Haití/ Deriva autoritaria y Estado mafioso [Laënnec Hurbon]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

25 de febrero 2021

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Haití

 

Deriva autoritaria y Estado mafioso 

 

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha
vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva
autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente
control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la
complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

Laënnec Hurbon *

Nueva Sociedad, febrero 2021 

https://nuso.org/ 

Traducción de Gustavo Recalde

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un
presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su
mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad
internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el
camino de una nueva dictadura en Haití.

 

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el
origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de
explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y
describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas
por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier
(1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la
complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las
acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las
Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele
Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

 

La relación con las leyes

 

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del
presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre
esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de
la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de
febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en
esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para
mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el
mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que
terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en
asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas
subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en
octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las
elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de
los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso
electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar
también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000
votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe
de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon
al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la
transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad
internacional.

 

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en
el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver
la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora
dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación
del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera
cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en
presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en
ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The
Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El
presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su
mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice
que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue
justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una
dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de
François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la
generación de fines del siglo XX.

 

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica
otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo
desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y
legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en
«agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las
facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite
realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder
dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país,
Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su
partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de
organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida,
que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de
la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar
una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

 

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un
golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6
al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de
casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres
jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

 

Las prácticas represivas 

 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas.
Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es
exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas
en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las
leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro
años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres
perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es
apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con
la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio
del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline
en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños.
Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos
(Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré,
Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así
como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de
bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales,
al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en
calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se
registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se
pidieron rescates extremadamente elevados. 

 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la
famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que
están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido
de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden
cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados,
Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del
exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres
a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un
grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden
usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en
gran medida una policía política, ya que algunas secciones son
indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el
uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

 

“Economía de violencia”

 

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber
sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su
partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que
durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000
millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití
a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de
Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo
Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas
y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio
Moïse estaba mencionado.

 

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso
judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un
sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el
cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como
un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos
populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de
desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres
que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de
policías y el Ministerio del Interior.

 

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del
país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en
el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal,
la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos,
movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo
Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos
políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse
consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los
manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las
violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos
durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de
Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno
rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

 

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití
es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la
BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la
permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo:
asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo
personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las
ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para
hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución
que deben respetarse.

 

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista
Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía
el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del
neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010.
Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de
personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad
alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600
hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un
decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca
Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a
reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos.
Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un
Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los
Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas»,
dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política
Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald
Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro; ahora su permanencia en
el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden. 

 

* Es sociólogo y escritor haitiano especializado en las relaciones entre
religión, cultura y política en la región del Caribe. Es profesor de la
Universidad Estatal de Haití. Su última obra publicada es: Esclavage,
religion et politique [Esclavitud, religión y política], Éditions de
l’Université d’Etat d’Haiti, Puerto Príncipe, 2018.

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