Estados Unidos/ La Corte Suprema y la negación de los derechos democráticos [Barry Sheppard]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de octubre 2020

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Estados Unidos



La Corte Suprema y la negación de los derechos democráticos



Barry Sheppard

A l’encontre, 24-10-2020

http://alencontre.org/ameriques/

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

Amy Coney Barrett fue propuesta por Trump para la Corte Suprema y su
aceptación será registrada el 26 de octubre, por el Senado, controlado por
los republicanos, con una prisa sin precedentes.



Amy Coney Barrett se sitúa a la extrema derecha entre los jueces. Es miembro
de un grupo religioso marginal que cree que los maridos son los jefes de la
familia y el "jefe" espiritual de sus esposas. No es de extrañar que esté en
contra del derecho de las mujeres al aborto y que rechace las conclusiones
de la  ciencia sobre el cambio climático.



La jueza va a ocupar la vacante creada en la Corte Suprema tras la muerte de
Ruth Bader Ginsberg, el 18 de septiembre. La opción de Trump y la carrera
desenfrenada por obtener su confirmación antes de las elecciones -nunca
antes se había aprobado el ingreso de un juez en la Corte en una fecha tan
cercana a la de una elección (el 3 de noviembre), o sea sólo nueve días
antes- tiene como objetivo el de aumentar la mayoría de la derecha en la
Corte, la que contará con seis de los nueve jueces.



Hay varias razones para ello. La primera es que si Trump pierde, los
republicanos prevén impugnar el voto en los tribunales, lo que podría dar
lugar a apelaciones a la Corte Suprema, la que decidirá quién es el
presidente. Con una mayoría de 6 a 3, lo más probable es que sea Trump.



La segunda, es la voluntad de la administración Trump de anular la Ley de
salud (Affordable Care Act: Obamacare), que forma parte del orden del día de
la Corte. Las audiencias de apertura se celebrarán una semana después de las
elecciones.



La tercera razón se refiere a una decisión que la Corte tomó por 5 votos
contra 3 mientras se llevaban a cabo las audiencias de Amy Coney Barrett
delante de la comisión judicial del Senado. El fallo de la Corte permitió a
la administración que acortara el censo nacional (que se realiza una vez
cada 10 años) de población, plazo que tuvo que ser ampliado debido a las
perturbaciones causadas por la pandemia.



El plazo ampliado para el censo, necesario por la pandemia, implicaba que
las cifras del mismo debían presentarse después de que el ganador de las
elecciones jurara como presidente el 20 de enero de 2021.



El New York Times señaló que "la mayoría de los expertos habían dicho que un
censo más corto sólo empeoraría las subestimaciones existentes sobre la
cantidad de personas a las que siempre ha sido más difícil llegar", sobre
todo los negros y los latinos.



Esa subestimación se verá agravada por la decisión de Trump de no incluir a
todos los inmigrantes indocumentados en las cifras del censo. La mayoría de
los inmigrantes indocumentados son latinos que generalmente viven con su
familia, la que sí tiene una situación regular.



Las cifras del censo se utilizan de varias maneras. Una de ellas consiste en
asignar fondos federales a las regiones en función de su población, según lo
determinado por el censo. La mayoría de las minorías raciales viven en zonas
urbanas, que se verán gravemente afectadas.



Otra forma es utilizar las cifras del censo para adjudicar los escaños en la
Cámara de Representantes, para repartir los 435 miembros entre los 50
estados.



Si no se cuentan los negros y los latinos, y no se cuentan los inmigrantes
indocumentados, aumentará la representación de los republicanos.

La Corte Suprema acaba de anunciar que adelantará el examen de la decisión
de Trump para el 30 de noviembre, a tiempo para que la Oficina del Censo
pueda entregarle las cifras a Trump, el que va tener el control sobre la
repartición por estado de los escaños en el Congreso.



La decisión de la Corte de actuar rápidamente permite un fallo a favor de
Donald Trump, probablemente de 6 contra 3.



***



La Corte Suprema tiene mucho poder. Puede anular cualquier ley, sin importar
el voto del Congreso o lo que piense la mayoría de la población. Puede
hacerlo por mayoría de votos, aduciendo que la ley viola la constitución.

Un ejemplo de esto es el fallo de la Corte Suprema en 2013, antes de la
elección de Trump, que anuló lo esencial de la ley sobre el derecho al voto
de 1965, que preveía la supervisión federal de cualquier ley de votación en
los estados que solían suprimir ese derecho a los afroamericanos,
principalmente en el sur del país, siguiendo las leyes Jim Crow. [Las leyes
Jim Crow eran leyes nacionales y locales derivadas de los Códigos Negros,
promulgados por las legislaturas de los estados del Sur de 1877 a 1964 para
impedir la efectividad de los derechos constitucionales adquiridos por los
afroamericanos tras la Guerra de Secesión]. La razón esgrimida en 1965 fue
que el racismo ya no era un problema.



