Argentina/ ¿No hay más alternativa que el infierno del Fondo? [Pablo Anino]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de diciembre 2021

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Argentina



¿No hay más alternativa que el infierno del Fondo?



En este artículo se reponen los hechos fundamentales de la historia reciente
para no olvidar las consecuencias económicas y sociales de vivir en el
régimen del FMI. También se discute contra los argumentos que presentan como
inexorable, como única salida, vivir en el infierno del Fondo. Además, se
exponen sintéticamente los principales fraudes del proceso de endeudamiento
reciente. Por último, se recapitulan alternativas que el Frente de Todos
evitó tomar para no enfrentarse con el capital financiero imperialista y se
propone un programa de salida de la clase trabajadora.



Pablo Anino

Ideas de Izquierda, 12-12-2021

https://www.laizquierdadiario.com/



Este viernes concluyó el viaje de la delegación argentina a Washington.
Durante la tarde se conoció una declaración del staff del Fondo encabezado
por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y
Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina. Allí se reconoce que



"Hubo avances en el trabajo técnico entre la delegación argentina y el
equipo del FMI como parte de sus discusiones para alcanzar un programa
respaldado por el FMI”. El organismo, además, admitió que durante el
corriente año el crecimiento y la inversión son mayores que lo que se
esperaba.



Aunque el lenguaje fondomonetarista es redundante en eufemismos para ocultar
sus fines últimos de ajustar a las mayorías, algunas intenciones dejaron
vislumbrar. El punto más destacado del comunicado indica que:



Abordar la persistente y alta inflación requiere un enfoque múltiple que
implique una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, una
política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas y una
coordinación de precios y salarios.



Es importante descifrar esta declaración por partes.



Por un lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, podrá embanderarse
argumentando que el Fondo aceptó su concepto: la explicación multicausal (el
“enfoque múltiple”) de la inflación. Pero, por el otro, la receta que
propone el organismo está sacada de la caja de herramientas de la ortodoxia
neoliberal: la misma que aplicó el Gobierno de Mauricio Macri. La “reducción
del financiamiento monetario” que propone el Fondo apunta, aunque no lo
diga, a reducir el déficit fiscal (ajuste). No solo eso. También apunta a
que el Estado reduzca la financiación vía emisión monetaria del Banco
Central para incrementar el financiamiento con el capital financiero, algo
que de hecho Guzmán hace desde un tiempo atrás: el costo es un incremento
enorme de la deuda pública en pesos con acreedores privados.



Establecer “tasas de interés reales positivas” es un incentivo para desatar
otro festival de la “bicicleta financiera”, como el que disfrutaron los
fondos especulativos que llegaron al país a hacer ganancias fáciles durante
el reinado cambiemita. Pero esto requiere, además, que se libere el
movimiento de capitales de los controles cambiarios. No solo eso. Las tasas
de interés reales positivas constituyen un “estímulo” para desacelerar la
actividad económica. Es decir, para impulsar tendencias recesivas en tanto
que encarecen el crédito productivo y para el consumo.



La “coordinación de precios y salarios” en el recetario del Fondo solo puede
interpretarse mirando la historia. Como explica la investigadora Noemí
Brenta:



El acuerdo stand by de 1976 por primera vez y única vez estableció como
condicionalidad la limitación de los aumentos salariales y el mantenimiento
de la libertad de precios. Estas son medidas usuales de los programas del
Fondo, para disminuir la demanda agregada reduciendo el salario real, pero
su impopularidad generalmente las disimula en los memorándums de política
económica [1].



Los plazos de la negociación parecen prolongarse. Eso se lee detrás del
“serán necesarias más discusiones” que se plasmó en la declaración del
staff. El hermetismo sobre un acuerdo que determinará el futuro y la miseria
de millones de trabajadoras y trabajadores es absoluto. El show a lo
Pimpinela que el último viernes dieron los Fernández en la Plaza de Mayo con
Cristina afirmando que “no se va a aprobar ningún plan que no permita la
recuperación económica” y Alberto respondiendo “tranquila, Cristina, no
vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el desarrollo
social en la Argentina”, ilustra el hecho de que cualquier acuerdo no será
un trago fácil de digerir.



