Argentina/ La pulseada del dólar: los vaciadores conducen la economía al infierno [Pablo Anino/Esteban Mercatante]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

25 de octubre 2020

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain en montevideo.com.uy <mailto:germain en montevideo.com.uy>

  _____



Argentina



La pulseada del dólar: los vaciadores conducen la economía al infierno



Pablo Anino/Esteban Mercatante

Ideas de Izquierda, 25-10-2020

https://www.laizquierdadiario.com/



Otra vez nos encontramos en una pulseada por el valor del dólar. Mientras
los fondos de inversión, los sojeros y otros sectores del empresariado
tironean por una devaluación que ejecute una transferencia de ingresos desde
el pueblo trabajador hacia el gran capital, el gobierno afirma que el dólar
está bien y arroja aspirinas para “seducir” al empresariado e intentar
calmar la situación, sin atinar a encarar ninguna medida de fondo para
frenar la corrida, lo cual requeriría avanzar seriamente contra la capacidad
de hacer maniobras especulativas de los dueños de todo y afectar sus
intereses.



La economía argentina, golpeada por los efectos económicos de la pandemia,
que se sumaron a los casi dos años de crisis y ajuste permanente con los que
se despidió Macri bajo la tutela del FMI, muestra a cielo abierto todas sus
debilidades estructurales, su atraso y dependencia del capital imperialista.
Los indicadores económicos y sociales que van camino a superar a los de
2001-2002, la peor crisis de la que tengamos memoria. Pobreza que podría
terminar el año afectando a la mitad de la población, una pérdida de 3,7
millones de empleos, y un Producto Interno Bruto (PIB) que terminará el año
con una caída del 12 %, superando la caída histórica de 2002 (-10,9 %). Con
una economía mundial que todo indica que seguirá un largo tiempo imponiendo
un viento de frente (según el FMI caerá 4,4 % este año y crecerá 5,2 % en
2021, es decir, que poco más que recuperará lo perdido en 2020), sin motores
a la vista como lo fue China durante buena parte de los últimos veinte años
para las economías dependientes, las “vacas flacas” dominarán la política
económica, sometida además a la auditoría del FMI. Los padecimientos que se
agravaron en estos meses en los que la economía argentina llegó a caer 20 %,
seguirán profundizándose para la clase trabajadora. Mientras el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, afirma que “la Argentina se va a pegar un
porrazo enorme producto de la pandemia, al igual que todo el mundo, donde no
va a tener posibilidades de tener planes de ajuste como muchos están en los
medios agitando”, la realidad indica que el recorte del 10 % del gasto en
términos reales, el abandono –que adelanta el proyecto de presupuesto 2021–
de algunas limitadas medidas de contención como el ATP o el IFE, y los
anunciados tarifazos, son anticipos de lo que vendrá. Incluso estas medidas
de contención fueron menores que en la región, tanto que la Cepal estimó que
Argentina es uno de los tres países donde más aumentó la desigualdad durante
la pandemia.



En este contexto, acapara los titulares lo que ocurre con el precio del
dólar. O más precisamente, con los precios. Mientras el dólar en el mercado
oficial se viene moviendo en lo que va del año a un ritmo que acompaña la
inflación (es decir que el “poder de compra” del dólar en la economía
argentina se mantiene más o menos constante), se dispararon las cotizaciones
en los mercados paralelos. Los dólares financieros (el llamado “dólar bolsa”
o MEP, que opera a través de operaciones locales con bonos y acciones, y el
“contado con liqui” –CCL- cuya concreción se ejecuta en cuentas en el
extranjero) y el dólar informal (blue) llegaron esta semana a ser más de un
130 % superiores al dólar oficial. Aunque el ministro de Economía, Martín
Guzmán, afirmó estos días en varias entrevistas que no hay motivos para que
el peso se devalúe frente al dólar porque está despejado el panorama de
pagos de la deuda, existe superávit comercial y controles de capitales, la
pulseada por torcerle el brazo, de la que participan el agropower, los
fondos de inversión “atrapados” en pesos y otros vastos sectores del
empresariado, es cada día más ríspida. Sin tomar medidas de fondo contra los
saqueadores, que no están en el menú del elenco oficial, el desenlace en
favor de los saqueadores parece cada día más inevitable.



