Paraguay/ ¿Qué pasó en Yby Yaú? El asesinato de dos niñas argentinas por los militares paraguayos [Maximiliano Manzoni]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de setiembre 2020

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Paraguay



El asesinato de dos niñas por los militares paraguayos



¿Qué pasó en Yby Yaú?



Desde comienzos de mes, el gobierno de Paraguay intenta ocultar un grave
crimen cometido en el departamento de Concepción. Pero la presión de los
familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la
cancillería argentina permitió revelar la verdad: las fuerzas armadas
ejecutaron a dos niñas y las hicieron pasar por «guerrilleras» abatidas.



Maximiliano Manzoni

Brecha, 11-9-2020



¿Cómo empezó todo?



El 2 de setiembre, Mario Abdo anunció por Twitter un «operativo exitoso»
contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Habló de un
enfrentamiento entre militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y
miembros del grupo armado en la estancia Paraíso, en Yby Yaú, departamento
de Concepción, entre las 10 y las 10.30 de la mañana.



A las 12.38 de ese miércoles, el fiscal Federico Delfino declaró, primero,
que había una persona «abatida», una mujer cuya identidad se desconocía.
También que un integrante de la FTC se encontraba herido, pero no de
gravedad. Hasta ahora se desconoce quién es, qué le pasó o dónde está, al
contrario de otros casos de militares heridos en combate. El ministro de
Asuntos Internacionales, Federico González, aseguró que el enfrentamiento se
dio «como resultado de un trabajo de inteligencia, [gracias al que] se pudo
llegar al campamento principal del grupo criminal EPP».



Luego, la versión oficial pasó a ser que las «caídas» en el enfrentamiento
eran dos mujeres. Así lo publicó el diario Última Hora en su tapa al día
siguiente. Abdo escribió su tuit, se reunió con el fiscal Delfino, con el
ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, y se tomó un avión al
norte del país, donde posó para una foto con los militares. Durante todo el
día se especuló en redes sociales que las abatidas eran Magna Meza y Liliana
Villalba, conocidas dirigentes del grupo armado.



¿Quiénes eran?



El 3 de setiembre, en conferencia de prensa, el forense de la Fiscalía de
Horqueta, Cristian Ferreira, dijo que tras analizar los cuerpos concluyeron
que uno «tenía una edad aproximada de 17 a 18 años y el segundo cuerpo, una
edad aproximada de 15 años». No eran Magna Meza ni Liliana Villalba.



Pero el relato oficial, amplificado y validado por grupos empresariales de
medios, pronto empezó a caer en contradicciones. Primero, el general Héctor
Grau, de la FTC, y Nimio Cardozo, jefe del Departamento de Antisecuestros de
la Policía, dijeron que se destruyeron evidencias como la ropa y se
enterraron los cuerpos sin autopsia por protocolo sanitario, debido a la
pandemia de coronavirus. Fuentes del Ministerio de Salud desmienten que
exista tal protocolo. La guía oficial actual sólo se aplica a personas
fallecidas con sospecha de covid-19 y, aun en esos casos, se permiten
autopsias, de ser necesarias.



La FTC dijo que no había videos del enfrentamiento. El ministro de la
Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio, dijo, el 4 de setiembre,
que sí había. Luego, la abogada Daysi Villalba denunció que los familiares
se contactaron con ella para reclamar los cuerpos de las fallecidas. Aseguró
que tenían 11 años y que eran ciudadanas argentinas. Mostró sus documentos
de identidad, pero el ministro González negó ese mismo día que las abatidas
fueran niñas. El general Grau rechazó también la idea diciendo que «la
conclusión del médico forense es muy clara y eso está a la vista, claramente
sabemos que no tienen 10 y 11 años, biológicamente y fisiológicamente la
ciencia puede explicar eso con mucha exactitud». También dijo que los
documentos argentinos eran falsos y que el vecino país era una «guardería de
soldados del EPP».



El 4 de setiembre por la tarde, sin embargo, la cancillería argentina emitió
un comunicado oficial en el que demandaba al gobierno paraguayo «el
esclarecimiento y la identificación de los responsables por la muerte de dos
ciudadanas argentinas de 11 años de edad». También rechazó las declaraciones
del general Grau.



Tras la presión de las autoridades del vecino país y los organismos de
derechos humanos, el gobierno paraguayo exhumó a las víctimas de las fosas
anónimas donde las había enterrado y llevó sus cuerpos a Asunción. No
permitieron que el embajador argentino y la abogada representante de las
familiares fueran testigos de la toma de ADN realizada por Pablo Lemir. El
forense es el mismo que había dicho que las autopsias no eran necesarias con
las víctimas del caso Curuguaty (1) porque «las causas de muerte eran
evidentes».



Lemir comunicó el 5 de setiembre por la tarde los resultados: en el
«operativo exitoso» los militares asesinaron a niñas de 11 años. El gobierno
de Abdo había mentido. Esas niñas tenían nombres: María Carmen, conocida
como Aurora, y Lilian. Eran ciudadanas argentinas.



¿Cómo llegaron ahí?



Oficialmente, las niñas son hijas de Miriam Viviana Villalba Ayala y Laura
Mariana Villalba Ayala. Fueron registradas en Clorinda en 2010. Según
publica el periodista Andrés Colmán el 7 de setiembre en Última Hora, con
base en diversas fuentes y testimonios, María Carmen (Aurorita) sería hija
de Manuel Cristaldo Mieres y Liliana Villalba, mientras que Lilian Mariana
sería hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza, todos miembros del EPP. Y
habrían nacido en la clandestinidad, en el norte de Paraguay.



