México/ El regreso del general Cienfuegos [Manuel Aguilar Mora]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de noviembre 2020

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México



El regreso del general



Manuel Aguilar Mora *

Ciudad de México, 25-11-2020



El regreso a la Ciudad de México libre de cargos del general Salvador
Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional (el jefe del
ejército mexicano) del gobierno de Peña Nieto, el 18 de noviembre pasado
elevó a niveles explosivos la crisis política en el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) que detonó un mes antes, el 15 de octubre, con
su detención por agentes de la policía antidrogas de EUA (la Drugs
Enforcement Administration-DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, California.



Las acusaciones



Durante un mes se desarrolló la crisis que mantuvo en tensión y expectación
al escenario político nacional: el encarcelamiento del general retirado, su
traslado a Nueva York para enfrentarse al juicio que se le preparaba con un
expediente de más de 750 folios y que, como ha sucedido en todos estos
juicios hasta ahora, se esperaba terminaría con una sentencia condenatoria
de cadena perpetua en prisión. La crisis derivó por múltiples cauces y fue
evolucionando con extrema rapidez. Ciertamente no era para menos: se trata
de uno de los personajes centrales y más influyentes del ejército mexicano,
sobre quien no había en el gobierno de México la menor sospecha de ser
cómplice de crimen alguno. Cienfuegos había presidido sobre las operaciones
militares represivas centrales del gobierno de Peña Nieto, a saber el
ajusticiamiento de una de decena de supuestos delincuentes en Tlataya,
estado de México y ante todo en la masacre y desaparición de los estudiantes
de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.



El megaescándalo se potenció a la velocidad del rayo y llegó a su explosión
cuando el lunes 16 de noviembre, en forma inesperada e insospechada del todo
los fiscales estadunidenses registraron ante el tribunal federal en Nueva
York encargado del caso la solicitud para que esa corte desechara las
acusaciones formales, ya que EUA había determinado que consideraciones
delicadas e importantes de política exterior superaban el interés del
gobierno en proceder con la fiscalización del acusado, bajo la totalidad de
las circunstancias y, por lo tanto, requerían desestimar el caso. El juicio
se iba iniciar el miércoles 18, o sea dos días después de que ya en pleno
proceso el general ya no podría ser liberado de cargos, los cuales eran
equivalentes, a una sentencia de cadena perpetua. En lugar de eso, el
general fue reenviado a México de inmediato y horas después descansaba en su
mansión de uno de los barrios burgueses de la Ciudad de México.



Dichas acusaciones son las mismas que  se hicieron contra quien fue
secretario de Seguridad Pública del gobierno del presidente Felipe Calderón,
García Luna quien ya se encuentra preso y sentenciado en una cárcel de Nueva
York. Los fiscales encargados del caso acusan al general Cienfuegos Zepeda
de abuso de su puesto para ayudar al cártel de El H-2 (una derivación en
Nayarit del cártel de Jalisco) a traficar miles de kilos de diferentes
narcóticos a EUA y que, a cambio de sobornos, permitió que ese grupo actuara
con impunidad en México. De acuerdo con la acusación oficial, entre
diciembre de 2015 y febrero de 2017 el general Cienfuegos, también conocido
como El Padrino, conspiró junto con otros para manufacturar y distribuir
drogas ilícitas incluyendo heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana con
el conocimiento de que serían exportadas a EUA.

El cuarto cargo es por conspiración para blanquear fondos procedentes del
narcotráfico y acusan que entre las fechas de diciembre de 2015 a febrero de
2017, el mando militar realizó operaciones financieras transfiriendo fondos
procedentes del narcotráfico. Los fiscales estadunidenses calculaban que la
pena mínima para cada uno de los primeros cargos es de 10 años de prisión y
en conjunto, como se ha dicho, una máxima de cadena perpetua.



Las reacciones de AMLO



La noticia de la retirada de los cargos al general Cienfuegos por parte del
gobierno de Trump y su regreso a México para que fuera puesto bajo las leyes
mexicanas, cuyos fiscales ciertamente apenas en ese mes habían abierto la
carpeta correspondiente de investigación del general, no es exagerado decir
que conmocionó al país y fue el inicio del potenciamiento de una ya de por
si profunda crisis política provocada un mes antes.