Histeria cambiaria ¿sin fundamentos?



La existencia de mercados paralelos más caros que el oficial es inseparable
de la aplicación de restricciones al comercio de divisas, que rigen en el
país desde agosto del año pasado, aplicadas por Macri recién después de que
se fugaron USD 86.000 millones durante su mandato. Este número fue difundido
en un informe de mayo, donde el BCRA afirmaba que el endeudamiento macrista
y una gran parte del préstamo del FMI financió esa fuga de capitales. El
periodista Horacio Verbitsky develó que en esa fuga estuvieron involucradas
las empresas Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes,
Monsanto, Aluar, Procter & Gamble y Arcor, además de muchas más empresas
entre las cien mayores fugadoras. La escasez de dólares no es un fenómeno
natural.



Y cuanto más se refuerza este “cepo”, como fue ocurriendo desde entonces,
mayor la distancia entre las cotizaciones. Pero en abril, mientras la
renegociación de la deuda con los lobos de Wall Street atravesaba episodios
de tensión y el gobierno anunciaba medidas de emergencia ante el
agravamiento de la crisis generado por la cuarentena que se traducían en
aumento del gasto público –y por lo tanto de la emisión monetaria–, esta
brecha empezó a escalar. Y con ello se reactivó la clásica apuesta al dólar
que caracteriza a todas las fracciones del empresariado argentino, y es
imitada en pequeña escala por los sectores medios y asalariados en su
modesta capacidad de ahorro, como resultado de un aprendizaje de décadas que
muestra que no es cierto eso que casi todos los gobiernos argentinos han
sostenido infructuosamente en las últimas décadas: que “el que apuesta al
dólar pierde”.



La única pérdida ha sido la que sufrió el Banco Central (BCRA) en sus
reservas, que a pesar del cepo cayeron USD 4.000 millones en lo que va del
año. El número no parece considerable en sí mismo. Pero cobra otra magnitud
si tenemos en cuenta que, entre enero y septiembre, el superávit comercial
fue de USD 11.500 millones de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Censos (Indec). Considerando que los exportadores están obligados a liquidar
esos dólares al BCRA, sorprende que no solo no hayan aumentado las reservas,
sino que estén en baja. Los dólares del comercio exterior entraron por una
ventanilla y salieron por la otra. Es lo que no explica Guzmán. Con cepo y
todo, se perdieron por los pagos de deuda pública unos USD 5.000 millones
mientras el ministro negociaba y decía que no podía pagar; y también se
esfumaron dólares por los pagos de deuda privada y el ahorro de “grandes” y
“pequeños”. Esta dilapidación de dólares en medio de la crisis fue
considerada un dislate hasta por Claudio Lozano, quien actualmente integra
el directorio del Banco Nación. Las maniobras para la fuga de capitales y la
simulación de pagos de deuda ficticia en el extranjero por el gran capital
se canalizan a través del sistema bancario. Sin la expropiación y la
nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, no hay
solución definitiva a este esquema de vaciamiento. Pero en la Argentina de
Alberto Fernández los bancos se siguen llenando de plata mientras hay ajuste
de cinturones para las grandes mayorías trabajadoras.



A pesar de que el valor del dólar frente al peso, que subió de manera
astronómica durante el gobierno de Macri como resultado de una corrida
cambiaria desenfrenada, y siguió escalando durante este año, no se encuentra
subvaluado según los fundamentos o variables básicas de la economía, sino
más bien lo contrario, la brecha y el comportamiento de los agentes como
resultado de la misma, denotan una expectativa de devaluación. La negativa
de los productores agropecuarios a sacar los granos de soja de las
silobolsas a pesar de los altos precios internacionales y la baja momentánea
de retenciones que rige desde el 1° de octubre, la parálisis de numerosas
cadenas de valor ante la decisión especulativa de los empresarios de los más
variados rubros de no vender hasta que aclare o remarcar “por las dudas”, y
toda otra serie de comportamientos similares que paralizan la economía, se
fueron extendiendo a medida que creció la brecha entre el dólar oficial y
los paralelos, que hoy muestran niveles de “pánico” según numerosos
analistas.