Esto no significa que los documentos argentinos sean falsos. La convención
de la ONU sobre personas apátridas de 1954 indica que si las niñas nacieron
en Paraguay, pero no pudieron ser inscritas debido a la situación de sus
padres, tienen derecho a ser registradas en otro país, en este caso,
Argentina.



Al confirmarse la identidad y la edad de las niñas, la comunicación del
gobierno dio un giro para depositar toda la culpa en los padres, por
exponerlas al peligro. Siempre según la pericia oficial, sólo una de las
niñas dio positivo a la prueba de parafina. Supuestamente hizo disparos con
una pistola 9 milímetros.



Pero la abogada Sonia Von Lepel explicó al canal Vozes Latinas que la prueba
no acredita que necesariamente haya disparado. «Una de ellas ni siquiera
disparó ni estuvo cerca de gente que haya disparado. Esta prueba es
limitante. Pudieron estar cerca de alguien que haya ejecutado disparos
porque es un polvo muy volátil y se impregna con facilidad. Entonces, lo que
se acredita plenamente es que una de ellas no estuvo cerca de personas que
disparaban ni tampoco pudo haber disparado. Sólo una de ellas dio positivo.»



La pericia oficial también documentó otros disparos: los que había en sus
cuerpos. Los disparos venían de frente, de costado y también por la espalda.
Pero sobre ello no se puede saber más debido a la destrucción confesa de
evidencias por parte de las autoridades, admitida por el fiscal Delfino al
programa televisivo La lupa.



La abuela de las niñas, entrevistada por el Equipo Misionero de Derechos
Humanos, Género y Justicia (Argentina), dijo que vivían y estudiaban en el
vecino país y que viajaron a Paraguay para pasar sus cumpleaños con sus
padres, a quienes no conocían. Antes del comunicado de la cancillería
argentina, la oficina de migraciones de Paraguay había negado tener registro
del ingreso de las niñas. Luego se desdijo. Las niñas ingresaron legalmente.
El Estado paraguayo sabía, de manera oficial, que se encontraban en su
territorio desde finales de 2019.



El Estado paraguayo también sabía desde hacía años que el EPP y sus
derivaciones, como la Agrupación Campesina Armada, tienen como práctica
reclutar niños, niñas y adolescentes. En 2014, la abogada Diana Vargas y el
abogado Jorge Rolón Luna, del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, realizaron un informe especial, «Actuaciones de la FTC, el
Ministerio Público y el Poder Judicial en la zona norte del país», cuya
primera parte estudia las actas de imputación de adolescentes que fueron
detenidos y procesados sin que se considerara que eran víctimas.



En 2015 hacen otro informe sobre un caso similar de una adolescente
reclutada, en el que bien claro dice que Paraguay, como Estado firmante
desde 2002 del Protocolo de las Naciones Unidas sobre la Participación de
los Niños en los Conflictos Armados, tiene la obligación de «adoptar todas
las medidas posibles para impedir que grupos armados recluten y utilicen
para sus fines a niños, niñas y adolescentes». Los abogados solicitaron al
Ministerio Público, al Ministerio de la Niñez y a la propia Presidencia de
la República que adoptaran medidas respecto al reclutamiento de
adolescentes.



Si este fue el caso de Aurora y Liliana, y si, como dijo el ministro de
Asuntos Internacionales, el supuesto enfrentamiento se dio luego de un
«trabajo de inteligencia», el Estado paraguayo falló en su obligación de
prevenir evitando los reclutamientos. La única respuesta que ha dado el
Estado hasta ahora –posterior, represiva y letal– incumple obligaciones
internacionales. «Es una doble victimización», dice la abogada Vargas. «Es
un absurdo que ahora el Ministerio de la Niñez diga que no sabía. Hay
recomendaciones en ese sentido y hubo hasta espacio de diálogo con el
ministerio.»



Vargas explica que entre las medidas concretas para prevenir el
reclutamiento, el Estado debería invertir más en salud y educación en San
Pedro y Concepción, y hacer especial seguimiento a niños, niñas y
adolescentes de la zona con programas de atención, como arte y apoyo
pedagógico. Y si se constata que existe reclutamiento, deben ser protegidos,
no entregados al sistema penal.



Luna, coautor del informe de 2015, lo describió de manera similar en una
entrevista en Telefuturo, comparando sus casos a secuestros. Las niñas
debían ser rescatadas por el Estado, no asesinadas.



Nota



1) El 15 de junio de 2012, la Policía paraguaya atacó una estancia ocupada
por 70 campesinos en la localidad de Curuguaty. Murieron 11 ocupantes y seis
uniformados. El hecho fue usado como pretexto por la entonces oposición para
ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el presidente Fernando
Lugo. En 2016, la Justicia paraguaya condenó a entre cuatro y 30 años de
cárcel a 11 campesinos por homicidio doloso y asociación criminal, tras una
investigación en la que sólo se tomó en cuenta la versión policial y no hubo
peritajes balísticos. El caso fue criticado por la ONU, la CIDH y otros
organismos. Finalmente, en 2018, la Suprema Corte anuló las condenas, pero
aquella masacre sigue impune (Brecha).

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