Los puntos críticos del programa que se negocia con Washington parecen estar
vinculados a cuál será el nuevo nivel del dólar, a cómo se aplicará el
aumento de tarifas de los servicios públicos y, por último, pero no menos
importante, qué metas fiscales serán establecidas para los próximos años.
Cualquier programa que afecte esas variables comprende un primer momento de
ajuste recesivo cuyos costos, en lo fundamental, los paga la clase
trabajadora.



El acomodamiento del dólar en un nivel más alto, no solo impulsaría la
inflación, sino que beneficia a los exportadores en general y a los
agroexportadores en particular. Pero, más ampliamente, es ganancia para toda
la clase capitalista vía la devaluación de los salarios en dólares. El Banco
Central, luego de las elecciones de noviembre aceleró el ritmo de suba de la
cotización oficial del dólar y desarmó algunas regulaciones cambiarias en
sintonía con lo que quiere el Fondo. Pero para los mandantes de Washington
nunca es suficiente.



¿Por qué el FMI exigiría una devaluación? Para “acumular reservas
internacionales”, tal como reza el comunicado del viernes. La idea es
intentar que suban las exportaciones, caigan las importaciones, se
incremente el superávit externo y por esa vía acumular reservas en dólares
que luego permitan pagar la deuda. Con ese mismo objetivo, el Frente de
Todos promueve el extractivismo (agropecuario, hidrocarburífero y minero)
para conseguir dólares con el fin último de honrar al capital financiero
internacional.



Otro punto importante a definir es el control de cambios: cierto nivel de
devaluación acordado con el FMI tal vez podría, eventualmente, absorberse
sin descontrol cambiario gracias al “cepo” y las otras medidas regulatorias
del Banco Central. Sin control de cambios, puede ocurrir lo que le ocurrió a
Macri: que el Gobierno tienda a perder el control en la gestión de la
crisis. El problema es si el Fondo acepta que se sostengan los controles
cambiarios o al menos se realice un desarme progresivo en el mediano plazo
[2].



En relación a reformas estructurales, por el momento no trasciende que estén
en discusión. Pero el acuerdo de facilidades extendidas que negocia el
oficialismo es el más duro del menú del Fondo en términos de
condicionalidades. Por lo general, comprende contrarreformas laborales,
previsionales y tributarias. Hay quienes señalan que las contrarreformas
laborales que quiten derechos laborales por convenio, como en el caso de
Toyota, podría ser la vía para no explicitar una medida impopular de más
amplio alcance. No obstante, la letra chica de un futuro acuerdo podría ser
una caja de Pandora que guarde detalles inconfesables en relación a estas
contrarreformas estructurales.



El Gobierno se contenta con una concesión mínima del Fondo: aspira a que el
Directorio reduzca la tasa de sobrecargos que Argentina paga gracias a que
el organismo le prestó a Macri más que lo que permitía la cuota de nuestro
país. Aun así, no es para nada seguro que el organismo apruebe esa reducción
de sobrecargos. El oficialismo también se ilusiona con que en el futuro el
FMI habilite nuevas líneas de crédito más laxas, con más plazo, a las que
pueda acceder Argentina.



En el Frente de Todos, en la oposición de Juntos por el Cambio y en el
establishment económico se repiten argumentos para presentar como inexorable
un acuerdo: se dice que es necesario para que no se imponga una devaluación;
que es lo mejor para evitar un caos que traiga peores condiciones de vida;
que el país necesita recomponer el crédito internacional y ganar tiempo para
exportar más y más. Pero con el FMI moviendo todos los hilos de la economía,
por lo general, siempre ocurrió lo contrario.



