Uruguay/ La letrina de la impunidad: enterrar la verdad, traficar la justicia [Sergio Israel - Jorge Zabalza]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de setiembre 2020

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Uruguay



Las revelaciones del coronel Vázquez



Una vieja pero activa bomba de efecto retardado que golpea al Ejército y al
Frente Amplio



Sergio Israel

Búsqueda, 3-9-2020

https://www.busqueda.com.uy/



Un gran manipulador. Así fue definido el coronel Gilberto Vázquez Bisio, el
oficial de Inteligencia de la vieja guardia de los Tenientes de Artigas que
saltó a la fama en julio de 2006 después de fugarse del Hospital Militar y
ser recapturado pocos días después, vestido con ropa civil, mientras
empuñaba una pistola calibre 22 y llevaba puesta una larga peluca negra.



Cuando protagonizó la teatral fuga, Vázquez Bisio, que había sido un capitán
operativo subordinado al entonces mayor José Gavazzo en el Servicio de
Información de Defensa (SID) en los años más sangrientos de la dictadura,
estaba en detención administrativa en vistas a una posible extradición a
Argentina, donde la Justicia lo reclamaba, así como a otros represores
acusados de participar en torturas y desapariciones en el centro clandestino
de detención OT-18, que funcionó durante unos meses en la ex Automotoras
Orletti en el segundo semestre de 1976.



La exfiscal Mirta Guianze, que lo trató en las causas penales, considera que
Vázquez Bisio, un oficial de Estado Mayor con formación en el exterior, era
alguien “expansivo y simpático” que siempre se presentaba como “el más
lindo, el más valiente, que quería decir cosas, pero que sus camaradas lo
frenaban y le decían buchón”. Entre algunos de sus compañeros de armas es
considerado personalista y “bocón”.



El coronel del peluquín, ya confinado en la Cárcel Central en San José y Yi,
brindó varias entrevistas en las que declaró que había escapado para llamar
la atención de los medios y que tuvo que hacerlo porque una de las
condiciones que le habían impuesto en su anterior detención, en la sede de
la División de Ejército I, en el Prado, donde gozaba de cierta libertad
ambulatoria y recibía el trato de un oficial superior, era el silencio.



El silencio. Justamente el llamado “silencio austero” era la condición
impuesta por los mandos a todos los integrantes de las fuerzas en relación
con las violaciones a los derechos humanos.



Desde antes de 1985, la organización Madres y Familiares de Detenidos
Desaparecidos buscaba romper esa omertà para, al menos, conocer cuál había
sido el destino de sus seres queridos y recuperar sus restos.



La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (bautizada
popularmente como “Ley de Impunidad”: NDR) que había sido votada por parte
del Parlamento para evitar que los militares y policías tuvieran que
responder ante la Justicia, también disponía la búsqueda de los
desaparecidos.



Aplicando ese artículo de la norma, que los anteriores gobiernos de Julio
Sanguinetti (Partido Colorado) y Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional)
habían ignorado, primero Jorge Batlle (Partido Colorado) , con la Comisión
para la Paz, y luego Tabaré Vázquez, trataron de avanzar en medio de una
densa niebla y sin pilotos demasiado expertos.



Negociación y cárcel VIP



Como la mayor parte de los muertos y desaparecidos eran militantes de
izquierda, el primer gobierno del Frente Amplio encabezado por Vázquez tenía
el gran desafío de responder a esa demanda.



No sin tropiezos, el presidente, con el respaldo del penalista Gonzalo
Fernández, que había sido actor de peso en la Comisión para la Paz creada
por Batlle, cumplió con la promesa de ingresar a los predios militares y
comenzó con las excavaciones.



Al mismo tiempo, la derogación de la Ley de Punto Final en Argentina puso
sobre la mesa los pedidos de extradición, entre otros casos por la
desaparición de la nuera del poeta vinculado a Montoneros Juan Gelman, cuya
nieta Macarena, que había sido entregada a la familia de un policía, recobró
su identidad y vivía en Montevideo.



Los oficiales del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas
(OCOA) y del SID mantuvieron esperanzas de negociar su libertad, pero
después del fiasco en el Batallón 14, cuando se suponía que la nieta de
Gelman iba a hallar los restos de su madre, el cerco se fue estrechando.



A pesar de que a último momento había decidido no concurrir al batallón, el
presidente había quedado muy expuesto al anunciar, asesorado por el entonces
comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, que en un 99,9% se había
encontrado el lugar de enterramiento.



