Argentina/ Complaciendo al capital: el ajuste kirchnerista contra las jubilaciones [Nicolás del Caño/Lucía Ruiz]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

4 de enero 2021

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Argentina



Complaciendo al capital: el ajuste a las jubilaciones bajo el Gobierno de
Alberto Fernández



El nuevo cambio en la ley de movilidad previsional consuma un año de ajuste
sobre las jubiladas y los jubilados como prenda de cambio en la
renegociación de la deuda.



Nicolás del Caño/Lucía Ruiz *

Ideas de Izquierda, 3-1-2021

https://www.laizquierdadiario.com/



“Entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados”, Alberto
Fernández, 29 de julio de 2019.



Llegando al final del año de la peste, tras 9 meses de pandemia y de
iniciado el aislamiento obligatorio, de los casi 43.000 fallecidos por
coronavirus en el país el 73 % son adultos mayores, es decir, tienen más de
60 años. La edad promedio de los fallecidos por coronavirus es de 72 años.
Sin embargo, como veremos, en este mismo año 2020 cuando los adultos mayores
estaban más expuestos que nadie por el Covid-19, el gobierno de Alberto
Fernández no se privó de sumarles otro golpe, convirtiendo los haberes en
una variable de ajuste. El saldo de este año es que la suspensión de la
movilidad permitió un recorte de $ 100.000 millones a las jubiladas y
jubilados. Y la frutilla del postre terminó de sellarse con la reciente
aprobación en el Congreso de una nueva ley de movilidad previsional.



Pero las implicancias del ajuste realizado a las jubilaciones en el primer
año de la administración de Fernández no se circunscriben al recorte fiscal.
Quedan también secuelas profundas para el sistema previsional, sentando
nuevos pasos y consolidando otros a tono con las necesidades del capital de
reducir al mínimo los pagos en jubilaciones, de fragmentar a la clase
trabajadora y de habilitar nuevas áreas de negocios.



Pueden distinguirse al menos cuatro consecuencias de la política adoptada en
materia previsional. En cada una de ellas, no sorprenden las coincidencias
con las recetas y las exigencias del capital financiero en la voz del Fondo
Monetario Internacional (FMI), en el marco de la renegociación de la deuda
pública. Se trata de la única hoja de ruta clara del Gobierno seguida sin
interrupciones desde el día cero de su asunción: pagar la deuda externa.



El punto de partida



La promesa de campaña de Alberto Fernández de recomponer los 20 puntos de
poder adquisitivo que habían perdido las jubilaciones y los salarios en los
cuatro años de macrismo [1] se desvaneció por completo en el aire cuando a
solo siete días de asumir, el 17 de diciembre de 2019, se envió al Congreso
el proyecto de Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”. El principal
objetivo de la ley era crear las condiciones para la renegociación de la
deuda pública con los acreedores privados, entre las cuales las dos
principales fueron: suspender la movilidad previsional por 180 días y en su
lugar otorgar aumentos discrecionales por decreto [2] (es decir, a criterio
y voluntad del Ejecutivo sin ningún lineamiento prefijado), y habilitar al
Tesoro el uso de casi USD 5.000 millones del Banco Central para continuar
pagando servicios de deuda y capital mientras durara la renegociación con
los acreedores.



De conjunto, durante todo 2020 la movilidad previsional hubiese arrojado un
incremento acumulado de los haberes de 42,1 %. Teniendo en cuenta una
inflación que cerrará diciembre en torno al 36 % anual, el resultado es que
este año los haberes y las asignaciones familiares y por hijo hubiesen
recompuesto alrededor de un 4,4 % de su poder adquisitivo. Cabe recordar que
la fórmula de movilidad impuesta en 2017, que determinaba que los aumentos
jubilatorios se rijan en un 70 % por la evolución del índice de precios al
consumidor y en un 30 % por la evolución de los salarios, buscaba el ajuste
por dos vías: 1) robando un trimestre en el empalme de fórmulas con el
aumento de marzo de 2018, y 2) imponiendo un ajuste por inflación, que si
esta bajaba como esperaba entonces el gobierno de Macri iba a significar
menor actualización de los haberes que la fórmula previa. Esta expectativa
se estrelló con la crisis desde 2018, que derivó en un salto inflacionario
al calor de la fuerte devaluación de la moneda. Son estos efectos los que en
2020 buscó el gobierno de Alberto Fernández remediar con la suspensión de la
movilidad y ahora con la nueva fórmula, no se trata de volver a una fórmula
más “generosa”, como afirmaron desde el oficialismo.



