Chile/ A un mes del Plebiscito que abre un inédito proceso constituyente [Cristian González Farfán]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de septiembre 2020

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Chile



Hacia una nueva Constitución



De nuevo en primavera



El próximo 25 de octubre el pueblo chileno abrirá un inédito proceso
constituyente. Así lo indican todas las encuestas de cara al plebiscito de
esa fecha. Para juristas, académicos e integrantes del movimiento social, la
nueva carta magna supondrá apenas el inicio de una larga discusión sobre el
proyecto de país que deberá atender las demandas sociales surgidas de la
revuelta popular.



Cristian González Farfán, desde Santiago

Brecha, 24-9-2020

https://brecha.com.uy/



El día en que se cumplirá un año de la llamada «marcha más grande de Chile»,
que sólo en Santiago convocó a más de 1 millón de personas, asoma como otro
hito en la historia del país. El próximo 25 de octubre –es decir, dentro de
un mes– el pueblo chileno decidirá en un plebiscito si quiere una nueva
Constitución política y qué tipo de órgano será el encargado de redactarla.



En la votación habrá dos papeletas con dos opciones a marcar en cada una:
apruebo o rechazo (en referencia a la creación de una nueva Constitución), y
convención mixta (un órgano constituyente compuesto a partes iguales con
miembros del Congreso y miembros elegidos popularmente) o convención
constitucional (con todos sus miembros elegidos popularmente). Todos los
sondeos desde noviembre pasado adelantan un triunfo por abrumadora mayoría
para la combinación apruebo-convención constitucional. La última encuesta
Pulso Ciudadano, de Activa Research, de la primera quincena de setiembre,
estimó que el 75,1 por ciento del total del padrón electoral se inclinará
por el apruebo y que el 57 por ciento lo hará por la convención
constitucional.



El proceso constituyente tendrá una naturaleza inédita en la historia
chilena si vence el apruebo, ya que permitiría abrir la deliberación del
nuevo texto a través de canales de participación popular. Ni la Constitución
vigente de 1980, fraguada entre cuatro paredes por la dictadura de Augusto
Pinochet, ni los anteriores textos constitucionales –los más duraderos
fueron los de 1833 y 1925– nacieron al calor de un diálogo democrático.



«Chile recién se está poniendo al día en un cambio político que se produjo
hace décadas en América Latina. Casi todos los países de la región han
incorporado mecanismos de democracia directa. Pero en Chile hay una extrema
rigidez institucional que mantuvo intacta la estructura heredada de la
dictadura de Pinochet, hasta que el estallido social del 18 de octubre
remeció el sistema político, como culminación de un ciclo de protestas que
venía desde el movimiento estudiantil de 2006», indica a Brecha Claudia
Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.



El cronograma



La convocatoria al plebiscito de octubre quedó zanjada el 15 de noviembre de
2019 en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por
el grueso de los partidos políticos como respuesta a las demandas de la
revuelta popular. El día elegido para la votación era originalmente el 26 de
abril, pero el covid-19 obligó a aplazar la fecha.



De hecho, el proceso constituyente se inscribirá en un contexto de crisis
sanitaria. Por eso, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó un
protocolo sanitario para proteger a los electores y a los vocales de mesa.
«Votar en el plebiscito no será más peligroso que ir al supermercado»,
afirmó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría,
el 14 de setiembre. Sin embargo, en los últimos días el organismo descartó
que las personas contagiadas por coronavirus puedan votar. El 11 de este
mes, en tanto, el presidente, Sebastián Piñera, había anunciado la extensión
del estado de catástrofe por 90 días más, por lo que la jornada de votación
será con toque de queda durante la noche.



Pese a las restricciones sanitarias, se prevé una alta concurrencia a las
urnas: en la última encuesta Pulso Ciudadano el 75,1 por ciento se mostró
seguro o muy seguro de ir a sufragar, aunque la participación no es
obligatoria. La alta concurrencia está motivada por el clamor de sepultar la
Constitución de Pinochet, que, aunque reformada 46 veces, «mantiene el statu
quo, ya que es un proyecto de ingeniería social que levantó la dictadura
para neutralizar al gobierno de la Unidad Popular y al ciclo histórico de
crecimiento del Estado y los derechos sociales que va desde 1940 a 1970»,
dice a Brecha Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Valparaíso y activo participante en las asambleas y los
cabildos territoriales autoconvocados desde el 18 de octubre.



Cambiar la Constitución es determinante, agrega Bassa, ya que la de 1980
«entrega la provisión de derechos sociales como la salud, la vivienda, la
educación y la seguridad social a empresas privadas. Es un diseño que
mercantiliza la vida, genera precariedad y bloquea los cambios. Promueve un
Estado subsidiario y una economía neoliberal». Cita como ejemplo de esto
que, en lugar de consagrar el derecho público a la salud, la actual carta
magna establece que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de
salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado».



