México/ La desaparición forzada: generalizada y sistemática. [Eliana Gilet]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de diciembre 2021

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México



El arribo del Comité contra la Desaparición Forzada



Generalizada y sistemática



El organismo de ONU llegó cuando el país supera 100.000 desapariciones.
Aceleradas por la estrategia de “guerra contra el narco”, aún no son vistas
por el Estado como crimen de lesa humanidad.



Eliana Gilet, desde Ciudad de México

Brecha, 10-12-2021

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La llegada del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en
inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), causó una pequeña
revolución en México. Abrió la puerta al mar de ansiedad que inunda el
cuerpo cuando le urge una respuesta. Una parte de los familiares organizados
en colectivos de búsqueda de personas desaparecidas sintió que esa ola
desbordaba la lentitud burocrática del proceso y la mayoría vio una luz de
esperanza, un espacio para ser escuchados. Esa fue, tal vez, la consecuencia
inmediata de la visita del CED a México o la más evidente: obligó a la gente
a contar su situación, a explicarla, a hacerla manifiesta para sí y para el
resto.



En la ocasión, el 15 de noviembre, el Movimiento Nacional por Nuestros
Desaparecidos en México, que agrupa a 35 colectivos del país, aprovechó para
señalar la pobreza de las instituciones del Sistema Nacional de Búsqueda,
creado en 2017 por la Ley General de Desaparición Forzada; denunciar que aún
no se haya puesto en práctica el dilatado Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense, que debe identificar más de 52 mil cadáveres en
custodia del Estado (véase «La mayor crisis forense del mundo», Brecha,
28-II-20), y apuntar al cómplice papel de los fiscales en la perpetuación de
la impunidad en miles de investigaciones tardías y mal hechas. La Plataforma
por la Paz y la Justicia de Guanajuato, por su parte, manifestó que el
contexto de violencia extrema en el estado –que puso a dos de sus ciudades
entre las más violentas del mundo en 2020– disparó el número de personas
desaparecidas allí. Y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas aportó el análisis sistematizado de más de 2 mil casos
ocurridos en Morelos –donde en octubre llevó a cabo su sexta edición (véase
«Anoche lo soñé», Brecha, 18-XI-21)–, que evidenció la responsabilidad de
las corporaciones policiales en las desapariciones relevadas.



Para Hasta Encontrarles CDMX, el primer colectivo de familiares fundado en
la capital mexicana, en junio de 2019, la visita del CED fue un hito. En la
mañana del domingo 21 de noviembre convocó a las 20 familias que integran la
organización a la sede del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, aún con la certeza de que solo tres de ellas podrían hablar durante
la media hora que tuvieron disponible con el comité. Esta fue apenas una de
las 33 reuniones con familiares que los cuatro expertos independientes que
llegaron al país tuvieron en 13 estados de la república, además de otras 48
reuniones con autoridades de todos los niveles del gobierno mexicano, en una
maratónica agenda de 12 días.



Ciudad de México



«Pedimos que se lleve a México ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas por crímenes de lesa humanidad», dice a Brecha Patricia Manzanares,
parada sobre la calzada en la esquina de la calle Serapio Rendón, al salir
de la reunión del CED con las familias de la capital. Su hijo, Juan
Hernández Manzanares, está desaparecido desde el 23 de febrero de 2011,
cuando tenía 23 años y estaba a pocos días de casarse, apostado en un hotel
de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, rodeado de policías federales,
como él, que habían sido trasladados en una misión.



Con apenas la secundaria completa y sosteniéndose económicamente como
estilista, Patricia se convirtió en una de las principales voces de denuncia
de los primeros casos, hoy considerados oficialmente de larga data. En esta
dolorosa década aprendió a dominar el sutil ejercicio de ser inaccesible, es
decir, de saber cuándo ponerse y quitarse del alcance de la exposición
pública. «La ONU ya tenía conocimiento de esta situación. La visita es para
que oigan a las familias y estudien el caso hasta abril de 2022, cuando van
a pronunciarse con recomendaciones. Pero mi sensación es que somos muy
poquitos respecto a la problemática que vive Ciudad de México», dice, y acto
seguido recita las cifras de memoria: 743 carpetas abiertas en la Comisión
Local de Búsqueda, 3.466 denuncias de desaparición en la fiscalía
especializada y más de 5 mil cuerpos sin identificar entre el servicio
forense y una fosa común del panteón Dolores, ubicado en el norte de la
capital.



