Imperialismo/ Estados Unidos y el financiamiento a grupos políticos en Cuba [Samuel Farber]

[Ernesto Herrera]

  _____  

Correspondencia de Prensa

18 de febrero 2021

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain en montevideo.com.uy <mailto:germain en montevideo.com.uy> 

  _____  

 

Imperialismo

 

Estados Unidos y el financiamiento a grupos políticos en Cuba


 

Samuel Farber *

La Joven Cuba, 17 -2-2021 

https://jovencuba.com/

 

El ataque al Capitolio de Washington el pasado 6 de enero puso en relieve la
existencia de fuerzas importantes de la extrema derecha en los Estados
Unidos, dispuestas a violar el orden constitucional norteamericano en aras
de su racismo y su resentimiento antiinmigrante. Esta fue la razón
fundamental por la que una amplia gama de instituciones e individuos
normalmente adversos a la protesta política, se unieron en un rechazo
tajante y público contra ese ataque.

 

Conforman una lista que incluye a la influyente representante conservadora
Liz Cheney, quien ocupa el tercer lugar en el poder de la jerarquía
republicana en la Cámara de Representantes, y que comparte la dura agenda
imperialista y conservadora de su padre, el «gran halcón» Dick Cheney, el
vicepresidente bajo George W. Bush que jugó un papel fundamental en la
invasión y destrucción de Irak. También incluye a la muy poderosa y
conservadora Asociación Nacional de Fabricantes (por sus siglas NAM, de
National Association of Manufacturers), representante de las más importantes
corporaciones industriales estadounidenses, que de manera pública y en
términos claros y contundentes, responsabilizó a Donald Trump y lo repudió
por incitar el ataque.

 

Tanto la NAM, como la Cheney y sus aliados son parte del coro que
anteriormente había aplaudido a Trump, entre otras cosas, por haber reducido
de forma significativa la carga de sus impuestos y eliminado, de un plumazo,
reglamentos para proteger el medio ambiente, la seguridad laboral y el
bienestar de los trabajadores y las minorías raciales.  Se unieron —repito—
para defender el orden constitucional norteamericano. Pero no para defender
la democracia.

 

Desde luego que el orden constitucional incluye elecciones y derechos
democráticos importantes. Pero estas fuerzas conservadoras, ahora unidas en
la defensa del orden constitucional, han usado y siguen usando a la
Constitución para promover sus intereses políticos y económicos, no para
defender y mucho menos para expandir los derechos democráticos a todos. De
hecho, han sido parte de las fuerzas que han tratado de limitar esos
derechos.

 

En las últimas décadas, y aún más durante estos últimos años, en los Estados
Unidos se ha dado una lucha democrática para proteger el derecho al sufragio
a medida que la composición racial y étnica del país se ha diversificado y,
por lo tanto, tornado menos blanca. Como las elecciones en este país son
generalmente administradas por los estados, los blancos conservadores que
gobiernan en la mayoría de estos han recurrido a todo tipo de artimañas para
obstaculizar el sufragio minoritario.

 

Estas medidas incluyen la reducción de lugares para votar, del número de
urnas en los barrios pobres minoritarios y de los días y horas durante los
cuales se puede ejercer el derecho al voto, así como las purgas de las
listas electorales de ciudadanos que por algún motivo no ejercieron el voto
en una o más elecciones, la negación del derecho al voto a ex presos, y muy
especialmente lo que en los Estados Unidos llaman «gerrymandering». Este
término se refiere a la práctica común de los políticos que controlan las
legislaturas estatales de trazar las líneas limítrofes de los distritos
electorales (tarea que solo en unos pocos estados se le asigna a una
comisión independiente) con el fin de minimizar las posibilidades de la
oposición –mayormente del Partido Demócrata–, en especial para disminuir el
poder político de las minorías étnicas y raciales y de los liberales.

