Colombia/ "La guerra en el Bajo Cauca es contra la población". [Juan Camilo Gallego Castro]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

15 de febrero 2021

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Colombia



“La guerra en el Bajo Cauca es contra la población”



El IPC entregará un informe a la Comisión de la Verdad en el que ahondará en
los factores estructurales que han permitido que el conflicto armado perviva
en esa región a pesar de los recientes Acuerdos de Paz.



Juan Camilo Gallego Castro

Agencia de Prensa IPC, 12-2-2021

http://www.ipc.org.co/



Las noticias sobre el Bajo Cauca, en Antioquia, tienen algo en común en el
último tiempo: el conflicto armado que nunca se fue y las víctimas que sigue
cobrando.



“Grupo armado desplazó a más de 140 familias en Bajo Cauca antioqueño”, como
sucedió el 3 de febrero cuando huyeron habitantes de la vereda Río Man, en
Cáceres; “Tres personas sin vida deja nueva masacre en el Bajo Cauca
antioqueño”; “Radiografía de la región donde se registraron más masacres en
el 2020”.



Hablar de lo que sucede ahora en esa región, en donde hacen presencia grupos
paramilitares, disidencias de las antiguas Farc y miembros de la fuerza
pública, no es asunto sencillo. Muchos de los líderes de esa región hablan
con soltura del conflicto en los años noventa y dos mil, pero les da temor
referirse a la realidad que atraviesa el Bajo Cauca. Es por eso que
investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) aseguran que es
difícil hacer memoria allí, pues el conflicto armado nunca se fue.



Esa realidad la han notado en la construcción de un informe que pronto
entregarán a la Comisión de la Verdad. Carlos Zapata, coordinador del
Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, dice que les interesa
indagar en los factores estructurales del conflicto armado, desde tres
elementos de análisis: el sociocultural, el económico y el político.



Dentro de ese ejercicio, los investigadores se reunieron con alrededor de 30
líderes de esa región, fuera del Bajo Cauca, porque allí no se sienten
seguros. Sin nombrar actores armados, en sus relatos se evidencia parte de
la crisis humanitaria que viven allí. “En la actualidad hay un opacamiento
de las organizaciones; persiste el desplazamiento selectivo, el
desplazamiento intra urbano y esto hace que cada vez más la gente salga del
territorio”; “el Bajo Cauca se ha vuelto nómada huyéndole al conflicto,
huyéndole a las extorsiones”; “¿por qué se da el contexto que tenemos?
Porque la institucionalidad incentiva la corrupción y esta es la cabeza de
lo que pasa en el Bajo Cauca”; “en el Bajo Cauca sí hay institucionalidad,
pero ¿para quién están funcionando? Hay bases militares, hay alcaldías, que
son instituciones del Estado, pero ¿para quién están gobernando? La guerra
no es entre actores armados, es una guerra contra la población”.



Andrés Mauricio Soto, uno de los investigadores, considera que “para los
líderes y lideresas es muy difícil hablar en contextos y territorios donde
grupos armados ilegales ejercen un control casi total, y donde estos grupos
acuden a prácticas de terror y a retaliaciones que recuerdan los peores y
más cruentos momentos del conflicto.” Para él, no hay mucha diferencia entre
el pasado y el presente, pues el terror y el miedo hacen parte de la
cotidianidad, y el silencio de los líderes es su estrategia de
autoprotección y conservación de la vida.



Dentro de esta investigación, los investigadores parten de una premisa y es
que el Bajo Cauca, históricamente, ha sido vista como una economía de
enclave, como un territorio del cual se obtienen recursos pero estos no
generan desarrollo en el territorio. Y esto lo conectan con varias
preguntas: ¿qué está pasando ahora en el Bajo Cauca? ¿Por qué? ¿Cuál es el
contexto actual?



¿Una guerra que se repite?