Como resultado, en los años transcurridos desde entonces, esos estados
introdujeron nuevas leyes que limitan el derecho de voto de los
afroamericanos. Las impugnaciones a esas leyes fueron rechazadas por la
Corte, la que mantuvo las restricciones.



El Partido republicano no sólo se convirtió en un partido de extrema derecha
en el plano político bajo Trump, ahora es, además, partidario del creciente
autoritarismo del presidente.



El control de la Corte por el Partido republicano se vio reforzado por el
nombramiento por parte de Trump de numerosos jueces de extrema derecha en
los tribunales federales inferiores, ratificados luego por el Senado
republicano. Esta evolución va a seguir al menos hasta principios de enero,
cuando los senadores electos en noviembre tomen posesión. Dado que los
jueces de la Corte Suprema son nombrados de por vida, esa toma de poder será
efectiva durante años, incluso décadas, independientemente de quién gane
esta elección y las siguientes.



***



Esta situación plantea la cuestión del poder antidemocrático de la Corte
Suprema. Algunas propuestas para limitar este poder están siendo discutidas
en los medios de comunicación para el caso en que los demócratas ganaran el
control de la Casa Blanca y el Congreso en las próximas elecciones.



La mayoría de los estadounidenses no saben que la Constitución no estipula
el número de jueces en la Corte ni la duración de los mandatos. Estas
disposiciones fueron aprobadas por el Congreso. La constitución tampoco
estipula si las decisiones de la Corte Suprema deben ser tomadas por
mayoría, por unanimidad o por otro sistema.



Las propuestas para retrasar el control por los republicanos de la Corte
Suprema incluyen el aumento del número de jueces y el nombramiento de jueces
demócratas para los nuevos puestos.



Otra propuesta es la de exigir que las decisiones sean tomadas con por lo
menos siete votos, o por un voto unánime. La condición de juez de por vida
podría también ser reemplazada por un mandato a plazo fijo.



Sin embargo, es poco probable que una administración demócrata haga tal
cosa. Eso implicaría abandonar décadas y décadas de reglas establecidas,
adoptadas y aprobadas por ambos partidos y sería visto como radical y como
una ruptura demasiado grande con la "tradición", capaz de poner en peligro
la estabilidad del poder capitalista.



Es muy probable que un presidente y un Congreso demócratas esperen
tranquilamente que un día la Corte, controlada por los republicanos, se
someta voluntariamente a la opinión pública y no anule las leyes aprobadas
por el Congreso, o que no las anule todas.



***



Otro aspecto antidemocrático que ha sido cuestionado es la elección del
Presidente no por el voto popular sino por el Colegio Electoral, una
disposición de la Constitución. En 2000, Bush perdió el voto popular pero
ganó gracias al voto en el Colegio Electoral. Lo mismo sucedió con la
elección de Trump en 2016.



El Colegio Electoral fue inscrito en la Constitución para "impedir el
dominio de la multitud", lo cual forma parte de lo que James Madison, quien
fue el principal "redactor" de la Constitución, dijo que la Constitución
debía "proteger a la minoría rica de la mayoría".



Todos los estados, excepto dos, determinan qué votantes son enviados al
Colegio Electoral a través del sistema "el ganador se lleva todo". Si los
resultados son reñidos, los votos prometidos al candidato que pierda por
poco no serán contados. Por lo tanto, un candidato que pierde el voto
popular puede ganar en el Colegio Electoral.



Mucha gente está empezando a entender que este procedimiento es
extremadamente antidemocrático. Pero para cambiarlo se necesitaría una
enmienda constitucional. Una enmienda puede ser propuesta por el voto de dos
tercios de ambas cámaras del Congreso o por el voto de dos tercios de los
estados que la soliciten.



Entonces, tres cuartas partes de las asambleas legislativas o de las
convenciones de los estados deben ratificar la enmienda propuesta para que
sea aprobada. Es algo imposible en las condiciones actuales.



***



Otros aspectos no democráticos de la Constitución son cada vez más
criticados. La forma en que se fundaron los Estados Unidos está en la raíz
de estas disposiciones antidemocráticas. El hecho de que la esclavitud de
los africanos fuera la base de la economía de muchos estados hizo necesario
que la Constitución original tomara disposiciones para aprobar esa
esclavitud.



