Estados Unidos/ "Control de migraciones": El plan de Biden para América Central y la externalización de la frontera. [Aviva Chomsky]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de abril 2021

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Estados Unidos

 

El plan de Biden para América Central y la externalización de la política de
“control de las migraciones”

 

Aviva Chomsky *

A l’encontre, 1-4-2021 

http://alencontre.org/ameriques/

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

 

Joe Biden llegó a la Casa Blanca con posiciones ambiciosas pero
contradictorias sobre la inmigración y Centroamérica. Había prometido
revertir las políticas draconianas antiinmigración de Donald Trump, pero al
mismo tiempo restaurar, a través de su "Plan para construir seguridad y
prosperidad en asociación con los pueblos de Centroamérica", el "liderazgo
de Estados Unidos en la región" que, según él, Trump había abandonado. Sin
embargo, para los centroamericanos ese "liderazgo" tiene una connotación
preocupante.

 

Aunque la segunda parte del título de su plan haga referencia a
organizaciones de izquierda como el Comité en Solidaridad con el Pueblo de
El Salvador (CISPES, https://www.cispes.org), su contenido destaca una
versión de la seguridad y la prosperidad en la región que suena más a Guerra
Fría que a CISPES. En lugar de la solidaridad (o incluso el trabajo
conjunto) con Centroamérica, el plan de Biden en realidad promueve un viejo
modelo de desarrollo económico que benefició durante mucho tiempo a las
corporaciones estadounidenses. También busca imponer a los habitantes de la
región una versión claramente militarizada de la "seguridad". Por otra
parte, aspira a incentivar a los gobiernos centroamericanos y en particular
a sus ejércitos, a frenar la emigración mediante la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior 

 

La más clara declaración sobre los objetivos del presidente para América
Central aparece en su "Ley de Ciudadanía Americana de 2021", enviada al
Congreso el 20 de enero. La propuesta es un conjunto de cambios que tienen
como objetivo eliminar las deportaciones racistas del presidente Trump,
restaurar el derecho de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la
ciudadanía para la población inmigrante. Después de la política
antiinmigrante de los últimos cuatro años, la propuesta de Biden debería ser
ampliamente aceptada. En realidad, sigue los pasos de los anteriores
compromisos bipartidistas "integrales" como la Ley de Reforma y Control de
la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley fracasado en 2013, que incluían
una vía de acceso a la ciudadanía para muchos inmigrantes indocumentados, a
la vez que le dedicaban importantes recursos a la "seguridad" de las
fronteras.

 

Si se analiza con atención, una parte importante de la propuesta de
inmigración de Biden se centra en la idea de que si se abordan las causas
profundas de los problemas de Centroamérica se reducirá el flujo de
emigrantes hacia la frontera estadounidense. Según sus propias palabras, el
plan de Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el
desarrollo económico en Centroamérica" para "abordar los factores clave" que
contribuyen a la emigración. Sin embargo, detrás de ese lenguaje vago se
esconden los objetivos de larga data de los dos partidos hegemónicos en
Washington y que deberían sonar como algo conocido para aquellos que le han
prestado atención en los últimos años. 

 

Su especificidad: hay que distribuir millones de dólares de "ayuda" para
mejorar las fuerzas militares y policiales locales con el fin de proteger un
modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de
beneficios. Sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no
deben ser amenazados. Resulta que se trata del mismo modelo que Washington
impuso a los países centroamericanos durante el siglo pasado, un modelo que
dejó territorios corrompidos, violentos y empobrecidos y que, por lo tanto,
siguió contribuyendo al desarraigo de los centroamericanos y a su huida
hacia Estados Unidos.

 

Otro elemento clave del plan de Biden, al igual que los de sus predecesores,
es obligar a México y Guatemala a servir de agentes para la culminación del
muro, que sólo está parcialmente construido, a lo largo de la frontera sur
de los Estados Unidos y que los presidentes, desde Bill Clinton hasta Donald
Trump, impulsaron con orgullo.

 

Si bien el modelo económico en el que se basa el plan de Biden es
efectivamente conocido, el intento de tercerizar la aplicación de las leyes
de inmigración estadounidenses a las fuerzas militares y policiales
mexicanas y centroamericanas constituye un giro mucho más moderno en la
política fronteriza.

 

Subcontratación de la frontera (de Bush a Biden) 

 

La idea de que la política migratoria podía subcontratarse comenzó mucho
antes de que Donald Trump amenazara con imponer, a mediados de 2019,
aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de
ese país (Andrés Manuel López Obrador) a que accediera a su exigencia de
colaborar con el programa antiinmigración de Washington. Eso incluía, por
supuesto, la controvertida política de Trump de "quédense en México", que
sigue bloqueando a decenas de miles de solicitantes de asilo en ese país.