Las cosas que perdimos con el Fondo



La historia reciente es ilustrativa de las consecuencias que tiene vivir
bajo el mando fondomonetarista. A fines de abril de 2018, el Gobierno de
Mauricio Macri sufrió un golpe de mercado, una devaluación impuesta por la
banca internacional, en particular por J.P. Morgan. Los CEO se quedaban sin
financiamiento: como las revoluciones, los “mercados” se devoraban a sus
mejores hijos.



El jueves 7 de junio de ese año, el exministro de Economía, Nicolás Dujovne,
y el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, anunciaron un
acuerdo “stand by” por U$S50 mil millones con el Fondo. Se trataba del
crédito más grande en la historia del organismo. Se suponía que sería una
gran señal para inyectar confianza: “estamos convencidos de que vamos por el
camino correcto y hemos logrado evitar una crisis”, afirmó Dujovne en ese
momento. Aquel día el dólar oficial (mayorista) cotizaba a $24,97.



A fines de agosto de 2018 el acuerdo comenzó a naufragar, la crisis no se
detenía. El 26 de octubre, el Gobierno de Mauricio Macri se vio obligado a
firmar un nuevo acuerdo, que ampliaba el anterior: se agregaron casi U$S7
mil millones al préstamo original. El más grande de la historia se convertía
en más grande aún. También se anunció más ajuste: se proyectaba déficit cero
para 2019, lo mismo que emisión monetaria cero hasta junio de 2019 con el
objetivo, supuestamente, de contener la inflación. Aquel 26 de octubre el
dólar cotizaba a $36,79. Es decir, había aumentado un 47 % en cinco meses.



En marzo del 2019, el dólar se escapaba de nuevo. El 14 de ese mes, Dujovne
anunció desde Washington que el Fondo autorizaba a vender U$S9.600 millones
hasta fin de año, a razón de U$S60 millones diarios que se otorgarían a
través de licitaciones. Esta autorización convertía los estatutos del propio
FMI en papel mojado, en tanto implicaba financiar la fuga de capitales.



En 2019, con la derrota del macrismo en las PASO, se aceleró el desorden
económico. No solamente se eyectó el dólar, sino también Dujovne y todo el
esquema económico. El final de la gestión macrista atravesó varios momentos
caóticos gracias a las recetas del Fondo. El 10 de diciembre de 2019, Macri
abandonó la presidencia con el dólar en $57,98, un 132 % más alto que cuando
comenzó el acuerdo del 7 de junio del año previo ¿No es que con el Fondo se
evitan las devaluaciones? Para coronar, el macrismo concluyó 2019 con la
inflación más alta en casi tres décadas.



Las consecuencias para la vida de las mayorías trabajadoras se grafican en
unos pocos datos: el porcentaje de personas pobres pasó de ser el 27,3 % en
el primer semestre de 2018 al 35,5 % en el segundo semestre de 2019. En los
19 meses que van desde junio de 2018 (primer acuerdo con el Fondo) a
diciembre de 2019 (fin del mandato), el poder de compra del salario
retrocedió 13 puntos porcentuales en el sector privado registrado, 10 puntos
porcentuales en el empleo público y 19 puntos porcentuales entre los
trabajadores y trabajadoras informales. No hay dudas: el Fondo es una
máquina de generar pobreza.



La historia da otros testimonios de cómo el Fondo hunde al país. Según un
resumen del Banco Central sobre los acuerdos que firmó Argentina con el
organismo internacional entre 1958 y 2003, el Gobierno de Raúl Alfonsín
realizó cinco acuerdos: tres compensatorios por caída de exportaciones y dos
stand by, lo cual no evitó, sino por el contrario, precipitó el caos de la
hiperinflación y una crisis social enorme. Es más, el Fondo contribuyó de
manera directa a esa situación cuando desde mediados de 1988 le soltó la
mano al alfonsinismo, evitando hacerse cargo de las consecuencias económicas
de sus propias políticas. Tiene razón Cristina Fernández de Kirchner al
señalar, como lo hizo en la Plaza de Mayo el último viernes, que “el FMI
vivió condicionando a la democracia argentina” y se “comió” a los dos
presidentes que tuvo la UCR desde 1983.



