Venezuela/Guyana/ Las razones de un conflicto. [Carlos A Romero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

3 de febrero 2021

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Venezuela/Guyana



Razones de un conflicto



Las tensiones fronterizas entre Venezuela y Guyana volvieron a ser noticia.
En diciembre, la Corte de Internacional Justicia de La Haya se declaró
competente para ver el caso. Mientras que Georgetown celebró la decisión
como «un gran momento», Caracas la tildó de «infame». Entretanto, Guyana se
convirtió en un país petrolero. Mientras que Hugo Chávez buscó un
acercamiento, la situación se encuentra en una escalada en un nuevo contexto
geopolítico.



Carlos A. Romero *

Nueva Sociedad, febrero 2021

https://nuso.org/



Venezuela y Guyana se enfrentan de nuevo política y diplomáticamente por el
destino de la Guayana Esequiba. Se trata de una parte sustancial del
territorio guyanés –alrededor de dos tercios- que es reclamada por Caracas
en un contexto en el que, además, la ex-colonia británica descubrió enormes
riquezas petroleras.



Según Venezuela, el Laudo de París de octubre de 1899, que refrendó su
frontera con el Reino Unido en lo que se llamó la Guayana Británica hasta
1966, es nulo e írrito. Guyana piensa lo contrario. El tema se ha reactivado
los últimos meses a partir de la decisión de Guyana de ir a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, dejando atrás el compromiso bilateral
pautado en el Acuerdo de Ginebra de 1966.



La controversia territorial entre Venezuela y Guyana incluye dos aspectos
principales. Uno es de carácter jurídico y otro es de carácter político. El
de naturaleza jurídica se basa en el reclamo de Venezuela de más de 70% del
territorio de la República Cooperativa de Guyana. El de carácter político se
deriva del anterior y ha pasado por diversas etapas, en las que cada país ha
tratado de lograr y mantener respaldos domésticos e internacionales con el
fin de cumplir con sus objetivos. Uno pretende que se le devuelva una parte
de su territorio despojado, el otro se niega a desprenderse de lo que estima
es suyo.



El Laudo de París es un instrumento jurídico que sirvió para confirmar la
anexión de Reino Unido de ese territorio perteneciente a Venezuela de jure,
con base en el principio jurídico del uti possidetis juris. Venezuela
reclama ese espacio y Guyana ha utilizado y proyectado la tesis de ser un
país pequeño agredido por una nación vecina con recursos, que busca quitarle
de manera ilegal e ilegítima una buena parte de su superficie.



Luego de su independencia en 1821, Venezuela tomó como su frontera oriental
el río Esequibo. Reino Unido la reconoció, luego de que los Países Bajos le
cedieran lo que se conocería, desde 1814, como la Guayana Británica, y
aceptó como válido el Tratado de Reconocimiento de España y la soberanía
venezolana sobre el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela.
Sin embargo, a partir de 1849, Londres comenzó a anexar

parte de la superficie que era de Venezuela y se negó a llevar la
controversia a un arbitraje, sin respetar los acuerdos anteriores y su
debido reconocimiento.



Venezuela no aceptó la sentencia del laudo, que estaba basada en falsas
informaciones cartográficas y documentales y en el desconocimiento del
Tratado de Arbitraje de 1897, pero se vio obligada a participar en la
demarcación de la nueva frontera, aunque sin asumir el territorio trazado en
el Laudo de París, tal como se observa en un escrito de Venezuela ante la
Corte de La Haya en 1903.



Desde el punto de vista jurídico, debemos recordar que Guyana ha considerado
la cuestión de la validez del laudo como el tema central de la controversia.
En cambio, Venezuela considera que tiene pruebas suficientes para justificar
la nulidad e invalidez del tratado. Como consecuencia de lo anterior, los
dos países difieren en el objetivo mismo de la controversia. Georgetown
plantea la validez del laudo y Caracas, la devolución de lo que define como
la Guayana Esequiba.



