América Latina/ “Muchas mujeres nunca habían estado presas, no han tenido un juicio y ahora pueden morir aquí” [Beatriz Guillén]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de mayo 2020

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América Latina



“Muchas mujeres nunca habían estado presas, no han tenido un juicio y ahora
pueden morir aquí”



El hacinamiento, la falta de útiles de higiene y la deficiente atención
médica convierten a las prisiones latinoamericanas en una bomba de relojería
durante la pandemia.



Beatriz Guillén, desde México

El País, 21-5-2020

https://elpais.com/sociedad/



Lorena Martínez tenía 36 años y murió el 29 de abril en la cárcel La Mesa de
Tijuana con un diagnóstico asociado a la covid-19. Es el expediente 357 de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California y sus compañeras
la llamaban Happy (Feliz). Tenía diabetes, un hijo, hipertensión arterial,
unos padres al otro lado de la frontera y llevaba varios días con dificultad
para respirar. Entre las versiones encontradas de los hospitales y el
sistema penitenciario, Lorena murió esperando recibir atención médica.



Ella es uno de los cuatro únicos casos de coronavirus registrados en mujeres
privadas de la libertad en México, según la organización Asilegal, que se
encarga de cruzar los datos disponibles de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. “Existe un subregistro mayúsculo de información sobre mujeres.
Nadie tiene cobertura para poder saber qué está ocurriendo realmente en los
centros penitenciarios”, explica Miguel Hernández, coordinador de
Comunicación de la organización.



Todo lo que se sabía antes de las prisiones latinoamericanas se ve peor
ahora: lugares donde es imposible mantener la distancia social, el agua está
restringida, la higiene es complicadísima y la falta de atención médica es
habitual. “En una situación normal, en muchas de las cárceles hay
hacinamiento y sobrepoblación, las personas no tienen el espacio suficiente
para convivir de una manera digna”, comenta Verónica Garzón, abogada que
lleva 14 años trabajando sobre la situación de las mujeres en prisión.



En un mensaje de WhatsApp enviado desde el centro de reclusión El Buen
Pastor de Bogotá, Leidy —que ha elegido su nombre ficticio— escribe:
“Vivimos de a seis en celdas de tres. Los alimentos los recibimos en el
rancho, sacan al patio entero, a 400 personas, a por el alimento al mismo
tiempo en una fila en la que obviamente no podemos estar a un metro de
distancia. A la guardia les gusta arrimarnos de a dos y una encima de otra”.



Mientras salta un vídeo en YouTube donde la Alcaldía de Bogotá anima a la
población a lavarse las manos cada tres horas porque “es vital para evitar
la propagación de la covid-19”, en el reclusorio femenil de la ciudad, donde
conviven más de 2.000 mujeres, los cortes de agua son constantes. A veces el
suministro dura tan poco tiempo que las internas guardan el agua en botellas
para poder bañarse después. “¿Cómo van a cumplir los protocolos de la OMS si
ni siquiera hay agua? Si les han prohibido meter gel antibacterial porque
contiene alcohol”, se pregunta Claudia Cardona, psicóloga de la Corporación
Humanas, que trabaja con mujeres privadas de libertad.



Los comentarios sobre las condiciones de insalubridad de las cárceles se
repiten de Santiago de Chile a Tijuana: roedores, palomas y chinches en las
salas comunes, aguas fecales que se filtran en baños y colchones, un riesgo
constante de hepatitis e infecciones vaginales. Cardona, que también estuvo
en prisión y ahora es la coordinadora de Mujeres Libres en Colombia, resume:
“De normal hay un deficiente sistema de salud en la prisión, imagínate
ahora. Ellas tienen miedo, porque saben que dentro no se les puede atender”.



Los vecinos del penal de Santa Mónica, en Lima, grabaron el 10 de mayo los
gritos de auxilio de cientos de mujeres. Solicitaban atención médica y
medicina. Ocho de ellas fueron diagnosticadas como positivas, y algunas
fueron llevadas al auditorio de la prisión para ser aisladas. El sistema
penitenciario calificó la situación como una “protesta pacífica”.



Gabriela —nombre ficticio— se queja en sus tres notas de voz de que en el
centro de reinserción de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, no
reciben la atención médica correcta: “Y si pones algún reporte hacen oídos
sordos. Consideran que vamos por la situación del estrés, en vez de por
enfermedad”. En Santa Martha, la organización Asilegal ha registrado dos
casos de mujeres contagiadas con covid-19. El penal no confirma la
información y remite a la subsecretaría de Sistemas Penitenciarios, que no
ha contestado a la consulta de este periódico.



La coordinadora de CEA-Justicia, Ángela Guerrero, autora del informe
“Mujeres encarceladas y covid-19, recomendaciones para los sistemas
penitenciarios de la región”, explica que en el contexto de la emergencia
sanitaria se deberían priorizar la liberación por razones humanitarias de
mujeres embarazadas, en período de lactancia, con hijos menores de edad o
adultas mayores con enfermedades crónicas.



Al otro lado de la línea se oye el cacareo de las gallinas y una voz llana.
María de Jesús Castillo habla de su hermana Mari Nieves, que tiene 57 años y
artritis. Su condición ha empeorado en los tres años que lleva en la prisión
federal de Morelos: “No le daban su medicamento y varias veces se ha quedado
prácticamente incapacitada para moverse”. Entre esas mismas paredes, María
Elena Gaona, de 26 años, dio a luz a una niña en mayo. Su hermanastro,
Gustavo Campuzano, dice que es hermosa, pero no lo sabe: “Nos han dicho que
un día podremos hacer videollamada, pero no sabemos cuándo”. “Mi hermana ya
se alivió. Ella está bien, mi sobrina un poco malita”, cuenta, pero suena
tranquilo.



