El Salvador/ Odio, asesinatos y... elecciones [Julia Gavarrete]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

18 de febrero 2021

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El Salvador

 

Odio, asesinatos y... elecciones 

 

En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país
centroamericano está a pocos días de las elecciones legislativas y
municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional han sido asesinados tras participar en un acto de la formación de
izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se apunta a un
crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos
funcionarios del país, incluido el presidente Bukele que llegó a afirmar que
se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador?

 

Julia Gavarrete *

Nueva Sociedad, febrero 2021 

https://nuso.org/

 

El pasado 31 de enero, simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) fueron atacados por tres hombres que dispararon
directo al camión en el que se encontraban. Todo ocurrió en el centro de la
capital salvadoreña en el marco de la campaña para las elecciones
legislativas y municipales del 28 de febrero, en las que el oficialismo
aparece liderando las encuestas y podría alcanzar la mayoría absoluta en el
Parlamento. Dos personas fallecieron y otras tres fueron lesionadas en el
tiroteo. Los veinte militantes del FMLN que se encontraban en el camión
regresaban de un evento proselitista del candidato a la alcaldía de San
Salvador, cuando el auto con los tres hombres a bordo los interceptó. Uno de
ellos abrió fuego. Eran las 6:25 de la tarde de ese domingo.

 

El ataque contra simpatizantes de izquierda se ha convertido es parte de una
escalada de radicalización política que se vive en el país. En las redes
sociales se destila tensión, en especial en Twitter, atizada por los
mensajes de odio e intolerancia que son generados, principalmente, desde el
gobierno. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador se vio
marcado por la polarización entre el FMLN, partido de izquierda que gobernó
el país entre 2009 y 2019, y la derecha dura representada por la Alianza
Republicana Nacionalista (Arena). Y es sobre ese escenario dividido y sobre
el desencanto generado por ambos partidos tradicionales que cobró relevancia
la figura del actual presidente Nayib Bukele. El mandatario de 39 años, que
se autodefine como un outsider de la política, consiguió 54 % de los votos
en las últimas elecciones, lo que le permitió romper con 30 años de
bipartidismo, aunque no con la polarización.

 

Lo que ocurrió el 31 de enero pasado en El Salvador es la expresión
mayúscula de una situación de violencia política que ya había sido advertida
por la sociedad civil. Los mensajes de odio calan fuertemente ante una
población enajenada por la violencia y se encienden con una mínima chispa.
Bukele, sin embargo, tuvo declaraciones altamente desafortunadas solo media
hora después del asesinato de los miembros del FMLN. En lugar de
condenarlos, insinuó que se había tratado de un autoatentado. «Parece que
los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan. Qué
desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción. Pensé que no
podían caer más bajo, pero cayeron», decía el presidente desde su cuenta de
Twitter. El FMLN no tardó en rechazar la afirmación de Bukele.

 

La muerte de Gloria Rogel de López y Juan de Dios Tejada, los dos militantes
del FMLN, recibió la condena de actores políticos y sociales y de la
comunidad internacional. Y el lenguaje de Bukele quedó en el centro de la
escena. «Condeno profundamente el ataque de ayer dirigido al meeting de
campaña del @FMLNoficial en El Salvador y hago un llamado a una
investigación total del crimen. El Estado necesita garantizar a todos los
partidos políticos democráticos a que puedan hacer una campaña y baje la
intensidad no que añada gasolina al fuego @nayibbukele», escribió Tilly
Metz, que forma parte de la bancada de Los Verdes en el Parlamento Europeo.
El 10 de febrero, Metz envió una carta a Bukele pidiendo que reduzca la
escalada de violencia política que se vive en el país centroamericano.
«Sinceramente espero que las próximas elecciones sean justas, pacíficas y
transparentes».

 

La campaña de odio del presidente se ha transformado se ha transformado ya
en una política gubernamental. Armando Álvarez, catedrático del departamento
de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), le
recordó a Bukele que «procurar la armonía social, y conservar la paz y
tranquilidad interiores» del país es parte de sus atribuciones
constitucionales como presidente. Pero eso no ocurrió esa noche. La
presidencia de El Salvador no condenó el hecho, sino que continuó fomentando
la división entre los salvadoreños.