El gobierno de Alberto Fernández confiaba en que el cierre del acuerdo con
los acreedores de deuda bajo legislación extranjera, alcanzado en agosto,
sería un punto de inflexión en su gestión. Algo parecido a lo que fue para
Macri el acuerdo con los buitres para poner fin al juicio en la corte de
Thomas Griesa, en 2016 (que dio pie a la espiral de endeudamiento que se
cerró abruptamente en 2018). Para lograr la aceptación de los lobos de Wall
Street, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aceptó ceder USD 17.000
millones adicionales respecto de la oferta inicial de abril, y el acuerdo no
realiza casi quitas de capital, es decir, que el peso de la deuda en la
economía no se redujo. Tampoco se adentró el gobierno en investigar ni una
coma del fraudulento endeudamiento macrista (entre varios ejemplos, el bono
a cien años que Luis Caputo emitió en favor de un fondo del que él era
accionista y de otros fondos amigos) ni establecer ninguna consideración
sobre el carácter odioso de esa deuda, que daría bases para su repudio
soberano que es lo que plantea el Frente de Izquierda Unidad. El gobierno
ganó tiempo, que era lo único que buscaba, pateando para adelante el
problema de cómo pagar la friolera de deuda emitida por Macri. La “exitosa”
reestructuración de la deuda dejó una hipoteca para los próximos 25 años.
Pero el anuncio triunfal de Guzmán de que el canje alcanzaba al 99 % de la
deuda, terminó devorado por la vorágine cambiaria. Incluso con el derrumbe
de la cotización de los nuevos bonos emitidos.



La brecha cambiaria no responde a un solo motivo. Pero podemos encontrar al
menos tres razones que la estimularon.



En primer lugar, algunos importantes fondos de inversión que ingresaron a
llenarse de plata con la “bicicleta financiera” quedaron atrapados en la
economía argentina cuando Macri impuso las primeras restricciones
cambiarias. Estos son parte de los que operan a través de los canales
financieros para pasarse a dólares, comprando bonos y acciones que cotizan
en la Argentina y en Wall Street. Generan una demanda que empuja el valor de
los dólares financieros. No es forzado decir que el dólar se convirtió en
los últimos meses en un juguete en manos de los mismos lobos de Wall Street
con los que Guzmán negoció la reestructuración, ya que son esos fondos los
que operan en el “contado con liqui”, como Templeton y Pimco.



En segundo lugar, entre todas las medidas tomadas por el gobierno para
limitar el impacto de la cuarentena, se encuentra una fuerte inyección de
crédito y transferencias que beneficiaron a las empresas. Esto resultó en
una fuerte expansión monetaria, que en varios casos benefició a grandes
firmas que tranquilamente podían afrontar sus pagos de salarios sin mayores
sobresaltos. Buena parte de estos pesos “sobrantes” fueron hacia el dólar,
tanto por los canales formales (comprando dólar ahorro, pagando deudas,
importando y pagando al contado) como los informales. El sistema financiero,
buscando todas las rendijas para lucrar y mantener las ganancias récord que
muestran desde hace años, amplificó los trastornos monetarios y la presión
contra el peso. Nacionalizar los bancos y establecer una banca estatal única
sería una medida de elemental autodefensa contra estos buitres locales.



Finalmente, el componente de “pánico” se fue acrecentando ante la
comprobación de que el BCRA se va quedando sin “poder de fuego”. Aunque el
BCRA cuenta hoy en sus reservas algo más de USD 40.000 millones, las
reservas líquidas, es decir lo que la entidad puede efectivamente utilizar
para operar en el mercado vendiendo, estaría en apenas algunos cientos de
millones. Incluso hay quienes sostienen que se encuentran en terreno
negativo, es decir, que, en sus operaciones, el BCRA está utilizando dólares
que no podría tomar (como los encajes que tiene en sus manos por los
depósitos de privados en dólares que se encuentran en los bancos).