Desde ese momento y hasta 1962, los sucesivos gobiernos venezolanos
sostuvieron la tesis de una solución amistosa del conflicto fronterizo,
procurando una justicia territorial al grave daño cometido a la integridad
geográfica del país. Reino Unido respondió siempre a las diligencias
venezolanas afirmando que la controversia era «cosa juzgada». En febrero de
1962, Venezuela denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
la necesidad de revisar el estado de la reclamación venezolana y reiteró la
posición venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 era nulo e írrito, en
el momento en que Reino Unido se preparaba para darle la independencia a la
Guayana Británica. La independencia se postergó hasta 1966, una vez que
Londres y Caracas llegaron al acuerdo de crear una comisión mixta con la
incorporación de representantes de la Guayana Británica, que durante cuatro
años y en el marco del Acuerdo de Ginebra buscaron una salida jurídica al
contencioso entre las dos naciones. El documento permitió a Venezuela
condicionar la independencia de la ahora República Cooperativa de Guyana al
reconocimiento de Reino Unido y de la propia Guyana de la reclamación
venezolana.



Con la excepción del congelamiento de jure de las conversaciones entre 1970
y 1982, una vez finalizados los cuatro primeros años de conversaciones
bilaterales y bajo la firma del Protocolo de Puerto España, la comisión
mixta creada por el Acuerdo se reunió en varias ocasiones sin llegar a una
solución al contencioso fronterizo. Venezuela, por su parte, alentó años
antes y de manera indirecta una rebelión de amerindios guyaneses al este de
la frontera en 1968. La revuelta buscaba que el territorio Esequibo de
Guyana se independizara y pidiera la anexión a Venezuela. El movimiento
secesionista no tuvo éxito, aunque dejó un trago amargo en las relaciones
entre Caracas y Georgetown.



Ese mismo año se cerró por parte de las autoridades venezolanas la
desembocadura del río Orinoco, cuestión que introduciría un elemento nuevo
en el diferendo: el tema de la delimitación futura de áreas marinas y
submarinas, sumado a otros altercados fronterizos de menor importancia. En
1983, una vez finalizado el periodo de 12 años de congelamiento de la
controversia –de acuerdo con el ya citado Protocolo de Puerto España–, ambas
naciones se acogieron a una disposición contemplada en el texto del Acuerdo
de Ginebra de dirigirse al secretario general de las Naciones Unidas para
lograr una solución «práctica» del problema.



Entre 1983 y 2018, continuaron reuniéndose los comisionados de cada país con
el fin de lograr un acuerdo sobre el contencioso sostenido por tantos años,
sobre la base de las tesis de los buenos oficios, una solución pacífica y
una metodología bilateral, y a la espera de la decisión del secretario
general de las Naciones Unidas, António Guterres. Sin embargo, es necesario
aclarar que en el periodo 1999-2018 las negociaciones perdieron mucha
eficacia y se congelaron las deliberaciones sobre contencioso territorial
entre ambos países. La decisión de Guterres se dio finalmente en el mes de
enero de 2018, cuando estableció que la Corte Internacional de Justicia de
la Haya examinara el caso con base en la posibilidad de impulsar una
solución jurídica y multilateral.



En marzo de 2018, Guyana solicitó ante la misma Corte que se resolviera en
esa instancia el conflicto territorial y pidió que «se confirme la validez
legal y el efecto vinculante del laudo arbitral de 1899 con respecto a la
frontera común para que el máximo tribunal dictamine sobre su jurisdicción y
competencia sobre el tema, y conozca sobre el fondo del conflicto». Para el
gobierno del presidente Nicolás Maduro, la Corte de la Haya carece de
jurisdicción para conocer el tema sobre el Esequibo. Pero el tribunal se
declaró competente el 18 de diciembre de 2020 para conocer la demanda
unilateral de Guyana sobre la validez del laudo arbitral y decidir sobre la
controversia concerniente a la frontera terrestre. Venezuela no se presentó
para conocer la decisión e insistió en regresar a las bases del Acuerdo de
Ginebra y a los buenos oficios de la ONU.



