Chile/ La protesta encarcelada. Los presos de la revuelta a un año del estallido [Cristian González Farfán]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

23 de octubre 2020

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain en montevideo.com.uy <mailto:germain en montevideo.com.uy>

  _____



Chile



Los presos de la revuelta a un año del estallido

La protesta encarcelada



Según la Fiscalía de Chile, 5.084 personas han sido formalizadas en el marco
de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019. Los
familiares de los detenidos y sus defensas denuncian irregularidades en las
causas y señalan que la actual Ley de Seguridad del Estado y el abuso de la
figura de la prisión preventiva atentan contra el debido proceso y
criminalizan el disenso.



Cristian González Farfán, desde Santiago

Brecha, 23-10-2020

https://brecha.com.uy/



Daniel Morales (36) sólo ve el rostro de su familia desde la fría pantalla
de un celular. La videollamada es su única ventana al mundo desde el 29 de
marzo de 2020, día en que se prohibieron las visitas al penal Santiago 1,
debido a la pandemia. Mientras el pueblo chileno se prepara para votar este
domingo en un histórico plebiscito constitucional, Morales suma diez meses
en prisión preventiva, acusado de haber incendiado la estación Pedrero del
metro de Santiago la noche del 18 de octubre de 2019. En esa fecha comenzó
la rebelión popular, que el fin de semana cumplió su primer aniversario, con
una concentración multitudinaria en la rebautizada Plaza de la Dignidad.
«Después de cortar la llamada, me da mucha melancolía no poder abrazar a mis
dos hijos ni despertar con mi compañera», contó,desde la cárcel, Morales,
por quien la Fiscalía pide 20 años de presidio efectivo. Vecino de la
población Millalemu, de la comuna de La Granja, niega los delitos que se le
imputan. Contó a Brecha que el 18 de octubre intercambió mensajes de
Whatsapp con su sobrino B. S. M., entonces de 16 años, para ir juntos a una
protesta en Pedrero. «Pero el fiscal dice que nosotros orquestamos con
premeditación la quema del metro, cuando yo lo único que hice fue entrar,
mirar y salir. Después incendiaron la estación. Pero contra mí no hay
pruebas contundentes», añadió. Con igual desesperanza analiza la situación
de su sobrino, ahora de 17 años, que cumple prisión preventiva en un centro
de reclusión del cuestionado Servicio Nacional de Menores: la Fiscalía pide
para él diez años de internación. El juicio oral contra el menor y su tío
comenzó el 21 de octubre.



El dolor de las familias



Morales y B. S. M. se hallan dentro de un catastro estimativo de presos de
la revuelta, elaborado por agrupaciones de familiares que denuncian vicios
en los procesos. Para estas, ha sido difícil rastrear todos los casos.
«Muchos son imputados por desórdenes o pasaron solamente por la comisaría.
Yo creo que nadie tiene el número exacto. Las condiciones en los juicios van
cambiando. Todas las organizaciones estamos trabajando por ese catastro»,
dijoMuriel Torres, integrante de la Organización de Familiares y Amigos de
Presos Políticos de la Revuelta (OFAPP). El colectivo registra que 220
personas cumplen prisión preventiva u otra medida cautelar (arresto
domiciliario, reclusión nocturna, firma mensual y otras). La Coordinadora 18
de Octubre, otra agrupación que exige la libertad de los presos de la
revuelta, cuenta 100 personas en prisión preventiva y 200 con medidas
cautelares. Un comunicado oficial de la Fiscalía, sin embargo, rebasa los
cálculos de la OFAPP y la Coordinadora 18 de Octubre.  Según dicho informe,
publicado el viernes 16 de octubre, desde el inicio del estallido social el
Ministerio Público ha formalizado a 5.084 personas por delitos asociados a
las protestas, de las cuales 648 se encuentran actualmente en prisión
preventiva y otras 725 recibieron condena. El documento no expone la
situación de los 3.711 formalizados restantes. Lo que sí detalla la Fiscalía
es el delito por el que fueron formalizadas estas personas: atentados contra
el metro (42), saqueos (4.004), porte o tenencia de artefactos incendiarios
(208) y desórdenes públicos (678). Hay, además, 75 procesamientos en la
región de Atacama de los que la Fiscalía aún no ha dado detalles.