Eso significaba que los estados esclavistas tenían que tener el control
sobre sus políticas y economías. Ese fue el origen de los "derechos de los
estados" que continuaron en el sistema de Jim Crow de opresión racial,
después incluso de que la esclavitud fuera abolida tras la guerra civil,



La Constitución no dice que todos los ciudadanos tengan derecho a voto. El
control sobre quién tiene derecho a votar, y sobre todos los aspectos de la
votación, fue explícitamente dejado en manos de los estados, no del gobierno
federal, desde el principio.



Durante el período posterior a la guerra civil, conocido como la
Reconstrucción, antes de que la contrarrevolución instalara el sistema de
Jim Crow, fueron aprobadas tres importantes enmiendas a la Constitución:



• La Decimotercera enmienda abolió la esclavitud, excepto para los
prisioneros. Esta excepción es un problema real en este período de
encarcelamiento masivo. La película "Enmienda XIII" (The Thirteenth) [1]
aborda en particular esta forma de esclavitud, que forma parte de la
opresión de los negros.



• La Decimocuarta enmienda establece que todas las personas nacidas o
naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanos (con la excepción de los
pueblos originarios, que recién obtuvieron la ciudadanía en 1924), lo que
significa que los antiguos esclavos son ciudadanos. Esto también forma parte
del actual debate nacional, ya que los racistas blancos, incluido Trump,
quieren deshacerse de este derecho que convierte automáticamente en
ciudadanos a los hijos de los inmigrantes indocumentados, en su mayoría
latinos.



• La Decimoquinta enmienda establece que "el derecho al voto de los
ciudadanos de los Estados Unidos no será negado o restringido por los
Estados Unidos o por cualquiera de los estados debido a la raza, el color o
por condición anterior de servidumbre". Pero esto no respondía a la demanda
más radical de los abolicionistas antiesclavistas, de que todos los
ciudadanos tuvieran derecho a votar.



Al establecer que los estados no pueden impedir el derecho al voto por
motivos de raza, los estados Jim Crow esquivaron la enmienda mediante el
subterfugio consistente en no eliminar el derecho al voto explícitamente por
motivos de raza, sino mediante impuestos electorales y otras disposiciones,
así como mediante el terror del Ku Klux Klan, que suprimió en la práctica el
derecho de los negros a votar en esos estados.

El derecho al voto de los negros es atacado nuevamente y forma también parte
del actual debate nacional.



***



La explosión de Black Lives Matter (BLM) de este año introdujo
explícitamente en el debate nacional no sólo los asesinatos policiales de
negros, sino también el hecho de que toda la historia de las colonias
británicas y luego de los Estados Unidos, desde 1619, cuando el primer
africano fue "transportado" a América del Norte para ser esclavizado, hasta
el día de hoy, es la historia de la opresión de los afroamericanos bajo
diversas formas. El racismo contra los negros también se ha extendido a
todas las personas de color.



La supremacía blanca es la ideología que justifica la opresión racial y es
la base de la identificación de muchos trabajadores blancos con la clase
dominante en contra de sus propios intereses en tanto que trabajadores.

Ahora, el supremacismo blanco es reconocido y puede ser discutido
abiertamente gracias al movimiento BLM. Uno de los resultados de BLM fue una
serie de publicaciones y podcasts en el New York Times llamada "1619", una
crónica de los 400 años de la historia de la opresión de los negros. Para
Trump, esta serie "da una mala imagen de los Estados Unidos" y propuso que
fueran congelados los fondos federales, distribuidos habitualmente, en los
distritos escolares que utilizaron la serie del New York Times en las clases
de historia. La opresión nacional de los negros ha sido siempre una gran
negación de los derechos democráticos desde los orígenes del país.



Otro efecto del movimiento Black Lives Matter fue la toma de conciencia
sobre el genocidio de los pueblos originarios y las formas posteriores de su
opresión hasta el día de hoy.



Hay otras violaciones de los derechos democráticos codificadas en la
Constitución estadounidense, desde el poder de la presidencia con respecto
al de los primeros ministros en un sistema parlamentario, a la composición
del Senado, donde cada estado tiene dos senadores sin tener en cuenta la
cantidad de habitantes de cada uno de ellos. Hay otras, por supuesto, y las
analizaremos más adelante en otros artículos.



Nota



[1] "Enmienda XIII" (título original en inglés, "13th") es un documental
estadounidense de 2016 realizado por  Ava Du Vernay. La película explora la
intersección entre raza, justicia y encarcelamiento masivo en los Estados
Unidos. (Redacción A l’encontre)

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