Uruguay/ Son niñas, no madres: el aumento de los embarazos infantiles.[Stephanie Demirdjian]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

28 de abril 2021

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Uruguay



Son niñas, no madres: los embarazos infantiles aumentaron en 2019, después
de una baja sostenida



Especialistas los distinguen de los embarazos adolescentes y aseguran que el
crecimiento puede estar vinculado al aumento de denuncias de violencia
sexual.



Stephanie Demirdjian

La Diaria, 28-4-2021

https://ladiaria.com.uy/



El número de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años en Uruguay está en
descenso desde 2013, de manera ininterrumpida. Sin embargo, los datos de
2019 (1) revelan que, por primera vez desde 2014, hubo un aumento de
nacimientos en niñas y adolescentes de menos de 15. El aumento, de 13,4%,
preocupa después de un descenso que en esta franja también era sostenido.
Ese año, 82 niñas y adolescentes de 14 años o menos tuvieron una hija o un
hijo. Los casos habían sido 71 en 2018.



La información fue publicada este mes por Amnistía Internacional en el
capítulo ampliado de Uruguay del informe anual sobre la situación de los
derechos humanos en 149 países. Se basa en datos del Sistema Informático
Perinatal y las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública (MSP).
La organización hizo dos pedidos de acceso a la información pública para
incluir también los datos de 2020, un año en el que la tendencia podría
haberse acentuado debido a la pandemia, pero la cartera respondió que
todavía no estaban procesados porque hubo un cambio en la metodología del
registro. Ni siquiera se pudo acceder a los datos preliminares, que
generalmente son publicados a comienzos de año.



El análisis de las cifras de 2019 muestra que la mayoría de los nacimientos
en niñas y adolescentes menores de 15 años (56 de los 82) se registró en el
interior del país. Otro elemento que aparece es que sólo una de cada seis
(17%) aseguró que el embarazo fue deseado.



Por otra parte, el grupo de niñas y adolescentes de 14 años o menos es el
que registra los niveles más bajos de consultas prenatales: 18,3% realizó
menos de cinco consultas, el número mínimo que sugiere el MSP en embarazos
no considerados de riesgo. Dentro de ese porcentaje, 2,4% no se realizó
ningún control prenatal. Esto “puede estar reflejando detecciones tardías
y/o ocultamientos de los embarazos, que no llegan oportunamente a
controlarse en los servicios de salud”, puntualiza el informe.



Para la organización, el aumento de los embarazos infantiles “refuerza la
idea de lo necesario que es dedicar esfuerzos a seguir de cerca su
evolución”. “La realidad de las niñas que viven embarazos y maternidades
forzadas en Uruguay aún no ha sido suficientemente visibilizada”, reclama, y
advierte que, “en muchos casos, esconde situaciones de violencia
estructural”.



En febrero de 2020, se presentó por primera vez un mapa de ruta que
contempla la atención específica de niñas y adolescentes de menos de 15 años
embarazadas. Profesionales consultadas por la diaria coincidieron en que es
un documento que tiene que servir de guía en todos los centros de salud, así
como en otros ámbitos institucionales como el educativo. También aseguraron
que una de las herramientas fundamentales para la prevención es la educación
sexual integral.



La “punta del iceberg”



La literatura que existe sobre el tema apunta a que la gran mayoría de los
embarazos infantiles están vinculados con situaciones de vulneración de
derechos y violencia sexual. “En general, es el resultado de la ausencia de
poder de decisión y de circunstancias que están fuera del control de la
niña. Y, en demasiados casos, es el resultado de la violencia y la coacción
sexual”, señala Amnistía Internacional en una investigación publicada en
2018, que analiza específicamente el embarazo infantil en Uruguay.



En el trabajo publicado este mes, la organización sugiere que el aumento de
embarazos infantiles en 2019 podría estar vinculado a un aumento de
situaciones de violencia registradas hacia niñas, niños y adolescentes ese
año. Pero es una hipótesis, porque un aumento de las denuncias, por ejemplo,
no implica necesariamente que haya más casos.



En cualquier caso, el informe recuerda que 24% de las situaciones en las que
intervino el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) en 2019 fueron por abuso sexual.
En 76% de los casos, involucran a niñas o adolescentes mujeres. En base a
estos datos, Amnistía Internacional destaca además que 34% de las
situaciones de abuso sexual ocurrió sólo una vez, mientras que los episodios
recurrentes ascendieron a 66%, “registrándose una vivencia sistemática y
extendida en el tiempo cuando fueron detectados por el sistema de
protección”.



