Uruguay/ ¿Asoma en el horizonte una ley de punto final? [Aníbal Corti]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de octubre 2020

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Uruguay



Después del no desafuero del senador Manini



¿Asoma en el horizonte una ley de punto final?



Aníbal Corti

Brecha, 9 octubre, 2020

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La particular dialéctica que los senadores Mujica y Manini tienen
establecida entre ellos tuvo un nuevo episodio en oportunidad de la sesión
en que se tramitó el denegado pedido de desafuero de este último, y también
en los días posteriores.



En la sesión del 30 de setiembre, Mujica, que llamó a Manini no meramente
«senador», sino también «general» y «comandante», dijo: «Se nos va el
tiempo, la vida, vamos quedando demasiados pocos de aquellos años. No le
pido justicia, le pido que arrime verdades. Porque, me dijo alguien que ya
no vive, “se consiguen más verdades en los casinos de oficiales que en los
juzgados”, y necesitamos una empatía muy grande para compensar a esa parte
de la sociedad que tiene dolor. Necesitamos verdades. Repito, no le pido
justicia, le pido verdades; y usted tiene herramientas para hacerlo, es de
los pocos orientales que tienen esas herramientas y esa es su
responsabilidad histórica».



Un día más tarde, en entrevista con Jorge Traverso en TNU, Manini, que se
refirió a Mujica como «presidente», dijo: «El presidente Mujica muchas veces
tiene bien claro cómo son las cosas y cuáles son los problemas verdaderos de
los uruguayos, no se deja llevar por la manada que lo rodea. Él tiene su
pensamiento bien claro y ve la realidad. Yo creo que las palabras de él,
indudablemente, más que alimentar la hoguera, lo que buscaron fueron bajarle
un poco los decibeles (al debate) y eso hay que reconocérselo».



Mujica no es una personalidad de segundo orden en el panorama político
nacional. Es alguien, además, que finge no medir sus palabras, pero que las
mide muy bien. Ciertamente las mide. El 30 de setiembre en el Senado hizo
algo que no fue sólo bajarle los decibeles al debate o no alimentar la
hoguera: le hizo un pedido concreto, una exhortación muy específica al
senador Manini. Nadie cree que Manini, personalmente, sepa nada del destino
de los desaparecidos; nadie cree que él tenga información que esté
ocultando. Pero no se equivoca Mujica cuando dice que es el único, o uno de
los pocos, que tiene las herramientas para conseguir esa información. Gusten
o no gusten sus palabras, gusten o no gusten las circunstancias y la forma
en que las dijo, piénsese lo que se piense de la figura del expresidente, el
pedido que Mujica le hizo a Manini no es descabellado ni puramente retórico,
aunque pueda tener mucho de retórico también.



Entonces pues, tenemos a un dirigente político de primer orden, en una
circunstancia que convocó grandemente la atención pública, pidiéndole a otro
dirigente de primer orden que haga algo que perfectamente puede hacer
respecto de un tema delicado, tanto en lo humano como en lo político, que
lleva décadas sin ser resuelto. ¿Cómo sería un escenario en el que el
senador Manini en efecto hiciera lo que el senador Mujica lo exhortó a
hacer?



La verdad, sí, ¿pero ¿cuánta?



La primera pregunta que hay que hacerse es cuánta verdad estaría dispuesto
Manini a revelar, en el hipotético caso de que se aviniera a hacer lo que
Mujica le pidió que hiciera.



Es probable que no mucha.



Hay que decir, justo en estos días en que se cumplió un nuevo aniversario
del «segundo vuelo» (5 de octubre de 1976), como recordó en forma detallada
y minuciosa Roger Rodríguez esta semana en una nota de Facebook, que la
palabra verdad a lo que remite –de forma algo eufemística– en este contexto
es a la localización de la o las fosas comunes donde fueron enterrados,
entre otros, los cuerpos de esa veintena de uruguayos secuestrados en
Argentina, trasladados vivos y ejecutados en nuestro país. Si esa
información se revelara, el hecho generaría una previsible conmoción pública
cuyas consecuencias políticas son muy difíciles de pronosticar. Por lo
tanto, la hipótesis más probable es que Manini, siempre en el puramente
conjetural caso de avenirse a hacer lo que el expresidente le pidió que
hiciera, sólo revelaría una parte muy limitada de esa verdad.



