El Salvador/ ¿Pacto informal entre Bukele y las pandillas? [Steven Dudley]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de octubre 2020

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El Salvador



¿Pacto informal entre Bukele y las pandillas en El Salvador?



Steven Dudley, desde San Salvador *

Inter Press Service, 9-10-2020

http://www.ipsnoticias.net/



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha negado vehementemente que
haya intercambiado favores con las pandillas, pero varios funcionarios
gubernamentales y una persona que trabaja directamente con el gobierno dicen
que hay un pacto informal entre sectores del gobierno y las pandillas.



Luego de que Bukele insistiera públicamente en que su gobierno no está
trabajando con las pandillas, salió un informe de El Faro, publicado el 3 de
septiembre.



Este se apoya en entrevistas y documentos gubernamentales para demostrar que
algunos representantes del gobierno se habían reunido con pandilleros dentro
y fuera del sistema penitenciario con el fin de fomentar una mayor confianza
e intercambiar favores, entre ellos el acceso del partido político de
Bukele, Nuevas Ideas, a áreas dominadas por pandillas, con el objetivo de
hacer campaña para las elecciones legislativas y municipales fijadas para
febrero de 2021.



El Faro se refiere a esas conversaciones como “negociaciones”.



El informe de El Faro surgió pocos meses después de un reportaje del
International Crisis Group (ICG) en julio, en el que se afirma que la
sustancial disminución de los homicidios en El Salvador podría deberse a lo
que el ICG denomina un “frágil entendimiento informal”, que podría incluir
un “pacto de no agresión” entre sectores del gobierno y las pandillas.



En un detallado análisis de las tasas de homicidio, el ICG señala que, desde
que Bukele llegó a la presidencia en junio de 2019, los asesinatos en El
Salvador han disminuido hasta en un 60 por ciento.



Un pacto informal



Paralelamente a esas investigaciones, InSight Crime estaba haciendo sus
propios informes en los que relataba la manera en que las pandillas habían
utilizado su dominio en el Centro Histórico de San Salvador para expandir su
poder. Parte de esos informes se centraron en el periodo en el que Bukele
fue alcalde de San Salvador (2015-2018).



Como alcalde, Bukele buscó revitalizar el centro, para lo cual desplegó
equipos de personas para que negociaran con representantes de las pandillas,
así como al menos un intermediario que negoció directamente con ellas. Los
intentos de revitalización del centro fueron exitosos y ello significó un
impulso para la presidencia en las elecciones de febrero de 2019.



Antes de la publicación de dicho informe, InSight Crime consultó a media
docena de policías y agentes de inteligencia policial salvadoreños, así como
a un asesor del gobierno en proyectos de desarrollo y seguridad, un asesor
de la policía, dos agentes de seguridad antipandillas y un funcionario del
gobierno que trabaja en barrios controlados por las pandillas y quien tiene
conocimiento directo de las interacciones del gobierno con ellas.



Esas consultas tuvieron como fin indagar cómo Bukele —quien asumió el cargo
en junio de 2019— estaba negociando con las pandillas, ahora como
presidente. Dado que las fuentes mencionadas temen represalias o efectos
negativos en su relación con el gobierno actual, hablaron con InSight Crime
extraoficialmente.



Todas estas fuentes afirman que existe un pacto informal entre algunos
sectores del gobierno y las pandillas. Las fuentes estuvieron reacias a
calificar los arreglos como una tregua, como se le denominó a un armisticio
previo, que comenzó en 2012, entre las tres principales pandillas del país y
que condujo una disminución de los homicidios por un corto periodo, pero que
finalmente se disolvió de manera sangrienta.



Pero todos consideran que, en el fondo, esto es un intento de reducir los
homicidios; que está dirigido por una agencia gubernamental que mantiene
ocultas sus negociaciones con las pandillas; que está supeditado a la mejora
de las comunicaciones entre los líderes pandilleros en el sistema
penitenciario y los que se encuentran por fuera de las prisiones; y que
incluye algunas promesas de permitir la realización de campañas en áreas de
influencia de las pandillas.



Ninguno considera que se trate de acciones ilegales, pero les preocupa la
falta de transparencia.