“Lo complejo del tema de embarazo infantil es que representa la punta del
iceberg de un problema mucho más profundo, que en la mayoría de los casos
esconde violaciones de derechos humanos graves a las niñas, producto de
situaciones de violencia sexual”, aseguró la socióloga y directora ejecutiva
de Amnistía Internacional Uruguay, Lucía Pérez Chabaneau, a la diaria.
Diferenció las situaciones de “violencia sexual intrafamiliar sistemática”,
que “en general esconde la mayoría de los casos de embarazo infantil”, y los
casos vinculados a la explotación sexual comercial y la trata, “que pueden o
no estar vinculados también a situaciones familiares”.



Contar con los datos de 2020 será fundamental para analizar si el aumento de
embarazos infantiles en 2019 fue un pico concreto que se dio ese año o si la
tendencia se mantuvo al alza. Las especialistas se inclinan más por la
última opción, si se tiene en cuenta el impacto que tuvo la pandemia en
distintas áreas.



Un primer indicador puede ser el aumento de denuncias de distintos tipos de
violencia basada en género y generaciones. Al respecto, Amnistía
Internacional plantea tres datos concretos: la información del Sipiav –que
quedó reforzada por el último informe, que reveló un crecimiento de
situaciones de violencia en 2020–, los números de la Comisión Nacional para
la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia –que
muestran que el año pasado hubo 410 denuncias de explotación sexual
comercial infantil, 170 más que en 2019– y el aumento de llamadas al
servicio de atención a violencia de género del Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres).



“Hay que mirar con lupa en qué medida las situaciones de abuso sexual y de
violencia sexual en el ámbito familiar y doméstico de convivencia, que se
incrementaron durante 2020, impactaron en términos de embarazos tempranos”,
introdujo Alejandra López, psicóloga, docente, doctora en Ciencias Sociales
y coordinadora del Núcleo Interdisciplinario sobre Adolescencia, Salud y
Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad de la República
(Udelar), en conversación con la diaria.



Para López, quien es además directora del Instituto de Psicología de la
Salud de la Facultad de Psicología (Udelar), podrían incidir otros factores
vinculados a la crisis sanitaria. Uno es la desvinculación del sistema
educativo. “No lo hemos estudiado todavía, pero sabemos que uno de los
factores de riesgo del embarazo en adolescentes es la desvinculación
educativa. Es decir, una adolescente que está por fuera del sistema
educativo tiene mayores posibilidades de embarazarse que una adolescente que
está incluida. Eso está probado a nivel nacional e internacional”, aseguró
la profesional. “Sabemos que la pandemia generó una retracción y una
afectación muy particular justamente en la enseñanza media, que es a donde
acuden gurisas de entre 12 y 16 años, donde hubo mayor desvinculación y
mayores dificultades de conectividad para los gurises en sectores de
vulnerabilidad social, entonces hay que mirar esto porque seguramente tiene
efectos”, advirtió.



El otro factor tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, que
pudo verse obstaculizado en el contexto de emergencia sanitaria. “Vamos a
tener que ver –y por eso los datos de 2020 son muy importantes– qué pasó con
el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para
adolescentes, sabiendo que estos servicios, al igual que toda la atención
‘no covid’, se vieron retraídos durante la pandemia. Esto puede tener
efectos en términos de acceso a información, a métodos anticonceptivos o a
la interrupción voluntaria del embarazo”, apuntó la especialista. “No me
sorprendería que hubiese un aumento de embarazos en niñas, lamentablemente,
porque es probable que estos determinantes, que sabemos que son muy
importantes, estén incidiendo”, consideró.



Embarazo infantil no es embarazo adolescente



Algunos abordajes incluyen el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15
años dentro del paraguas del “embarazo adolescente”. Lo cierto es que, si
bien comparten algunas características, el embarazo infantil tiene sus
propias especificidades. Distinguirlas es necesario para analizar qué hay
detrás de la problemática, pensar políticas públicas para la prevención y
trabajar para erradicarla.



Las condiciones de desigualdad socioeconómica y el difícil acceso a
servicios de salud, información y educación sexual integral son algunos de
los elementos que, según López, comparten las niñas y las adolescentes
embarazadas. Sin embargo, en el caso de las menores de 15 años, hay otros
factores asociados como el matrimonio infantil, por ejemplo, que en muchos
países del mundo “es uno de los determinantes más importantes del embarazo
temprano”. Y que, pese a lo que se suele pensar, también existe en Uruguay:
según un informe de Unicef publicado en 2019, 25% de las mujeres de entre 20
y 24 años se casaron antes de cumplir la mayoría de edad en nuestro país.