 

Mientras tanto, desde hace ya casi dos décadas, Estados Unidos presionan (y
financian) a las fuerzas militares y policiales al sur de sus fronteras para
que apliquen sus prioridades en materia de inmigración, convirtiendo de
hecho las fronteras de otros países en una extensión de las de Estados
Unidos. En este proceso, las fuerzas de "seguridad" de México se han
desplegado regularmente en su frontera sur, y las de Guatemala en su
frontera con Honduras, todo ello para hacer respetar de forma violenta las
políticas de inmigración de Washington.

 

La subcontratación fue, en parte, una respuesta al éxito del movimiento por
los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Los dirigentes
estadounidenses esperaban poder evitar el debate jurídico y las protestas en
su país al obligar a México y a Centroamérica a aplicar los peores aspectos
de sus políticas.

 

Todo comenzó con la Iniciativa de Mérida [capital del estado de Yucatán] en
2007, un plan lanzado por George W. Bush que destinó miles de millones de
dólares para equipamiento militar, ayuda e infraestructuras en 

 

México (con cantidades menores destinadas a Centroamérica). Uno de los
cuatro pilares era la creación de una "frontera del siglo XXI" a través de
la obligación para México de militarizar su frontera sur. En 2013,
Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esta
frontera con Guatemala y un "cinturón de seguridad" de 100 millas [161 km]
al norte de la misma.

 

En respuesta a lo que fue considerado como la crisis de los niños migrantes
en el verano de 2014 (lo que se parece a la situación actual), el presidente
Barack Obama volvió a presionar a México para que pusiera en marcha un nuevo
programa en su frontera sur. Desde entonces, decenas de millones de dólares
por año fueron destinados a la militarización de esa frontera y rápidamente,
México detuvo cada mes a decenas de miles de migrantes. No es de extrañar
que las deportaciones y los abusos contra los derechos humanos de los
migrantes centroamericanos hayan aumentado drásticamente. "Nuestra frontera
es hoy, en realidad, la frontera de México con Honduras y Guatemala",
afirmaba en 2019 el ex jefe de fronteras de Obama, Alan Bersin [jefe de
Aduanas y Protección Fronteriza entre marzo de 2010 y diciembre de 2011]. Un
activista local se mostraba menos optimista, cuando afirmaba que el programa
"convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

 

El presidente Trump fanfarroneaba sobre el tema e intimidó a México y a
varios países centroamericanos, con mucho más descaro que los dos
presidentes anteriores, mientras llevaba estas políticas a nuevos niveles.
Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y
desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, a la vez que
la financiación de Washington permitió la creación de infraestructuras de
alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, las que compiten
con las de la frontera estadounidense.

 

Trump instó a recortar la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su
dirección, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el
Congreso siguieron llegando, aproximadamente la mitad de esa suma sirvió
para reforzar las unidades militares y policiales locales. Sin embargo,
Trump suspendió temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a
Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro",
unos acuerdos que le permitirían a Estados Unidos deportar a esos mismos
países a personas aunque éstas hubieran presentado una solicitud de asilo
válida.

 

Trump también le exigió a Guatemala que reforzara la seguridad en su
frontera sur "para frenar el flujo de la migración irregular" e "
incorporara a funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
y del servicio de inmigración de Estados Unidos para asesorar y dirigir a
sus homólogos guatemaltecos." La ayuda fue restablecida después de que los
países centroamericanos acataran las exigencias de Trump.

En febrero de 2021, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de "tercer
país seguro", pero está claramente dispuesto a seguir subcontratando la
vigilancia fronteriza en México y en Centroamérica.

 

La otra cara de la militarización: el “desarrollo económico”

 

Tanto las administraciones demócratas como las republicanas dieron una
respuesta tercerizada y militarizada a la inmigración y trataron de vender
su programa con promesas de ayuda para el desarrollo económico de
Centroamérica. Sin embargo, impulsaron de manera sistemática el mismo tipo
de ayuda, esa que históricamente no hizo sino aumentar la violencia y la
pobreza en la región, lo que condujo directamente a la crisis migratoria
actual.

 

El modelo que Washington sigue presentando se basa en la idea de que si los
gobiernos centroamericanos pueden atraer a los inversores extranjeros
mejorando las infraestructuras, otorgando exenciones fiscales y debilitando
las leyes de protección del medio ambiente y del derecho laboral, el "libre
mercado" generará la inversión, los puestos de trabajo y el crecimiento
económico que (en teoría) evitará que la gente quiera emigrar. Sin embargo,
a lo largo de la turbulenta historia de Centroamérica, ha ocurrido
exactamente lo contrario. Las inversiones extranjeras llegaron, ávidas de
aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra
barata de la región. Esta forma de desarrollo -ya sea apoyando las
plantaciones de bananas y café en el siglo XIX o las explotaciones
azucareras, algodoneras y ganaderas después de la Segunda Guerra Mundial-
llevó a Centroamérica a sus revoluciones de los años 80 y a una masiva
migración hacia el norte en la actualidad.

