Argentina/ Sin pan y sin tierra. Crisis y autoorganización en la provincia de Buenos Aires [Fabián Kovacic]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de octubre 2020

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Argentina



Crisis y autoorganización en la provincia de Buenos Aires

Sin pan y sin tierra



Unas 2.000 familias se enfrentan a una orden de desalojo inminente en la
localidad bonaerense de Guernica, escenario de una masiva ocupación de
tierras desde mediados de julio. Los ocupantes, en su enorme mayoría
desempleados, pusieron el dedo en la llaga de un problema endémico en la
región: falta de viviendas y prioridad judicial a los derechos de propiedad
empresarial



Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, 9-10-2020

https://brecha.com.uy/



Las primeras familias ya estaban instaladas para el viernes 24 de julio. Por
aquella fecha emitieron un comunicado en el que presentaban un proyecto de
urbanización que contempla la construcción de viviendas, una plaza pública,
una sala de primeros auxilios, una escuela y un centro cultural. «Toma
ilegal de tierras», llamaron al hecho tanto el gobernador bonaerense Axel
Kicillof como la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. La
Nación, Clarín e Infobae hablaron de «usurpación».



Son 100 hectáreas las ocupadas en la localidad de Guernica, a unos 60
quilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. Primero fueron unas 300
familias, a las que más tarde se fueron sumando nuevos contingentes, hasta
llegar a unas 2 mil, según datos de hace dos semanas relevados por el
gobierno provincial.



Las tierras se ubican en una zona descampada cuya titularidad pretende
obtener la empresa dedicada a negocios inmobiliarios El Bellaco SA, que
busca establecer allí y en zonas aledañas cinco barrios cerrados. Otros
reclamantes se han presentado, también, ante el juzgado de Garantías de
Cañuelas, al que compete el caso. Pero tanto desde la oficina del juez
Martín Rizzo como de la Gremial de Abogadas y Abogados, que representa a las
familias ocupantes, se señala que tanto El Bellaco como los demás «están
flojos de papeles».



La situación se produce en plena pandemia y en el primer tramo de una
administración nacional que por primera vez en la historia había otorgado
rango ministerial al problema habitacional. La titular de la flamante
cartera de Vivienda, María Eugenia Bielsa, tenía en carpeta una serie de
planes nacionales que prometía ejecutar en compañía de un equipo de
especialistas que viene del trabajo social, la demografía, el urbanismo y la
militancia social. Pero la pandemia aceleró los tiempos de una crisis que ha
estallado en las manos de la nueva gestión.



Radiografía de los ocupantes



Entre el 18 y 19 de setiembre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad,
dependiente del gobierno provincial, llevó a cabo un censo entre los
ocupantes. Los resultados muestran a las claras la situación de precariedad
y vulnerabilidad de todos ellos. Hay 1.904 familias censadas con 2.797 niños
y adolescentes, a lo que se suman 304 adultos solos. Apenas 404 personas
tienen empleo estable, 271 son trabajadores informales, otras 20 son
jubilados y discapacitados y 1.859 son desocupados. Del total de censados,
1.544 aseguran que ocuparon las tierras por no encontrar trabajo y estar
imposibilitados de pagar un alquiler. Unos 51 lo hicieron por situaciones de
violencia de género y 32 por estar en situación de calle. Como se ve, pobres
entre los pobres.



«Construir una vivienda en estos predios ocupados lleva un promedio de entre
cinco y diez años», asegura a Brecha Santiago Nardín, sociólogo, magíster en
estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento e
integrante del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. «En
Argentina, el acceso a la vivienda es caro, pero el acceso al suelo urbano
lo es mucho más. Por suelo urbano entendemos tierras con la infraestructura
para generar un hábitat adecuado para la persona humana, es decir, con
acceso a servicios de agua potable, cloacas, energía eléctrica y gas, por
ejemplo», señala.



Según un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad provincial,
durante la pandemia se produjeron 140 intentos de ocupación de tierras en el
conurbano bonaerense, algunos impedidos mediante la represión policial. «Lo
que está en juego es una disputa por el acceso al suelo urbano periférico,
en un país donde ese suelo está históricamente muy desregulado y donde los
actores inmobiliarios empresariales tienen mucho peso», agrega Nardín.



Historia silenciada



En 2018 se llevó a cabo el Censo Nacional de Barrios Populares. El Estado
argentino considera «barrio popular» a «los barrios vulnerables en los que
viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de
la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a
dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía
eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)». El censo arrojó un
total de 4.416 de estas formaciones en todo el país –el 40 por ciento de
ellas en la provincia de Buenos Aires–, habitadas por unos 3,5 millones de
personas.



«Toda el área metropolitana de Buenos Aires se construyó históricamente en
forma desorganizada, ya desde fines del siglo XIX. Los poblados se
instalaron en las cercanías de estaciones ferroviarias que confluían –y que
todavía confluyen– hacia la capital del país», expresa a Brecha la socióloga
María Maneiro, especialista en conflicto social y en estudios de periferias
urbanas. «Desde los años setenta del siglo XX se practica el loteo popular,
que implica la compra de parcelas, a veces, de manera formal, otras, de modo
informal, lo que da lugar a conflictos. Pero ya a partir de los años
ochenta, con la dictadura militar, se dan las ocupaciones de tierras por la
falta de viviendas populares y la disputa de suelos en manos de
emprendimientos privados.»