El exsecretario de la Presidencia Fernández, que no recuerda su
participación en el tema del Tribunal de Honor, contó a Búsqueda que cuando
llegó la primera consulta de un juzgado para saber si un caso quedaba
comprendido dentro de la ley de caducidad le dijo al presidente: “Puedo
hacer una interpretación alternativa”. Fernández apeló a resquicios legales
como, por ejemplo, la territorialidad, si el caso se había originado en
Argentina, o la necesidad de investigar para saber si, en efecto, los
autores eran militares o policías.



“Nunca hubo ningún pacto como sale a decir Vázquez Bisio. Me irrita que se
diga que hubo un pacto con los militares, solo se negociaron las condiciones
de reclusión”, afirmó Fernández.



Una de las explicaciones para la fuga que motivó el Tribunal de Honor es que
Vázquez Bisio buscaba, a través de la prensa, convocar a sus camaradas. El
coronel esperaba que hubiera “ruido a lata”, algo que, a diferencia de otras
veces, no ocurrió.



En realidad el prófugo quedó bastante solo, porque logró apenas el respaldo
de algunos camaradas, entre ellos su amigo Lawrie Rodríguez, un capitán
procesado en 2020 por otra causa relacionada con la dictadura.



El comandante en jefe del Ejército Carlos Díaz, que había reemplazado a
Bertolotti, había explicado a los militares y policías presos, luego de una
reunión con el presidente, que la alternativa a la extradición a Buenos
Aires, donde estarían alojados en cárceles comunes lejos de su familia, era
someterse a la Justicia uruguaya y quizás permanecer alrededor de ocho años
en un predio militar, con ciertas comodidades, en una especie de cárcel VIP.



“Nos rompimos el culo”



Al asumir que finalmente sería juzgado e iría preso, Vázquez Bisio decidió
romper el silencio, aunque se cuidó de no involucrar a otros militares o
policías y tampoco aportar datos demasiado concretos. En la prensa (Búsqueda
N° 1.363) y con mayor soltura en el Tribunal de Honor que se formó para
juzgar la fuga que afectó al instituto armado, dio su versión de por qué
había matado y torturado por orden de los mandos de entonces.



“Estoy contento de estar en un Tribunal de Honor, las cosas son como son,
porque siempre andamos con gre, gre: dicen que somos ladrones, asesinos,
hijos de puta y nos rompimos el culo, dejamos los camaradas muertos, dejamos
las viudas y los muertos tirados ahí y nos callamos la boca”, se lamentó el
oficial.



También declaró: “El Ejército no dijo nada y entonces vamos a quedar para la
historia y le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy
un asesino ni un hijo de puta. Yo era un soldado e hice lo mejor que pude,
tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé, con
el dolor del alma, y me cuesta muchas veces dormir acordándome de los tipos
que cagué a palos, pero no me arrepiento”.



El coronel Vázquez también asumió responsabilidad por el llamado segundo
vuelo, reconocido por la Fuerza Aérea en 2005 pero no por el Ejército: “Acá
el Ejército me está mandando preso por las cosas que hice. Yo tuve que ver
con el caso (Adalberto) Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en
Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi
todas las cosas que pasaron allá, menos la de Gelman, esas porquerías no las
hubiera permitido de ninguna manera”, expresó Vázquez en el acta N° 10 del
tribunal.



En todas las declaraciones, Vázquez Bisio buscó dejar claro que no estaba
arrepentido, que había combatido en una guerra, primero contra los tupamaros
y luego contra el comunismo y otros grupos subversivos, que había actuado
cumpliendo órdenes y que no había robado, una sospecha que rondaba a todos
los que habían estado en Orletti, no solo por el caso Gelman, motivado para
llegar al dinero de Montoneros, sino también por el botín de unos seis
millones de dólares del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), obtenido
en secuestros realizados en Buenos Aires para financiar la lucha contra la
dictadura.



Las “confesiones” de Vázquez Bisio, que debieron ser comunicadas a la
Justicia civil porque se trataba de posibles delitos, no lograron conmover a
los miembros del tribunal, que se conformaron con que, al fugarse y salir en
la televisión con un aspecto desaliñado, se había ganado el pase a situación
de reforma, una condición deshonrosa, reservada a personas que no están en
su juicio, y a las que, entre otras cosas, no se les permite vestir el
uniforme militar.