 

Es una práctica muy antigua que consiste en concentrar dentro del menor
número posible de distritos electorales, a cierto tipo de grupos, como los
afroamericanos y ciudadanos de origen latinoamericano, que tienden a votar
por el Partido Demócrata. Esto resulta en un menor número de representantes
electos por esos grupos, comparado con la mayor cantidad escogida por los
blancos republicanos distribuidos en más distritos electorales. Por lo
tanto, en un estado como Wisconsin, por ejemplo, los Demócratas tienen que
obtener mucho más que la mayoría de los votos para también tener mayoría en
la legislatura estatal.

 

La NAM jamás ha dicho ni hecho nada para defender los derechos democráticos
de esas minorías. Y los Cheneys –padre e hija– han apoyado, junto con sus
congéneres conservadores, todas esas prácticas antidemocráticas. Si a esta
alianza para defender el orden constitucional no le interesa la defensa de
la democracia dentro de los Estados Unidos, mucho menos le importa oponerse
a los propósitos sistemáticamente injerencistas de la política exterior
estadounidense, sea en Iraq, Afganistán, Yemen o en Latinoamérica.

 

El imperialismo norteamericano ha contado con el apoyo no sólo de la extrema
derecha, sino también de una amplia gama de conservadores y de liberales. El
caso de la guerra de Vietnam es muy ilustrativo. Muy pocos de los individuos
del llamado «Establishment», tanto Republicanos como Demócratas –Lyndon
Johnson, el presidente que más impulsó la guerra, era Demócrata–, se
opusieron a la contienda hasta que ocurrieron dos cosas: 1) se hizo cada vez
más evidente que era muy poco probable que los Estados Unidos venciera la
resistencia vietnamita y ganara la guerra; y 2) el movimiento antibelicista,
y contra el servicio militar obligatorio, de dónde provenía el grueso de las
tropas, creció rápidamente.

 

Este movimiento, junto con el de los afroamericanos en pos de la igualdad
racial, contribuyó a crear una situación interna insostenible. Fue solo
entonces que los periódicos y estaciones de TV, principales medios de
comunicación, junto con otras fuerzas del «Establishment», comenzaron a
demandar el fin de la intervención armada norteamericana en Vietnam, que
durante una época llegó a contar con más de medio millón de tropas.

 

Lo que le interesa a las corporaciones capitalistas representadas por la NAM
y a las otras fuerzas del status quo norteamericano es la estabilidad que el
orden constitucional le ha brindado al país por más de dos siglos, con
algunas excepciones importantes como la Guerra Civil de los 1860s. La
previsibilidad y la certidumbre son factores clave para la inversión
capitalista, así como lo es la existencia de un sistema legal confiable e
independiente de los gobernantes de turno para asegurar el cumplimiento de
los contratos. Estas características del sistema son sagrados para el
capital y sus partidarios. Es por eso que si por un lado, los capitalistas y
norteamericanos ricos aprobaron y se beneficiaron de las políticas
tributarias y reguladoras de Trump, por el otro lado le fueron retirando su
confianza por su imprevisibilidad, sus amenazas al sistema electoral, la
arbitrariedad de muchas de sus decisiones y su cercanía a los grupos de
extrema derecha, que en su conjunto promovieron una creciente inseguridad e
inestabilidad política en el país.

 

No en balde, 60% de las contribuciones monetarias del gran capital en las
elecciones del 2020 fueron destinadas al apoyo a Biden y no a Trump. Es
cierto que ha habido situaciones históricas de crisis, donde una buena parte
del gran capital se ha desesperado y decidido apoyar a la extrema derecha,
como fue el caso de la república alemana de Weimar a fines de los años
veinte y principios de los treinta. Pero pese a los graves problemas
económicos actuales, la situación existente en los Estados Unidos dista
mucho de ser tan extrema como en el caso de Alemania durante la Gran
Depresión y, por lo tanto, el gran capital al menos por ahora ni necesita ni
quiere ese tipo de «solución» a sus problemas.

 

El 6 de enero y la sociedad civil

 

Como era de esperar, un gran número de organizaciones de la sociedad civil
norteamericana condenaron categóricamente el ataque al Capitolio del 6 de
enero, incluyendo la Unión Americana por las Libertades Civiles (por sus
siglas ACLU, de American Civil Liberties Union), muchos sindicatos obreros y
hasta la conservadora Legión Americana (American Legion), la organización
más conocida de veteranos en los Estados Unidos. A ellas se unieron otro
tipo de organizaciones, como Freedom House y la NED (National Endowment for
Democracy) que dependen principalmente del gobierno norteamericano para sus
finanzas. Estas organizaciones no son parte de la sociedad civil, un término
que sólo incluye a quienes no están asociados con y son independientes del
Estado.

