Chile/ Carabineros debe dejar de existir [Felipe Lagos Rojas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

16 de febrero 2021

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Chile



Carabineros debe dejar de existir



El asesinato de Francisco Martínez por parte de Carabineros puso sobre la
mesa uno de los temas más álgidos pero menos tratados de las revueltas de
octubre en Chile: el de la movilización antipolicial y la necesidad de
abolir la policía.



Felipe Lagos Rojas *

Jacobin, 16-2-2021

https://jacobinlat.com/



A las tres de la tarde del pasado viernes 5 de febrero, en la sureña
localidad de Panguipulli, la policía chilena asesinó a Francisco Martínez,
artista callejero, mientras éste hacía malabarismos en un semáforo para
ganarse algunos pesos. En un hecho que fue registrado en video por algunos
transeúntes que pasaban por aquella esquina, tres policías intentaron hacer
«control de identidad» sobre Francisco y, ante su negativa, uno de ellos
disparó seis veces sobre él, para luego retirarse del lugar dejando el
cuerpo agonizante en el suelo, sin llamar a la asistencia médica ni cortar
el tránsito para que pueda ser atendido.



El video del asesinato se viralizó rápidamente, despertando nuevamente la
ira popular contra Carabineros de Chile, mientras que esa noche la
Municipalidad de Panguipulli y otros edificios públicos de la ciudad fueron
incendiados a manos de los indignados habitantes de la ciudad. Rápidamente
se propagaron llamados a protestas en todo el país frente a un nuevo hecho
de brutalidad policial. La noche siguiente, un joven poblador periférico de
Santiago fue puesto en prisión y luego declarado muerto por suicidio en su
celda. La rabia solo crece desde entonces.



El asesinato de Francisco hizo reemerger uno de los aspectos más constantes
aunque más descuidado del ciclo de revueltas abierto el pasado 18 de octubre
de 2019, a saber, el de la movilización antipolicial. Pronto se supo que
Francisco participaba activamente en la Asamblea Territorial Plurinacional
de Pangipulli, una de las tantas asambleas autoconvocadas al calor de las
revueltas. La combinación de su militancia social y su oficio de artista
callejero implicó que el asesinato fuera rápidamente leído como un ataque
más de la policía contra el mundo popular. La reciente imputación del
Ministerio Público en contra del policía que disparó como «homicidio simple»
vino a agregar más combustible a una hoguera encendida hace meses.



La discusión pública en torno al hecho ha transcurrido entre la indignación
por lo que es considerado otro claro suceso de brutalidad policial y los
discursos apologéticos hacia el accionar de Carabineros, que justifican la
reacción policial en base a la negativa de Francisco ante el control de
identidad. Francisco vivía en la calle y no poseía documentos de identidad,
y era ampliamente conocido en la comunidad debido a sus actividades
circenses en el único semáforo operativo en una ciudad de menos de 30 mil
habitantes, donde todos se conocen.



Las facultades policiales para hacer control de identidad fueron repuestas
en 2016 bajo el gobierno de Michel Bachelet, otorgando un amplio margen
discrecional a Carabineros para controlar y, de ser necesario, detener a
quienes incumplan con las expectativas de este procedimiento. Con la memoria
aún viva de los largos años de la prerrogativa dictatorial de la «detención
por sospecha» por parte de Carabineros, es hoy claro para más y más
habitantes de Chile que el control de identidad es uno de los dispositivos
clasistas y racistas que rigen las operaciones de la policía.



El debate en torno a la policía chilena solo viene recrudeciendo desde
octubre de 2019. A las mundialmente conocidas y repudiadas mutilaciones
oculares y otros abusos a manifestantes, al reconocimiento de las décadas de
Sename (institucionalidad para la supuesta protección de menores, pero que
en realidad funciona como sistema de segregación con innumerables casos de
negligencia y abandono), se debe recordar que cerca de dos mil presos
políticos de las revueltas aún continúan en prisión preventiva, mientras que
el carabinero que asesinó a Francisco fue dejado en libertad provisional por
arraigo nacional.



Francisco fue asesinado en el semáforo que solía ser su lugar de trabajo, en
la esquina de las calles Martínez de Rozas y Pedro de Valdivia, en
Panguipulli. Los nombres de estas calles sirven de recuerdo del origen
colonial del Estado responsable de su muerte, en la zona que hace siglos
presencia el conflicto abierto por el estado chileno contra el pueblo-nación
mapuche (wallmapu, o «todo el territorio mapuche»).



No muy lejos de allí, en agosto de 2016 fue encontrada muerta Macarena
Valdés, la negra, en un crimen empresarial contra una activista ambiental e
indígena que la justicia chilena se apuró en calificar como suicidio y que
aún demanda verdad y justicia. Los rostros de Macarena y de Camilo
Catrillanca, hoy forman parte de la simbología de las revueltas.



El asesinato de Francisco, artista callejero y militante social, es
expresión de la violencia contra activistas y creadores, marcando así los
límites actuales que tanto el arte popular como la subjetivización política
asumen en Chile. Las crisis del arte y de la política suelen indicar crisis
de los sistemas de representación, crisis que hoy tiene a la policía chilena
en su punto más bajo de legitimidad, lo que parece un golpe mortal a una
institución que hace solo algunos años se autocongratulaba como la mejor
validada de su tipo en toda la región.



La indignación contra carabineros forma parte consustancial del nuevo ciclo
de politización y conflicto social, que hoy asume una alta intensidad social
y electoral. La discusión institucional y constitucional deberá abordar
necesariamente la pregunta sobre qué hacer con la policía. Esta discusión se
encuentra hoy hegemonizada por el lenguaje de la gobernanza neoliberal y su
recurso a la securitización de la vida social, un lenguaje que ya se
encuentra registrado en el acuerdo espurio de noviembre de 2019 en torno a
la «paz social» (un nuevo intento de pacificación y domesticación de la
revuelta) y las leyes represivas que le siguieron.



Como en otras aristas de la discusión política y constitucional como son el
medioambiente, el derecho al agua, las pensiones, los cuidados y las
regulaciones laborales e impositivas, la seguridad y orden público y su
institucionalidad serán barómetros importantes para calibrar el desarrollo
del ciclo político abierto en 2019. En esta discusión, no basta la ética de
la responsabilidad que hoy establece la necesidad de contar con una
institución policial y, en ese sentido, la intención de «reformar» o
«refundar» Carabineros sobre principios y criterios no militarizados sino
con base en los derechos humanos.



Es necesario que las fuerzas de izquierda, transformadoras, asuman que esta
ética de la responsabilidad no puede dejar de lado una posición estratégica
que desarrolle reflexiones y políticas orientadas a la abolición de la
policía. Un horizonte abolicionista debe acompañar la discusión sobre la
división social del trabajo deseable para la vigilancia y la represión, y
por ende cualquier reforma debe estar orientada a disminuir antes que
aumentar o reforzar la función policial, asumiendo el trasfondo de clase, de
género y colonial de dicha división del trabajo, que hoy opera como brazo
(para)estatal para la interrupción y destrucción de la potencia asambleísta
de las revueltas.



* Investigador, coordinador del programa Criticas Latinoamericanas del
International Institute for Philosophy and Social Studies (IPPSS) y editor
general de «Pléyade. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales».

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