El aumento de la brecha dispara conductas que refuerzan la presión sobre el
dólar oficial. Medido con los precios paralelos, el precio oficial resulta
superbarato. Por eso, los canales legales son explotados al máximo para
tener dólares ya. Es lo que hicieron por ejemplo los importadores: a pesar
de que las importaciones acumuladas entre enero y agosto fueron 24 % menores
que en igual período de 2019, los importadores pidieron al BCRA 24 % más de
dólares que el año pasado en los primeros ocho meses del año. Agreguemos que
en septiembre las importaciones crecieron por primera vez en el año un
sospechoso 3,1 % interanual, aumentando el saqueo de reservas del BCRA. Lo
mismo hacían las empresas endeudadas, tomando dólares para saldar deudas en
el exterior aprovechando el grifo del BCRA. Mientras tanto, para quienes
venden en el exterior, fundamentalmente los agroexportadores, entregar el
producido de sus ventas a un dólar cuya devaluación se descuenta inmediata,
sale “carísimo”. La conducta obvia es retener ventas a la espera de un
aumento del dólar oficial. Todo esto empuja hacia una devaluación brusca, el
infierno tan temido que el gobierno busca evitar, aunque para internarlo
solo atina a pisar un poco algunos canales de pérdida de divisas o presión
sobre la brecha, para abrirlos semanas después, incrementando la confusión y
contribuyendo a profundizar la corrida.



Corresponde a la clase trabajadora pelear por medidas de fondo que eviten
las maniobras especulativas, tales como el monopolio estatal del comercio
exterior para que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a
una institución creada por el Estado, que es la que comercializa y toma la
relación con otros países. Todo lo que entre por importaciones y salga del
país como exportación debe estar en función de las necesidades sociales, de
lo que se necesita para vivir. Y tendría que tener un estricto control
realizado por los trabajadores sobre los grupos exportadores o importadores,
de los puertos y de la aduana. Las medidas oficiales de “seducción” para que
aparezcan los dólares o las restricciones resultan impotentes.



Tiro en los pies y zigzagueos



La cuestión de qué hacer frente a esta situación se convirtió hace meses en
el mayor motivo de desavenencias en el equipo económico. El pasado 15 de
septiembre el presidente del BCRA, Miguel Pesce, impuso su criterio para
aplicar una nueva vuelta de tuerca al cepo. Si faltan dólares, hay que
“defenderlos”; tal era la lógica tras los anuncios. Nuevos requisitos casi
eliminaron la posibilidad de comprar dólares a gran parte de quienes venían
haciéndolo todos los meses e impusieron una carga impositiva adicional para
la transacción. También se restringió algunas operaciones de CCL aumentando
el tiempo obligatorio para finalizar la operación (lo que se conoce como
parking). Pesce además anunció que les daría a las empresas endeudadas en
dólares divisas suficientes para pagar solamente el 40 % de sus deudas,
obligando a que refinancien el resto (condición que se relajó para algunos
casos).



La clave era taponar las salidas de reservas al precio que fuera. Ese precio
fue ni más ni menos un aumento de la brecha entre la cotización oficial de
la divisa y las paralelas, que ya en ese momento estaba en torno al 80 % y
superó rápidamente el 100 % (y sigue subiendo). Días después, tras meses en
los que se hizo evidente que los importadores estaban pidiendo dólares en
niveles inusitados, vinieron nuevos requisitos de información para
autorizarles la entrega de divisas. Así y todo, el BCRA no dejó de perder
dólares. El 15 de septiembre declaraba reservas por USD 42.495 millones; el
último viernes cerraron en 40.500 millones. La mayor parte de explica por
una caída de los depósitos en dólares, que en el último mes se redujeron en
USD 2.000 millones.



Después del “garrote”, el 1 de octubre tomó la iniciativa el ministro de
Economía, Martín Guzmán. Vino con una zanahoria para los exportadores
agropecuarios: baja provisoria de retenciones hasta fin de año. Si el 15 de
septiembre se limitó la demanda, en esta oportunidad se buscó alentar la
oferta de dólares. Pero esto no redundó hasta ahora en un aumento de la
liquidación de granos, a pesar de que coincidió con una fortuita suba en la
cotización, que está cerca de USD 400 la tonelada.



