Colombia/ Virgilio Barco y el exterminio de la Unión Patriótica [Alberto Donadio]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

11 de enero 2021

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Colombia



Virgilio Barco y el exterminio de la UP



El célebre y premiado periodista investigativo revela un secreto que el
Estado colombiano ha guardado celosamente durante 34 años: la propuesta de
un agente israelí que condujo al exterminio de miles de militantes de
izquierda y la aprobación que impartió el presidente Virgilio Barco al
criminal proyecto.



Alberto Donadio

Los Danieles, 10-1-2021

https://losdanieles.com/



A comienzos de 1950 Virgilio Barco Vargas todavía no se había casado con su
novia gringa, Carolina Isakson. Él tenía 28 años y era representante a la
Cámara por el Partido Liberal de Norte de Santander cuando mataron en
Cúcuta, su tierra natal, a un amigo y copartidario suyo, Víctor M. Pérez.



Barco le escribió a su novia, que cursaba estudios en Estados Unidos: “He
estado profundamente consternado. Este hombre que había hecho de su vida,
sencilla y humilde, una continua faena de servicio de sus ideas, cayó
vilmente asesinado por el único motivo de que en su condición de líder
popular era incómodo para el partido de gobierno. ¡Eso es gangsterismo!”.



Como ha ocurrido con varias generaciones de políticos colombianos, Barco
estuvo rodeado de violencia desde que empezó su carrera de congresista, tras
el típico debut como concejal, hasta cuando la terminó como presidente de la
república cuarenta años más tarde. Poco después del asesinato de su
copartidario recibió amenazas de muerte y se marchó a Estados Unidos, donde
obtuvo el título de economista. En los años 40 ya se había graduado como
ingeniero en el MIT de Boston. Al regresar en 1954 le tocó el final de la
violencia conservadora, el ascenso efímero del general Gustavo Rojas Pinilla
y el nacimiento del Frente Nacional, un pacto de paz entre los dos partidos
enemigos. A lo largo del llamado “régimen de responsabilidad compartida” fue
senador, ministro, embajador y alcalde de Bogotá.



En 1986, al ser elegido presidente, la violencia seguía. Pero era otro tipo
de violencia. Ya no se trataba del ajuste de cuentas entre liberales y
conservadores, sino entre el Ejército y grupos guerrilleros de izquierda, y
entre el Estado y los narcotraficantes. Durante los cuatro años de Barco se
multiplicaron los asesinatos, combates y actos terroristas. En su mandato,
según la Policía nacional, fueron asesinadas cerca de 78.000 personas; 250
policías cayeron abaleados; explotaron 19 carros bomba que dejaron 300
víctimas y se produjeron más de 125 atentados dinamiteros contra oleoductos.



Lo más siniestro fue la violencia política, que persiguió, acosó y
prácticamente eliminó a la agrupación de izquierda Unión Patriótica (UP),
firmante en 1985 de los acuerdos de paz con el predecesor de Barco en la
presidencia, Belisario Betancur. Fueron más de 3.000 personas asesinadas,
según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Un fallo de la Sala de
Justicia y Paz lo calificó de “genocidio político”.



Cómo surgió y se desarrolló la matanza gota a gota de la UP es uno de los
más escondidos capítulos de nuestra historia reciente. Lo más grave es que
hay razones para pensar que el presidente Barco tuvo un papel determinante
en el exterminio de este conglomerado cercano al Partido Comunista.



Un espía llamado Rafi



Para descubrirlo es preciso unir una serie de claves que han permanecido
hasta ahora bajo estricto secreto. Todas ellas conducen a un agente israelí
que contrató Barco para combatir la violencia. Se llamaba Rafi Eitan y de su
silencioso paso por Colombia quedaron nefastas consecuencias pero muy pocos
rastros.



Nacido en la actual Palestina en 1926 y fallecido en Tel Aviv en 2019, fue
político, burócrata, hombre de negocios y, sobre todo, espía: un espía
legendario que comandó en 1960 la operación de secuestro del criminal de
guerra nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires, realizada por el Mossad, agencia
de inteligencia israelí. Llevado a Israel, Eichmann fue procesado y
sentenciado a muerte.