Héroes y villanos



Desde el punto de vista político, la disputa entre Venezuela y Guyana se
remonta al proceso de independencia de los países latinoamericanos y al
contexto de los cambios geopolíticos que se dieron luego de las guerras
napoleónicas y el Congreso de Viena. En esa ocasión, Venezuela surgió ante
el mundo como una república unitaria con un territorio trazado de acuerdo
con el principio del uti possidetis juris, pero con una debilidad estatal
producto de la propia independencia, de la ruptura con la Gran Colombia y
las sucesivas guerras civiles.



Esa debilidad institucional y política le produjo grandes pérdidas
territoriales, entre las cuales se contó parte del noreste del país, dado el
avance del imperio británico desde la Guayana Inglesa. Con el Laudo de París
de 1899 se refrendó esa pérdida, lo que de cierta manera y junto con otros
procesos de principios del siglo XX creó una percepción negativa entre la
mayoría de los venezolanos sobre la posibilidad de que diera una salida
judicial de carácter multilateral que favoreciera a Venezuela.



De ahí la insistencia de los gobiernos venezolanos en preservar el carácter
bilateral del Acuerdo de Ginebra. Pero el secretario general de la ONU y el
gobierno de Guyana rechazaron, cada uno a su manera, la salida bilateral. La
nueva y controversial posición de Guyana puede caracterizarse como la
ruptura unilateral de ese país del statu quo alcanzado en 1966, una decisión
que no puede quedar, como observamos más adelante, fuera del contexto
internacional y hemisférico actual.



En segundo lugar, el contencioso entre Venezuela y Guyana no solo es el
producto de consideraciones de carácter histórico-global, sino que a lo
largo de este dilatado proceso se han dado circunstancias difíciles que, de
algún modo, han limitado la búsqueda de una solución al problema. En el
siglo XIX, tal como se dijo, las consideraciones domésticas y la debilidad
del país pesaron frente a la posibilidad de un arreglo justo para Venezuela.
Ni siquiera hubo testigos ni jueces venezolanos.



Antes de 1962, no hubo un proceso diplomático o procesal importante referido
al tema, y solo a partir de la denuncia del laudo en esa fecha, la posterior
firma del Acuerdo de Ginebra y la independencia de Guyana se reactivó la
reclamación venezolana. Una consideración especial merece la política
exterior de Guyana, que logró el apoyo de la mayoría de los países del
Tercer Mundo y del Caribe, en particular en la defensa de su territorio y en
respuesta a la tesis de Venezuela.



A comienzos del siglo XXI, Venezuela buscó fomentar un mejor espacio de
entendimiento con los países caribeños, con la promoción del programa
energético Petrocaribe y la creación de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). La
apertura al tercermundismo y las causas antiimperialistas por parte de
Venezuela habilitaron de manera parcial ese proceso. Pero, paradójicamente,
Guyana no solo no participó de manera integral, sino que se distanció de
ellos. Mantuvo, empero, el apoyo del Caribe, en un contexto de coaliciones
regionales e internas muy diferentes de los «momentos» progresistas que se
observaron en Guyana bajo el liderazgo de los primeros ministros Forbes
Burnham y Cheddi Jagan, en la segunda mitad del siglo XX.  Guyana tiene un
largo historial de país tercermundista que manipuló siempre sus diferencias
con los gobiernos venezolanos del periodo democrático, tildándolos de
agresivos, imperialistas y asociados a Estados Unidos. Por su parte,
Venezuela se concentró en su reclamación, tratando de reducir al mínimo el
impacto de esas acusaciones en su diplomacia deliberada de presencia
caribeña y de acercamiento al Tercer Mundo.



