
permanente: apenas el 1 por ciento tiene salidas transitorias.

El 6 por ciento de los varones declaró al Inr (Instituto Nacional de
Rehabilitación) no saber leer y el 12 por ciento, hacerlo “con dificultad”.
En el caso de la población femenina, esta cifra es del 2 por ciento. Y se
eleva al 24 por ciento en el caso de las mujeres trans (“sumadas a las que
lo hacen con dificultad, representan el 36 por ciento de la población de su
género”, dice el informe). En el total del sistema, el 80 por ciento de las
personas que declaran no saber leer, escribir ni calcular tiene entre 18 y
37 años. Sin contar a las cerca de cien personas que cursan carreras
terciarias, en promedio, el máximo nivel educativo alcanzado en todo el
sistema es el ciclo básico incompleto. La mayoría se quedó en primaria. En
cuanto al trabajo, en 2019, del total de las (pocas) personas que
desarrollaron algún tipo de actividad laboral, el 78 por ciento no recibió
ningún tipo de remuneración, un 12 por ciento recibió un peculio y sólo un
10 por ciento percibió un salario.

Según datos recientes del Inr, casi la mitad de las personas que ingresaron
a las cárceles de la zona metropolitana el segundo semestre del año pasado
tiene dificultades de salud mental; más de 8 de cada 20 consumen drogas; a
más de un 10 por ciento se le diagnosticó algún tipo de discapacidad, y un 7
por ciento corre el riesgo de intentar autoeliminarse. Petit reclama que
Asse (Administración de los Servicios de Salud del Estado) asuma la
cobertura de la totalidad del sistema (actualmente el 65 por ciento de la
población cuenta con la asistencia de salud pública). Argumenta –como dato
ilustrativo– que la tasa de tuberculosis es de 28,6 cada 100 mil habitantes,
mientras que en las cárceles asciende a 742.

Actualmente se considera que solamente el 27 por ciento de la población
cuenta con buenas posibilidades de integración social. Para el resto, el
sistema no ofrece garantías claras. Al 26 por ciento el Estado le
proporciona condiciones “insuficientes” y la mayoría (un 46 por ciento)
directamente se encuentra en condiciones que el derecho internacional
califica como “crueles, inhumanas y degradantes”: encierro prolongado, falta
de acceso al patio, ausencia de oferta educativa y recreativa, hacinamiento,
pésimas condiciones edilicias, altos niveles de violencia y nulo rol
educativo de los operadores penitenciarios.

Respecto a la densidad poblacional del sistema, el informe remarca: “Durante
2018 y tras mucho tiempo, se logró que la población penitenciaria alcanzara
niveles menores a la capacidad de alojamiento. Sin embargo, a partir de 2018
el volumen de población ha retomado el crecimiento (tendencia característica
de las últimas décadas) y la densidad se encuentra hoy en día al 100 por
ciento. Esto significa que si la tendencia de crecimiento poblacional se
mantiene, la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un
problema medular”.

En 2019 murieron 44 personas bajo custodia; en 2018, 37. De esas muertes, 31
fueron violentas (20 homicidios, nueve suicidios y dos fallecimientos por
“otras causas”). Desde que existe el registro (2005), la cifra de muertes
violentas es de las más altas, solamente superada en 2016, que registró 32
fallecimientos. Al margen de ello, el informe es tajante: toda muerte
ocurrida en las cárceles “es sospechosa de criminalidad y de responsabilidad
del Estado”, una afirmación más severa que las registradas en informes
anteriores.

El comisionado todavía se resiste a adjetivar como “tortura” la situación en
la que está sumida buena parte del sistema, en el entendido de que esa
definición jurídica no se ajusta específicamente a lo que padece la mayoría
de las personas recluidas. Apunta: “Las condiciones generales de reclusión o
la situación de una unidad o sector, entendemos, no pueden calificarse como
tortura, ya que no son una conjunto de actos determinados por una finalidad,
sino por una decadencia estructural de un servicio con vulneración de
derechos y generación de penurias. Son, entonces, trato cruel, inhumano o
degradante”.

Golpe de gracia 

Antes de la comparecencia de Petit en la comisión que estudia la Luc, los
legisladores contaban con las 137 páginas del informe y un documento
especial de 22 páginas sobre la Luc y sus posibles consecuencias en el
sistema. En este último, la Oficina del Comisionado planteaba su
discrepancia con 19 artículos del proyecto que, a su entender, pueden
“sobrepoblar, colapsar y hacer infinanciable el sistema”. Y afirmaba: “En
palabras simples, que no sea peor el remedio que la enfermedad, al generar
efectos no deseados, como lo sería un mayor crecimiento del sistema
carcelario que lo condenaría a una ineficiencia definitiva o casi terminal”.

Luego de una larga exposición, las intervenciones fueron breves. En cuanto a
la oposición, el senador Eduardo Bonomi (Movimiento de Participación
Popular) reeditó una discusión con Petit sobre la obligatoriedad del trabajo
(que el exministro defiende y el comisionado considera un derecho más que
una obligación). El senador Óscar Andrade (Partido Comunista) manifestó
tener una “particular preocupación” por los adolescentes que se encuentran
en conflicto con la ley y los presos que prefieren trabajar “soportando
cualquier cosa” en lugar de estar “23 horas encerrados”. La senadora Amanda
della Ventura (Vertiente Artiguista) citó el best seller La inteligencia
emocional, del psicólogo estadounidense Daniel Goleman, porque, argumentó,
para discutir del tema es necesario tener una “sensibilidad” que “apueste al
ser humano”.

En cuanto al oficialismo, el senador Sergio Botana (Partido Nacional)
recordó “experiencias preciosas con menores infractores en Cerro Largo”:
“Más allá del rechazo social que conlleva el hecho de que la sociedad tenga
que mantener vagos delincuentes –esa es la expresión más común que
encontramos en el decir diario–, si consideramos que el que cometió un
delito está enfermo de algo, entonces tiene la obligación de tratarse”. La
senadora Graciela Bianchi (Todos) discutió con la senadora Della Ventura,
recalcó que en su calidad de legisladora no votó el aumento de penas (“yo
voté el No a la Baja”) y le preguntó al comisionado “cómo rompemos este
círculo”. “Sé que es una pregunta difícil, pero estoy cansada de escuchar
que no tenemos recursos […]. ¿Cómo salimos de esto de una manera rápida?”,
cuestionó. El senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) fue conciso:
preguntó por “el estado material de los establecimientos de detención”, cuya
respuesta está detallada en todos los documentos que se ofrecieron como
insumo.

El texto presentado por Petit a los legisladores, además de discrepar con
gran parte del capítulo 1 de la Luc, propone modificaciones e incluso
integrar artículos nuevos al proyecto. Uno de ellos establece que el Estado
sea “responsable civilmente de los perjuicios y daños físicos o vitales que
sufran esas personas durante la reclusión, como ser muerte, lesiones graves
o gravísimas o enfermedades invalidantes como consecuencia de la no atención
de las mismas, que sean resultado directo de la omisión pública en asegurar
condiciones físicas de reclusión razonables y planes de tratamiento
mínimos”. No se discutió. 

Nota   

1) Junto con Petit participaron Rodrigo Arim, rector de la Udelar; Ana
Vigna, investigadora del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la
Violencia, de la Facultad de Ciencias Sociales; Juan Ceretta, docente del
Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho; Hugo Rodríguez, director del
Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, y Gabriela
Pasturino, coordinadora del equipo de la Csic que trabaja con estudiantes
privados de libertad.

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