Otro determinante específico, que ya se mencionó en esta nota, es la
violencia en el ámbito doméstico y el abuso sexual infantil. En este punto,
López aclaró que si bien la violencia es el trasfondo en la gran mayoría de
los embarazos infantiles, es importante mirar los datos “con mucha
meticulosidad” porque, incluso dentro de la franja etaria de menores de 15
años, hay matices. Lo explicó así: “Es útil ver la incidencia de embarazo
por edades simples: cuántas gurisas tienen 14, cuántas 13, cuántas 12,
etcétera, porque no es lo mismo, desde el punto de vista del desarrollo
evolutivo, biológico, psicológico y social, tener diez años o tener 14.
Todas son menores de 15 años, pero el embarazo de una gurisa de diez años es
claramente producto de una situación de abuso, violencia y demás, y después
tenés gurisas de 14 años que quedan embarazada en el marco de relaciones
sexuales consentidas, pero no protegidas, entre pares”.



La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay habló de “autonomía
progresiva”. “Entra a jugar una cosa muy importante que es la capacidad de
tomar decisiones y de comprender cabalmente la situación en la que está la
niña. No es lo mismo estar embarazada con diez años que con 16. Hay una
distancia en ese momento evolutivo de la vida”, explicó Pérez Chabaneau. Y
aseguró que el impacto en la salud física y emocional, así como en la
trayectoria vital, varía según la edad de esa niña embarazada.



Un abordaje específico



Al estar incluido en la categoría “embarazo adolescente”, el embarazo en
niñas y adolescentes de menos de 15 años muchas veces queda invisibilizado.
Sin embargo, es un fenómeno distinto que requiere un abordaje específico.



Según López, hasta hace algunos años “los determinantes asociados al
embarazo adolescente consideraban al grupo entre 15 y 19 años, que es donde
hay una mayor prevalencia de embarazos dentro de la franja de adolescentes”.
El embarazo infantil comenzó a ganar visibilidad en la agenda regional
“hacia 2016 o 2017”.



El eco llegó a Uruguay, donde empezó a gestarse en 2016 una estrategia
nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en
adolescentes, que por primera vez incluía un mapa de ruta para la atención
de menores de 15 años. Ese documento fue presentado bajo el título Mapa de
ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en
situación de embarazo en febrero de 2020, unos días antes de que llegara el
coronavirus al país, y después de años de trabajo conjunto entre una decena
de ministerios e instituciones públicas, la Udelar, el Fondo de Población de
las Naciones Unidas, Unicef y la Organización Panamericana de la Salud.



“Había un número de abortos anuales en menores de 15 y un número de nacidos
vivos anuales en menores de 15 que eran la punta de un iceberg que empezaba
a mostrar que teníamos un problema a atender”, recordó López, que fue una de
las asesoras técnicas en la elaboración de la estrategia, en representación
de la Udelar.



El mapa de ruta parte de la concepción de que el embarazo en niñas y
adolescentes de 14 años o menos “está vinculado de algún modo a la
violencia; tanto de manera inmediata, en los casos en que los embarazos son
producto de una violación u otra relación abusiva; como de forma más
estructural, múltiple y acumulada en el tiempo, cuando las niñas y
adolescentes tienen trayectorias que implican diversas vulneraciones a sus
derechos que las sitúan en un contexto de asimetrías de poder o en
escenarios de escasas posibilidades de elección autónoma de sus proyectos de
vida”.



La estrategia plantea orientaciones para la atención y el acompañamiento en
distintos escenarios posibles: ante una sospecha de embarazo de la niña, si
no se confirma ni el embarazo ni el abuso sexual, cuando no se confirma el
embarazo y se detecta abuso sexual, cuando el embarazo es consecuencia de
violencia sexual y cuando es el resultado de relaciones consentidas entre
pares. Además, incluye recomendaciones para generar un espacio en el que se
pueda discutir de manera informada sobre la decisión de continuar o
interrumpir el embarazo. También establece orientaciones para el abordaje de
estas situaciones desde la perspectiva psicoemocional.



Nota



1) Gobierno del Frente Amplio, presidido por Tabaré Vázquez. (Redacción
Correspondencia de Prensa)

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