Tanto Patricia como Juana Garrido son dos de las cinco familiares que en
diciembre de 2020 tomaron juramento ante el Congreso capitalino para
integrar el primer Consejo Ciudadano Honorario del Sistema de Búsqueda de la
Ciudad de México. Juana tiene 30 años y lleva tres en busca de su hermana,
Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, quien fue desaparecida a sus 32 años en la
tarde del 30 de noviembre de 2018, en el trayecto cotidiano entre su trabajo
y su casa. Como parte de sus acciones de denuncia, Juana promovió el
proyecto «Muralismo y arte por nuestros desaparecidos», que ha pintado los
rostros de las víctimas en los sitios donde fueron vistos por última vez. El
de su hermana está sobre el Eje 8 Sur, a pocos metros de la entrada de la
boca del metro Ermita.



«En la reunión hubo cinco intervenciones de tres colectivos [Hasta
Encontrarles, Una Luz en el Camino, y Mariposas Destellando, Buscando
Corazones y Justicia], de las que quiero destacar la participación del señor
Guadalupe Pérez, que vino desde Puebla –donde su papá está desaparecido– a
plantear que, ante los casos de desaparición, a los pueblos indígenas se les
envía un traductor y nada más», dijo Juana a Brecha. Ella se encargó de
escribir la misiva que Hasta Encontrarles brindó al CED, en la que se hace
hincapié en las dificultades que sufrió la investigación de las
desapariciones tras los cambios institucionales obligados por la sanción de
la ley de desaparición en la capital. Con esa norma, los casos pasaron del
Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes a la Fiscalía
Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas
Desaparecidas, lo que implicó su vuelta a foja cero, aunque abrió el campo
de lucha para que la autoridad reconozca la comisión de un delito contra los
desaparecidos, algo que choca contra el falso paradigma dominante de la
desaparición voluntaria.



Horacio Ravenna, experto argentino del CED, que se reunió con los familiares
capitalinos, quiso saber si había un protocolo con perspectiva de género
para los casos de mujeres desaparecidas y si el gigantesco sistema de
cámaras de vigilancia de Ciudad de México, llamado C5, colabora de forma
eficiente en las búsquedas. En ambos casos las respuestas fueron negativas.
Sigue Juana: «Me pareció importante que nos dividieran geográficamente,
porque las dinámicas de desaparición cambian; también que reconocieran que
la situación que enfrentamos es muy complicada y que pueden pasar años antes
de que logren algo. La gente va a seguir desapareciendo y no vamos a
terminar con esta crisis sin presionar al Estado. Eso nos toca a nosotros:
pensar cómo vamos a seguir haciéndole frente».



Estado de México



Mientras Juana y Patricia, Gerardo y Oliveria, Araceli, Fernanda, Aída,
Carmela y don Jesús desplegaban las fotos de sus hijos y hermanos en el
centro de la capital, bajo el sol tibio del otoño del norte, a 30
quilómetros de allí el relator ecuatoriano del CED, Juan Pablo Albán
Alencastro, buscaba un espacio donde platicar a solas con las mujeres que
sostienen la búsqueda de restos óseos en el Gran Canal, en el Estado de
México, periferia y zona conurbada de la capital. «Me comentó que se sentía
un poco incómodo de que todo el tiempo lo estuvieran custodiando [efectivos
de la Guardia Nacional]. Pero aquí es así: es de cuidarse. De todos modos,
fue con nosotras a donde tenemos nuestra mesita y, a pesar de que desde el
inicio sabíamos que no venían a ver casos particulares, sentí su interés,
porque se sentó a escucharnos», dice a Brecha Verónica Rosas, madre de Diego
Rosas Valenzuela, desaparecido desde el 4 de setiembre de 2015, cuando tenía
16 años y fue secuestrado en su barrio, Llano de los Báez, en el municipio
de Ecatepec.