Brenta indica que, entre 1982 y 2001, el país estuvo el 81 % del tiempo bajo
la tutela del FMI. El desempleo pasó de 5,7 % en abril de 1982 al 22 % en
abril de 2002. La pobreza, medida por ingresos, pasó de ser el 4,6 % de la
población en 1970 hasta alcanzar el 55 % en 2002. Fue Carlos Menem quien
llevó las políticas neoliberales lo más lejos que pudo. En un acto fallido,
el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, sentenció
que "nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Así
fue. Las empresas de servicios públicos (gas, electricidad, telefonía,
transportes) fueron regaladas al capital privado a precios de remate,
situación que mayormente pervive en la actualidad. No pocos que ahora
reniegan del riojano colaboraron en la gesta privatizadora, como los
Kirchner que desde Santa Cruz apoyaron la privatización de YPF.



La década de 1990, la más intensa de la economía comandada por el Fondo,
concluyó en una de las mayores tragedias en la historia del país: la crisis
de 2001. El desenlace cinematográfico con Fernando de la Rúa huyendo en
helicóptero durante la caótica crisis de 2001 fue el último episodio de más
de una década de vivir con las recetas fondomonetaristas, bajo el amparo del
peronismo menemista.



Como se ve, no es necesario hacer futurismo ni astrología para prever las
consecuencias de vivir bajo el comando del Fondo. Incluso el Frente de
Todos, bajo la impronta de Guzmán el austero, atravesó los dos años de
pandemia honrando el orden de las cuentas públicas que exige un futuro
acuerdo con el FMI: ajustó a las jubiladas y jubilados; las remuneraciones
de los empleados públicos y los programas sociales.



¿Alguien puede pensar de buena fe que la astucia de Martín Guzmán permitirá
alcanzar un acuerdo que implique un destino diferente al que exhibe la
historia de las relaciones de Argentina con el Fondo? ¿Puede el país en
crisis imponer su voluntad de crecer sin ajustes, tal cual postulan en el
Frente de Todos, a un organismo internacional dominado por los Estados
Unidos y que es parte central del orden imperialista de posguerra?



Recuperar el crédito



Otro de los argumentos que se plantea a favor de un acuerdo es que el Estado
no tiene crédito internacional. Pero, en realidad, esa es una situación
crónica. En los gobiernos kirchneristas esa ausencia se compensó con un
superávit comercial extraordinario que proveyó de dólares frescos gracias a
los altos precios de las materias primas de exportación. Pero, excepto por
el paréntesis que va desde que asumió Macri en diciembre de 2015 hasta el
acuerdo con el Fondo en junio de 2018, interregno donde se endeudó rápido,
furioso y de manera fraudulenta al país, la economía de estas pampas
funciona desde el 2001 prácticamente sin crédito internacional.



El crédito siguió cerrado luego de la restructuración de deuda en manos
privadas que acordó Guzmán con los lobos de Wall Street el año pasado.
Aunque recuperaron algo sus valores ante la aceleración de la negociación
con el FMI, esa deuda cotizaba hasta hace semanas a valor de default. ¿Por
qué sucede esto? Porque se supone que la deuda del país con acreedores
privados y con organismos internacionales es impagable desde 2025 cuando
empiecen los pagos fuertes de bonos en manos privadas. Es decir, el país no
tendrá crédito aún con un acuerdo con el Fondo.