Claudio Villagra (51), quien vive a unos metros de Morales, se acomodó en
una silla del comedor de su hogar para contar su testimonio. Salió de
prisión preventiva el 5 de junio y ahora se encuentra bajo arresto
domiciliario. Pasó seis meses encerrado en Santiago 1 por un delito que,
afirma, no cometió. El 28 de noviembre de 2019 se dirigió a una comisaría de
la comuna de La Cisterna para buscar a su hijo Rodrigo, detenido en una
protesta. Ahí empezó su calvario. «Esperamos harto rato con otras familias.
De repente, salió un piquete de Carabineros y, sin previo aviso, dispararon
lacrimógenas. Yo escucho por un solo oído y tengo una lesión en el cerebelo
que me hace perder la coordinación de mis movimientos. Con la bomba quedé
completamente sordo. Traté de refugiarme y no recuerdo si choqué contra un
muro o contra los carabineros. Me esposaron, me echaron gas pimienta, me
arrastraron, me sacaron el pantalón y perdí la conciencia. Me tiraron para
una celda en la comisaría y ahí supe que estaba detenido por robo con
violencia. Cuando me formalizaron en la Fiscalía, me acusaron de haberle
robado una escopeta a un teniente coronel», contó con voz trémula. A 11
meses de su detención, Villagra –cristiano y catequista– aún no conoce la
fecha de su juicio definitivo. Dijo que su abogado luchará por la absolución
del caso. Al principio, cuando cayó en prisión preventiva, no se apropiaba
del término preso político: «Me considero una persona normal, sin
inclinación política». Hoy, en cambio, ya asimiló el concepto.



—¿Por qué?



—Yo estaba en el mismo módulo con otros presos de la revuelta, mucho más
jóvenes. Ellos podrían haber sido mis hijos. Allá adentro los gendarmes
hacían la diferencia. Me fui dando cuenta de que yo sí era un preso
político, pese a que nunca anduve metido en nada. Sólo salí a buscar a mi
hijo y me demoré seis meses en volver a casa.



Criminalizar la protesta



Las extensas prisiones preventivas aplicadas obedecen, en muchos casos, a
una estrategia del gobierno para «criminalizar la protesta social», dijola
abogada Manuela Royo, quien asumió la defensa de unos diez imputados, casi
todos acusados de provocar desórdenes públicos y lanzar artefactos
incendiarios. «La mayoría son jóvenes que no tienen antecedentes penales.
Pero se protege mucho más la propiedad privada y el orden público que otros
bienes jurídicos, como la libertad y el derecho a la protesta», agregó. A su
entender, las prisiones preventivas «no respetan el principio de inocencia,
no tienen pruebas suficientes y sólo buscan sacar de la cancha a quienes se
considera un peligro para la sociedad».



A la inversa de los tres casos referidos, Francisco Hernández (21) ya
conoció su condena: el 2 de setiembre el Tercer Tribunal Oral lo sentenció a
cinco años de cárcel efectiva. La Fiscalía había pedido para él 20 años de
presidio: es acusado de haber lanzado cinco bombas molotov a Carabineros en
el entorno de la Plaza de la Dignidad. Por cada bomba, el Ministerio Público
solicitó cuatro años de cárcel. Sin embargo, su hermana Katherine Cornejo
acusa derechamente a Carabineros de haber hecho un «montaje» en el
procedimiento. Y no sólo eso: «Primero lo secuestraron, le pegaron y lo
torturaron. Le rompieron la nariz y los dedos para que firmara la
culpabilidad de los hechos. Le dejaron la polera ensangrentada y no se la
quisieron mostrar al Instituto de Derechos Humanos [INDH]. Todas las pruebas
de hidrocarburos en sus manos salieron negativas y las cámaras siguieron a
una persona que no es él». Mientras hablaba con Brecha, sostenía un lienzo
negro, en apoyo a su hermano, luego de haber participado de una convocatoria
frente al Palacio de Tribunales junto con las familias de los otros presos
políticos. Dijo que Francisco es un joven tranquilo, que se destacaba en el
barrio como futbolista amateur. Para colmo, agregó, sufrió un accidente en
el pie jugando a la pelota en el penal Santiago 1, donde actualmente cumple
su condena. «Estuvo dos meses sin ser atendido, con un dolor terrible en el
pie», fustigó. Buscará reabrir la causa junto con el abogado defensor.