Posteriormente Eitan se especializó en lucha antiterrorista y dirigió en su
país la oficina de Relaciones Científicas, otra agencia al servicio del
espionaje de Israel.



Su historial revela que fue siempre un espía con verdadera licencia para
matar; no de los que en el celuloide se dedican a seducir rubias en raudos
coches, sino de los que encuentran razones de Estado o sentimientos
patrióticos para acabar con la vida de otros. En una entrevista con el Museo
del Holocausto de Washington, D.C., precisó que si la captura de Eichmann
hubiera fracasado él ya había decidido matarlo. “¿Entonces el comando iba
armado?” le preguntaron. “No —contestó—, la manera más fácil de matar a
alguien es desnucándolo”. Para él, “toda operación de inteligencia es una
alianza con el delito”.



Eitan participó en la cacería y eliminación de los palestinos que asesinaron
en Munich a los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de 1972.



Virgilio Barco conoció a Eitan cuando fue embajador de Colombia en
Washington (1977-1980). Hicieron buena amistad. Barco se interesó en el tipo
de trabajos que desarrollaba Eitan y el contacto se convirtió en una
operación secreta cuando, en 1986, el cucuteño fue elegido presidente. (Para
conocer detalles sobre la forma poco ortodoxa como se contrató y pagó al
agente israelí puede consultarse un artículo que publiqué en El Espectador,
13-14 XII. 2020).



Dos reuniones sin actas



La vinculación de Eitan al gobierno de Barco y su efecto en la historia
reciente de Colombia tiene como punto de inflexión dos reuniones realizadas
en los primeros meses de la nueva administración. Ellas permitieron que el
presidente de la República contratara in pectore a un agente de inteligencia
foráneo que no hablaba español ni era experto en cuestiones colombianas para
que aconsejara la mejor manera de combatir la guerrilla.



La primera reunión se produjo poco después del 7 de agosto de 1986. En
presencia del secretario general de la Presidencia de la República, Germán
Montoya, Barco señaló ante un muy reducido cónclave en la Casa de Nariño que
quería que viniera al país “mi amigo Rafi Eitan” para elaborar un
diagnóstico de cómo acabar con la guerrilla. El gobierno cubrió su decisión
con un espeso manto de secreto. No hubo comunicado de prensa de la Casa de
Nariño, informe al Congreso en el discurso del 20 de julio ni discusión con
el gabinete. Barco dispuso que Ecopetrol pagara los honorarios de Rafi
Eitan, y así se hizo.



Paso ahora a la segunda reunión. Se celebró también en la presidencia, unos
meses después de la primera. Rafi Eitan ya había permanecido un tiempo en
Colombia, acompañado de un grupo de asesores, y había recorrido varias zonas
del país financiado por las cuentas opacas de Ecopetrol. En esta segunda
reunión estuvieron presentes al menos el presidente Barco, el secretario
general Germán Montoya y un alto mando militar.



Barco informó que las conclusiones de Rafi Eitan aconsejaban eliminar a los
miembros de la Unión Patriótica y que ofrecía encargarse de esa misión a
cambio de un segundo contrato de honorarios. Una fuente cuyo nombre debo
reservar me indicó que Barco no cuestionó la recomendación ni formuló
objeciones éticas, morales, legales o políticas. Según ella, Barco no dijo
en esa reunión que matar a opositores políticos era gangsterismo.

El alto mando militar se opuso con vehemencia al segundo contrato y señaló
que renunciaría si Eitan era encargado de la misión. En su concepto, debía
ejecutarla el Ejército y no un comando extranjero. Barco reculó y aceptó que
así fuera. Eitan se quedó sin el segundo contrato.



Así, en pocos minutos, se decidió la suerte de los militantes de izquierda
que habían firmado la paz. Como es obvio, no hay grabaciones de esas
reuniones. Pero sí existe el testimonio que años después me confió la fuente
que acompañó todo el proceso. Esa fuente me señaló detalles. Por ejemplo,
que Barco se comunicó con Juan José Turbay, que era miembro de la junta
directiva de Ecopetrol, para que la junta autorizara el pago a Eitan. En las
actas de la época, que revisé cuidadosamente, no quedó registrada la gestión
de Turbay. Pero ese testimonio permitió divulgar el secreto mejor guardado
de los gobiernos colombianos contemporáneos. Es decir, la influencia en el
país de un agente de inteligencia de fama mundial como Rafi Eitan.