El investigador y periodista Ricardo Cruz dice que es histórica la presencia
de actores armados y, a su vez, de múltiples conflictos sociales en el Bajo
Cauca que en buena parte no han sido resueltos. “La gente demanda inversión,
condiciones dignas de vida, desarrollo, eso les llega muy a cuentagotas. Lo
que sí avanza a grandes pasos es el control de los grupos armados, de la
gran minería. El territorio siempre ha sido minero, ha habido expansión
agrícola con la ganadería y luego llegó la coca”, señala.



Décadas atrás los relatos sobre el conflicto armado en Bajo Cauca indicaban
la presencia de las guerrillas Farc, ELN y EPL y del Bloque Mineros de las
AUC. Hoy se habla de disidencias de las Farc, del ELN, de Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC) y de Caparrapos, de una disputa territorial
por el control de rutas del narcotráfico y del manejo de las rentas de la
minería y el cultivo de hoja de coca. Ese conflicto armado ha dejado, según
el Observatorio de Memoria y Conflicto, 2.033 asesinatos selectivos y 281
víctimas en 42 masacres.



Dice la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana No° 45 de 2020, que
entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2020, en el Bajo Cauca
50.483 personas fueron desplazadas y que “de los 260.681 habitantes de la
subregión, proyectados por el DANE para el año 2020, cerca del 20% ha sido
víctima de desplazamiento forzado”.



Bajo este contexto, la abogada e investigadora Xiomara Mendoza dice que el
informe también se enfoca en las dinámicas de violencia que se han tornado
cíclicas y que una investigación como esta le apuesta a la no repetición de
los hechos para cortar esa dinámica del conflicto que se repite en el Bajo
Cauca.



Para redondear la idea de lo cíclico que es el conflicto en el Bajo Cauca,
Andrés Mauricio Soto dice que para el equipo de investigación fue revelador
revisar los archivos desclasificados del DAS sobre el Bajo Cauca, dado que
“desde hace aproximadamente cincuenta años se está hablando de estabilizar y
consolidar esta región y sus diversos territorios. La idea es sencilla de
explicar, aunque con consecuencias nefastas para los pobladores, lo que es
más lamentable. En términos generales, se busca establecer un equilibrio a
través de intervenciones militares y policiales, para que luego el Estado
pueda llegar con una oferta institucional robusta y, detrás de esta,
empresas y capitales particulares.”



Luz María Múnera, ex concejala de Medellín y también investigadora del
informe, agrega que en las últimas tres décadas se han escrito planes de
desarrollo para esa región desde los gobiernos nacional y departamental,
“pero ninguno de esos planes ha tenido cumplimiento, no hay metas para
medirlo, y los objetivos que se han trazado nunca han podido resolverse.
Entre ellos, unos niveles de pobreza que superan el 70% de la población”.



Lo que se ha visto, agrega Andrés Mauricio Soto, es que la estabilización y
consolidación del Bajo Cauca ha costado muchas vidas y que la “lógica
militar (derrota armada del enemigo, copamiento del territorio y,
anteriormente, lucha contrainsurgente) ha precedido muchas veces a otras
lógicas y maneras de pensar el territorio. La idea de estabilización y
consolidación está en el núcleo de esta manera tan insistente de intervenir
esta subregión. Se ha hablado de llegar con oferta institucional a esta,
claro está; aunque nunca se ha desistido de su militarización, y la oferta
se ve más bien como complementación de la militarización.”



Múnera insiste en que no hay voluntad política para transformar la realidad
del Bajo Cauca, a pesar de los existentes planes de desarrollo y de
consolidación impulsados en las últimas décadas. Para ella, la discusión
debe girar alrededor del presupuesto invertido en esa región, pues es lo que
permite medir los resultados y el impacto.



El informe elaborado por el IPC hará un nuevo análisis sobre el Bajo Cauca y
espera que aporte a la Comisión de la Verdad y a la institucionalidad en su
tarea de comprender esa región y definir planes que rompan con el ciclo de
violencia que allí parece no tener fin.

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