Por supuesto, la primera declaración ampliamente difundida fue la del propio
presidente de la República. AMLO no tardó ni un día para declarar en la
mañanera del 18 de noviembre que la detención del general Cienfuegos ex
secretario de Defensa del gobierno de Peña Nieto acusado de ser cómplice del
narcotráfico “ es un hecho muy lamentable, porque es una muestra inequívoca
de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función
gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”. Fue evidente su
acuerdo sin asomo de dudas de la legalidad del hecho por parte del gobierno
de Trump. Prosiguió anunciando que los militares que hayan sido cómplices de
Cienfuegos deberían ser también señalados y puestos bajo el imperio de la
ley. Reconoció que su gobierno no había sido informado de la investigación
realizada por la DEA desde hacía diez años (¡10 años!) antes y parecía que
su elocuencia improvisada tradicional allí dejaría el asunto. ¡Cuán
imprevistas e improvisadas demostraron ser estas declaraciones que apenas un
día después AMLO debió desdecirlas con otro discurso completamente
diferente! Tuvo que recular de inmediato ante el asalto furibundo al que fue
sometido por los militares que se sintieron agraviados profundamente por el
encarcelamiento de El Padrino como el general Cienfuegos era conocido en los
medios de los cárteles.



Lo que vino después y sigue es una crisis que no tiene un fin cercano pues
todavía hay muchísimos cabos sueltos de un asunto de la política entre los
dos gobiernos de EUA y de México, encabezados por dos personajes que han
tenido una evidente afinidad electiva como lo demostraron tanto la visita de
AMLO a Trump en Washington en plena campaña presidencial el pasado 8 de
julio como su actitud sorprendente y mundialmente conocida de apoyo al
titular de la Casa Blanca cuando declaró que él no reconocería el triunfo de
Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre hasta que se conocieran “los
resultados oficiales que demostraran que no había habido fraude alguno”. De
este modo AMLO puso su broche de oro a una relación con Trump en la que hizo
todo lo posible por quedar bien con él, desestimando y aceptando sin chistar
todos los abundantes actos y campañas antimexicanas emprendidas por el
impresentable ocupante de la Casa Blanca.



El poderío de los militares



Estamos ante un hecho de una gravedad enorme por las cuestiones involucradas
cuyas consecuencias serán también de grandes dimensiones. Como se ha dicho,
AMLO declaró desde un principio que su gobierno no tenía el menor
conocimiento de la investigación que Washington había iniciado una década
antes sobre el general Cienfuegos. Esta situación concernía en especial a la
DEA cuyo papel en los últimos treinta años ha sido decisivo como aliada del
combate gubernamental mexicano contra la delincuencia del narcotráfico. Este
caso del general afecta ya de forma negativa a dicho papel. La cuestión que
se plantea de inmediato es cuán grande serían las consecuencias para
Washington del juicio a Cienfuegos que estuvo dispuesto a pagar el alto
precio de de desestimar el trabajo de investigación de una década de su
agencia clave en la lucha contra el narcotráfico.

Las investigaciones de acuerdo a las informaciones de voceros de ambos
gobiernos son extensísimas. Según se dijo la DEA le entregó a la Fiscalía
General de la República (FGR) un expediente de 750 folios. Por ley el
gobierno de Washington no puede entregar toda la investigación íntegramente,
sin embargo en esos 750 folios habrá mucho que saber con lo que bastaría
para conocer vínculos, contactos, complicidades, hechos de todo tipo
(llamadas, e-mails, twiters, mensajes, etc.)  y toda una serie de razones y
circunstancias en abundancia. Las implicaciones, los nombres, las relaciones
allí incluidas tienen un carácter explosivo que afectan a personajes muy
poderosos que están involucrados en los procedimientos. ¿Cómo no entender
que el caso deriva por múltiples vericuetos que compromete a más militares,
políticos y a toda una serie de personajes del gobierno y de la sociedad
ligados al narcotráfico? ¿Cómo no preguntarse cuánta no sería la presión
ejercida por los militare mexicanos para que AMLO tuviera que tratar
directamente con Trump la urgencia para el Estado mexicano de la devolución
del general? ¿Cómo no calibrar la poderosa influencia del ejército mexicano
y del conjunto de las fuerzas castrenses (Marina, Guardia  Nacional
incluidas) para que Washington se vea obligado a maltratar a la DEA
exponiéndola como incapaz de aquilatar en sus acciones la dimensión política
que le obligue a retractarse de ellas? Ciertamente la importancia para los
intereses geopolíticos de Washington de tener las mejores relaciones con la
fuerza fundamental para el mantenimiento de la estabilidad social del vecino
directo del sur, es una necesidad estratégica a la cual subordinar incluso
el prestigio de la DEA.