El acuerdo del 15 de noviembre estableció que el órgano constituyente deberá
aprobar su reglamento y cada una de las normas constitucionales por un
cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si triunfa la opción de
formar una convención constitucional, sus integrantes serán votados bajo el
mismo sistema electoral que rige para la votación de diputados. En Chile hay
155 diputados electos bajo un esquema proporcional de 28 distritos
electorales, por lo que la convención tendrá el mismo número de miembros. El
acuerdo también fijó un plebiscito ratificatorio (con voto obligatorio) para
validar el nuevo texto. El 24 de diciembre se aprobó la ley 21.200, que
modificó el capítulo V de la actual Constitución para regular todo el
proceso venidero.



La pandemia alteró los planes iniciales y sólo el 27 de marzo de este año el
Servel agendó las tres fases del ciclo completo. Tras el citado plebiscito
de entrada, el 11 de abril de 2021 se elegirán los integrantes del órgano
constituyente. Nueve meses después de instalada la convención (su período de
trabajo se puede extender a 12 meses si se solicita prórroga, por única vez)
se convocará al plebiscito ratificatorio o de salida. Si el proceso sigue la
ruta trazada, Chile podría tener una nueva Constitución, a más tardar, en
2022 y con otro presidente de la república: la elección presidencial será el
21 de noviembre de 2021.



La legitimidad de la Constituyente



Fruto de la presión del movimiento social y de algunos partidos políticos,
en los últimos meses se añadieron nuevas normas al acuerdo del 15 de
noviembre. En marzo pasado se aprobó la paridad de género para una eventual
convención constitucional. Además, las candidaturas independientes podrán
presentar sus propias listas, siempre y cuando sean respaldadas por firmas
ante notario del 0,4 por ciento de quienes votaron en cada distrito en la
última elección de diputados. El trámite entraña una gran dificultad en el
contexto de pandemia y, en virtud de ello, se le solicitó al Servel
autorizar firmas electrónicas, sin tener respuesta aún.



Por otro lado, el pasado 7 de julio el Senado aprobó, en general, una
reforma para reservar escaños de la Constituyente a pueblos originarios. Aún
no se ha definido el número ni el mecanismo de asignación.



«La legitimidad se juega en varias dimensiones, no se agota en la dicotomía
independientes/militantes partidarios. La clave para la reconfiguración de
las relaciones de poder es que en la deliberación constituyente participen
los grupos que estructuralmente han sido más postergados. El carácter
paritario de la convención contribuye a enfrentar una de las exclusiones más
fuertes de la sociedad chilena, que es el tema de género. Los escaños
reservados para los pueblos originarios también son un factor de legitimidad
importante», precisa Bassa.



Heiss concuerda en la trascendencia de la paridad de género: «El solo hecho
de que la convención constitucional esté forzada a tener mujeres habla de un
nivel de inclusión que no ha habido nunca en Chile y en ninguna asamblea
constituyente en el mundo. Incorporar a la discusión política actores nuevos
–actrices, en este caso– es algo totalmente novedoso».



Sin embargo, hay expertos que ven una «trampa» en la baja probabilidad de
que participen de la convención actores del mundo independiente, por
ejemplo, líderes vecinales. En esos términos y en varios medios se ha
referido, desde el año pasado, el abogado penalista Mauricio Daza a la casi
obligatoria necesidad de las candidaturas independientes a postularse dentro
de la lista de algún partido político para tener alguna opción real de
integrar la Constituyente.



«No estoy de acuerdo con esa lectura. Las puertas para la participación
ahora están más abiertas que en el acuerdo del 15 de noviembre. Creo que es
un buen camino canalizar las demandas de las bases en alianzas virtuosas con
los partidos políticos. Estos podrían recuperar su rol. Los electores
tenemos la última palabra en elegir bien a nuestros representantes y no
permitir que viejos rostros de la política quieran reciclarse en la
Constituyente. Lo que pasa es que los partidos han subvertido el sentido de
las instituciones protegiendo el interés privado por sobre el interés
general», plantea Bassa.



Sin ir más lejos, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas de izquierda
que germinó en 2017, pretende abrir la mitad de sus candidaturas a la
Constituyente a ciudadanos que no militan en partidos. «El mundo social es
el espacio natural del Frente Amplio. Tenemos militantes e independientes
que han estado liderando las demandas de la ciudadanía. La Constituyente es
para la confrontación de ideas y no una asamblea de técnicos o expertos»,
comenta a Brecha Jorge Ramírez, presidente del partido frenteamplista
Comunes.