Si bien de haberse aplicado la fórmula los haberes quedarían aún muy lejos
de volver al nivel de 2015, por primera vez a los jubilados les tocaba
recuperar una pequeña parte de lo que habían perdido durante el gobierno de
Macri. Esa posibilidad fue cortada de raíz. Con la suspensión de la
movilidad el primer objetivo fue alcanzado.



Fernández se quedó con los bancos y los acreedores



Los cuatro aumentos por decreto en 2020 para jubilaciones y pensiones
acumularon entre 24,3% y 35,3 % anual, dependiendo el rango de haber. Así,
resultaron entre 7 y 18 puntos por debajo del 42,1 % que hubiese arrojado la
movilidad suspendida [3]. Asimismo, para una parte considerable de los
jubilados se continuó profundizando la pérdida en relación con la inflación.



Literalmente, fue un robo. Algunos ejemplos para graficarlo: quienes en
diciembre de 2019 percibían un haber de $ 20.000 habrán perdido en un año $
19.923 [4], es decir, el equivalente a un mes de jubilación; para quienes
percibían $ 40.000, la pérdida anual suma $ 59.105; mientras que en el haber
máximo la merma alcanza a $ 184.920.



Quienes perciben la jubilación mínima, supuestos “ganadores” de los aumentos
por decreto, terminarán “empatando” técnicamente con la inflación, pero 7
puntos por debajo de lo que les correspondía por ley. Por ello, en un año
suman una pérdida de $ 7.639. El oficialismo argumenta que hay que
considerar los bonos otorgados, sin embargo, durante la pandemia solo se
otorgó un bono de $ 3.000 para las jubilaciones mínimas que no llega ni a
compensar el recorte. Por su parte, los bonos de $ 5.000 de enero y febrero
de 2020 que se usaron como una cortina de humo para aplicar la suspensión de
la movilidad, apenas representaron el 8,5 % de la pérdida que sufrieron
durante el gobierno de Macri (a la que supuestamente iban a compensar)
mientras que no se les concedió una recuperación del nivel del haber. El
oficialismo usa alternativamente los $ 5.000 para decir que son la (falsa)
compensación de lo perdido durante el macrismo o parte del aumento del año
2020. O son una cosa o la otra, pero no las dos a la vez. No obstante, en
cualquiera de los casos resultaron totalmente insuficientes. Todo ello
explica que en diciembre de 2020 las jubilaciones mínimas estén casi $ 1.000
por debajo de lo que hubiese dado la movilidad suspendida (en el haber
máximo implica $ 18.000 menos) .



Es sobre esos niveles interiores de las jubilaciones, reducidos a su mínima
expresión, sobre el cual se aplicarán los futuros aumentos de la fórmula de
movilidad aprobada el martes 29 de diciembre en la Cámara de Diputados. Ese
es el quid de la cuestión.



Recordemos que la jubilación mínima es hoy de $ 19.035, apenas cubre un 38 %
de lo que vale la Canasta del Jubilado que estima la Defensoría de la
Tercera Edad. En otras palabras, alcanza para solo para 11 días del mes.



El recorte en las jubilaciones se dio a la par de un derrumbe de ingresos de
los hogares, especialmente en los sectores precarios, al calor de la pérdida
de empleos con la crisis pandémica y las políticas de confinamiento. De
acuerdo a información que surge de la Encuesta Permanente de Hogares del
Indec, en el segundo trimestre de 2020 el 17,5 % de los hogares (1,6
millones de familias) tuvo como única fuente de ingresos una jubilación o
pensión [5]. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, denunciaba en
una reciente entrevista para La Izquierda Diario que “esto último es otro
tema que no ha tenido en cuenta la política [implementada], y es que
aquellas familias que ayudaban al adulto mayor hoy, al haber resentido sus
ingresos, ya no puede hacerlo”.