 

Freedom House y la NED –que de hecho fue fundada en 1983 por una ley
aprobada por el congreso–, son parte de una estrategia «suave» –«soft
power»– que el gobierno norteamericano usa para proyectar su influencia en
otros países, incluyendo su concepción de lo que es y debe ser la
democracia, de la cual por lo menos implícitamente excluye cualquier noción
socialista, antiimperialista y radical. La estrategia «suave» es por
naturaleza de índole persuasiva y se concentra especialmente en los campos
de la cultura y de la ideología.

 

Esa es su esfera de acción, a diferencia de la estrategia de «mano dura» de
la CIA y de las fuerzas armadas norteamericanas, como en el caso de sus
intervenciones en América Latina –el derrocamiento de los gobiernos
democráticamente electos de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, y de
Salvador Allende en Chile en 1973–. También fue el caso de Playa Girón en
1961, así como de los numerosos atentados terroristas llevados a cabo en
suelo cubano durante varias décadas.

 

En el caso de Cuba, muchos de los apoyos de Washington para implementar
estrategias de «mano dura» en la Isla han sido y siguen siendo transmitidos
a una variedad de grupos e individuos a través de la Fundación Nacional
Cubano-Americana (Cuban American National Foundation). A lo largo de su
historia, la Fundación ha seguido una política de apoyo a una gran
diversidad de grupos que incluyen a muchos de índole terrorista.

 

Por supuesto, esta distinción entre la estrategia «suave» y la de «mano
dura» se aplica también, mutatis mutandis, a las operaciones del gobierno
cubano. Las estrategias de, por ejemplo, el Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos (ICAP) son diferentes de las de la Seguridad del Estado, aunque
ambas organizaciones estatales comparten el propósito de perpetuar el
régimen antidemocrático imperante en la Isla.

 

La sociedad civil norteamericana y Cuba 

 

Es de suma importancia distinguir las organizaciones como la NED y Freedom
House, que son financiadas por el estado norteamericano, de las que no lo
son y que, por lo tanto, pueden ser consideradas como legítimas de la
sociedad civil norteamericana. Este es el caso de, por ejemplo, la Open
Society Foundations dirigida y mayormente financiada por el multimillonario
liberal George Soros, y del Human Rights Watch, la organización principal de
derechos humanos en los Estados Unidos. Estas son independientes del estado
norteamericano en cuanto a su financiamiento, su organización, y
generalmente, su orientación política.

 

Esto no quiere decir que nunca coincidan con la política del estado
norteamericano.  Pero el hecho de que hayan coincidido en varias ocasiones
se debe mayormente, como se verá más adelante, a la ideología y política
liberal –en el sentido norteamericano de la palabra– de ambas
organizaciones, que por su naturaleza no son antiimperialistas, aunque en
muchísimas ocasiones han criticado fuertemente la política exterior de los
Estados Unidos.

 

Esto quiere decir que para los cubanos que son tanto demócratas como
antiimperialistas, su posible colaboración con este tipo de organizaciones
independientes norteamericanas, sean estas dos u otras, no involucra en sí
una merma de su compromiso con la soberanía y autodeterminación de la nación
cubana. Sin embargo, es muy probable que surjan diferencias políticas que
afecten negativamente la posiblecolaboración.

 

Por ejemplo, en mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical
Assessment, critico a la organización Human Rights Watch por la propuesta en
su reporte anual de 2009, de aflojar o eliminar el bloqueo económico a Cuba
a condición de que el gobierno Cubano adopte medidas liberalizadoras y de
democratización en la Isla. Como una medida concreta para promover ese
acuerdo, el Human Rights Watchpropuso al gobierno norteamericano que, antes
de suavizar el bloqueo a Cuba, obtuviera el compromiso de la Unión Europea,
Canadá y sus aliados latinoamericanos para que colectivamente presionaran al
gobierno cubano para que liberara inmediata e incondicionalmente a todos los
presos políticos.