El caso de Hernández, comentó Royo, es muy común entre los presos de la
revuelta: «Suele suceder que Carabineros actúa como testigo de fe. Los
partes policiales son considerados fidedignos de por sí, y lo que dice un
imputado no es valorado dentro del procedimiento. Hay una falta de
proporcionalidad de la Fiscalía que va en concordancia con lo actuado por el
gobierno, lo cual me parece bastante peligroso». Al respecto, Claudio
Villagra deplora que la Fiscalía sólo valide a funcionarios de Carabineros
como testigos del supuesto robo de la escopeta al oficial de esa misma
institución. Dijo que tiene sus propios testigos, pero el órgano persecutor
aún no los cita a declarar. No sabe por qué. «Todas nuestras energías están
puestas en señalar lo ilegítimo de los procesos. En muchísimos casos es el
testimonio de un carabinero el que da origen a la actuación de la Fiscalía.
Luego ellos eligen ser testigos protegidos, por lo que no dan su testimonio
de forma pública», explicó Javiera del Campo, integrante de la Coordinadora
18 de Octubre. En tanto, Morales no se ilusiona con el juicio oral, que
recién se inicia. Aunque reafirma su inocencia y se declara emocionalmente
firme en el interior del penal, le perturba el futuro de su familia: «Me
preocupa que les falte la comida, que estén enfermos, que alguien entre a
robar a la casa. Espero no perderme muchas etapas de mi hija de 4 años y mi
hijo de 11».



La familia de Hernández está devastada emocionalmente por el encarcelamiento
del joven. Según su hermana, la madre de ambos está con tratamiento
psiquiátrico. Le duele saber que su hijo más pequeño, el conchito, ha
perdido peso en el interior del penal. «A mi mamá ahora se le olvidan las
cosas. Es la primera vez que necesita pastillas para dormir», reveló
Cornejo. Según Del Campo, la prisión política busca «no sólo coartar el
cuerpo encarcelado, sino generar un tema en todo el entorno familiar»: «Por
eso han surgido asambleas solidarias que se hacen cargo de la situación de
los presos del territorio. Hay que llevarles encomienda y generar recursos,
porque muchas familias eran mantenidas por el compañero que está preso». Al
fragor de ese espíritu humanitario nació, por ejemplo, la Asamblea Popular
Metro La Granja. Ha sido un sostén emocional para las familias de Morales,
B. S. M., Villagra y varios más. Ahí figuran también los familiares de
Jeremy Ramírez y Omar Jerez, dos jóvenes acusados de quemar la estación La
Granja del metro, quienes cumplen prisión preventiva en la Cárcel de Alta
Seguridad, un recinto para internos calificados como de extrema
peligrosidad. La asamblea también sigue el caso del estudiante de Pedagogía
en Música Jesús Zenteno, quien suma diez meses en prisión preventiva. Se le
acusa de haber fabricado y lanzado bombas molotov y haber incendiado el
hotel Principado de Asturias, próximo a la Plaza de la Dignidad. Su padre,
Cristian Zenteno, aseguró al medio OPAL Prensa que su hijo –detenido por un
carabinero infiltrado– no es culpable de los delitos que se le imputan y que
las pruebas vertidas por la Fiscalía no demuestran su participación en los
hechos. El Ministerio Público solicita para él 25 años de prisión.