Con este ajuste, que ya tiene fallos judiciales en su contra por
inconstitucional [6], se afectó al universo de los jubilados del sistema
nacional (Sistema Integrado Previsional Argentino) que reúne a 5,5 millones
de jubilados y pensionados [7], pero también a las prestaciones ligadas a la
movilidad como las 8,8 millones de Asignaciones Familiares y por Hijo, y las
1,4 millones de Pensiones No Contributivas. El “ahorro” fiscal fue del orden
de $ 98.700 millones en 2020 para las jubilaciones y pensiones [8], y
resulta superior si se incluyen el resto de las prestaciones.



De esta forma, el segundo objetivo fue alcanzado: se envió una clara señal a
los especuladores y organismos internacionales de crédito de la “voluntad”
de ajustar el gasto público, a costa de los jubilados y las familias
trabajadoras, para liberar excedentes para el pago de la deuda. Se trata de
prioridades. Al mismo tiempo, el “ahorro” fiscal financió parte de los
rescates a las empresas que hizo la Anses durante la pandemia, como la
reducción de un 95 % del pago de las contribuciones patronales, el pago por
el Estado de la mitad de los salarios de los empleados con el programa ATP
(Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), las moratorias
impositivas y previsionales, entre otros, y permitió contener que no sea aún
mayor el ya abultado déficit fiscal.



El achatamiento de la pirámide



Por lo antedicho, se llega a que en estos últimos cinco años la jubilación
mínima en términos reales se encuentra 21 puntos por debajo del nivel de
noviembre de 2015 y la jubilación máxima unos 27 puntos.



Aquí reside un tercer elemento, preocupante, que se ha pasado por alto en la
mayoría de los análisis. Con el primer aumento por decreto de marzo, que
contenía una suma fija, se redujeron proporcionalmente más las jubilaciones
en la medida en que se sube en los tramos de haber. Es decir, se produjo un
achatamiento de la pirámide de jubilaciones del sistema. Raro concepto de
“solidaridad” en el que un jubilado que cobraba más de $ 20.000 tenía que
resignar parte de los aumentos para ser solidario con el que estaba aún más
abajo, mientras a los grandes grupos económicos y a los especuladores de la
deuda no se les afectaron sus intereses.



Como resultado, la distancia entre el haber máximo y el haber mínimo pasó de
7,3 veces a 6,7 veces, y en el medio todos los tramos de haber terminaron
con una reducción más que proporcional.



Esta modificación estructural confluye directamente con las presiones del
FMI, el Banco Mundial y otros organismos en línea con las pretensiones del
gran capital por modificar los sistemas jubilatorios hacia pensiones
universales de miseria en la vejez. La lógica es que los sistemas públicos
solo cubran una parte (mínima) de la jubilación y que cada cual
“complemente” su haber con aportes individuales a sistemas de seguros
privados. Semino advierte que “eso es lo que precisamente siempre exigió el
FMI, y hay que decir que no será sorprendente si el año que viene aparecen
los Security (que son Fondos de Pensión, no como las AFJP, sino de aportes
voluntarios para los haberes más altos, que es lo que hoy le está
interesando como modalidad a los organismos de crédito)”.



El problema no es solamente el achatamiento de la pirámide en sí misma, y de
lo que esto representa para dejar el terreno preparado para aplicar los
planes de los organismos internacionales, sino de que la base de la pirámide
está en el subsuelo. El 63 % de las jubilaciones y pensiones se encuentran
en la mínima y un 85 % de ellas está por debajo de la Canasta del Jubilado
para cubrir lo necesario para los gastos de un mes [9].



Eduardo Levy Yeyati, uno de los especialistas convocados por la Comisión
Bicameral Mixta del Congreso para “debatir” la nueva fórmula previsional (a
la cual no se convocaron a referentes de organizaciones de base de
trabajadores y jubilados), lleva este ejercicio al extremo, proponiendo
directamente eliminar el sistema contributivo: “Hoy tiene más sentido pensar
el sistema previsional como un régimen de seguridad social, una asignación
universal para el adulto mayor, que debería ser fondeado con recursos
generales”, “en el caso argentino es proporcional a los aportes, pero podría
no serlo, como es en el caso de Nueva Zelanda” [10]. Este planteo consagra
como una realidad inmodificable la precariedad de las relaciones laborales,
es decir, la realidad que afecta a millones de trabajadores que no cuentan
con un empleo formal ni realizan por tanto aportes previsionales o aquellos
que sufren fraude laboral facturando como autónomos o monotributistas a las
empresas que los emplean. Su respuesta de una especie de “pensión mínima
universal” va en línea con las lecturas que Levy Yeyati realiza sobre las
transformaciones en el mundo del trabajo, como si no fuera una posición del
capital que pueda ser torcida mediante la lucha, sino producto casi
“natural” de los desarrollos tecnológicos.