“Esto se está gestionando en secreto”, le dijo a InSight Crime un agente de
policía que trabajó durante años en la división de inteligencia
antipandillas, refiriéndose al pacto informal. “Tiene que haber una decisión
por parte de las pandillas para reducir la violencia. Pero detrás de eso, ha
habido conversaciones”.



Concretamente, todas las fuentes afirman que el pacto es conducido
principalmente por la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, entidad
que forma parte del Ministerio del Interior y está encabezada por Carlos
Marroquín, quien dirigió una unidad de la alcaldía durante la administración
de Bukele, la cual tenía el mismo nombre, y fue interlocutor en
conversaciones con pandillas cuando la alcaldía intentaba revitalizar el
Centro Histórico en esa época.



Marroquín accedió inicialmente a hablar con InSight Crime, pero más adelante
no respondió a los numerosos intentos de hablar sobre el trabajo de la
Unidad de Reconstrucción del Tejido Social durante los intentos de
revitalización del Centro Histórico.



Marroquín conduce la mayor parte de su discurso público a través de Twitter.
Su cuenta está llena de imágenes y videos de él y su Unidad de
Reconstrucción del Tejido Social, en los que se ve cómo reparten alimentos,
ofrecen cortes de cabello y pintan las paredes de barrios marginales.



“La satisfacción de ver caras felices y agradecidas no tiene precio”,
escribe Marroquín sobre una reciente visita a siete áreas en el centro de la
ciudad de San Salvador. “Voy a seguir trabajando para traerles
#AyudaALaPuertaDeTuCasa”.



Como parte del gobierno nacional, la unidad tiene actualmente una mayor
interacción con proyectos culturales, sociales, educativos y de
infraestructura. También es responsable de implementar la fase “positiva”
del Plan de Control Territorial de Bukele, la estrategia de siete puntos del
presidente para luchar contra las pandillas.



“Esta se ha convertido en una manera de mantener a raya la violencia”, dice
el funcionario del gobierno que tiene conocimiento directo del programa.
“Cuando vieron que estaba funcionando a nivel comunitario, pensaron que
podría funcionar a nivel nacional”.



Lo que esto significa en la práctica es que la unidad coordina el trabajo
del gobierno en las comunidades controladas por pandillas. Según esta
fuente, Marroquín dirige este trabajo, que le da acceso a las pandillas en
las comunidades donde operan. Marroquín tiene la experiencia de sus negocios
con las pandillas en el Centro Histórico, el respaldo político del gobierno
y la confianza de los pandilleros de que con él pueden conseguir programas
sociales y económicos que benefician a estas áreas, incluyendo paquetes de
ayuda para aliviar la escasez provocada por la pandemia del coronavirus, lo
que lo convierte en el funcionario ideal para este trabajo.



El acuerdo es informal: las pandillas son las primeras en recibir los
beneficios del gobierno.



“Es un intercambio”, dice el mismo funcionario del gobierno. “Te dejamos
entrar, pero solo si traes algo de valor para nosotros. Las personas que
están relacionadas con las pandillas son las primeras en recibir la
asistencia”.



Es un patrón que algunos observadores no gubernamentales dijeron que también
habían visto.



“Incluso antes de que Bukele asumiera el poder, los equipos del alcalde que
Marroquín dirigía trabajaban con las comunidades”, afirma Mario Vega, un
pastor evangélico que ha trabajado con pandillas en San Salvador y sus
alrededores, y que fue consultado por InSight Crime.



“Fue una comunicación indirecta con las pandillas a través de líderes
comunitarios y familiares [de los pandilleros]. No se les ofrecía pagarles
dinero, pero sí [hubo] un intento de ofrecer apoyo a largo plazo si los
homicidios se reducían. Lo que se dijo fue: ‘Si pacifican la zona, el
gobierno hará inversiones a largo plazo’”, dijo.



Vega agrega que los programas de asistencia financiados por el gobierno
durante el coronavirus estaban siendo administrados por las pandillas en los
barrios donde ejercían una fuerte influencia.



Jeannette Aguilar, experta en seguridad e investigadora sobre pandillas,
dice que también tuvo conocimiento directo del programa de ayudas, que
incluía el control de las pandillas sobre los programas de asistencia.
Afirma que agentes militares le dijeron que era necesario entregar las
provisiones para aliviar los estragos causados por el coronavirus
directamente a las pandillas.