 

El problema en este caso no es que uno esté opuesto a la liberación de los
presos políticos en Cuba ni a la democratización del país. Todo lo
contrario. El problema es que la «política de trueque» del Human Rights
Watch presupone que los Estados Unidos tiene el derecho legal y moral de
imponer condiciones para flexibilizar y eliminar un bloqueo que es ilegal e
inmoral en sí mismo. La lógica de ese «trueque» también implica que el
bloqueo estadounidense existe porque el sistema político cubano es
antidemocrático, lo que es una mala broma cuando consideramos la larga
historia de apoyo político, militar y económico que los Estados Unidos le ha
brindado a las más sangrientas dictaduras pro-capitalistas.

 

Por otra parte, esa lógica de «trueque» perversamente justifica la posición
de los que apoyan al gobierno cubano cuando reclaman que la abolición de la
represión interna en Cuba depende de la eliminación del bloqueo
estadounidense. Esta posición asume que el unipartidismo cubano al estilo de
la URSS existe como resultado del bloqueo norteamericano. O sea, que los
líderes revolucionarios cubanos eran una especie de tabula rasa ideológica y
política que adoptaron su punto de vista simplemente como reacción a la
postura agresiva de los Estados Unidos, y que no tenían preferencias e
ideologías, incluyendo convicciones respecto a los sistemas políticos y
económicos que consideraban deseables.

 

El problema arriba descrito con el Human Rights Watch solo indica que una
colaboración con cualquier organización independiente de la sociedad civil
estadounidense dependerá de la naturaleza política de proyectos concretos
relacionados con Cuba. Será cuestión de averiguar con cuales de esas
organizaciones esa colaboración será o no, sin mermar el programa e
integridad política de las organizaciones cubanas involucradas en dicho
proyecto. Por ejemplo, hace unos años la organización Open Society le prestó
ayudaa los socialdemócratas católicos cubanos asociados con la publicación
Cuba Posible. Esta publicación trató de mantener una política crítica, pero
no abiertamente contraria y así jugar un papel de «oposición leal» al
régimen cubano. No sabemos si la Open Society –o cualquier otra organización
independiente de la sociedad civil norteamericana– estaría dispuesta a
apoyar también a una organización abiertamente opositora, con una política
decididamente democrática, a favor de los derechos humanos, y, al mismo
tiempo izquierdista, antiimperialista y opuesta al restablecimiento del
capitalismo en Cuba.

 

En todo caso, sin embargo, hay que tener presente que el apoyo material de
la sociedad civil de los Estados Unidos y de otros países es una solución a
corto plazo. A largo plazo es necesario organizar a los cubanos progresistas
en el exterior para que provean ayuda a los que dentro de la Isla luchan por
una democracia auténticamente emancipadora, de la misma manera que José
Martí lo hizo con los tabaqueros de la Florida en la década de los 1890s.

 

La orientación política de este escrito de ninguna manera implica intento
alguno de apaciguar al Estado cubano ni lo que dice a través de la prensa
oficial. Por supuesto, esa prensa va a atacar despiadadamente a cualquier
oposición, con independencia de sus posiciones políticas específicas y, como
bien sabemos, utilizará la mentira cuantas veces le parezca necesario. Pero
no es lo que piensa y dice el gobierno, sino lo que piensa el pueblo cubano
lo que debe ser el centro de nuestra atención. Por eso es imprescindible
presentarse ante ese pueblo como una voz independiente, sin compromisos o
contubernios con potencias extranjeras, y comprometida con la independencia
y soberanía nacional. 

 

* Samuel Farber :nació en Marianao, Cuba. Profesor emérito de Ciencia
Política en el Brooklyn College, New York. Entre otros muchos libros,
recientemente ha publicado The Politics of Che Guevara (Haymarket Books,
2016) y una nueva edición del fundamental libro Before Stalinism. The Rise
and Fall of Soviet Democracy (Verso, 1990, 2018). 

  _____  

 



-- 
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20210218/57d23c36/attachment-0001.htm