 

Esta forma de desarrollo se basa en gobiernos militarizados para despojar a
los campesinos, liberando tierras para los inversores extranjeros. Del mismo
modo, la fuerza y el terror se utilizan para mantener una clase trabajadora
barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar
fantásticos beneficios. Esas operaciones, a su vez, han provocado la
deforestación del campo, mientras que las exportaciones baratas a Estados
Unidos y a otros países han contribuido a fomentar estilos de vida de alto
consumo que han acelerado el cambio climático, provocando condiciones
meteorológicas cada vez más desastrosas, como la subida del nivel del mar,
tormentas más intensas, sequías e inundaciones que han deteriorado aún más
los medios de subsistencia de las poblaciones pauperizadas de América
Central.

 

Ya en los años 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres exigían
una reforma agraria y presupuestos de inversión destinados a derechos
básicos como la alimentación, la salud y la educación, en lugar de seguir
enriqueciendo a las élites locales y extranjeras. La respuesta a las
protestas pacíficas fue la violencia y a ésta le siguió la revolución,
aunque sólo  triunfó en Nicaragua.

 

En los años 80, Washington se empeñó en aplastar la revolución victoriosa de
Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares
de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de los años 90
pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones
sociales y económicas fundamentales subyacentes. De hecho, el fin de estos
conflictos no hizo sino abrir las puertas de la región a nuevas y masivas
inversiones extranjeras y al auge de las exportaciones. Entre ellas, la
expansión de fábricas con bajos salarios orientadas a la exportación
(maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras "no tradicionales"
destinadas también a la exportación. Al mismo tiempo, se produjo un auge de
las industrias extractivas, como el oro, el níquel y el petróleo, sin
olvidar la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

 

En la década de 1980, los refugiados empezaron a huir hacia el norte, sobre
todo desde El Salvador y Guatemala, por entonces desgarrados por la guerra,
la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones
de la muerte. La paz aparente de los años 90 no sirvió para acabar con la
pobreza, la represión y la violencia. Las fuerzas armadas estatales y
privadas ofrecían "seguridad", pero sólo para las élites y los nuevos
megaproyectos urbanos y rurales que éstas impulsaban.

 

Si un gobierno amenazaba de una u otra manera los beneficios de los
inversores, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las
licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de América Central,
apadrinado por Estados Unidos, permitía a las empresas extranjeras demandar
al gobierno y obligarlo a someterse a un arbitraje de carácter obligatorio a
través de un organismo del Banco Mundial. Durante los años de Obama, cuando
el presidente electo de Honduras [Manuel Zelaya], trató de implementar
mejoras laborales y medioambientales, Washington dio el aval a un golpe de
Estado y se felicitó cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró
con orgullo que el país estaba "abierto a los negocios" con un conjunto de
leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

 

El periodista David Bacon calificó el nuevo rumbo del país como un "modelo
económico basado en salarios de hambre" que no hizo más que favorecer el
aumento de las bandas, del narcotráfico y de la violencia. Ante las
protestas, la represión fue feroz, a pesar de que la ayuda militar de los
Estados Unidos llegaba a raudales. Antes del golpe, los hondureños eran una
pequeña fracción de los migrantes centroamericanos que se dirigían a los
Estados Unidos. Desde 2009, son a menudo mayoritarios entre los que se ven
obligados a huir de sus hogares y dirigirse hacia el Norte.

 

En 2014, la Alianza para la Prosperidad del presidente Obama proporcionó una
nueva serie de ayudas al desarrollo económico centradas en los inversores.
La reportera Dawn Paley caracterizó esta Alianza como "en gran medida un
plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las
corporaciones transnacionales", incluyendo "rebajas fiscales para los
inversores y la construcción de nuevos oleoductos, carreteras y líneas
eléctricas para acelerar la extracción de recursos y racionalizar el proceso
de importación, montaje y exportación de las maquiladoras con bajos
salarios." Uno de los principales proyectos era un nuevo gasoducto para
facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a América Central.

 

Obama supervisó el reconocimiento por parte de Washington del golpe de
Estado en Honduras. Trump miraba para otro lado cuando Guatemala en 2019 y
Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales de lucha contra
la corrupción. Y fue Trump quien aceptó restar importancia a los crecientes
cargos de corrupción y narcotráfico contra su amigo, el presidente hondureño
Juan Orlando Hernández [en el cargo desde enero de 2014], siempre y cuando
promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con
el programa antiinmigración del presidente estadounidense.