Las actas con las declaraciones del coronel, que según el fiscal
especializado Ricardo Perciballe hubieran servido a las causas penales, pero
no tienen mayor trascendencia jurídica en 2020, también ponían el foco en
otros actores de la represión.



Por ejemplo, el general Héctor Islas, que presidió el primer tribunal en
2006, fue quien reemplazó al entonces capitán Vázquez como jefe del S-2
(Inteligencia) del 4° de Caballería cuando este fue promovido al SID en
1973. Caballería 4 fue una de las unidades que destacó en las operaciones
gracias a la tortura a los detenidos. “Creo que también fue cliente suyo”,
deslizó Vázquez Bisio en alusión a Islas y al entonces prosecretario de la
Presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez, que estuvo preso por
ser integrante de la anarquista Organización Popular Revolucionaria-33.



A su vez, el actual presidente del Supremo Tribunal Militar, general
retirado Daniel Castellá, que actuó en el tribunal de alzada pedido por
Vázquez Bisio, estuvo al frente de la cuerda que detuvo al médico de San
Javier Vladimir Roslik, muerto durante las torturas sufridas en un cuartel
de Fray Bentos en 1984.



El martes 1°, Familiares reveló el contenido de la apelación que elevó el
coronel, en la que afirma que los mandos de la época lo felicitaron por las
ejecuciones que realizó. Pero en las actas, Vázquez Bisio no solo habló de
la lucha antisubversiva anterior a 1985. También hizo referencias a
operaciones de contrainteligencia en democracia, entre ellas una que tenía
como posibles blancos a quien fuera ministro de Defensa Eleuterio Fernández
Huidobro, los exdiputados Hugo Cores y León Lev y un cuarto que dijo no
recordar el nombre.



Según su declaración, “en el 89, la junta de generales decide que va a haber
una respuesta oficial” al acoso que estaba recibiendo el Ejército y es
convocado “para que prepare homicidios”.



Vázquez Bisio le habría dicho al general que lo convocó que “si algo sale
mal, yo voy en cana por autor material y usted autor intelectual, porque el
comandante en jefe esto no lo puede bancar”.



Finalmente, explicó el coronel, llegó la contraorden. Sin embargo, dijo que
contó eso para ilustrar la contradicción entre entonces y el año 2006,
cuando “me quieren meter para adentro”.



Más allá de que no es fácil probar lo que declaró el coronel, es un hecho
que a Cores, que denunció a los represores, le habían volado el auto en la
puerta de su casa y que otro día habían disparado contra la vivienda con
balas de 9 mm.



“Si algo sale mal, te vas para arriba”, le habría dicho Vázquez Bisio a
Fernández Huidobro durante un momento de alta tensión a fines de la década
de 1980. En ese momento, los dirigentes tupamaros adoptaron medidas de
seguridad especiales, pasaron de forma masiva a la clandestinidad y durante
algunas noches no durmieron en sus casas, después de denunciar que se vivía
en “una democracia tutelada”.



Unos meses después, en enero de 1991, comenzó una ola de atentados y
acciones, con sello militar, pero sin víctimas mortales ni objetivos
tupamaros. Un Comando Lavalleja reivindicó la voladura del auto de Cores; la
también desconocida Guardia de Artigas, el atentado al estudio de
Sanguinetti y Zeinal; secuestraron por unas horas al entonces periodista de
El Observador Alfonso Lessa y hubo explosiones en una vía férrea en Minas y
en un cuartel de Artillería del Cerrito, donde horas antes había estado
reunido el comandante en jefe Juan Rebollo, cerca de una casilla de guardia
de la embajada estadounidense y en la casa de veraneo del comandante de la
Armada, entre otros.



Nunca quedó del todo claro el motivo de las fuertes tensiones durante el
gobierno de Lacalle, porque a las cuestiones de la ley de caducidad se
sumaron pujas por el presupuesto, luchas internas en el Ejército y entre las
fuerzas. También influyó el caso del bioquímico chileno Eugenio Berríos,
desaparecido en Parque del Plata y luego hallado muerto en El Pinar, porque
la Armada protegió al oficial que salió en defensa del chileno.



Lev, que hasta 1992 fue dirigente del Partido Comunista, contó a Búsqueda
que, durante el gobierno blanco, recurrió al ministro del Interior Juan
Andrés Ramírez luego de que dispararan contra su casa con un arma de bajo
calibre y pusieran en peligro a sus hijas. También había sido amenazado,
igual que la entonces diputada nacionalista Matilde Rodríguez, cuando
demandó la aparición de unas actas del caso Berríos. Quien se había
presentado por orden de Rebollo en la comisaría de Parque del Plata, de
donde se llevaron a Berríos, fue precisamente Vázquez Bisio.