Una breve descripción del poderío de los militares lo dan las cifras
siguientes. El presupuesto gubernamental para el próximo 2021 programado
bajo los criterios más estrictos de austeridad, incluye sin embargo el único
y notorio aumento en los recursos destinados a las fuerzas armadas en sus
diversas formas. En los montos destinados a la Secretaria de la Defensa
Nacional (Sedena), a la Marina y a la Guardia Nacional. Ese monto asciende a
la cantidad de 183 mil 704 millones de pesos (más de 9 mil millones de
dólares). Un monto parecido al previsto que repartirá la Secretaria del
Bienestar a los jóvenes, adultos mayores y demás rubros. Sólo el monto
correspondiente a la Sedena es tres veces mayor al presupuesto que tenía
hace diez años.



AMLO ha recurrido al ejército como su apoyo estratégico central para sus
grandes proyectos: legalizó su acción de seguridad pública y le concedió el
control de la Guardia Nacional (con 100 mil elementos), le encargó la
política migratoria, le entregó los puertos y las aduanas, y además le
adjudicó contratos millonarios de obra pública como el aeropuerto de Santa
Lucía, la construcción de las sucursales de los bancos del Bienestar, la
construcción de los dos tramos más grandes del  Tren Maya. (Mathieu
Tourliere, “AMLO consiente a la Sedena: le ofrece el mayor presupuesto de su
historia”, Proceso, 22.11.2020).



La sombra de la impunidad



AMLO construyó su apabullante victoria electoral de 2018 sobre el colapso
del proyecto de “la transición democrática” del PRIAN. Nunca precisó los
ejes fundamentales de esa ofensiva contra la “mafia del poder” que él
identificaba con el PRIAN y sus apoyos y beneficiarios financieros,
industriales y comerciales. Tampoco jamás definió a esa “mafia del poder”
como el poder capitalista dominante en el país. Pero el fracaso colosal de
los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto exigía primero y ante todo la
derrota  inmediata del PRIAN. AMLO ofrecía esa alternativa. Aunque
finalmente se ha demostrado que la tal “mafia del poder” es hoy su aliada
clave, debemos reconocer que en su curso hacia el poder, su discurso
general, en gran medida esencialmente demagógico, tuvo siempre un elemento
de realismo contundente: el ejército, las fuerzas armadas en general,
siempre fueron reconocidas como básicas de la institucionalidad y respetadas
como pilares fundamentales de la gobernanza nacional. No obstante, lo que si
hay que decir es que no se preveía que pudiera superar a Calderón y a Peña
Nieto en su apoyo y colaboración con los militares. Sin duda en sus dos años
de gobierno, AMLO ha superado a sus antecesores con creces en su dependencia
pronunciada en los militares.



Con el abrupto giro de poco más de un día, AMLO después de celebrar la
detención del general como un ejemplo de corrupción del “neoliberalismo de
los gobiernos anteriores” y de asegurar que ya no sucede ni sucederá en el
actual gobierno, el presidente debió virar por completo y convertirse en la
práctica en el defensor decisivo del general Cienfuegos. Durante un mes,
todo el peso del Estado mexicano, de sus influencias, de sus presiones
fueron puestas en tensión para arrancar al general de la justicia de EUA que
le prometía una cadena perpetua y devolverlo a México. Y lo lograron con una
rapidez impresionante.