En este marco, cabe resaltar el conjunto heterogéneo de declaraciones y
comunicados de los gobiernos venezolanos que, de alguna forma, permitieron
crear desde 1999 una atmósfera contraria al sostenimiento del reclamo sobre
la Guayana Esequiba por parte del Estado venezolano. Merece destacarse la
tesis presentada por Caracas: que el contencioso con Georgetown que se da
desde el año 1962 está relacionado con gobiernos venezolanos no querían la
independencia de Guyana, dado que en ese momento el gobierno semiautónomo de
ese país era conducido por Cheddi Jaggan, a quien se consideraba
simpatizante de las ideas de izquierda y de la Revolución Cubana.



Otro elemento que debe analizarse es el potencial económico de Guyana a
partir de la prospección y producción de petróleo en las zonas cercanas al
territorio venezolano y en el espacio en reclamación, lo que ha llevado
generar problemas de interpretación entre las cancillerías de ambos países y
se proyecta como un punto fundamental de discordia. La presencia de
compañías multinacionales estadounidenses en las áreas adyacentes a la zona
en litigio, el abierto apoyo del gobierno del ex-presidente estadounidense
Donald Trump a la decisión de la Corte de la Haya y el desarrollo de
maniobras conjuntas navales entre Guyana y Estados Unidos han aumentado las
hostilidades entre ambos países, habida cuenta de que Washington refuerza
sus alianzas con países vecinos de Venezuela en una especie de «operación
tenaza» mediática y diplomática en contra del régimen de Nicolás Maduro.



De igual modo hay que considerar el impacto político que tiene la decisión
de Venezuela de crear un nuevo espacio marítimo denominado Territorio para
el Desarrollo de la Fachada Atlántica. El contenido del decreto es muy
confuso y habla de forma genérica de resguardar «los espacios continentales,
áreas marinas interiores, limítrofes, históricas y vitales venezolanas».
Esto está ligado a la tesis sostenida por representantes del gobierno de
Maduro de que todas estas maniobras están dirigidas a «arrebatarle el
territorio de la Guayana Esequiba».



Estas consideraciones son muy sensibles y merecen una profunda discusión.
Por una parte, no se puede determinar áreas marinas y submarinas sin aclarar
si son proyectadas desde un territorio venezolano con una soberanía
controversial. Por otra parte, como el tema que nos ocupa no está resuelto,
está de más pretender desarrollar un territorio marítimo que no se
especifica en qué coordenadas está situado y si choca con parte de la
Guayana Esequiba que está bajo la jurisdicción de Guyana y pendiente de
delimitar hasta que se demuestre lo contrario.



La ruptura del statu quo



No queda más que alertar sobre el peligroso camino que actualmente está
tomando la controversia territorial entre Venezuela y Guyana. Dos decisiones
macro han creado un escenario difícil para la paz regional. Guyana ha roto
su compromiso con el Acuerdo de Ginebra, trasladando el plano bilateral que
se sostuvo por ambos países a un plano multilateral que ha sido rechazado
por Venezuela. En segundo término, el gobierno venezolano ha sostenido la
controversial idea de que la Guayana Esequiba es hoy por hoy parte integral
del territorio de Venezuela. Estas posiciones pueden contribuir a una
escalada del conflicto que podría llegar a crear las condiciones de un
escenario bélico.



En este marco, cabe pensar que el contencioso tiene sus vinculaciones e
impactos con el plano doméstico en cada país. En el caso de Venezuela, la
reclamación del Esequibo se ha respaldado mayoritariamente de manera
interna, como también ocurre en el caso de Guyana con sus propias
afirmaciones territoriales. Por ello, no es de extrañar que sectores
importantes del oficialismo, de la oposición y otros actores sociales y
económicos venezolanos hayan manifestado su apoyo a las decisiones del
gobierno de Maduro. El oficialismo ha insistido, por su parte, en que el
interés nacional reclama cerrar filas ante este conflicto fronterizo.



Sin embargo, un sector opositor piensa que no es correcto adherir sin
reservas a una posición oficial que, en sí misma, es producto de serios
errores que no se deben endosar, sin conocer más a fondo cuáles son los
nuevos objetivos del país, en el momento en que han cambiado las coordenadas
que fundamentaron su política exterior sostenida durante años y las bases de
la reclamación del Esequibo. En Guyana se mantiene un pleno respaldo a la
política del gobierno actual del presidente Mohamed Irfaan Ali de
presentarse ante la Corte de la Haya.