“Ese es el trato”, son las palabras que, según Aguilar, les dijo el
comandante de la policía al personal militar cuando estos preguntaron por
este acuerdo.



La policía y el ejército salvadoreños no han hecho comentarios públicos al
respecto.



Comunicaciones en las prisiones



Durante la tregua de pandillas en 2012, los funcionarios trasladaron a los
líderes de las tres facciones más grandes de las pandillas —la Mara
Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios— de la
instalación de máxima seguridad del país a otras prisiones. En parte, esto
se hizo para que pudieran ver a sus familias y seres queridos más a menudo,
pero también para que pudieran restablecer el control sobre sus filas y así
hacer cumplir la tregua.



Cuando la tregua se disolvió en 2014, los líderes de las pandillas fueron
transferidos de nuevo a la prisión de máxima seguridad, y el gobierno cortó
las líneas de comunicación.



Sin embargo, todas las fuentes que InSight Crime consultó, incluidas varias
que entran y salen de las prisiones con frecuencia y hablan con pandilleros,
dijeron que desde que Bukele asumió el poder, la comunicación entre los
líderes encarcelados y los que están libres ha sido más fluida.



Las fuentes dicen que los funcionarios gubernamentales estaban facilitando
esta comunicación llevando y trayendo mensajes de las prisiones o
facilitando el contacto directo entre los líderes en las calles y los
líderes en las prisiones.



El agente antipandillas habla de interacciones “cara a cara” dentro de las
prisiones (afirmación respaldada por los documentos obtenidos por El Faro).
Además, otra fuente antipandillas le dijo a InSight Crime que ahora estaban
interceptando menos mensajes de las pandillas, lo que según la fuente es un
indicio de que hay comunicaciones más directas entre los líderes en las
prisiones y los que están libres.



Facilitar este contacto entre los que están en las prisiones y los que están
por fuera parece ser una parte esencial del pacto informal. Cuando el
gobierno intentó restringir las visitas en las prisiones poco después de que
comenzara la pandemia, las pandillas supuestamente reaccionaron con una
oleada de violencia que dejó como resultado al menos 76 muertos en un
periodo de cinco días a finales de abril.



Según le dijeron las fuentes a InSight Crime, dichos asesinatos fueron una
señal. Aunque los homicidios estuvieron inicialmente relacionados con una
reacción de Barrio 18 Revolucionarios tras la captura de uno de sus líderes,
ocurrieron en zonas predominantemente controladas por la MS13.



Esta es la mayor de las tres pandillas más grandes de El Salvador, y el
funcionario del gobierno que tiene conocimiento directo del pacto dice que
sus negocios eran sobre todo con la MS13. (Los documentos citados por El
Faro llegan a una conclusión similar.)



La fuente del gobierno que tiene conocimiento del pacto, el agente
antipandillas, el agente de inteligencia de la policía y un asesor de la
policía dicen que una de las exigencias de las pandillas era dar marcha
atrás a la política del gobierno de mezclar a los pandilleros en las mismas
celdas.



Las pandillas han sido separadas por facciones en prisiones distintas, lo
que les permite mantener el control sobre sus filas y utilizar las prisiones
como base para operaciones criminales.



Esta mezcla en las prisiones había comenzado durante la administración
anterior, pero el gobierno hizo un espectáculo de este proceso a finales de
abril después de la oleada de asesinatos, cuando expuso varias fotos
impactantes de pandilleros sentados en cuclillas y en filas en el piso de
una prisión, así como una serie de fuertes declaraciones.



“Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla”, escribió en un tuit
el jefe de prisiones, Osiris Luna. “Hemos mezclado a todos los grupos
terroristas en la misma celda en todos los centros penales. ¡El Estado se
respeta!”



Sin embargo, el asesor policial le dijo a InSight Crime que las fotos eran
parte de un espectáculo, dado que el pacto ya estaba en marcha.



“Ya habían llegado a un acuerdo”, dijo el asesor, refiriéndose al acuerdo
del gobierno de volver a segregar a las pandillas.