La polémica de las excarcelaciones



La respuesta ante la recomendación internacional de descongestionar las
cárceles ha sido variada en la región latinoamericana: en la provincia de
Buenos Aires, la Justicia argentina dispuso desde principios de abril el
arresto domiciliario para mujeres mayores de 65 años, embarazadas o con
hijos menores, siempre que tuvieran delitos leves.



En Colombia, el Gobierno presentó el 14 de abril el decreto de
excarcelación, el 546, para “grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad”.
Sin embargo, Claudia Cardona, de la Corporación Humana, refiere que el
decreto contempla más de 100 excepciones, una de ellas son los delitos
relacionados por tráfico o porte de drogas, por el que están en prisión casi
la mitad de las 8.395 mujeres privadas de libertad en el país.



En Santiago de Chile la situación que más le preocupa a Paola Ramírez,
coordinadora de Mujer Libre en el país, es la cárcel de San Miguel, donde
están las mujeres imputadas, que todavía no han tenido un juicio ni han sido
condenadas: “Allí hay presas políticas, que están por el levantamiento
social que hubo en el país el 18 de octubre”.



Desde la torre dos de San Miguel contesta el teléfono Ada Soto y casi lo
primero que cuenta al descolgar es que ella tiene que pagar por su delito de
tráfico, pero que lo que ha ocurrido con sus padres es “ilógico”. Cuenta que
fueron detenidos junto a ella porque la droga estaba guardada en una parcela
donde todos convivían. “Mis padres no fueron arrestados por un delito
propio. Era un delito mío y yo levanté la mano desde el principio. Pero han
estado aquí 32 meses esperando a que comenzará el juicio, eso es una condena
ya”.



Tras semanas de insistencia de sus abogados y de informes médicos, ambos
fueron liberados el 7 de mayo por ser grupo riesgo para la covid-19: tienen
67 años, él padece diabetes y ella es hipertensa. Ninguno tenía
antecedentes. “Fue un día de felicidad plena, porque ahora yo ya sé que mis
hijos van a comer todos los días”, dice contenta. Y describe a Beatriz,
Orlando Mauricio, Kelly e Isidora, que han estado estos casi tres años al
cargo de una amiga de su madre.



Sobre las 500 imputadas de San Miguel, Ada cuenta que muchas de ellas nunca
habían estado presas antes y que tienen miedo a la infección: “Pueden ser
inocentes y morir en la cárcel siendo inocentes, sin un juicio”. Manda
callar un segundo a sus compañeras de habitación, les dice que está ella
ocupando el cargador y después termina segura: “Aquí en Chile no se condena
el delito, se condena el nivel de pobreza”.



Las mujeres representan de media el 8,4% de la población penitenciaria en
América Latina. El porcentaje varía según el país, pero la mayoría de ellas
se encuentran en prisión preventiva o condenadas por delitos menores, según
WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Muchas están
por delitos relacionados con drogas de bajo nivel que tienen un alto riesgo
de captura. “Ellas son el eslabón más bajo de la cadena, con su detención no
atrapan al narcotraficante”, señala la coordinadora de Mujer Libre en
Colombia.



Al ser una minoría, “las cárceles son lugares creados por hombres para
hombres”, considera Verónica Garzón, abogada de Asilegal. En la mayoría de
las prisiones no se tienen en cuenta necesidades específicas de las mujeres
como la higiene menstrual, la atención ginecológica o los niños que están
con sus madres en prisión hasta los tres años. Ahora, con la pandemia,
también tienen unas necesidades diferenciadas: deberían extremar las medidas
de higiene a la hora de dar de mamar a los bebés o de cambiar pañales, y
habría que facilitar dar información apropiada a los niños sobre lo que está
pasando, por ejemplo. Garzón concluye: “Las instituciones nunca se han
volteado a verlas”.



Las visitas son el oxígeno para las internas



Como medida preventiva, en las dos prisiones de mujeres de Santiago de Chile
se han habilitado espacios de aislamiento para las internas que llegan
nuevas, que pasan 14 días en cuarentena, y para las que desarrollan síntomas
dentro. Sin embargo, Garzón considera que en la mayoría de las cárceles de
México no hay espacio disponible para estas medidas. Además en la mayoría de
los penales no cuentan con mascarillas ni productos sanitizantes.



Así, la principal norma de protección para toda la región durante la crisis
del coronavirus ha sido la suspensión o restricción de las visitas. Esta
medida tiene un impacto muy diferente entre hombres y mujeres, explican las
expertas consultadas, porque la madre es la figura de referencia para sus
hijos y las visitas son el oxígeno para las internas.



“Las mujeres son cabeza de hogares, no solo madres, sino de toda la familia,
cuidan de sus mamás, de familiares dependientes”, explica la psicóloga
Claudia Cardona. “Cuando una mujer cae presa, la familia se desmorona.
Cuando es el hombre quien está preso, la mujer le asiste y la casa sigue
normal”, cuenta Ada Soto, interna en San Miguel. Por esa razón, en algunos
penales se han habilitado ordenadores para utilizar Skype, en otros se está
permitiendo el uso de celulares o se reparten tarjetas telefónicas. Sin
embargo, en muchos centros la única opción siguen siendo las llamadas desde
los teléfonos públicos de la prisión. Se trata de medidas limitadas para
cárceles sobrepobladas con una mayoría de internas en situación de pobreza,
explica Paola Ramírez, de Mujeres Libres Chile, que concluye: “La cárcel no
es ningún lugar sanitizado ni preparado para sobrellevar una pandemia”.

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