 

Radicalización presidencial

 

El presidente Bukele ha encontrado en Twitter un nicho que seguirá
explotando hasta donde la red social se lo permita. Aunque las políticas de
esa red social son claras en cuanto a no fomentar el odio, tal parece que
eso no aplica para el presidente de El Salvador. Twitter es enfático en
cuanto a qué considera como «conductas de incitación al odio». Por ejemplo,
«no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o
amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen
nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de
género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco
permitimos la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la
violencia contra otras personas en función de las categorías antes
mencionadas», se afirma en las políticas de la red social. Sin embargo, el 1
de febrero de 2020, justo un año antes de este ataque, Bukele tuiteó: «Arena
y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro
pueblo. Mil veces malditos». El mensaje lo compartió cuando se conoció que
la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un requerimiento
para procesar a algunos funcionarios por negociar con pandillas. Lo que
omitió el presidente en ese momento es que algunos funcionarios de su
administración cuando fue alcalde de San Salvador (2015-2018) también han
sido investigados por reunirse con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

 

Bukele ha tenido buenas relaciones con políticos de otras naciones que
también han apelado a los discursos de odio. Entre ellos, por supuesto, se
destaca el ex presidente estadounidense Donald Trump. En la historia
reciente de El Salvador nadie ha sido tan «florido» para atacar a sus
adversarios políticos como Bukele. Omar Serrano, vicerrector de la UCA,
afirma que Bukele y Trump se asemejan porque «han hecho del odio su
emblema». Y asegura que «tampoco hubo otro mandatario que haya pretendido
explícitamente dividir al país como lo ha hecho él».

 

La disputa por la versión de los hechos

 

Cada vez que Bukele habla, sus funcionarios —y un ejército de trolls— se
convierten en la caja de resonancia de su mensaje. Hasta cuando ocurre un
temblor, el presidente se expide. A pesar de que existe un Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bukele considera que es él quien debe
informar la escala del sismo. Así sucede con una diversidad de temas. Y sus
acólitos no dejan de replicar sus mensajes. Cuando Bukele habló de
«autoatentado» algunos funcionarios de su círculo cercano, como el
presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Federico
Anliker, continuaron alimentando esa versión. La misma noche del atentado
escribió en su cuenta de Twitter: «Los mismos de siempre, hoy resulta que
después de acabarse al país y llevarnos a la violencia social que ellos
mismos la propiciaron y otros incluso son parte de esas mafias, hoy se
quieren pintar como blancas palomas. ¡NO JODAN!».

 

De lo ocurrido el 31 de enero, se sabe que en el camión viajaban mujeres,
unos cuantos hombres y ex-combatientes de la guerrilla ya ancianos. Además,
se sabe que el automovil les interceptó porque hubo hostigamientos previos,
que llevaron a que unas mujeres, simpatizantes del partido de izquierda,
respondieran tirando bolsas con agua a los atacantes. También se sabe la
identidad de los tres hombres que bajaron del auto azul que interceptó al
camión. Se trata de tres empleados del Ministerio de Salud, dos de los
cuales se desempeñan en el área de seguridad. El otro trabaja como
conductor. Es decir, los tres son empleados del gobierno de Bukele. Testigos
manifestaron al periódico El Faro que uno de ellos fue quien disparó.

 

Cuando se conoció que los atacantes eran empleados públicos, Bukele cambió
su discurso: pasó de sostener que se trataba de un autoatentado a afirmar
que se había producido un enfrentamiento. Esta tesis fue sostenida también
por la Fiscalía General de la República, al conocer que uno de los atacantes
también estaba lesionado por una bala. Las víctimas del ataque que
resultaron lesionadas afirman, sin embargo, que no portaban armas.

 

El ataque contra militantes del FMLN ha acentuado una disputa entre la
Presidencia y la Policía Nacional Civil (PNC) con el Ministerio Público por
quién presenta pruebas irrefutables de lo sucedido. Aun cuando la PNC es un
brazo de investigación de la Fiscalía, su posición ha sido la de demostrar
que los atacantes reaccionaron a un enfrentamiento con los militantes. Lo
que ocurre entre las dos instituciones es grave. Marcela Galeas, abogada
penalista, ha sostenido que «lo peligroso en este caso es que la forma en
que desde el gobierno, específicamente el presidente y la PNC, se quiso
deslegitimar las calidades de las víctimas y justificar las acciones de los
hechores por tratarse de empleados del Ministerio de Salud». «Que la Policía
cuestione de manera pública la dirección funcional de la Fiscalía,
priorizando la protección de los acusados y no de las víctimas, es
inaudito». No hay justificación alguna, ni jurídica ni lógica, que lleve a
pensar, al evaluar los videos que se han presentado como prueba, que hubo
enfrentamiento. Bukele, sin embargo, acusó al Ministerio Público de ocultar
videos y él mostró los propios, los que la PNC había obtenido «por su
cuenta».