Verónica les dijo a sus compañeras del colectivo Uniendo Esperanzas Estado
de México que la llegada del comité era una oportunidad para entregarle una
misiva sobre sus necesidades, y eso hicieron. Habló sobre las dudas y la
inseguridad que siente respecto al método de búsqueda usado para revisar la
basura dragada del Gran Canal por la Comisión Nacional del Agua como parte
de la construcción de un puente vehicular de acceso para el nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México. Las familias del colectivo y la Comisión de Búsqueda
de Personas  del Estado de México pidieron que se revisara ese material
fangoso antes de que fuese descartado, y lo vienen haciendo durante un mes,
día a día, en jornadas que van de las ocho de la mañana a las tres de la
tarde. El jueves 25 de noviembre hallaron un hueso ilíaco y un fémur. «No me
gusta hablar de restos: son personas», expresa.



La llegada del experto al Gran Canal fue gestada por las autoridades y tomó
por sorpresa a las familias. Verónica intuye, incluso, que la propia
búsqueda se concretó por la visita del CED a México, ya que la tarea llevaba
meses demorada y un día antes de la llegada del comité al país les avisaron
que iniciaban el trabajo al día siguiente. «Que ellos vinieran movió todo.
De pronto, ese día, algunas autoridades que no se habían levantado de la
silla en estas tres semanas de la diligencia de búsqueda hicieron
presencia», dice, en referencia al fiscal de Desaparecidos del Estado de
México, Roberto Camacho Lovera.



La otra sorpresa para las familias de Uniendo Esperanzas fue la confirmación
–por la secretaría del CED– de la recepción oficial de las cartas que
entregaron al experto ecuatoriano: «Todas nos pusimos contentas de que nos
llamaran para confirmarnos su recepción, porque les hemos escrito a
muchísimas autoridades mexicanas y nunca nos contestan ellos: nos mandan con
el particular del secretario de no sé quién. Esa apertura con nosotras se me
hizo muy humana, me dio fe. Y me impresionó que, de cientos de familias que
les hablaron en estos días, se tomaran el tiempo de llamarnos. ¿No se te
hace esperanzador?».



Lesa Humanidad



Juan Carlos Gutiérrez es el director de la organización civil I(dh)eas
Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que presentó el primer caso
mexicano ante el CED: el de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, de 19 años,
desaparecido el 11 de diciembre de 2013. Ese día un grupo de policías de
Veracruz lo sacó por la fuerza de su casa, en el fraccionamiento popular
Formando Hogar, frente a los ojos de su madre, Angélica Berrospe, como parte
de un operativo coordinado por el secretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita (véase «La banda del Capitán Tormenta», Brecha, 15-II-18).
«Ese día se llevaron a varios jóvenes que están desaparecidos. Fueron
sacándolos de sus casas con una lista y subiéndolos a camionetas policiales,
acusándolos falsamente de haber robado celulares. Nosotros denunciamos que
estamos frente a un acto de limpieza social», dice Gutiérrez a Brecha.



Como litigante de casos de desaparición forzada, Gutiérrez también se reunió
con la delegación del CED y aportó la información del caso Mendoza Berrospe,
que, como otros sucedidos en el país, «se da en un contexto generalizado y
sistemático». «Para nosotros, es clave que el comité se refiera a lo que
pasa en México como crímenes de lesa humanidad, porque, a pesar de la
discusión ardua y profunda cuando se sancionó la ley general de desaparición
en el anterior gobierno, no logramos que se incluyera en nuestro
ordenamiento jurídico interno la conducta de lesa humanidad vinculada a las
desapariciones», concluye.



La visita del CED a México se hizo en cumplimiento del artículo 33 de la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, luego de que en octubre del año pasado el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador reconociera formalmente la competencia de ese
organismo. También se abrió, en 2020, la posibilidad de que el CED reciba
información de casos particulares, como ya lo hace la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

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