Según la Oficina de Presupuesto del Congreso los pagos con acreedores
privados promediarán U$S11.500 millones anuales entre 2025 y 2035. Según
detalla la web del Fondo, los préstamos de facilidades extendidas “deben
reembolsarse en plazos de 4½ a 10 años, con pagos en 12 cuotas semestrales
iguales”. Con este tipo de acuerdo, el país deberá desembolsar, además de
los pagos a los acreedores privados, los pagos al FMI por alrededor de U$S45
mil millones (más intereses) entre mediados de 2026 y 2030: un promedio de
alrededor de U$S8 mil millones anuales.



De conjunto, entre acreedores privados y el FMI, los pagos sumarían, en
promedio, U$S 20 mil millones desde 2026, una suma imposible de asumir con
los niveles de superávit comercial y fiscal que pueda alcanzar el país, aun
cuando medie un ajuste profundo en todos los frentes. En estas condiciones,
lo más probable es que se imponga la audacia, no de Guzmán, sino de los
acreedores financieros imperialistas de mantener la economía endeudada por
la eternidad. Y por esa vía mantener vivo un mecanismo de dependencia
central para el dominio imperialista.



El Gobierno de Alberto Fernández busca patear la pelota hacia adelante,
ganar tiempo, hasta la próxima crisis de deuda. Pero ¿en el medio qué?
Tratará de incrementar las exportaciones a como de lugar con la esperanza de
poder recuperar el crédito internacional y pagar la deuda: la fórmula es
extractivismo hidrocarburífero, minero y agroindustrial a morir, reventar el
ambiente, para juntar dólares para el Fondo y los lobos de Wall Street. Ese
cortoplacismo consolidará la matriz primarizada de la economía y el poder de
un puñado de empresas, mayormente transnacionales, que controlan el comercio
exterior argentino de esas materias primas [3].



El régimen de la fuga



Así como el Estado transitó dos décadas prácticamente sin crédito, las
grandes empresas tienen dificultades para conseguir acceso a préstamos
internacionales. En la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina,
su presidente, Daniel Funes de Rioja, pidió que vuelva el Fondo. Según el
abogado, eso ayudaría a que las empresas accedan al financiamiento
internacional. Es cierto que, si el país entrega el comando económico al
Fondo, probablemente, las grandes compañías vean facilitado su acceso al
crédito; además de otros “detalles”, como mejores condiciones de explotación
de la clase trabajadora. Pero, es al menos raro que una clase capitalista
que se caracteriza por su reticencia (es decir, su baja predisposición) a
invertir señale la necesidad de crédito como fundamento para acordar con el
Fondo.



Si se observa la experiencia reciente, durante el macrismo, antes que
invertir, aun cuando hubo algo de crédito, las grandes empresas se dedicaron
a fugar capitales. Durante el reinado de Mauricio se fugaron U$S 86 mil
millones de dólares del país. La gran mayoría seguramente terminó en
guaridas fiscales: son lugares con baja fiscalidad (cobran muy pocos
impuestos) utilizados para ocultar el patrimonio de los más ricos del
planeta.



Esa fuga gigantesca de recursos que salieron del país se financió con la
deuda. Es más, durante la última parte del gobierno cambiemita esa fuga se
financió, como se dijo, con los dólares del FMI: entraban por una ventanilla
y por la otra se la llevaban los dueños del país a las guaridas fiscales. Un
informe del Banco Central sobre la salida de dólares en la era macrista
indica que:



La fuga de capitales presenta en el período una notable concentración en
unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó
compras netas por USD 24.679 millones.



El informe del Banco Central no tuvo ninguna consecuencia sobre los
responsables del saqueo del país. No se cruzó a los fugadores con los
registros de la AFIP para ver si los dólares que sacaron estaban declarados.
No se exigió que retornen los recursos a estas pampas. Mucho menos se les
exigió que paguen impuestos. Nada de nada. El informe parece hecho para
purificar el alma del Gobierno de Alberto Fernández con una denuncia a
medias. Es a medias porque ni siquiera los nombres de los fugadores se
conocieron oficialmente a pesar de que el informe fue solicitado por la
Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa que funciona en el
Congreso [4]. El informe también es a medias porque no da cuenta de los casi
U$S 100 mil millones fugados durante los gobiernos kirchneristas, claro que
con una diferencia sustancial con el macrismo: entre 2003 y 2015 la fuga se
financió con superávit comercial y no con deuda.