Sólo haciendo eso, sin embargo, revelando incluso una parte muy magra de la
verdad, una parte de la verdad que no generara una especial conmoción
pública, la figura de Manini se vería desde luego realzada. Incluso, quizás,
podría pensarse que alcanzaría de ese modo ciertos contornos de estadista.



Así pues, puede pensarse, siempre en un plano puramente conjetural, que
Manini tiene dos incentivos, uno de prestigio personal (que es político en
un sentido amplio de la palabra) y otro electoral (que es político en un
sentido estrecho de la palabra) para seguir el camino que le planteó Mujica.



Esa verdad escasa, siempre en el terreno puramente conjetural, vendría
acompañada sin dudas de algún tipo de iniciativa legal que funcionara a los
efectos de cerrar definitivamente el tema, al menos desde el punto de vista
judicial. Algo de eso está implícito en las palabras del propio Mujica.



¿Tiene algún otro incentivo el senador Manini, además del realce que ello
importaría a su figura, para actuar de esa manera? Si esa aleación de verdad
(poca) y «punto final» sirviera para dejar efectivamente atrás los hechos
del pasado (ya no tan) reciente –lo que no es seguro, ni mucho menos–,
Manini podría obtener de ello un provecho adicional.



El tema del pasado (ya no tan) reciente es algo que no ayuda en absoluto a
Manini ni a su formación política a ganarse el favor del electorado al que
puede y debe aspirar a captar para crecer: un electorado que no es la
derecha radical, prácticamente inexistente en el país, al margen de un
pequeño grupo de exaltados, unos pocos centenares de individuos con la
cabeza no muy bien amoblada, sino más bien un electorado más o menos de
centroizquierda, más o menos nacionalista, que ve en la pérdida de la
soberanía nacional, real o ficticia, en la creciente entrega al capital
transnacional y al poder extranjero el principal problema que ya enfrenta y
que deberá seguir enfrentando el país en las próximas décadas. A esos
sectores hay que ofrecerles algo más que esporádicas citas de Methol
(padre), Rodó, Real de Azúa o Vivian Trías (que ha sido citado varias veces
por el propio lugarteniente de Manini, el escribano Guillermo Domenech).
Mientras la agenda de Cabildo Abierto siga estando signada por la defensa de
un menguante contingente de octogenarios asesinos, torturadores, violadores,
mentirosos y ladrones, el panorama no será muy auspicioso, en ese sentido,
para esa fuerza política.



Así pues, puede pensarse, siempre en un plano puramente conjetural, que
Manini tiene dos incentivos, uno de prestigio personal (que es político en
un sentido amplio de la palabra) y otro electoral (que es político en un
sentido estrecho de la palabra) para seguir el camino que le planteó Mujica.



¿Y la coalición?



El realce que adquiriría la figura de Manini si ofreciera públicamente ese
escaso manojo de verdades que es verosímil pensar que podría estar dispuesto
a ofrecer es un incentivo, pero también es un obstáculo para que ello
ocurra. No es seguro que sus socios de la coalición, en especial el
presidente de la república, quieran verlo en ese papel. Menos si Manini
sigue jugando al «tuya y mía» con Mujica en estos temas, y en varios otros,
como viene jugando hace tiempo, con particular énfasis –parece– en la
últimas semanas.



La coalición, sin embargo, también podría ver algún rédito político,
mezquino quizás, o no –la política es así, en cualquier caso–, en la
revelación pública de alguna parte sustantiva de la verdad del pasado en
estricta conjunción con algún tipo de ley de punto final. En el siempre
enteramente conjetural caso de que se ofreciera una parte muy escasa de esa
verdad, y que esta viniera acompañada de una ley de esas características, el
Frente Amplio podría verse en una situación muy comprometida: sectores de
base y movimientos sociales afines con seguridad harían presión para que la
fuerza política se plegara a una consulta popular orientada a derogar la
ley, pero sus dirigentes, previsiblemente, sospecharían que ese curso de
acción conduce a un fracaso y tenderían a oponerse. El hecho pondría en un
serio aprieto al principal partido de la oposición. Al tiempo que pondría en
dificultades a su principal adversario, el presidente Lacalle Pou podría,
así, «dar vuelta la página», un objetivo personal en este tema
manifiestamente expresado a lo largo de muchos años.



Sería interesante ver qué haría Mujica en este escenario.



Después de todo, si Manini ofreciera información (poca) a cambio de una ley
que diera por definitivamente terminado el asunto, estaría haciendo ni más
ni menos que aquello que Mujica le pidió que hiciera.

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