El fracaso cocinó un nuevo volantazo de 180 grados, otra vez liderado por
Martín Guzmán. El lunes pasado Economía anunció una serie de medidas
dirigidas a estimular las operaciones cambiarias en el segmento financiero,
revirtiendo las restricciones aplicadas apenas un mes antes: el parking que
se había prolongado el 15 de septiembre volvió a reducirse, pasando ahora a
ser de 3 días (antes del 15S era de 5). Agrandar el mercado del CCL es la
nueva consigna, bajo la idea de que si se reduce la brecha entrarán dólares
de los exportadores agropecuarios. Además, Guzmán anunció una subasta de
títulos en dólares por USD 750 millones, a comienzos de noviembre, a la
medida de los fondos de inversión atrapados hoy en pesos. Es vox populi que
se trata de una emisión de deuda –autorizada por el Congreso– para ofrecer
una vía de dolarización a Pimco y Templeton. A lo que se agregó el anuncio
de una emisión de bonos vinculados al dólar. El problema que “solucionó” en
agosto con la reestructuración reemerge con el festival de bonos para
intentar contener las presiones de los fondos especulativos.



Las medidas fueron vistas como una “curita” por parte del poderoso JP
Morgan, que picó en punta para vaticinar otro fracaso. El estímulo que busca
el gobierno dar a las operaciones cambiarias con bonos, convive con el
mantenimiento de todas las restricciones que buscaron limitar la venta de
billetes por parte del BCRA. Es la estrategia “aguantar 2.0”.



La dictadura del capital



Para el establishment económico las medidas llegaron tarde y tienen gusto a
poco. El “pliego de reclamos” empresarial es pretencioso: liberalizar más el
dólar, subir el tipo de cambio oficial, realizar más ajuste del gasto
público y reducir la emisión monetaria. No solo eso. Además, el “mercado”
reclama la urgente fiscalización del FMI. Todo indica que los parches que
está aplicando el ministro Guzmán en realidad son para ganar tiempo, para
construir un puente hasta lograr un acuerdo con el Fondo. Como Macri, ahora
es Alberto Fernández el que confía en que el imprimátur del organismo
multilateral de crédito –que difícilmente llegue sin pedir a cambio medidas
draconianas– aplacará la corrida cambiaria.



El Presupuesto 2021, que defiende el oficialismo en el Congreso, ya contiene
un ajuste. En estos días el ministro habló de presentar un programa fiscal
plurianual de reducción del gasto público: un mensaje directo al cuartel
central del FMI en Washington. Al mismo tiempo que los “mercados” lo
apremian y lo empujan, como a Macri, a un acuerdo, Guzmán se arroga la
formulación del plan, como si fuera una construcción autónoma de los
dictámenes del FMI, cuando contiene todos los condimentos de las recetas
fondomonetaristas. Aun así, no es ajeno a los deseos del Fondo, que promueve
que los países se hagan cargo del ajuste que él mismo dicta.



En el frente local, el gobierno busca reconstruir lazos con el empresariado.
En el inicio de la cuarentena, Alberto Fernández calificó de “miserable” a
Paolo Rocca por haber ejecutado el despido de más de mil trabajadores. Luego
de la “vicentineada”, el presidente volvió a tender puentes con el mundo
empresarial cuando invitó al G-6 a los festejos del 9 de julio. El G-6 está
integrado por la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio, la Cámara
Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos, la Cámara
Argentina de la Construcción y la Sociedad Rural Argentina. Esa invitación
no fue bien recibida por el sector kirchnerista de la coalición de gobierno
que en todos lados ve el fantasma de Clarín y Techint, que son parte de
quienes dirigen la Asociación Empresaria Argentina (AEA), fundada en el
tumultuoso 2002 para buscar una salida burguesa a la crisis.