Fue el periodista Horacio Verbitsky quien develó en El Cohete a la Luna que
en el ranking de las cien empresas que más fugaron durante el macrismo se
destacaron Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes,
Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y Techint, entre muchas otras.
Arcor fugó U$S 255 millones y Siderar (Techint) U$S 223 millones. Estas dos
empresas son las que encumbraron a Funes de Rioja como presidente de la UIA,
el mismo que reclama el acuerdo con el Fondo para tener crédito ¿Y si usan
los dólares fugados a guaridas fiscales?



Cada develación internacional sobre guaridas fiscales exhibe muchos de los
mismos nombres de los que fugan capitales. En los Panama Papers se develó la
estructura de mamushkas que usaba la familia Macri para ocultar su
patrimonio. En ArgenPapers, un libro de Santiago O’Donnell y Tomás Lukin, se
afirma que “Los Panama Papers no exponían un caso aislado” [5]. La lista que
construyen los autores de ArgenPapers atraviesa todos los colores políticos
y disciplinas: Jorge Macri, Lázaro Báez, Blaquier (Ledesma), Coto,
Garfunkel, Cristóbal López, Martín Redrado, Arcor, Magnetto, Antonio de la
Rúa, Techint, son algunos de los famosos nombres que ilustran la portada del
libro. Y de quienes recurrieron a guaridas fiscales para ocultar sus
patrimonios.



Con Macri no es la primera vez que ocurre un proceso de fuga financiada con
deuda. Lo mismo ocurrió en la dictadura. Y en el 2001: mientras al pequeño
ahorrista lo encerraban en el “corralito” para que no saque un dólar de los
bancos, el último desembolso del Fondo se lo fugaron íntegro los grandes
empresarios [6]. En el 2001, el 75 % de los montos fugados en el medio de la
crisis se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río
(actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC [7].



La historia de la deuda argentina es la historia de un fraude permanente,
acompañada como la sombra al cuerpo por la fuga de capitales, que permitió
que la clase dominante acumule en el exterior una suma que podría superar
los U$S 400 mil millones. Una cifra similar al stock de deuda actual: U$S
344 mil millones. El sistema bancario y financiero actúa de manera
permanente como el principal instrumento de la fuga y de las maniobras
devaluatorias.



Frenar el fraude y la decadencia



El 31 marzo de 2016, a través de la Ley 27.249 se habilitó el pago a los
fondos buitre. En ese mes de marzo se presentó una paradoja: el Congreso que
nunca trató el fallo del juez argentino, Jorge Ballestero, con la
demostración de los 477 ilícitos detectados en el proceso de endeudamiento
de la dictadura, accedió a votar una ley atendiendo un fallo de Thomas
Griesa, el fallecido desgarbado juez de Nueva York. Los fondos buitre
lograron con el ascenso de Mauricio Macri al poder niveles de ganancias
exorbitantes. Sergio Massa, ahora en el Frente de Todos, levantó la mano a
favor de los buitres. Lo mismo que el peronismo del Senado. Así se convalidó
el primer fraude de la era macrista.



La emisión del bono a cien años que realizó el exministro de Finanzas, Luis
Caputo, benefició con tasas muy altas casi a perpetuidad (cien años) a un
fondo de inversión del cual él había sido accionista y a J.P. Morgan, banco
del que había sido empleado. Lo mismo ocurre con los bonos “delivery”
emitidos por el Estado argentino a pedido de los fondos de inversión para
canalizar recursos sobrantes en Nueva York y aprovechar las tasas de interés
que pagaba el país, como confesó un negociador de uno de esos fondos.