“Operación verdad”



El Frente Amplio tuvo seis ministros de Defensa: Azucena Berrutti, José
Bayardi, Gonzalo Fernández, Luis Rosadilla, Eleuterio Fernández Huidobro y
Jorge Menéndez.



De Berrutti y Menéndez, Familiares recibió el mejor trato, mientras que con
el resto el vínculo fue más o menos áspero.



El martes 1º, cuando un periodista preguntó a los representantes de
Familiares sobre la afirmación de Bayardi de que la aparición de las actas
en un gobierno de la coalición multicolor era “una operación”, Nilo Patiño
respondió: “Si Bayardi hubiera entregado las actas en mayo de 2019 cuando se
las pedimos, no hubiera habido operación”.



En efecto, el 2 de mayo de ese año Familiares mantuvo una entrevista con
Bayardi y una semana después realizó el pedido por nota firmada por Elena
Zafaroni, Ignacio Errandonea y Graciela Montes de Oca.



Durante un debate en Canal 4 entre Bayardi y el presidente del directorio
blanco Pablo Iturralde (Partido Nacional) , el exministro insistió en que se
trataba de una operación. “Sí, es una operación, verdad”, respondió el
dirigente nacionalista.



Familiares no fue la única organización que pidió las actas. También las
solicitó, sin éxito alguno, el periodista de Radio Sarandí Mauro Bettega y
Fabiana Larrobla, la coordinadora del grupo de historiadores de Presidencia,
se había dirigido por carta el 11 de abril del año pasado solicitando los
tribunales no solo de Vázquez Bisio, sino de Gavazzo, los capitanes Alex
Lebel y Juan Carlos Larcebeau y de los coroneles José Araujo Umpiérrez,
Enrique Ribero, Luis Maurente y Jorge Silveira.



Aunque Bayardi trató de responsabilizar a los militares y explicó que hasta
2008 las actas eran secretas, la principal responsable de que estas no
hubieran llegado a la Justicia en 2006 es la doctora Berrutti (ministra de
Defensa en el primer gobierno de Tabaré Vázquez: NDR). Ella, el secretario
general del ministerio José Wainer y el asesor de Inteligencia Augusto
Gregori debieron haberlas pedido e insistido hasta encontrarlas.



En especial Gregori, que debía saber el papel jugado por Vázquez Bisio no
solo en la dictadura sino como jefe del Departamento II (Inteligencia) del
Ejército durante el gobierno de Lacalle Herrera, tenía motivos para estar
interesado en esas actas.



Sin embargo, Berrutti, una abogada que fue defensora de presos políticos
cuando pocos se animaban, tiene una trayectoria que la deja lejos de toda
sospecha de connivencia.



El “general con polleras”, como le decían en voz baja sus subalternos,
mantuvo, a diferencia de Bayardi y Fernández Huidobro, una relación estricta
con los militares. Por ejemplo, poco después de la fuga del coronel Vázquez
destituyó al comandante en jefe luego de que Búsqueda informara que se había
reunido con el expresidente Sanguinetti sin su permiso y, a diferencia del
resto de los ministros frenteamplistas, tuvo la sensibilidad de consultar a
Familiares cada vez que se discutía un ascenso a oficial superior, para
depurar, al menos a la cúspide de las fuerzas, de los acusados de
violaciones a los derechos humanos.



“Te puedo asegurar que esas actas (de las declaraciones) no llegaron al
ministerio”, dijo a la diaria Gregori, que fue asesor de Berrutti y luego
coordinador de Inteligencia entre 2010 y 2013.



“Con Azucena allanamos el cuartel en busca de los archivos, por mucho menos
de eso allanamos un cuartel. Te das cuenta de que, si hubiéramos visto una
cosa de esas, hubiéramos actuado”, comentó en referencia a que al año de
asumir encontraron en el ex Centro General de Instrucción de Oficiales de
Reserva 1.144 rollos microfilmados con información de inteligencia militar
que se conoce como Archivo Berrutti.



Las actas de los tribunales de honor siempre fueron un asunto delicado que
los militares buscaron mantener dentro de la corporación. Un día que se
rompió un ascensor del ministerio, los colaboradores de Berrutti encontraron
en la fosa las actuaciones del que se le formó a Gavazzo para juzgar un caso
de falsificación de billetes.



