Colombia/ Cali, ciudad del estallido y de la resistencia. [Marco Teruggi]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de agosto 2021

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Colombia



Crónica desde la tercera urbe de Colombia, que fuera epicentro de dos meses
de protesta



Cali, ciudad del estallido y de la resistencia



La represión estatal fue la respuesta del gobierno de Iván Duque contra las
manifestaciones. El protagonismo de las barriadas y sus juventudes pobres,
que se enfrentaron al despliegue policial y militar. Y el movimiento
indígena: el actor con mayor organización.



Marco Teruggi, desde Cali

Página/12, 11-8-2021

https://www.pagina12.com.ar/



“Paren el genocidio” reza un inmenso mural en el centro de Cali, la ciudad
llamada “sucursal del paraíso” y ahora rebautizada “sucursal de la
resistencia”. Las calles tienen grabadas las marcas del estallido social en
decenas de paredes, con caras y nombres de jóvenes asesinados, pintadas
contra el gobierno de Iván Duque, el ex presidente Álvaro Uribe. Son rastros
de lo que fueron más de dos meses de protestas, bloqueos, que tuvieron su
epicentro en esta ciudad al suroeste de Bogotá, en el Valle del Cauca, cerca
del océano Pacífico y su puerto de Buenaventura.



En total fueron 24 puntos de bloqueo de lo que comenzó como un paro
nacional. Algunos son icónicos, como “puerto resistencia”, antes llamado
puerto rellena. Allí fue edificado un monumento con un antebrazo y un puño
con un cartel que dice “resiste”, construido por albañiles luego de sus
jornadas de trabajo. Del otro lado de la calle se encuentra una escultura
con una olla popular, y un centro de la policía que fue tomado, donde ahora
funciona una biblioteca popular.



El mapa de la violencia política



La mayoría de los 24 puntos estuvieron en zonas populares. Algunos, como la
antigua loma de la cruz, ahora “loma de la dignidad”, se encuentra en el
centro de una ciudad cuya geografía es el mapa de una historia de violencia
política: al oeste de Cali se encuentra la élite tradicional, al sur la
clase nacida del auge del narcotráfico durante los años 80 y 90, en las
laderas se encuentran los barrios poblados por desplazados centralmente de
la región andina del Cauca, en el oriente la población afrodescendiente
desplazada de las partes costeras del Cauca, Nariño y Chocó, y en el centro,
parte de la clase trabajadora caleña más antigua.



Fue en el sur, zona de riqueza narco y sus llamados “lavaperros”, donde
dispararon impunemente civiles armados en varias oportunidades custodiados
por la policía, como, por ejemplo, ante la llegada de la Minga Indígena. El
movimiento indígena, con fuerte desarrollo en la región, fue el actor con
mayor organización en el marco de un estallido sin conducción, con el
protagonismo de las barriadas y sus juventudes pobres, que encabezaron las
denominadas primeras líneas, enfrentadas al despliegue policial y militar.



Es allí, en esos barrios, donde ingresó la persecución y la muerte a medida
que perdió fuerza la protesta y se desbloquearon los puntos de resistencia:
jóvenes de las primeras líneas asesinados, descuartizados, aparecidos en
ríos, calles, obligados a escapar. Fue el último eslabón de una respuesta
represiva policial, militar y paramilitar, ante un levantamiento que tuvo
por saldo 80 personas asesinadas, según el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz.



Militarización



La violencia desplegada por el gobierno respondió a una estrategia política.
El primero en pedir la presencia de los militares en las calles fue Uribe,
jefe del Centro Democrático, actual partido de gobierno. Tanto el ex
presidente como Duque acompañaron la represión sistemática con categorías
como “revolución molecular disipada”, o “terrorismo urbano de baja
intensidad”, en una narrativa que situó como enemigos a quienes protestaban.
Se trató de una respuesta esperable por parte del uribismo, en el marco de
un país golpeado por una violencia que se incrementó con los tres años del
gobierno de Duque: en el 2020 ocurrieron 91 masacres, en lo que va del 2021
ya son 65; 1.222 líderes sociales y 282 firmantes de los Acuerdos de Paz
fueron asesinados desde el 2016.



La represión estatal ya había sido la respuesta dominante del gobierno ante
las grandes movilizaciones de noviembre del 2019 y de septiembre del 2020
con la llamada “masacre de Bogotá”. El estallido del 2021, si bien fue
sorpresivo por su magnitud y duración, no lo fue en cuanto a enmarcarse en
un ciclo de protestas protagonizadas por un sujeto emergente urbano,
juvenil, precarizado, empobrecido, sin afiliación política. Durante las
décadas y años anteriores, y hasta ese entonces, el centro de las
movilizaciones había estado en los sectores rurales e indígenas, con, por
ejemplo, los paros agrarios del 2013 y 2016.



El uribismo



La dimensión del 2021 puede explicarse por ese acumulado de protestas
anteriores, los efectos de la pandemia, la crisis económica con una pobreza
de 42.5% en el 2020 y una tasa de desempleo de 15.1%. Pero existe otro
elemento más, vertebral de las protestas y de los últimos 40 años de la
historia colombiana: Uribe, el uribismo, una historia -narrada en la serie
Matarife- que comenzó en las sombras a inicio de los años 80 de la mano del
Cartel de Medellín, se profundizó con el paramilitarismo, su gobernación en
Antioquia en 1995, sus presidencias desde el 2002 hasta el 2010, y la
continuidad a través de Duque y las tramas de narcotráfico, paramilitarismo,
expresadas, por ejemplo, en el escándalo de la relación entre el actual
presidente y el ganadero y narcotraficante Ñeñe Hernández.



Las protestas del 2019, 2020 y el estallido fueron un inmenso grito contra
esa historia de masacres, fosas comunes, desplazamientos, asesinatos
sistemáticos, falsos positivos, carteles de drogas, paramilitares, en un
continuo de cuatro décadas con el nombre de Uribe en el centro. “Qué cosecha
un país que siembra cuerpos”, llevaba escrita una remera en la movilización
del pasado sábado siete de agosto en Cali, convocada ante el inicio del
último año de mandato presidencial de Duque, que no volverá a presentarse,
en el marco de un sistema política que no permite la reelección.



La campaña presidencial para las elecciones de mayo del 2022 ocupa un lugar
central, en simultáneo con los análisis sobre el estallido. Una de las
preguntas es cuál será la relación entre las protestas y las propuestas
electorales que pueden esquematizarse en tres vectores principales: por un
lado, el uribismo, sin candidatura aún firme, por otra parte, una alianza
que se presenta como de centro, denominada “coalición de la esperanza” con
figuras como Sergio Fajardo, políticos provenientes del gobierno de Juan
Manuel Santos y de la Alianza Verde, y finalmente, otra, de
centro-izquierda, progresista, llamada “pacto histórico”, liderada por
Gustavo Petro, que reúne fuerzas como el Polo Democrático Alternativo,
dirigentes sociales como Francia Márquez, y sectores venidos del Partido de
la U.



Aún faltan varios meses para una contienda en un contexto de inestabilidad
política, un uribismo deslegitimado y particularmente peligroso, y un
estallido que, si bien se ha retirado de las calles, permanece latente.

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