Ahora el presidente anunció subsidios para la extracción de hidrocaburos. En
los últimos días, Alberto Fernández mantuvo un agradable almuerzo con el
dueño de Techint, que con Tecpetrol se transformó en uno de los principales
actores en Vaca Muerta. Las crónicas periodísticas indican que habría un
principio de acuerdo de paz. Entre otras cosas, Rocca hará el esfuerzo de
volver a recibir jugosos subsidios con el plan gas, para lo cual solo tendrá
que archivar parte de los reclamos judiciales que tiene por los pagos del
mismo subsidio que le suspendió la administración anterior. A su vez,
Fernández sostuvo otra reunión con Marcos Bulgheroni, el dueño de Pan
American Energy (PAE), que junto con British Petroleum y una empresa estatal
china, explota uno de los principales yacimientos de petróleo convencional
del país. Los “miserables”, aprovechando los apremios del gobierno, se
vuelven a sentar en la mesa del presidente para arrancar beneficios.



Algo similar ocurrió en el último tiempo con el flamante Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA). El CAA agrupa a una gran cantidad de cámaras
empresariales del agro que buscan establecer un diálogo diferente a la
tradicional oposición de la Mesa de Enlace a los gobiernos peronistas. Ese
Consejo reclama una ley que garantice estabilidad fiscal y financiera por
diez años a la actividad agraria para asegurarse niveles de rentabilidad y
la dolarización de las ganancias. En lo inmediato, fue el interlocutor con
el oficialismo para las medidas anunciadas el 1° de octubre de baja
momentánea de las retenciones. Le arrancaron esa concesión, pero las ventas
de granos se siguen ejecutando a cuentagotas. Los dólares no aparecen. Los
aceiteros culpan a los dueños de la soja. Una curiosidad es que, para
producir aceite, como los productores locales no les venden, los aceiteros
realizaron importaciones récord (aumentaron ¡400 %! en septiembre) para
seguir produciendo. Los números de la cámara aceitera (CIARA) muestran que
lo liquidado este año es “solo” 15 % menor que en 2019, pero esto no tiene
en cuenta esa inédita demanda de dólares para comprar granos del exterior,
que habría que deducir del monto de las ventas.



El gobierno necesita al sector agroexportador y al de hidrocarburos en la
perspectiva de tener una fuente de divisas para pagar la deuda cuando en
2024 vuelvan los pagos duros. Pero los subsidios, que aumentan el gasto
público, y las bajas de retenciones, que reducen la recaudación, entran en
contradicción con un programa de consolidación fiscal con el FMI. Es una de
las disyuntivas que deberá resolver el oficialismo al mismo tiempo que
intenta contener una situación social que puede tornarse explosiva.



De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) que
elabora el Indec, en 2018, de las 500 grandes empresas del país, 313 tienen
participación extranjera. Entre las grandes, el capital foráneo explica el
78 % de la facturación, el 80 % de las ganancias, 82 % de las exportaciones
y el 85 % de las importaciones. En realidad, Techint y Clarín, el eje del
mal según el kirchnerismo, son socios menores en un conglomerado burgués
dominado por el capital extranjero. El negociado de la deuda que financió la
fuga de capitales es uno de los nexos de esa asociación ilícita entre
burguesía nacional y multinacional. La presencia extranjera es evidente en
el comercio exterior de granos (Cofco, Cargill, Bunge, ADM-Dreyfus), en el
sistema bancario (BBVA Francés, Santander, HSBC, ISBC), en la industria
automotriz (Ford, Toyota, General Motors, Volkswagen, Renault, Peugeot).
Muchas de estas empresas ejercen un verdadero monopolio privado del comercio
exterior, que es utilizado para realizar ganancias al precio de atentar
contra la necesidad básica de contar con reservas para llevar adelante
medidas fundamentales de inversión para mejorar la infraestructura y el
bienestar de la población. De este aglomerado de empresas extranjeras surgen
muchas de las maniobras devaluatorias, como las que desarrollan las empresas
de agronegocios que limitan la liquidación y la realización de ventas de
granos. O las maniobras fraudulentas de los que acceden a dólares baratos
simulando importaciones. O los pagos de deuda privada al exterior. Todo un
desfalco al BCRA.