Tras el informe de El Faro en septiembre, el gobierno organizó una gira
mediática por las prisiones para demostrar que estaba cumpliendo sus
promesas de integrar a las pandillas en las mismas celdas. Luego de la
publicación de más imágenes y videos, esta vez por medios internacionales,
se hicieron otras fuertes declaraciones.



¿Estrategia antipandillas o campaña política?



Según la fuente del gobierno salvadoreño que tiene conocimiento directo de
las interacciones, así como la fuente de la lucha antipandillas y las
fuentes policiales, parte del quid pro quo es que las pandillas abran
espacio para que el partido de Bukele, Nuevas Ideas, pueda hacer campaña.



Lo que esto significa en la práctica es que Nuevas Ideas tendría la
exclusividad de hacer campaña en áreas controladas por pandillas en el
periodo previo a las elecciones legislativas y municipales en febrero de
2021.



Se cuenta con pocos detalles, especialmente porque las campañas se han visto
obstaculizadas debido al coronavirus, pero existen antecedentes de este tipo
de arreglos. Las pandillas negociaron un acceso similar con los dos
principales partidos políticos del país durante las elecciones
presidenciales de 2014.



El propio Bukele aparentemente negoció el acceso a ciertos barrios cuando
fue candidato a la alcaldía de San Salvador en 2015, y el informe de El Faro
del mes de septiembre señala que el presidente sigue intercambiando favores
por este tipo de acceso, esta vez a nivel nacional.



Las elecciones de febrero de 2021 son fundamentales para Nuevas Ideas. Su
aliado, el partido GANA, tiene pocos escaños en el Congreso. Y la
legislatura ha sido un obstáculo para Bukele, quien en febrero de este año
entró al Congreso acompañado de soldados para reprender a los legisladores
por negarse a liberar fondos para su Plan de Control Territorial.



Dicha aparición solidificó su popularidad entre los salvadoreños que
desprecian al Congreso por su corrupción e intransigencia, pero el
presidente fue criticado por amenazar al Congreso con una “insurrección” si
no acataba su voluntad.



La estratagema también le valió una reprimenda de un funcionario del
gobierno de Estados Unidos, aunque el embajador de Estados Unidos en El
Salvador sigue siendo un firme partidario de Bukele.



En su respuesta en Twitter al informe de El Faro, Bukele no hizo alusión a
la acusación de que estaba “negociando” este espacio para que su partido
hiciera campaña.



Pero la fuente que tiene conocimiento directo del pacto, la fuente de
inteligencia policial y el especialista antipandillas dijeron que estos
favores políticos son el aspecto más preocupante de las supuestas
interacciones entre el equipo de Bukele y las pandillas.



“Están haciendo esto como una estrategia política y no como una política
pública”, afirmó el funcionario del gobierno. “El temor es que tengan el
poder y no el gobierno —que se oficialice la gobernanza criminal”.



Las fuentes del gobierno y la policía dicen que los recientes cambios en la
administración del sistema penitenciario indican que en el interior del
gobierno puede haber cierta resistencia hacia el pacto informal entre el
gobierno y las pandillas.



De hecho, uno de los remplazos de los funcionarios que salieron del sistema
penitenciario era integrante de la Unidad de Reconstrucción del Tejido
Social, la entidad de Marroquín.



Por su parte, después del informe de El Faro, Marroquín dijo que “no hay
fotos, ni videos, ni audios. No hay ninguna prueba real”. Y agregó
irónicamente en Twitter: “Y también soy Batman y trato de salvar a Ciudad
Gótica”.



Sin embargo, la fuente de la policía, la de antipandillas y la gubernamental
expresaron su preocupación de que el programa comunitario ayudaría a las
pandillas a expandir su ámbito político y criminal.



“En lugar de ser la solución”, dijo el agente antipandillas, “esto se
convierte en el problema”.



Además, las fuentes dicen que la falta de transparencia hace que todo el
proceso sea peligroso, y el aumento del capital político de las pandillas
las convierte en un enemigo cada vez mayor. Si las pandillas pueden
aprovechar los homicidios en su beneficio, dicen las fuentes, no hay nada
que pueda descartarse.



* Este artículo fue publicado originalmente por InSight Crime:
https://es.insightcrime.org/

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