Según Valentina Moyano, integrante de la organización latinoamericana Red de
Politólogas, es muy probable que «no todas las personas que ocupen un escaño
en la convención provengan de sectores populares». Para la cientista
política, la legitimidad de la asamblea no pasa por cuántos independientes
la integren, sino más bien «por hacer vinculantes los cabildos, las
asambleas y los espacios de organización fuera de la arena institucional
partidaria».



En línea con la posición de Moyano, Heiss cree que la aprobación del
reglamento de la futura convención «será la gran oportunidad para incorporar
mecanismos de participación incidente y directa de la ciudadanía». Heiss
proyecta que, si la Constituyente trabaja «a puertas cerradas, como una
cocina», no tendrá legitimidad política.



Para Esteban González, coordinador de la mesa de Unidad Social en la comuna
santiaguina de Pedro Aguirre Cerda, la legitimidad del proceso tampoco se
juega exclusivamente en la incorporación de independientes a la convención.
González, que trabaja con alrededor de 40 organizaciones sociales del
territorio comunal, cree que «la calle es ancha y puede caber todo el mundo
mientras busquemos el objetivo común. Vamos a apoyar a los candidatos que
defiendan los principios constitucionales necesarios para el Chile que
queremos».



En tanto, la Coordinadora 8M, organización que vela por las reivindicaciones
feministas, dice que, si bien tiene una posición crítica sobre el acuerdo
del 15 de noviembre, llamará a votar apruebo y convención constitucional con
los mismos recaudos. «No es sólo porque los sectores políticos impugnados
sentaron las reglas del juego del plebiscito. Hay un contexto político de
impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos y la prisión
política ocurridas durante la revuelta. Hay un escenario de polarización
política, en que fuerzas reaccionarias de ultraderecha, incluso
neofascistas, han desplegado acciones de masa muy violentas. Llamamos a
desbordar el acuerdo del 15 de noviembre», dijo a este semanario Karina
Nohales, una de las voceras de la coordinadora. Remite a las marchas del
rechazo, que se han dirigido desde los sectores acomodados de Santiago hacia
el centro cívico y cuyos adherentes han agredido a los del apruebo bajo una
actitud complaciente de Carabineros.



La Constitución: el principio de todo



La importancia de la Constitución radica, según Bassa, en que «determina los
márgenes entre los que se mueve el legislador». Ciertamente, agrega el
abogado, la nueva carta fundamental «no será la solución a todos los
problemas sociales, ni el país cambiará al día siguiente de su aprobación».
Bassa acepta que las demandas de la ciudadanía están reguladas por las leyes
y no por la Constitución. Sin embargo, «si la carta magna establece que las
cotizaciones previsionales son propiedad privada, la ley no puede avanzar
hacia un sistema solidario».



Una interpretación similar ofrece Heiss, para quien es relevante entender
que «la Constitución no es una política pública: no va a contener la
política de vivienda, salud, educación o pensiones». Sin perjuicio de ello,
la académica de la Universidad de Chile sostiene que incluir los derechos
sociales en el nuevo texto constitucional le daría una «orientación
normativa» al sistema político para que «haga carne» esas necesidades
ampliamente compartidas por la sociedad chilena. «La Constitución, más que
cerrar una conversación de cambio político, la inicia», aclara la
politóloga.



Hay un punto que provoca cierto ruido en el movimiento social: el
funcionamiento paralelo del Congreso durante los nueve meses (o 12 si se
accede a la prórroga) de ejercicio de la Constituyente. Temen que el Poder
Legislativo tramite leyes que vayan a contrapelo del espíritu transformador
que regirá la asamblea encargada de redactar la nueva carta magna. Bassa no
detecta un problema aquí, por cuanto «muchas leyes que están jurídicamente
por debajo de la Constitución van a quedar fuera de juego. Es decir, muchas
leyes vigentes podrían ser inconstitucionales cuando se apruebe la nueva
Constitución, ya que esta es una norma de mayor jerarquía».



Para Heiss, en tanto, la sorpresiva reaparición, el 30 de agosto, del
exsenador derechista Pablo Longueira –formalizado por delitos tributarios y
luego sobreseído de esos cargos– para anunciar su voto por el apruebo y su
candidatura a la Constituyente responde a «manotazos de ahogado» de su
sector político, cuya finalidad es capturar el tercio de la convención y
torpedear los cambios estructurales: «El 89 por ciento de las donaciones
para la campaña del plebiscito son del rechazo, pero saben que van a perder.
Ellos han acuñado el término rechazar para reformar, pero no han
transformado nada en 30 años. Es un argumento que tiene poco asidero y es
bastante antidemocrático, es de una profunda desconfianza en la voluntad
popular».

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