Nardín apunta cuatro formas de acceso a una vivienda por parte de los
sectores populares: «El primero es el mercado formal de viviendas, ya casi
vedado hasta para las clases medias; el segundo son las políticas estatales
de viviendas desmercantilizadas a través de planes sociales; el tercero es
la ocupación directa de tierras, y el cuarto, complementario del tercero, es
el mercado informal, donde tras la ocupación de tierras se producen
subdivisiones irregulares e informales de los lotes».



«Las políticas públicas en materia de vivienda son deficitarias en este
país», señala Maneiro. «Durante el segundo gobierno del kirchnerismo hubo un
intento tibio e insuficiente de mejorar la legislación, pero por falta de
fondos no se llegó a una política de Estado que contemplara estas demandas y
que las solucionara», agrega. «El problema es económico y no moral»,
sentencia por su parte Nardín, que remata: «Las condiciones de ocupar una
tierra y aguantar los conflictos, el frío, la falta de servicios básicos en
casas precarias, son terribles, hasta que se logra construir la vivienda y
alcanzar un hábitat adecuado para el grupo familiar. Y de eso no se habla.
No sólo la gente padece lo incontable, sino que hay quienes mueren a causa
de esas condiciones de vida».



La ley es tela de araña



Sobre la toma de Guernica pesa ahora una orden de desalojo que el juez Rizzo
decidió posponer hasta el 15 de octubre. Mientras tanto, las familias
volvieron a presentar un escrito ante el magistrado en el que reclaman el
cumplimiento de la ley provincial de acceso al hábitat, sancionada en 2013.
La norma plantea la interacción entre el Estado provincial, los grupos
sociales interesados y las organizaciones de la sociedad civil para generar
nuevos espacios habitables en la provincia.



«En general, los jueces nunca juegan a favor de estas familias», se lamenta,
sin embargo, Nardín. «Y en este caso hay que decir, además, que primero
llegó la represión, de la mano del ministro de Seguridad [Sergio] Berni, y
muy tarde, hace apenas un mes, apareció el ministro de Desarrollo de la
Comunidad para buscar salidas negociadas.»



La eventualidad del desalojo se dirime, mientras tanto, entre los ocupantes,
el gobierno provincial y el municipal. Pero es prematuro pensar en un
triunfo de los ocupantes. Los intereses en juego son grandes. «Entre las
experiencias similares a la de Guernica podemos contabilizar unos 1.400
entramados sociales que resultan exitosos y son viables. Pero ninguno tiene
las dimensiones de este caso, que por eso resulta tomado por los medios y
genera tanta preocupación a los intereses económicos inmobiliarios», señala
Maneiro.



«La cuestión central es el lugar que se le da a la propiedad privada»,
agrega. «Los jueces y el poder político casi nunca apuestan a quienes
reclaman por la falta de viviendas. A decir verdad, la democracia no logró
resolver esta carencia social.»



***



Una larga ausencia



En 1981 se produjo la primera ocupación de tierras en el barrio San
Francisco Solano, en el partido de Quilmes, aún en plena dictadura militar.
Fue como respuesta popular a los desalojos hechos por el gobierno de facto
en la ciudad y en el Gran Buenos Aires para hacer lugar a la construcción de
autopistas.



Cinco años más tarde se produjo una nueva ocupación en los municipios de
Quilmes y La Matanza, a partir de la organización de las Comunidades
Eclesiales de Base de la Iglesia Católica y de los llamados Curas
Tercermundistas, inspirados en la Teología de la Liberación. A ellos se sumó
más tarde un sector del peronismo progresista encabezado por el diputado
Luis Brunatti, que trabajó para que el Estado reconociera la problemática.
Lo logró. El gobierno provincial del peronista Antonio Cafiero estableció,
entonces, un Consejo de Asentamientos bonaerenses en el que se discutía con
los referentes de esas barriadas algunas políticas públicas. El acceso a la
tierra en esos años estuvo dado por una ley que pretendía otorgar tierras
fiscales para urbanizar.



La nueva oleada de ocupaciones llegó ya en los años noventa con el
menemismo. «Como resultado de la enorme crisis social en la que se
encontraba sumido el conurbano bonaerense, los movimientos de trabajadores
desocupados reactivaron una acción territorial autónoma», señala Santiago
Nardín en su trabajo «Pasado y presente en las tomas de tierras en el Gran
Buenos Aires», publicado en setiembre en la revista digital de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.



Tras la crisis de 2001 vino una recuperación de la obra pública que permitió
un avance, entre 2003 y 2015, de la construcción de viviendas. Esta se
desarrolló, no obstante, dentro del mercado formal y comercial. Así, fruto
de los desalojos de inquilinos, el aumento de los precios de alquiler y el
agotamiento de las tierras urbanas habitables, a partir de 2008 se produjo
una nueva oleada de toma de tierras. Fueron ocupadas tierras en Lomas de
Zamora, en el barrio campo Tongui, y en 2010 fue tomado el Parque
Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, en la capital. La pandemia
arrojó, en los últimos meses, a muchas familias a una situación compleja en
términos habitacionales en todo el país. El caso Guernica es un ejemplo de
ello.

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