El capítulo final del fraudulento endeudamiento externo lo constituye el
préstamo del FMI: implicó un aval del gobierno de los Estados Unidos,
presidido por Donald Trump, a la continuidad de Macri en el poder.



La Doctrina Jurídica de Deuda Odiosa fue desarrollada por Alexander Sack en
1927. Establece que una deuda puede ser categorizada de esta forma cuando
cumple dos condiciones: la primera es la ausencia de beneficio para la
población, es decir que ha sido contraída no en beneficio del pueblo y del
Estado, sino contra su interés y en beneficio personal de los dirigentes y
las personas próximas al poder; la segunda es la complicidad de los
prestamistas, que sabían (o estaban en condiciones de saber) que los fondos
prestados no beneficiarían a la población. Para Sack, la naturaleza
despótica o democrática de un régimen no se tiene en cuenta.



Éric Toussaint integra el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas
(CADTM). Tiempo atrás, en una conversación con Ideas de Izquierda explicó
que “Argentina tiene la facultad de rechazar el pago de la deuda” que dejó
el macrismo, en función de la doctrina de la deuda odiosa.



En la Revista Crisis, Alejandro Bercovich planteó algunas alternativas,
como:



Una suspensión de pagos y una discusión democrática de los términos
fraudulentos en los que fue contraída esta deuda impagable, en cambio, puede
encararse de modo planificado para ahorrarnos parte de esas penurias [se
refiere a un default desordenado, colapso bancario y devaluación, N. de R.]
[8].



En conversación con el newsletter de economía de La Izquierda Diario,
Francisco Cantamutto ofreció varios argumentos distintos al destino
inexorable de arrodillarse ante el Fondo: por ejemplo, detener los pagos por
causa de fuerza mayor debido a la situación de la pandemia y para auditar la
deuda; crear vínculos diplomáticos con otros países deudores y tomar una
acción en común; aducir que el país no puede asumir un acuerdo que “ponga en
juego el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en término de
derechos internacionales” que protegen derechos humanos.



Pero el Gobierno de los Fernández descartó incluso opciones menos
disruptivas con el capital financiero internacional que, no obstante, podían
imponer límites parciales al avasallamiento del Fondo y los lobos de Wall
Street. Parece que se hubiera formulado hace un siglo aquella idea de pedir
una “quita sustancial” de la deuda con el Fondo, tal el reclamo que formuló
Cristina en La Habana a principio de 2020. La inmensa mayoría de los países
dependientes y semicoloniales del mundo cuyos gobiernos una y otra vez han
pagado las deudas eternas tiene derroteros similares a la Argentina. La
justificación, parafraseando a Margaret Thatcher, siempre es la misma: “no
hay alternativa”. En este laberinto sin salida que el régimen capitalista
pretende naturalizar parece quedar solo una posibilidad: administrar la
miseria.



Pero, la única alternativa no es arrodillarse ante los hechos consumados. No
hay posibilidad de cambiar el destino de decadencia infinita, el eterno
retorno al sometimiento al FMI y a los lobos de Wall Street, a ser vasallos
del imperialismo, si no se toma una clara decisión soberana de rechazo al
pago de la deuda basada en la movilización popular y se pone en marcha un
plan integral que reorganice la economía sobre nuevas bases. Este es el
planteo que hace la izquierda y que tuvo expresión este sábado 11 de
diciembre en una movilización masiva a Plaza de Mayo. Es un primer paso para
una batalla de largo alcance contra el dominio fondomonetarista.



Un desconocimiento soberano (no pago), tal el planteo de la izquierda, no es
lo mismo que la aventura de un default, como el de Argentina en 2001. El
default es una medida a la que recurren los Estados capitalistas cuando se
quedan sin recursos, para luego volver a pagar. Es una aventura porque es
una medida aislada y circunstancial, que les permite a los grandes grupos
empresarios hacer lo que quieran, como fugar capitales o presionar para
devaluar. Por el contrario, un desconocimiento soberano apoyado en la
movilización popular debe ser acompañado con una serie de medidas de defensa
nacional que impidan la fuga de capitales y el caos económico que quieren
generar los buitres especuladores.