La “desindexación”



El cuarto punto es la consolidación del ajuste iniciado con Macri con el
cambio en la ley de movilidad previsional. La nueva fórmula será similar a
la aplicada entre 2008 y 2017 y se regirá por la evolución de los salarios y
la recaudación tributaria de la Anses, con un tope que no podrá superar
anualmente la evolución de los recursos totales de la Anses más un 3 %. Pero
no contiene un piso. Con ello, se aseguran de que cerca de un 50 % del
presupuesto nacional, que se mueve con aquella ley, podrá ir detrás de los
aumentos de precios y de esa forma “licuarlo” en los momentos de recesión,
haciendo recaer las crisis sobre las espaldas de jubilados y beneficiarios
de AUH. Incluso el Frente de Todos votó en contra de nuestra propuesta de
agregar una cláusula de piso mínimo que actúe como garantía ante la
inflación. Además de esto, sin nada que envidiarle a Macri, vuelven a
confiscar un trimestre con el “empalme” de fórmulas al pasar por alto la
evolución de la economía en el tercer trimestre de 2020, disminuyendo
también los futuros aumentos.



Un análisis de la consultora Ecolatina estima que, si la inflación en 2021
fuera del 50 % como esperan “los mercados”, el recorte del gasto público
resultante de la aplicación de esta fórmula sobre los ya haberes achatados
resultará en torno al 1 % del PBI, es decir, un ajuste de alrededor de $
400.000 millones.



Los argumentos de quienes defienden esta ley se limitaron a apuntar que
cuando se aplicó esta fórmula bajo los gobiernos de CFK las jubilaciones se
recompusieron (vale decir, poco). Se “olvidaron” que en el año 2014 con esa
fórmula se perdieron 14 puntos con respecto a la inflación y que también
sucedió en 2016, ya bajo el gobierno de Macri.



Para justificar el ajuste repiten el argumento liberal de que son los
aumentos de jubilaciones y salarios los que generan inflación. Pero a los
grandes fondos de inversión que ganaron con la bicicleta financiera durante
el macrismo les dieron bonos en dólares y otros en pesos atados a la
inflación para que no se desvaloricen sus activos. Se ajusta a los más
vulnerables, lo que nunca se desindexa son las ganancias de los bancos, de
los especuladores financieros y de los grandes grupos económicos. Esos nunca
pierden.



La precarización de la tercera edad



Cada modificación del sistema previsional aparenta ser una medida aislada
pero debe ser observada a la luz de los intentos del capital en las últimas
décadas por elevar los niveles de explotación laboral, extendiendo la
precarización de la vida hasta los últimos días. Durante el neoliberalismo
se avanzó en una mayor fragmentación y precarización del trabajo. Los
métodos del toyotismo como el just in time, la tercerización, y la
flexibilización en las leyes laborales fueron algunos de los elementos
característicos de la ofensiva del capital contra el trabajo. Los avances de
la técnica fueron utilizados por los capitalistas para organizar el trabajo
de manera tal que les permitiese aumentar la productividad. Así con ritmos
más intensos de trabajo y destruyendo una parte de los puestos de trabajo en
la industria, los capitalistas aumentaron sus beneficios. También el avance
del sector servicios con mayor cantidad de empleo inestable, precario e
informal, es marca registrada a nivel internacional y hunden sus raíces en
las transformaciones del trabajo iniciadas en los comienzos del
neoliberalismo.



Al mismo tiempo, los sistemas de jubilaciones y pensiones se transformaron
en todo el mundo en ambicionados cotos de ganancia para el capital. Allí
donde existían sistemas de reparto públicos como en Argentina, el FMI y el
Banco Mundial impusieron la privatización con la creación de las AFJP, que
en poco más de 10 años debieron ser rescatadas. Al mismo tiempo, las últimas
décadas fueron testigo de sucesivas “contrarreformas” en el terreno
jubilatorio, estirando la edad para acceder a la jubilación y terminando con
cualquier régimen especial. Las últimas rondas de estos ataques las vimos en
Brasil y en Francia, país donde se desató una dura respuesta a fines de 2019
con huelgas de ferroviarios y otros sectores que duraron meses.