La caravana de enero de 2021 marcó la llegada de la era Biden

 

Todo indica que los años de Biden van a seguir con lo que se ha convertido
en la norma de Washington en Centroamérica: subcontratar la política de
inmigración, militarizar la seguridad y promover un modelo de desarrollo que
pretende disuadir la migración pero que la alimenta. De hecho, la propuesta
del Presidente Biden prevé 4.000 millones de dólares a lo largo de cuatro
años, desembolsados por el Departamento de Estado y la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID). Un programa que,
sin embargo, estaría condicionado a los avances en la realización de
objetivos aprobados por Washington, como "mejorar la seguridad fronteriza",
"informar a los ciudadanos sobre los peligros de viajar a la frontera
suroeste de EE.UU." y "resolver los litigios relacionados con la
confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También
se volcarían importantes recursos al desarrollo de tecnología fronteriza
"inteligente" en la región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza
(Border Patrol) en América Central.

 

Una muestra de la manera en que todo esto puede funcionar tuvo lugar
precisamente cuando Biden tomó posesión de su cargo en enero de 2021. [Véase
Guatemala – Violenta represión policial a caravana de migrantes hondureños:
https://correspondenciadeprensa.com/?p=16174]  

 

Uno de los resultados previsibles de la subcontratación del control de la
inmigración por parte de Washington es que el viaje de los migrantes de
Centroamérica se ha vuelto cada vez más caro y peligroso. Como resultado,
algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes "caravanas" públicas
para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de
forma segura, presentarse ante la Patrulla Fronteriza y pedir asilo. A
finales de enero de 2021, una caravana de unos 7.500 hondureños llegó a la
frontera guatemalteca con la esperanza de que el nuevo presidente en
Washington anulara, como lo había prometido, la controvertida política de 

Trump de dejarlos varados en México y de proceder a detenciones
aparentemente interminables en campamentos superpoblados e inapropiados
situados a poca distancia del territorio estadounidense.

No sabían que Biden, en realidad, continuaría con la política de inmigración
de sus predecesores hacia México y Centroamérica. De hecho, 2.000 policías y
soldados guatemaltecos armados con gases lacrimógenos y con porras (armados,
entrenados y apoyados por Estados Unidos) se habían concentrado en la
frontera entre Guatemala y Honduras para repelerlos.

 

Un ex funcionario de Trump (que Biden mantuvo en su puesto) tuiteó que
Guatemala había "cumplido adecuada y legalmente con sus responsabilidades."
El gobierno mexicano  alabó también a Guatemala mientras procedía a
concentrar miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González,
director del Consejo de seguridad nacional de Biden para el hemisferio
occidental, felicitó la gestión que hizo Guatemala del "flujo de migrantes".

 

A mediados de marzo, el presidente Biden vinculó al parecer una respuesta
positiva a la solicitud de México para obtener una parte de las vacunas
excedentes de Covid-19 de Washington a nuevos compromisos sobre la represión
a los migrantes. Una de las demandas era que México suspendiera sus propias
leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con
niños pequeños. Ninguno de los dos países había tomado las disposiciones
necesarias para ofrecer esas condiciones a la gran cantidad de familias
detenidas en la frontera a principios de 2021. El gobierno de Biden optó por
presionar a México para que ignorara sus propias leyes y así poder deportar
a más familias de manera tal de ocultar el problema a la opinión pública
estadounidense.

 

A fines de enero de 2021, el CISPES se sumó a una amplia coalición de
organizaciones pacifistas, solidarias y sindicales que pidieron al gobierno
de Biden que reconsiderara sus planes para América Central. "Las crisis
cruzadas a las que se enfrentan millones de personas en América Central son
el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos
democráticos por parte de los regímenes de derecha y de la aplicación de
modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y a las
empresas transnacionales", escribe el CISPES. "Demasiado a menudo, los
Estados Unidos han sido una fuerza determinante detrás de esas políticas que
han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

 

La coalición exhortó a Biden a rechazar el viejo compromiso de Washington a
favor de una seguridad militarizada y vinculada estrechamente a la creación
y al fortalecimiento de economías extractivas favorables para los inversores
en América Central. "Para abordar los flujos migratorios es necesario
replantear totalmente la política exterior de los Estados Unidos", insistió
el CISPES. A mediados de marzo, el presidente Biden no había dado ninguna
respuesta a esta llamada, una respuesta con la que no hay que contar
demasiado. Historiadora y ensayista americana, (Artículo publicado en Tom
Dispatch, 30-3-2021: https://tomdispatch.com/) 

 

* Aviva Chomsky es conocida por su labor en Universidades como Harvard o
Salem State, donde coordina el programa dedicado a Estudios
Latinoamericanos. Hija del pensador Noam Chomsky, es una destacada activista
política en favor de los derechos sociales y se ha especializado en la
historia social y económica de varios países sudamericanos en relación con
la industria estadounidense. (Redacción Correspondencia de Prensa)

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