La era Cambiemos mostró al país atendido por sus propios dueños. Mauricio
Macri tenía el sueño de convertir a la Argentina en el “supermercado del
mundo”. Y se ilusionó con una “lluvia de inversiones”, entre otras, de las
empresas mineras. La vuelta a una agenda neoliberal con apertura del
comercio exterior, liberalización del tipo de cambio, aumento de las tarifas
hasta que duela, ataque al poder de compra del salario, rebaja de impuestos
a las patronales se quedó a mitad de camino según las aspiraciones del gran
capital. Las movilizaciones de diciembre de 2017 pusieron en crisis el
“reformismo permanente”. Y luego el peronismo se encargó de canalizar el
malestar callejero hacia una alternativa electoral que prometió reparar el
daño ocasionado a las mayorías populares. Ahora, con una economía lastrada y
la amenaza de ser devorados por los mismos especuladores con los que armaron
una reestructuración de la deuda a su medida, el FMI aparece otra vez como
la tabla de salvación. La “reparación” prometida por el final del
“neoliberalismo” de Macri, en tiempos de vacas flacas, se termina pareciendo
bastante al programa de los CEO. Hasta las ilusiones del despunte exportador
de Vaca Muerta, que ya habían encandilado a CFK y Kicillof en 2013 cuando
abrieron las puertas de Chevron, nos recuerdan a los powerpoint de Marcos
Peña.



El gobierno de Alberto Fernández, en palabras del ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, prometió en campaña electoral honrar la deuda con
los dólares que se obtengan del desarrollo del fracking de Vaca Muerta y de
la megaminería contaminante. En el “modelo” extractivista no hay grieta.



Al calor del desenvolvimiento de la crisis no pueden descartarse grietas en
el frente burgués porque en última instancia la contracción económica limita
las posibilidades de ganancias. No obstante, las tensiones actuales no
muestran una división que confronte programas económicos antagónicos como
fue en el 2001 entre devaluadores y dolarizadores. Todos coinciden en puntos
fundamentales del “modelo” de país extractivista, también en la necesidad de
ajuste fiscal, contracción de la emisión monetaria y de rendir pleitesía al
FMI. La diferencia es más de ritmos y profundidad que de orientación
–incluso dentro de la coalición oficialista encontramos presiones en
distintas direcciones que pueden volverse difíciles de sostener si la
situación sigue deteriorándose–. Pero en uno u otro caso, todo lleva a
aumentar las penurias del pueblo trabajador, y a mantenerse en el mismo
círculo vicioso que termina en crisis como resultado de la vocación
vaciadora de la burguesía “nacional” y el saqueo imperialista.



La clase dominante pretende seguir adelante con el programa económico
reaccionario contra la clase trabajadora que debía llevar adelante Macri. El
gobierno no tiene un “modelo” de país alternativo, apenas imagina –o quiere
hacer imaginar– que es posible combinar desempeño exportador, contentar a
Kristalina Georgieva y tomar algunas medidas de contención hacia la clase
trabajadora y los sectores populares. Una cuadratura del círculo cuando no
hay “boom” de commodities ni ajuste ya realizado, como había ocurrido en
2003 cuando la devaluación previa de Eduardo Duhalde dejó la mesa servida a
Néstor Kirchner.



Atrapados ¿sin salida?



A escala mundial, la crisis económica supera en dimensión a la de 2008/2009,
e incluso en muchos casos se establecen comparaciones con la catastrófica
crisis de la década de 1930. Aunque la historia no se repite, las
comparaciones dan una idea de la gravedad de la situación. Si bien hay
analistas que esperan una milagrosa recuperación rápida (que daría a la
caída/recuperación una forma de V), argumentando que a diferencia de 2008 no
está comprometido el sistema financiero, los rebrotes del COVID son un
baldazo de agua fría para esas expectativas. Solo China marcha a un paso un
poco más rápido en la recuperación, pero no lo suficiente para traccionar,
como en 2009/2010, al resto del mundo. Los posibles escenarios económicos
locales están sobredeterminados por esta crisis mundial, de la cual la
Argentina vuelve hacer uno de los eslabones más débiles como resultado de la
recesión y descalabro financiero que vienen desde 2018. Mucho más, como se
dijo, con una estructura económica que está dominada por el capital
extranjero que planifica sus negocios a escala internacional.