La creciente pérdida de derechos en sectores de la clase trabajadora, que
entre otras cosas significó mayor proporción de la fuerza de trabajo ocupada
que no aportaba a ningún sistema previsional (ni de capitalización ni de
reparto), lo que en países como la Argentina ha ido de la mano de niveles
estructuralmente altos de desempleo aun en tiempos de crecimiento económico
(y más en las recesiones), pulverizó los ingresos del sistema previsional,
transformándose en otro argumento en favor de las reformas para hacerlo
“sustentable”.



En Argentina, a pesar del crecimiento económico a tasas chinas bajo el
gobierno de Néstor Kirchner, el empleo informal nunca perforó un piso en
torno al 30 % de la fuerza de trabajo y proliferaron formas precarias como
el monotributo. Esta cuestión estructural se trasladó a la tercera edad y al
sistema previsional. Actualmente se estima que solo 1 de cada 10 mujeres en
edad de jubilarse (entre los 55-59 años) tiene más de 20 años de aportes y
podría llegar a jubilarse, en tanto que, en los varones, solo 2 de cada 10
entre 60 y 65 años cuentan con más de 20 años de aportes.



La perspectiva para la tercera edad que le espera a estos millones que
trabajaron toda su vida, especialmente para las mujeres, es obtener una
pensión incluso un 20 % por debajo del haber mínimo, la Pensión Universal
Para el Adulto Mayor (PUAM), que se implementó en 2016 al tiempo que se
eliminaron las moratorias. Para quienes sí reúnen las condiciones para
acceder a una jubilación se encuentran con el problema de los bajos salarios
y la forma en que se calculan los haberes iniciales al no estar garantizado
el 82 % móvil. Por ejemplo, para un asalariado promedio en el sector
registrado (Ripte) que aportó durante 30 años la tasa de sustitución (la
relación entre el haber que empieza cobrando un jubilado y el salario que
cobraba en actividad) es de menos de 60 %.



Junto con esto el aumento de la expectativa de vida, que debería ser un
beneficio para los adultos mayores, para los capitalistas es un problema y
lo han transformado en una carga. Las reformas previsionales que el capital
impulsa en la mayoría de los países tienen entre sus objetivos principales
elevar la edad de retiro de los trabajadores para extraerles hasta la última
gota de sudor y al mismo tiempo reducir el gasto previsional. Con Macri se
introdujo también en la ley de “Reparación Histórica” la “opción” de
trabajar hasta los 70 años sin que el empleador pueda intimar al trabajador
a jubilarse. Un verdadero cinismo, ya que para quien obtiene una jubilación
de miseria o una pensión como la PUAM solo queda seguir trabajando para
llegar a fin de mes. Ninguna de estas medidas intentó ser revertida por el
gobierno de Alberto Fernández.



Trabajar menos, trabajar todos



Como planteamos en el recinto de Diputados el martes pasado, es necesaria
una respuesta opuesta por el vértice para restituir lo que se vienen robando
en los últimos años con los cambios en la movilidad bajo el gobierno de
Macri y su suspensión el primer año de Fernández. Pero no es suficiente
debatir solo la movilidad, porque los haberes están muy por detrás del
histórico reclamo del 82 % móvil del salario en actividad, ni que hablar de
la canasta básica. Para esto, no puede decirse que los recursos no alcanzan
cuando todavía siguen vigentes todos los recortes de las contribuciones
patronales que se impusieron en los años ‘90 con Menem y Cavallo. Si se
restituyeran los aportes previsionales al nivel que tenían entonces
aumentarían considerablemente los ingresos de Anses (Administración Nacional
de la Seguridad Social). Pero al mismo tiempo es necesario pelear por el
blanqueo de las trabajadoras y de los trabajadores (el Frente de Izquierda
presentó un proyecto en ese sentido) y terminar con toda forma de
precarización laboral. Queda demostrado que la crisis del sistema
previsional no es una cuestión “natural” por la extensión de la esperanza de
vida, sino por el contrario, es producto de una política de vaciamiento y de
precarización laboral capitalista.



