Estado español/ El rap encarcelado, por cantarle a la monarquía. [Danilo Albín]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de febrero 2021

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Estado español

 

El rap de la cárcel

 

Danilo Albín 

Brecha, 19-2-2021  

https://brecha.com.uy/

 

Una vez les tocó a unos titiriteros. Hubo escándalo, lío, protestas. Ahora
le toca a un rapero. Hay, otra vez, escándalo, lío, protestas. Hasta el
vicepresidente de España, Pablo Iglesias, ha dicho que algo está fallando
cuando pasan cosas como esta: Pablo Hasél, artista del mundo del rap, ha
sido encarcelado porque sus tuits y sus canciones han sido consideradas
ofensivas por los jueces. Judicialmente hablando, Hasél, de 32 años de edad,
ha sido autor de un delito de «enaltecimiento del terrorismo e injurias a la
Corona y a instituciones estatales». Lo hizo escribiendo o cantando. Y ahora
tendrá que escribir o cantar en la cárcel.

 

Ya hay un rapero preso. Otro está exiliado: es conocido por el nombre
artístico de Valtonyc, es oriundo de Valencia y ahora está en Bélgica. Se
tuvo que ir porque si se quedaba, acababa como Hasél: preso por cantarle a
la monarquía. También le acusaron de «enaltecer al terrorismo» cuando,
curiosamente, ya no había en España organización terrorista a la que
enaltecer: ETA se disolvió en 2017.

 

Ahí viene otra paradoja digna de anotación. Desde que la organización armada
vasca desapareció, se multiplicaron las actuaciones judiciales por delitos
de «enaltecimiento del terrorismo», algo que ha merecido críticas por parte
de organizaciones de derechos humanos y activistas sociales y ha llegado
incluso al nada sospechoso Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hasta
en tres ocasiones ha condenado a España por la desorbitada protección legal
(aquí también lo llaman mordaza) que rodea a la Corona.

 

«Los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la Corona y
las instituciones del Estado y de ofensa contra los sentimientos religiosos
deben desaparecer del Código Penal», se vio obligado a reclamar en pleno
siglo XXI Carlos Escaño, responsable de campañas en la sección española de
Amnistía Internacional. En la biblioteca de esa organización tienen un
informe que, con apenas leer el título, resume lo que ha ocurrido con Hasél
o con Valtonyc: «Tuitea si te atreves. Cómo las leyes antiterroristas
restringen la libertad de expresión en España».

 

Hay otro informe que deja a España en una posición aun peor. La ONG Freemuse
reveló que España tiene el dudoso honor de ser el país con más artistas
encarcelados de todo el globo terráqueo. «Actualmente, España es el país con
más penas privativas de prisión del mundo. En concreto, 14 son los
actualmente procesados», señalaba en noviembre pasado Alberto González
Pulido, coordinador de Freemuse en España, al canal La Sexta. El país de
Juan Carlos I y Felipe VI está por encima del Irán de los ayatolás, de la
Turquía de Erdogan o de la Rusia de Putin.

 

La cifra sería en realidad más alta. Según contó hace unos días la
periodista Ana María Pascual en el diario digital Público.es, desde la
entrada en vigor del actual Código Penal en 1995, «cerca de 150 artistas,
raperos, tuiteros, periodistas y políticos han sido condenados por delitos
de opinión, según datos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional».

 

Sabina, Serrat, Almodovar...

 

En ese contexto, cuando Hasél contó que le iban a meter preso, volvieron a
saltar todas las alarmas. Hubo una reacción rápida, en cadena, desde
diferentes sectores. Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Pedro Almodóvar
sumaron su firma a un manifiesto apoyado por 200 artistas españoles en el
que se denuncia que «la persecución a raperos, tuiteros, periodistas, así
como a otros representantes de la cultura y el arte por intentar ejercer su
derecho a la libertad de expresión, se ha convertido en una constante». Con
el encarcelamiento de Hasél, apuntaban: «El Estado español se está
equiparando a países como Turquía o Marruecos, que también cuentan con
varios artistas encarcelados por denunciar los abusos que se cometen desde
el Estado».