La expectativa de Guzmán, que cada día que pasa se vuelve más improbable, es
que el aumento de la oferta de dólares financieros achique la brecha,
restando motivos a la expectativa de devaluación. Si esto ocurriera,
esperan, habrá menos motivos para la retención de dólares de los dueños de
la soja. El precio internacional de la soja, inesperadamente bueno, la
reducción provisoria de retenciones y la menor brecha, podrían llevar a que
entren unos demorados USD 5 o 6 mil millones. Sería el “puente” que espera
economía para llegar hasta el acuerdo con el FMI y mirar a marzo, cuando
arranca la nueva cosecha de maíz y soja y entra el grueso de los dólares.
Tendrían que darse demasiadas carambolas para que esto se cumpla. Este
escenario, de que el gobierno alcanza sus módicos objetivos, sería una forma
de continuar en terapia intensiva, apretando las clavijas de la actividad
para no perder dólares, como ocurrió durante los últimos años del gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner.



Los zigzagueos del gobierno, que significaron gastarse las pocas balas con
las que contaba y perder en el ínterin las limitadas reservas del BCRA
utilizables, vuelven cada vez más difícil escapar a la devaluación
descontrolada. Estamos hablando de un ajuste adicional del tipo de cambio
de, al menos, entre 20 o 40 % en los próximos meses. Todo lo que viene
haciendo el equipo económico es para escapar a eso, pero, como ocurrió en
2014, cuando el ministro era Axel Kicillof, podría volverse inevitable si la
presión del mercado (es decir, los sojeros, los fondos de inversión, los
importadores, etc.) le sigue torciendo el brazo. Las medidas que serían
necesarias para poner en caja a los especuladores, y asegurar que las
divisas estén disponibles para invertir en infraestructura fundamental –como
las viviendas demandadas por las familias de Guernica y otros millones–
están fuera del alcance de un gobierno que no está dispuesto a afectar
ningún interés del gran capital.



En la Argentina este año va a ser el tercero de recesión. Se espera que la
actividad registre un retroceso anual del 12 % cuando llegue diciembre. Un
escenario de descontrol cambiario con devaluación abrupta implicaría un
nivel de destrucción de actividad económica inédito. No solo eso. Más
importante aún, la caída en el poder de compra de los ingresos populares
sería brutal, ya que volvería acelerarse la inflación en niveles iguales o
mayores a los que tuvo durante los años de Macri. Esto se sumaría a la
pérdida del poder de compra de los últimos cinco años, conduciendo a niveles
de pobreza, quizás, nunca vistos en la historia del país.



En el mejor de los casos, si se cumple lo que dice el Presupuesto 2021, el
gobierno tiene la expectativa de un crecimiento de 5,5 % en 2021, de 4,5 %
en 2022 y de 3,5 % en 2023. A primera vista parecería un milagro después de
años de recesión. Pero, en realidad, esos números muestran la expectativa de
un rebote que no permite recuperar un retroceso de larga data. Si esos
pronósticos se cumplen, cuando Alberto Fernández concluya su gestión, la
economía tendrá un PIB (es decir, la riqueza producida cada año) que será 1
% inferior al de 2012. El país está cerca de cumplir una década de
estancamiento. La decadencia económica que se remite al menos a la década de
1970, y en la que el FMI, que hoy se sienta a negociar con el gobierno fue
un gran protagonista y responsable, no se revierte. La burguesía y su
régimen político conducen al país a la decadencia infinita y a niveles de
crisis social insoportables. No se trata, sin embargo, de un destino
inexorable. Otra salida es posible, a condición de pelear por un programa
para que sea la clase trabajadora, en alianza con el pueblo pobre, la que
luche por imponerla.

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20201025/d4bcdbc6/attachment-0001.htm