Quizás más preocupado por otros asuntos y sin valorar correctamente el
contenido, con el respaldo de un informe de jurídica firmado por la abogada
Sylvia Usher, de notoria filiación blanca, y realizado por su colega Nelly
Méndez Curutchet, el presidente Vázquez homologó el fallo, que pasaba al
coronel a reforma.



“Si el presidente firmó sin saber o sabía y firmó igual sin enviar las
declaraciones a la Justicia, las dos cosas están mal”, dijo a Búsqueda un
exjerarca del Frente Amplio que pidió mantener su nombre en reserva.



El fantasma de Manini



Para el secretariado del Frente Amplio y para el exministro Bayardi, la
aparición ahora de las actas es una operación para justificar que no se le
vote el levantamiento de los fueros al líder de Cabildo Abierto Guido Manini
Ríos.



En lugar de reconocer el error, el presidente del Frente Amplio, Javier
Miranda, y el secretario político, Rafael Michelini, optaron por elevar la
voz y desafiar al gobierno.



“Cuando el Poder Ejecutivo de la época tomó la decisión que tomó, lo hizo en
conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, como lo marca
la norma y porque sería imposible que fuera de otra forma”, declaró el
ministro de Defensa, Javier García, y agregó que “toda la información del
Tribunal de Honor estaba en las oficinas del Ministerio de Defensa
Nacional”.



El Directorio del Partido Nacional, a su vez, emitió una declaración en la
que expresa “total apoyo ante lo actuado por el gobierno nacional por medio
de su ministro de Defensa, Javier García, y la vicepresidenta de la
República, Beatriz Argimón,” y reafirma su “compromiso con la transparencia
y la verdad, rechazando toda opacidad en estos temas”.



Mientras algunos frenteamplistas como Bayardi apuntan a una operación
política para el desafuero de Manini, otros dirigentes que dialogaron con el
expresidente Vázquez, indicaron que este confirmó que el fallo fue
homologado sin conocer las actas, pero que responsabilizan del ocultamiento
al general Díaz y que si bien su relevo se produjo por la reunión con los
dirigentes colorados, el vínculo ya estaba dañado desde antes. “La lealtad
no paga” fue la enigmática frase que dijo el excomandante cuando fue
relevado. Catorce años después, aún no queda claro si estaba dirigida al
gobierno que lo había cesado o a los que habían informado a Búsqueda de la
cena que mantuvo con Sanguinetti en Toledo.



En todo caso, la “operación verdad” con la declaración del coronel que está
en prisión domiciliaria en Rivera, puede ser leído también como un juego
político más elevado que el desafuero: buscaría frenar el avance de Cabildo
Abierto dentro del gobierno en medio de la batalla presupuestal, porque las
actas dejan muy mal al Ejército y a los que quieren volver a la época de la
ley de caducidad y, por otra parte, le disputa al Frente un asunto en el que
hasta ahora, si bien no tenía el monopolio, lleva el estandarte.

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Energúmenos



Jorge Zabalza *



Semanario Voces, 2-9-2020

http://semanariovoces.com/



Al declarar ante sus cómplices, Gilberto Vázquez aprovechó la oportunidad y
les recordó que estaba encarcelado por crímenes cometidos por todos.
Mientras los generales disfrutaban su buen pasar, el asesino la pasaba mal
en Domingo Arena: “deben protegerme o los mando en cana”. Quisieron que se
callara la boca, pero el muy energúmeno continuó con la lista de las
aberraciones, recordándoles a los del tribunal de honor que la política de
exterminio y el plan cóndor no eran inspiración de unos pocos. “Todos somos
asesinos”, parecía sentenciar, parafraseando el título de la inolvidable
película de André Cayatte.



No le busquen más vueltas, a Gilberto no le interesaba que se supiera la
Verdad, lanzaba sus dardos contra los mandos porque los quería chantajear.
Alguna tajada habrá sacado, pero, para saber su monto, habrá que esperar que
se descubran nuevas verdades ocultas. Parece mentira, pero la Verdad quedó
comprobada gracias a una vulgar rencilla carcelaria entre delincuentes.



Escribir sobre este escándalo no es nada fácil. Revuelve las entrañas, pero,
no de horror, sino de bronca e impotencia. El acta con las declaraciones del
energúmeno reconfirma que los crímenes aberrantes obedecieron a una política
sistemática de las fuerzas armadas, cuyos mandos ocultaron y ocultan toda la
información al respecto. ¿Cómo hacer para que revelen la Verdad y se haga
Justicia?