La cuestionada seguridad



Según las cifras de la Fiscalía entregadas al INDH, al 20 de marzo de 2020
el ente persecutor inició 346 investigaciones penales por delitos
contemplados en la Ley de Seguridad del Estado –una normativa extremadamente
rigurosa que agrava las penas previstas en el ordenamiento jurídico chileno–
a partir de querellas presentadas por el Ministerio del Interior. Hasta esa
fecha, 20 de esas 346 investigaciones fueron formalizadas, con un total de
112 imputados. Según Royo: «[La Ley de Seguridad del Estado] termina
enfrentando al prisionero con un monstruo de distintas cabezas, ya que, pese
a que existe un órgano como la Fiscalía para llevar las investigaciones de
forma autónoma, en la práctica el gobierno actúa como querellante. El Estado
persigue políticamente y existe una presión indebida». La abogada llama la
atención sobre el contraste entre esta situación y las causas que involucran
a agentes del Estado en el marco de la represión. Según la Fiscalía, desde
el 18 de octubre de 2019, 8.827 personas denunciaron casos de violencia
institucional, 4.681 de los cuales se encuentran vigentes. De un total de 75
agentes formalizados por violaciones a los derechos humanos, 25 se
encuentran en prisión preventiva y sólo uno ha sido condenado.



Por lo pronto, el INDH no contempla entre sus atribuciones un
involucramiento mayor en las causas en que las familias de los presos
denuncian irregularidades. Sí están en el radar de la institución los casos
en los que los detenidos han denunciado vulneraciones de sus derechos
elementales por agentes del Estado. «El INDH no tiene competencias para
defender a una persona cuando ha sido detenida con irregularidades. Eso le
compete a la Defensoría Penal Pública o a una defensa particular. Algunas
personas han denunciado malos tratos, tortura y golpizas en el momento de la
detención. Ahí el INDH ha presentado querellas contra esos agentes del
Estado. Eso sí está dentro de nuestro marco de acción. La querella le puede
servir a su defensa pública o particular», explicó Rodrigo Bustos, jefe de
la Unidad de Protección de Derechos del INDH. Las investigaciones contra
personas imputadas por la Ley de Seguridad del Estado, en cambio, sí son
seguidas atentamente por el organismo, ya que algunas partes de la norma
«pueden afectar el derecho a un debido proceso», complementó el jerarca.



En la Comisión de Derechos Humanos del Senado están al tanto del tema. Juan
Ignacio Latorre, presidente de la instancia, contó que su gestión consiste
en «llamar al gobierno a que deje de querellarse por estos casos»: «Que
distinga los casos de jóvenes que llevan mucho tiempo en prisión preventiva
y no tienen antecedentes penales. A ellos se les imputa haber provocado
desórdenes públicos: son delitos menores, que no ameritan la privación de
libertad». Por su parte, Torres, de la OFAPP, expresó: «Es muy difícil
luchar cuando el Estado está tan involucrado en perseguir a nuestros
familiares. Somos hormigas contra un gran elefante. Ellos tienen todas las
de ganar». De igual manera, las organizaciones no pierden la esperanza de
sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario y, en el mejor
de los casos, lograr una salida política para liberar a los presos de la
revuelta.



Este 19 de octubre hubo, al menos, una luz al final del túnel. Las
agrupaciones que representan a los presos políticos tuvieron una reunión por
Zoom con el influyente sacerdote jesuita Felipe Berríos, quien había
planteado previamente su inquietud por la situación de los jóvenes
detenidos. En el encuentro virtual, los familiares le pidieron al religioso
que ejerciera un rol de mediador con el Estado. Él aceptó. Dijo a Brecha que
su aspiración es conformar una especie de comisión política con diversos
actores, que evalúe caso a caso la posibilidad de una amnistía. «No tengo
demasiado poder, pero voy a seguir hablando con las autoridades para tratar
de hacer ver que esto requiere una salida política. No podemos seguir con
una espiral de violencia que no sabemos en qué va a terminar. La solución no
es por la vía de la represión».

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20201023/7a853f15/attachment-0001.htm