¿Qué pasó entre los gobiernos de Trump y AMLO para que se diera esta
inaudita situación? Repetimos que todavía hay una gran ausencia de datos,
informes y declaraciones que abunden y completen un panorama que aún está
pleno de oscuridades. Las especulaciones están a la orden del día, como por
ejemplo las que algunos funcionarios sostienen considerando que la decisión
de regresar al general fue de Joe Biden. Por supuesto que esta es una
especulación que se aleja remotamente de la realidad que vive en estos días
tumultuosos y complejos el gobierno de Washington y en general la política
estadounidense en general. William Barr, el procurador general de EUA, a
quien correspondió dar la orden de retirar los cargos al general Cienfuegos,
es un aliado estrecho del presidente Trump. Barr ha sido el encargado de
ejecutar órdenes de Trump para exonerar a delincuentes cercanos al
presidente, para permitirle quedar bien con el presidente de Turquía en
algunos negocios no del todo limpios, de hacer que sus vínculos con Putin no
le afecten más de la cuenta. Brevemente, Barr es un incondicional de Trump.
Y éste en su lucha cuesta arriba por demostrar que la victoria de Biden es
fraudulenta seguramente aprecia mucho cualquier apoyo como el que le dio al
nivel internacional AMLO al declarar su posición sobre la posibilidad de un
fraude en las elecciones del 3 de noviembre.



También se debe tener en cuenta que la situación de EUA, como se ha
demostrado con creces en las últimas semanas se ha agravado con la
profundización de la tripe crisis que atraviesa: la sanitaria, la económica
y la del malestar social ante todo expresado en el movimiento de los
afroamericanos (“las vidas negras importan”) que cuenta con sólidos apoyos
de los otros grupos sociales blancos, latinos y asiáticos. Para Trump y los
republicanos que lo apoyan el control y la estabilidad de México, el patio
trasero directo con los tres mil kilómetros de frontera sureña, es un factor
crucial. El general Cienfuegos es un exponente central del instrumento de
represión clave para mantener tanto el control como la estabilidad en
México. La furibunda reacción de sus colegas en los altos mandos del
ejército mexicano ante la detención de su ex jefe ciertamente influyó en la
decisión de Washington. El ejército mexicano es un socio menor pero
fundamental en los planes estratégicos de su política imperialista, de los
dos partidos demócrata y republicano, para América Latina.



Hoy una de las grandes preguntas es ¿y ahora qué pasará con el general?
Pregunta que la abrumadora mayoría de la población considera que al quedar
en manos de la corruptísima justicia mexicana su exoneración está
prácticamente garantizada. Una conclusión así sería favorable a los
belicistas norteños que no se cansan de mantener que la corrupción endémica
de la política y la justicia mexicanas son la justificación esencial para
una mayor injerencia e intervenciones de todo tipo en México en defensa de
los intereses estadounidenses. Siempre se recuerda las estadísticas de la
impunidad prevaleciente en el país: el 95 por ciento de los delitos quedan
impunes.



Ante las preguntas sobre las condiciones de los estadounidenses para la
devolución del general a México, AMLO siempre ha contestado que no ha habido
ningún trato en los “oscurito” y que “él no es florero” de los extranjeros:
“el presidente Trump ha mantenido una relación de respeto con nosotros”.
“Aclaro que así como no hay impunidad, no vamos a permitir en ningún caso se
fabriquen delitos; tiene que haber sustento y pruebas, ya que ninguna
persona puede ser víctima de una injusticia y, desde luego, lo haríamos ante
cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano, sea quien sea”.
El otro protagonista central en las negociaciones entre ambos gobiernos, el
canciller mexicano Marcelo Ebrard también lo ha repetido una y otra vez. Ha
dicho: “No es un acto [la devolución del general a México] en el camino de
la impunidad sino de respeto a México y a sus fuerzas armadas”. E incluso en
una de las muchas conferencias mantenidas en estos agitados días Ebrard ha
sido tan crudo como para decir que cualquier rastro de “impunidad en el caso
del general Cienfuegos sería un suicidio para el gobierno de México”.