Por ello, la respuesta a la “cuestión previsional” es inseparable de un
planteo de reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de
trabajo, alcanzable con el desarrollo actual de la técnica, estableciendo el
salario mínimo por encima de la canasta familiar. Es posible así terminar
con una realidad en la que millones de precarizados, desocupados y
subocupados coexisten con la sobreexplotación que recae sobre buena parte de
quienes hoy tienen empleo, tanto en condiciones precarias como quienes
tienen el –hoy convertido en– “privilegio” de tener un empleo formal.



Asimismo, imponer verdaderos impuestos a las grandes fortunas dirigidos a
aumentar los recursos previsionales permitirían sostener un incremento de
los haberes, que el sistema previsional tenga los recursos que debe tener,
para que las jubiladas y jubilados puedan empezar a acercarse a tener el
ingreso que se merecen. Este planteo junto a un conjunto de medidas que
empiezan por el desconocimiento soberano de la deuda odiosa y la ruptura con
el FMI tendría que ser una bandera de lucha para la clase trabajadora, la
juventud y el movimiento de las mujeres en la perspectiva de una
reorganización general de la economía que ponga en el centro la atención de
las necesidades sociales: para terminar con el hambre, la desocupación, con
el 45 % de pobreza, con jubilaciones de miseria, con la opresión de género y
con la destrucción ambiental.



* Nicolás  del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda y
dirigente del PTS. Es autor del libro Rebelde o precarizada. Vida y futuro
de la juventud en tiempos de FMI. Lucía Ruiz, economista, integrante del
staff de La Izquierda Diario Economía.



Notas



[1] Considerando el índice de precios al consumidor de CABA y la serie de
IPC-Indec la caída del haber real entre noviembre de 2015 y diciembre de
2019 es de 21,2 %.

[2] Posteriormente, con el argumento de la pandemia, se decretó una
extensión de aquella suspensión por 180 días más.

[3] En marzo correspondía por movilidad un 11,56 %, por decreto se otorgó
una suma fija de $1.500 y un 2,3 %. Al contener un aumento de suma fija el
porcentaje fue desigual para cada rango de haber, para la mínima significó
12,96 % mientras que para el haber máximo fue de 3,76 %. En junio
correspondía un aumento de 10,9 %, por decreto se aumentó 6,12 %. En
septiembre correspondía un aumento de 9,88 %, por decreto se aumentó 7,5 %.
Por último, en diciembre correspondía por movilidad un 4,5 %, se aumentó un
5 % por decreto.

[4] Monto estimado a valores nominales (es decir, sin tener en cuenta el
efecto de la inflación) entre marzo de 2020 y febrero de 2021 (vigencia de
los aumentos por decreto), incluyendo el impacto sobre el aguinaldo.

[5] Información para los 31 aglomerados urbanos de la EPH-Indec. Agradecemos
a Rosana Martínez y Lía Pesaresi por el procesamiento y análisis de los
datos.

[6] La Cámara Federal de Paraná, en la causa “Cabrera, Roque Agapito c/Anses
sobre reajustes varios” declaró la inconstitucionalidad de los decretos
referidos a los reajustes de marzo y junio. En la causa “Caliva, Roberto
Daniel c/Anses”, la Cámara Federal de Salta rechazó la arbitrariedad de los
incrementos por decreto.

[7] En términos de cantidad de beneficios suman 6.641.431 a septiembre de
2020. Boletín Estadístico de la Seguridad Social, MTEySS.

[8] Según estimaciones de la Fundación IERAL, Mediterránea.

[9] En muchos casos se argumenta que este dato subestima el hecho de que hay
personas que cobran más de un haber, como una jubilación y una pensión. Pero
incluso si se observa la pirámide de ingresos por beneficiario y no por
beneficio, se obtiene que igualmente el 48 % de los beneficiarios perciban
la mínima o menos y cerca del 80 % percibe menos de la Canasta del Jubilado.
Boletín Estadístico de la Seguridad Social, Secretaría de Seguridad Social,
septiembre de 2020.

[10] Entrevista en “Saldo a Favor”. Consultada el 01/01/2021 en
http://saldoafavor.economicas.uba.ar/que-sistema-de-jubilacion-queremos/

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