¿Qué medidas habría que tomar? Entre otras, la nacionalización de los
servicios públicos para que se termine el régimen de las privatizadas que se
estableció bajo el mandato del Fondo en los noventa. También es necesario
establecer la nacionalización de la banca mediante la expropiación de los
bancos privados y la conformación de un banco público único, bajo gestión de
los trabajadores: esta medida permitiría terminar con el vaciamiento del
país vía la fuga de capitales y cuidar el ahorro nacional; además,
constituiría una herramienta para financiar la obra pública (escuelas,
hospitales, viviendas), para otorgar créditos accesibles para la vivienda y
otros fines a los trabajadores y sectores populares; o para ayudar a los
pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis. La
nacionalización del comercio exterior es clave para barrer con el actual
oligopolio privado manejado por unas pocas empresas transnacionales y
nacionales que todo el tiempo especulan con el dólar y hacen fraude al
fisco, como quedó expuesto en el caso Vicentin.



También hay que expulsar al FMI del país. Liberarse de la dependencia del
capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía
de modo que todos los recursos se orienten al desarrollo y a la atención de
las necesidades sociales más urgentes. Toda América Latina sufre la opresión
y saqueo por parte del imperialismo. El pueblo trabajador argentino no está
solo, como intentan convencerlo los ideólogos que siempre postulan que “no
da la relación de fuerzas”. Puede apelar a los pueblos hermanos del
continente para entablar una pelea común.



Notas



[1] Brenta, N., Argentina atrapada. Historia de las Relaciones con el FMI.
1956-2006, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ediciones Cooperativas, 2008, p.
549.

[2] Aunque no es lo habitual que acepta el organismo, algunos analistas
señalan como antecedente el esquema de Islandia. En ese país el Fondo actuó
distinto a su tradición y permitió ciertos controles que perduraron entre
2008 y 2017. La jefa de la misión en Islandia era Julie Kozack, quien ahora
negocia con Argentina. También trasciende que el FMI podría exigir un
desdoblamiento en el tipo de cambio entre uno comercial y otro financiero.
Si es que tiene éxito, lo cual es dudoso, esta medida, potencialmente,
cerraría la brecha cambiaria en favor de los que especulan contra el peso
argentino. Esperar y ver.

[3] Así está explicado en Cantamutto, F. y Schorr, M. (septiembre-octubre
2021), “Argentina: las aporías del neodesarrollismo”. Publicado en Nueva
Sociedad. Disponible en:
https://nuso.org/articulo/argentina-las-aporias-del-neodesarrollismo/

.[4] El domingo pasado, en El Cohete a la Luna, Horacio Rovelli, hablaba de
auditar a los fugadores. Señala que el Banco Central se ampara en una
interpretación muy particular de los artículos 39 y 40 de la Ley 21.526 de
Entidades Financieras para proteger los nombres de los fugadores en atención
del “secreto bancario”. Se trata de una ley del año 1977 la que se utiliza
para cubrir las espaldas de los fugadores. Es decir, de una ley de la
dictadura cívico militar.

[5] O´Donnell, S. y Lukin T., ArgenPapers, Sudamericana, 2017.

[6] Brenta, N., Historia de la deuda externa argentina: de Martínez de Hoz a
Macri, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Intelectual, 2019, p. 145.

[7] Así lo estableció la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de
Diputados sobre Fuga de Divisas de la Argentina durante el año 2001 (2005),
Fuga de divisas en Argentina 2001 / Informe final, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Siglo XXI Editores Argentina / Flacso.

[8] Bercovich, A. (diciembre de 2021), “¿Y si no le pagamos al fondo?”.

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