Lo más insólito es que la prensa internacional se enteró de ello antes que
la colombiana. De la misión de Eitan en nuestro país da fe el abogado
Ernesto Villamizar Cajiao, que fue su amigo; también el diario The
Washington Post, que el 3 de septiembre de 1989 señaló a Eitan como asesor
de seguridad nacional de Barco. En el archivo de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia de la República encontré el borrador de un contrato de 1987
con una firma de seguridad de Israel.



Las noticias sobre la visita de Eitan y las reuniones que convocó Barco
tienen el mismo origen: el testimonio de la fuente que acompañó el proceso.
De las órdenes verbales que dio el presidente no quedó constancia escrita.
La naturaleza de las decisiones explica el interés por protegerlas con
absoluta reserva, como en efecto se logró a lo largo de más de tres décadas.



Voces de alarma



Lo cierto es que la suerte de la UP cambió tras las dos reuniones en la Casa
de Nariño. Bajo el gobierno anterior de Belisario Betancur se habían
registrado muy pocos asesinatos en el nuevo partido, reconocido legalmente
en mayo de 1985. En cambio, en los primeros 14 meses del gobierno de Barco
la cifra superaba los 400.



Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 3.122 miembros de la Unión
Patriótica fueron asesinados durante un exterminio que se inició en 1986 y
que se prolongó muchos años, cuando Barco ya había dejado de ser presidente.
Los muertos y desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)
fueron un poco más de 3.000, según cifras oficiales chilenas. Las víctimas
totales de la UP son más de 6.000, sumando asesinatos, desapariciones,
torturas, desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos humanos,
según datos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



En 1986 y 1987, los muertos de la UP representaron el 60 por ciento de todas
las víctimas de la violencia política en Colombia, según informe del
Programa Presidencial de Derechos Humanos elaborado en 2008. En un período
de 223 meses consecutivos (algo más de 18 años) analizado por el Centro
Nacional de Memoria Histórica no hubo un solo mes en que no registrara un
asesinato o una desaparición de militantes de la UP. En otras palabras, el
exterminio de la UP se cumplió a lo largo de distintos gobiernos.



La súbita profusión de asesinatos políticos suscitó alarma incluso entre
funcionarios del Gobierno que ignoraban la presencia del agente Eitan y su
diagnóstico. El consejero de paz de Barco, Carlos Ossa Escobar, fallecido en
marzo del año antepasado, oficializó en 2011 ante la notaría tercera de
Bogotá que durante el gobierno del ingeniero liberal le expresó al ministro
de Defensa, general Rafael Samudio Molina, su preocupación pues todos los
días estaban matando a un integrante de la Unión Patriótica. Samudio le
contestó: “A ese ritmo no van a acabar nunca”. La noticia se divulgó en
Caracol Radio el 2 de junio de 2011 y en El Espectador el 10 de junio del
mismo año.



En un libro de 2009, Ossa Escobar escribió que tras el homicidio en octubre
de 1987 de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, se reunieron
varios ministros y jefes militares y de inteligencia. Ossa anotó que nadie
quiso responder a su diagnóstico como consejero de paz: “El Ejército, por
acción u omisión, había permitido que el narcotráfico con sus máximos
líderes patrocinara a los grupos paramilitares en su sangrienta carrera de
crímenes contra la Unión Patriótica”.



En una reciente columna en Los Danieles, Enrique Santos Calderón afirma:
“Barco fue totalmente apabullado por la macabra sucesión de magnicidios,
carros bomba, masacres colectivas, y asesinatos selectivos de jueces,
políticos, periodistas y policías”. El país tiene derecho a saber que no
toda la violencia del cuatrienio ocurrió por cuenta de Pablo Escobar y otros
asesinos. El propio presidente de la República se convirtió en un
catalizador de violencia al contratar a Rafi Eitan. Esa es la realidad,
aunque el país haya tardado 34 años en descubrirlo.

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