 

«El encarcelamiento de Pablo Hasél hace que la espada de Damocles que cuelga
sobre la cabeza de todos los personajes públicos que osemos criticar
públicamente la actuación de alguna de las instituciones del Estado se haga
aún más evidente. Es necesario que se difunda esta situación a nivel
internacional, para poner de relieve en qué situación nos encontramos. Somos
conscientes de que, si dejamos que Pablo sea encarcelado, mañana pueden ir a
por cualquiera de nosotros, así hasta conseguir acallar cualquier suspiro
disidente», añadían los artistas.

 

Las reacciones llegaron también desde el otro lado del Atlántico: artistas,
expresidentes –entre los que se encontraban el boliviano Evo Morales y el
hondureño Manuel Zelaya–, militantes políticos y defensores de los derechos
humanos, como el nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, se pronunciaron
contra el encarcelamiento del rapero español y advirtieron sobre los
retrocesos en materia de libertad de expresión en el viejo reino ibérico.
Hubo críticas también desde los gobiernos de Venezuela y México: los
presidentes Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador se solidarizaron
con el rapero y criticaron su encarcelamiento.

 

La ola de protestas contagió al Parlamento español. Albert Botrán, diputado
catalán de la anticapitalista e independentista CUP, subió al estrado con el
móvil y, ante la atenta mirada del resto de la Cámara, le dio al botón de
play. Tenía puesta una canción del rapero preso. Hubo entonces un cruce de
recriminaciones y aplausos, que Botrán interrumpió con una afirmación
categórica: «En el Estado español entra hoy en la cárcel un cantante, como
en la más triste de las dictaduras, por delitos de opinión. No se escuden
detrás de los jueces: en esta Cámara hay responsabilidades de que exista
todavía el delito de injurias a la Corona o el delito de enaltecimiento del
terrorismo, que se han utilizado para la persecución ideológica».

 

También en el Congreso, el presidente de España y líder del PSOE, Pedro
Sánchez, tuvo que escuchar las recriminaciones del diputado de EH Bildu Jon
Iñarritu. «¿El gobierno considera que existe democracia sin libertad de
expresión?», preguntó el representante vasco. Le respondió la
vicepresidenta, Carmen Calvo, con una frase algo confusa: «No hay ni un solo
derecho en ninguna democracia del mundo que se pueda ejercer de manera
absoluta en conexión con otros derechos y con el ejercicio de todos los
demás que ejercen su derecho a su manera [sic]. ¿Lo hemos entendido?»,
preguntó Calvo.

 

La vicepresidenta dijo, en cualquier caso, que «este gobierno a la mayor
brevedad posible hará un trabajo de modificación que nos colocará en otros
espacios donde otras democracias han evolucionado. Tan sencillo y tan bueno
como eso». Ese «trabajo de modificación» se lo viene pidiendo a gritos su
aliado en el gobierno, la coalición de izquierda Unidas Podemos. Ese grupo
político, liderado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, defiende
una reforma del Código Penal que borre de una vez y para siempre los delitos
de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo que han llevado al
rapero a la cárcel. También ha registrado una petición de indulto para
Hasél.

 

Mientras, las calles arden. Madrid y Barcelona han sido escenario de
manifestaciones a favor del artista encarcelado que han sido respondidas con
fuertes cargas policiales y decenas de detenciones. En la capital catalana,
una mujer perdió el ojo a causa de un proyectil de goma disparado por los
Mossos d’Esquadra, el mismo cuerpo policial que se encargó de romper el muro
humano que protegía a Hasél en la Universidad de Lleida. Salió esposado y
miró a las cámaras. Se hizo entonces un silencio muy parecido a la
vergüenza.

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