Ejército, pueblo y oposición de izquierda



No cabe duda que los militares han salido fortalecidos de estos
acontecimientos pues tanto el gobierno de EUA como el de México debieron
aceptar sus exigencias. En especial el gobierno de AMLO tendrá en el
ejército un socio muy poderoso con quien en muchos casos deberá compartir la
gobernanza.



En la superabundancia de comentarios, análisis, declaraciones y
especulaciones que inundan los medios de todo tipo ya se discute sobre la
situación de este momento en la trayectoria del gobierno obradorista. Para
muchos ya es un punto de inflexión crucial. Algunos lo comparan con lo que
fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para el gobierno de
Peña Nieto: el inicio de su decadencia. Ciertamente el regreso del general
Cienfuegos es para el gobierno de la “Cuarta Transfornación (4T)” una nueva
cruz en la hilera que lleva en los escasos dos años de gobierno. Ya muerta o
todavía viva la 4T, una cosa es evidente: la liberación del general
Cienfuegos, porque de hecho de eso se trata su regreso a México, representa
no la superación del curso impuesto por el PRIAN sino su profundización en
condiciones de crisis que superan con creces las que enfrentaron tanto
Calderón como Peña Nieto: una depresión económica comparable a la de los
años treinta del siglo pasado, desempleo como nunca antes, hambre y miseria
en la mitad de la población, afectada además por la terrible pandemia que
precisamente los días del regreso del general superó la marca de 100 mil
muertos colocándose firmemente México en el cuarto lugar de la lista macabra
de víctimas del covid-19, en donde sólo es superado por EUA, la India y
Brasil países con poblaciones muchas veces mayores a los 125 millones de
mexicanos y mexicanas.



Todo ello significa también que el papel del ejército mexicano seguirá
siendo el garante decisivo del régimen. Su intervención en las crisis cuando
la lucha de clases amenaza el desbordamiento de los cauces del control
político tradicional de la sociedad capitalista es históricamente
fundamental desde su nacimiento en las campañas de los caudillos norteños
vencedores sobre los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. Desde entonces
el ejército ha sido la rosca cerrada para el beneficio exclusivo de los
jefes militares, comenzando con sus fundadores Obregón y Calles. A
diferencia de los ejércitos en la mayoría de países cuyo jefe es un civil,
el mexicano siempre ha sido controlado y dirigido por los mismos militares,
siempre también intocables. Esa impunidad de sus acciones se ha mantenido
incólume desde sus inicios en los años veinte, durante la represión de la
insurgencia electoral de 1952, cuando fue el rompehuelga de la lucha
ferrocarrilera de 1959, como el ejecutor de la masacre de Tlatelolco y
últimamente en las ejecuciones extrajudiciales de Tlataya y ante todo en su
participación en la matanza y desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa.



Sólo el pueblo puede vencer al ejército. Y lo vencerá cuando se presente la
situación de su movilización autónoma, independiente y democrática. La
emancipación de los trabajadores, la liberación popular se logrará en una
lucha cuya meta es la organización de los trabajadores y sus aliados
oprimidos y explotados bajo la bandera de un programa anticapitalista y la
perspectiva socialista. Para lograr estas metas la existencia de una
vanguardia bien estructurada y enraizada en las luchas de los trabajadores y
populares es fundamental. Hacia ello se dirigen los brotes de oposición de
izquierda que ya se están organizando en el país, para participar
conjuntamente en los sindicatos, en las universidades, en las colonias
proletarias, en las fábricas y en las elecciones. En 2021, ya a la vuelta de
la esquina, habrá elecciones para renovación de la Cámara de diputados.
Varios grupos anticapitalistas y socialistas se preparan para intervenir y
enarbolar la alternativa de izquierda ante las masas que hoy ya han
experimentado cuán fallido y demagógico está demostrando ser el obradorismo.




* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS), profesor de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), En 1968 integró el
Comité de lucha de Filosofía y Letras al lado de José Revueltas. Autor de
numerosos libros sobre la historia política y social de México.

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