Cabe destacar, a título de nota al margen y para generar un debate que se
considera necesario, cómo se han reconfigurados los roles internacionales y
hemisféricos de Venezuela y Guyana luego del Acuerdo de Ginebra. En el plano
externo, costó mucho convencer a ese conjunto heterogéneo de naciones en
desarrollo, subdesarrolladas y descolonizadas de lo justo de las posiciones
defendidas por Caracas. En el plano interno, los gobiernos venezolanos
colocaron el tema de la reclamación de la Guayana Esequiba como un dogma a
ser respetado y defendido por todos los nacionales, incluido el estamento
militar.



Ahora esto ha cambiado. Venezuela se presenta como un país «revolucionario»,
que busca desarrollar un modelo socialista, que es aliado de Cuba y que se
alejó de Estados Unidos, que ha desarrollado alianzas extrahemisféricas y se
enfrenta a una crisis petrolera y económica enormemente profunda. Y algunos
gobiernos consideran al régimen venezolano como una amenaza externa. Guyana,
por el contrario, está clasificando para ser un país petrolero, sus
gobiernos han reducido su vocación tercermundista, se lleva bien con Estados
Unidos, proyecta bienestar económico, no practica el ya olvidado «socialismo
cooperativo», sus líderes son pragmáticos y sostienen una sociedad
multicultural, al tiempo que priorizan sus relaciones hemisféricas y
occidentales.



A su vez, Guyana ha intentado reactivar los apoyos históricos que ha
recibido desde 1966, incluyendo el de Cuba y el Caribe, a pesar de las
estrechas relaciones que Venezuela ha mantenido con esos países y muchos más
dentro del Movimiento de Países No Alineados. En el caso de Cuba, su
gobierno ha tratado estos últimos años de ser neutral en el tema, dada su
alianza estratégica con Caracas. Por otro lado, Estados Unidos y el Grupo de
Lima mantienen un régimen de sanciones y una serie de advertencias a un
gobierno como el de Maduro, que confronta tantos problemas internos y está
vigilado internacionalmente.



A partir de estos parámetros, ¿qué queda por decir por ahora? En un
escenario a corto plazo, dominará la agenda la discusión sobre la
participación o no en la Corte de La Haya. A mediano plazo, se observa la
posibilidad de una espiral conflictiva por el problema de la interpretación
de facto de qué áreas marinas y submarinas le corresponden a cada país, dado
el vacío legal que significa el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo
previo para definir la delimitación territorial terrestre.



Quizás la única manera de evitar males mayores sea que ambos gobiernos se
pongan de acuerdo y llamen a terceros a mediar sobre sus controversias, sean
gobiernos u organismos multilaterales. Pero para ello hay que tener una
actitud flexible y creativa frente a las posiciones maximalistas mantenidas
por cada país. Caracas está comprometida con la tesis de volver a lo
estipulado en el Acuerdo de Ginebra, y Georgetown, con las presiones para
que Corte de la Haya decida sobre el caso. ¿Será posible diseñar otras vías
para salir del actual estancamiento al que lleva tal rigidez? Es un camino
difícil, pero no imposible de transitar.



* Es politólogo, doctor en Ciencias Políticas y profesor titular jubilado
del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela.
Fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (1991-1992 y
1999). Fue profesor invitado en la Universidad de Salamanca (España, 1999);
Universidad de San Pablo (Brasil, 1999, 2011, 2012 y 2013); Universidad de
la Sorbona III, «Nouvelle» de París (Francia, 2007), Universidad del
Rosario, Bogotá (Colombia, 2016) y en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Quito, FLACSO-Andes (Ecuador, 2010). Actualmente enseña
en la Universidad Central de Venezuela y se desempeña como consultor en
asuntos relacionados con temas políticos de su país.

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