 

El ambiente se ha convertido en un campo de batalla en el que todos acusan y
todos se responden. Ante lo enunciado por Bukele, el fiscal general de la
República, Raúl Melara, no tardó en responder. «Al querer desvirtuar las
conclusiones de la investigación, lo que hace la Policía Nacional Civil es
desacreditarse más y menospreciar el trabajo que sus investigadores han
hecho con los fiscales. No entiendo a quién defienden. No tienen el más
mínimo respeto por los fallecidos ni por sus familias», escribió Melara en
su cuenta de Twitter. 

 

Mientras las investigaciones continúan, el fiscal intentó juntar a todos los
representantes de los partidos políticos inscritos en la contienda. Quería
un pacto de no violencia, pero no lo logró: el partido del presidente
Bukele, Nuevas Ideas, no se presentó. Tampoco lo hizo Cambio Democrático, un
partido aliado del presidente. Pero cuando la Embajada de Estados Unidos
llamó a una reunión citando a todos los partidos políticos para garantizar
la no violencia política, los partidos oficialistas asistieron. El llamado
del gobierno estadounidense parece ser, para Bukele, más importante que el
llamado de un fiscal de su país.

 

Las señales de autoritarismo

 

El oficialismo de Bukele ha intentado sostener una única línea de lo
sucedido y todos se han cerrado sobre ella. Para hacerlo ha intentado que
los medios difundan su posición. Para un gobierno deseoso de concentrar el
poder, la estrategia mediática ha sido clara. Los constantes bloqueos
gubernamentales a la información pública, el debilitamiento de la prensa
independiente a través de ataques y de campañas de desacreditación, a la vez
que el fortalecimiento de los medios estatales que sostienen la posición del
gobierno, operan como herramientas claves para Bukele. Defensores de los
derechos humanos han sostenido que estas constituyen evidentes señales de
autoritarismo por parte del gobierno.

 

El 9 de febrero de 2020 una imagen recorrió el mundo: la de Bukele rodeado
de militares en la Asamblea Legislativa, practicando un intento de autogolpe
con amenazas a la oposición. El peso del Ejército y las actitudes
autoritarias del presidente son evidentes. Alcanza con revisar el
presupuesto general de la nación e identificar dónde está destinada la mayor
cantidad de dinero. La respuesta no es difícil: en los militares. Tal como
sostiene la defensora de los derechos humanos Celia Medrano en una
entrevista concedida al periódico El Faro, Bukele apuesta por la
militarización de la política y muestra rasgos «autocráticos y claramente
autoritarios».

 

La oposición es débil y muy poco inteligente. En medio de un clima tenso,
Bukele encuentra las palabras para controlar el voto popular. Mientras sus
ojos están puestos en las próximas elecciones legislativas y municipales del
28 de febrero, pareciera que no habrá un cambio en el discurso que ha traído
desde que inició su mandato en junio de 2019. El vicerrector de la UCA, Omar
Serrano, sostiene que la violencia se ha vuelto una constante a partir de la
siembra de odio gubernamental. Los resultados están a la vista: ya no se
trata solo de polarización política, sino de asesinatos, como se verificó
con lo sucedido en la caravana del FMLN. «Lo peor es que los más afectados
siempre es la clase pobre, la gente del pueblo, que están en las
comunidades, mientras en las cúpulas seguramente van a llegar a arreglos
políticos», insiste Serrano. Con la presidencia de Bukele, lo único que
quedó atrás fue la hegemonía de los dos partidos tradicionales. Ahora, sin
embargo, ha emergido otra cosa: el odio en el discurso político, la
responsabilización a terceros por los errores propios. Los hechos
lamentables están lejos de haber terminado. 

 

* Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana
José Simón Cañas. Es colaboradora habitual de la reconocida revista El Faro.

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