Colombia/ Informe cuestiona la voluntad política del gobierno para proteger a los líderes sociales [Catalina Oquendo - Amnistía Internacional]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de octubre 2020

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Colombia



Un estudio cuestiona la voluntad política del Gobierno colombiano para
proteger a los líderes sociales



Amnistía Internacional advierte de que las medidas adoptadas para evitar los
constantes asesinatos de defensores de los derechos humanos no son efectivas



Catalina Oquendo, en Bogotá

El País, 9-10-2020

https://elpais.com/internacional/



Una y otra vez, informe tras informe, distintas organizaciones sociales y
organismos internacionales han llamado la atención sobre el asesinato de
líderes sociales en Colombia. ¿Qué hace que se repitan con frecuencia? ¿Por
qué las medidas no son efectivas? ¿Dónde está fallando el Gobierno de Iván
Duque? Esas son las pregunta que se hizo Amnistía Internacional para
elaborar el estudio ¿Por qué nos quieren matar?,
(https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2330092020SPANISH.PDF)
<https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2330092020SPANISH.PDF>  que
revela los errores en la protección de los defensores de derechos humanos en
Colombia. “A pesar de las declaraciones de preocupación sobre el asesinato
de personas defensoras de los derechos humanos por funcionarios del más alto
nivel, incluido el presidente Duque, no pareciera que exista una auténtica
voluntad política en las autoridades colombianas para abordar las causas
estructurales que las ponen en riesgo”, advierte el documento.



Las cifras de las cuales parte Amnistía revelan la dimensión del problema.
“A pesar de que el presidente Duque ha dicho que durante su Gobierno los
asesinatos de líderes sociales han disminuido en un 25%, las cifras de
fuentes confiables revisadas por Amnistía Internacional indican lo
contrario”, señala el informe. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, al 30 de septiembre de 2020, se hizo seguimiento
a 97 asesinatos de líderes, de los cuales pudo verificar 45 homicidios. A
finales de 2017, la organización Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo
y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en
Colombia, reportaron entre 96 y 126 casos de defensores asesinados en todo
el país. En 2018, la cifra pasó a estar entre 115 y 178. Y en 2019, se
documentaron entre 108 y 118 asesinatos de personas defensoras, entre 10 y
31 asesinatos más que ocurrieron en 2019 están siendo verificados.



Amnistía Internacional reconoce que el Estado colombiano tiene “numerosas
normas e instituciones para la protección del trabajo y las actividades de
las personas defensoras de derechos humanos”, y que es uno de los primeros
países en crear una Unidad Nacional de Protección (UNP), que se enfoca en la
protección individual y otorga escoltas, celulares, carros blindados y
esquemas de seguridad a las personas amenazadas; así como sistemas de
protección colectiva. Sin embargo, Amnistía señala que no son efectivos. La
razón –asegura Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía
Internacional– es que “las autoridades se rehúsan a actuar de manera
preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva
contra las personas defensoras”.



Uno de los mayores vacíos –dice el informe– se encuentra en la reacción del
Gobierno al Sistema de Alertas Tempranas, a través del cual la Defensoría
del Pueblo le advierte al Ministerio de Interior de las amenazas y posibles
ataques a los líderes sociales. A menudo, cuando ocurren masacres o
asesinatos a defensores, sale a la luz que el Estado estaba advertido. Para
Amnistía esto ocurre porque no hay consecuencias políticas ni jurídicas para
los funcionarios del Gobierno nacional o los Gobiernos locales que no
cumplen su labor de protección, “mientras que las consecuencias para las
personas defensoras son, literalmente, fatales”.



El otro hoyo negro estaría en la Unidad Nacional de Protección que, según
cifras de la entidad, desde 2011 hasta 2020 ha dado protección física a
4.890 personas. Sin embargo, según las entrevistas que hizo Amnistía
Internacional a defensores de derechos humanos, las medidas llegan tarde o
con deficiencias de calidad. “Incluyendo, por ejemplo, la entrega de
vehículos sin gasolina, teléfonos celulares sin crédito o chalecos blindados
en zonas de altas temperaturas que hace inviable su uso”, dice la ONG. Esa
ha sido una denuncia permanente de líderes sociales como Francia Márquez,
ganadora del Premio Goldman 2018, considerado el Nobel ambiental; o Leyner
Palacios, hoy miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Márquez fue víctima de un atentado, mientras que el escolta de Palacios fue
asesinado en Cali en circunstancias aún no establecidas. “El asesinato de mi
escolta es un mensaje y una amenaza a mi labor”, dijo en su momento
Palacios, quien perdió a 28 familiares durante la masacre de Bojayá.



Por último, Amnistía Internacional recuerda que durante la negociación de
los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno se
adoptaron unas medidas para proteger a los líderes sociales. Pero estas no
se han implementado. En al menos cuatro comunidades en las cuales la
organización documentó la situación, están a cargo de la fuerza pública que
ha perdido la confianza de la comunidad o la capacidad de acción recae en
municipios con pocos recursos económicos. “Amnistía Internacional considera
que es preocupante que la policía sea la institución a cargo de la
protección colectiva de personas defensoras, ya que podría representar un
enfoque policiaco, y no una perspectiva integral de protección, que va más
allá de la policía garantizando la vida e integridad”, continúa.



Ante los incesantes homicidios, en 2019 el Gobierno de Iván Duque ha
respondido con la creación del Plan de Atención Oportuna, pero esto tampoco
ha detenido el desangre. Y la Fiscalía General creó una Unidad Especial de
Investigación que ha reportado “algún avance” en la investigación de 173 de
los 317 casos de homicidios al 31 de marzo de 2020. La ONG valora los
esfuerzos y avances pero considera que no han sido suficientes para combatir
la impunidad en los ataques contra defensores de derechos humanos, pues
existen apenas 49 sentencias firmes para homicidios relacionados con líderes
sociales.

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