Nadie ignora la responsabilidad de la institución armada, pero, hay genios
de las maniobras “políticamente correctas” que apostaron a que el pasaje del
tiempo trajera el olvido de unos y el perdón de los otros. Querían convencer
a sus fieles de que la cuestión se resolvería por sí sola al morir los
verdugos y las víctimas. (1) Sin embargo, aunque de coronel para arriba ya
murieron casi todos los culpables, estas actas confirman que la paz
solamente llegará cuando se sepa toda la Verdad. El asunto no se resuelve
sólo entre verdugos y verdugueados, porque la barbarie intentó esclavizar el
pueblo entero. Los efectos del terrorismo no están solo en los costurones
que uno lleva en la piel y en el corazón.



Asumir el ministerio de defensa el 1° de marzo de 2005 no era sencillo, más
aun, siendo civiles, frenteamplistas y comprometidos con la Verdad y la
Justicia. Cayeron, como peludo de regalo, a una institución en manos del
terrorismo de Estado, donde predominaba su modo de interpretar la realidad y
la historia reciente. El universo dividido en amigos y enemigos, los
militares eran más leales a la doctrina de seguridad nacional que a las
autoridades civiles. Fue el legado que dejó el general Medina, desacatos y
amenazas al por mayor.



Un imperativo ético obligaba a los intrusos civiles, debían horadar muralla
de impunidad que protegía a los criminales. Afectase a quien afectare.
Provocase la reacción que fuera. Con ese impulso moral, la compañera Azucena
logró descubrir, en el año 2007 los más de 14.000 documentos del titulado
“archivo Berruti”, que estaban escondidos en el ex CGIOR, ex Escuela de
Inteligencia del Ejército. Abrirlos al conocimiento público era el modo más
directo de quebrar la cultura de la impunidad dentro y fuera del ministerio,
de demostrar que la Verdad no era un mito sino realidad oculta. Sin embargo,
después que Azucena renunció al ministerio debieron pasar más de 10 años
para que el contenido de los archivos quedara librado al conocimiento del
público. ¿Fue una especie de frenazo, un anticipo de la voltereta que dio
Fernández Huidobro como ministro? Es inexplicable que un gobierno
progresista haya mantenido en carácter de reservados documentos tan
esclarecedores de la Verdad. Los periodistas debieron reemplazar a los
gobernantes omisos en el deber de informar a la población.

Tampoco convencen esas explicaciones de “no tengo conocimiento, porque los
militares debían informarme y no lo hicieron”. Denota mucha pasividad. El
hecho evidente es que los militares, hipotéticamente subordinados del poder
civil, les pasaron por el moño las actas con las confesiones de Gilberto.
¿Dónde está la responsabilidad individual del militante? ¿no se debería
haber estado mucho más alerta cuando se trataba de tamaño energúmeno? ¿no
debían haber leído y releído hasta descifrar el significado de cada punto y
coma? ¿o, simplemente, se conformaron con homologar los expedientes que los
coroneles pusieron para la firma?



En el segundo gobierno del Frente, Luis Rosadilla y Eleuterio Fernández
rindieron sin condiciones el imperativo ético. Culminación bizarra de la
derrota de la Verdad, se convirtieron en un engranaje más de la maquinaria
burocrática de impunidad, abogados honorarios y voceros de los criminales
con los que bebían whisky. Se pasaron los principios por allá abajo. Para
que esta historia Nunca Más se repita debe ser la madre de todas
autocríticas: ¿qué apoyos fueron necesarios para defraudar la confianza de
los que marchan cada 20 de mayo?



Por cierto, si se elude la reflexión sobre las condiciones en que la
impunidad se va imponiendo, se seguirán alimentando aves de rapiña y, el día
menos pensado, los cuervos nos comerán los ojos. Las cosas deben quedar en
blanco y negro, como la tropilla de la muerte.



* Tupamaro histórico, preso político de la dictadura, exconcejal municipal
por la Corriente de Izquierda, escritor. Rompió con el Movimiento de
Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) a mediados de los años de 1990.



Nota



1) Alude a la conocida posición de José Mujica: “Esto se va a terminar
cuando nos muéramos (sic) todos”, refiriéndose  a los crímenes del
terrorismo de Estado y al procesamiento de militares.

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