Perú/ Fujimori, a un paso de ser juzgado por esterilizaciones forzadas [Carlos Noriega]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

27 de enero 2021

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Perú



La fiscalía lo acusa de ser responsable de lesiones graves seguidas de
muerte



Alberto Fujimori, a un paso de ser juzgado por esterilizaciones forzadas



El 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las
esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300
mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad.



Carlos Noriega, desde Lima

Página/12, 27-1-2021

https://www.pagina12.com.ar/



El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), cumpliendo una pena de 25 años
por crímenes de lesa humanidad desde 2007, se enfrenta ante un nuevo proceso
judicial por graves violaciones a los derechos humanos. El 1 de marzo un
juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas
practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20
mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad. Varias de las víctimas
murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas. La
gran mayoría vivía en zonas rurales y provenían de comunidades indígenas, la
población más empobrecida y marginada del país. A los tribunales han llegado
los casos de más de mil mujeres víctimas de estas esterilizaciones forzadas.



La fiscalía pide se abra una causa penal a Fujimori como autor mediato de
los delitos de lesiones graves y de lesiones seguidas de muerte. También
están denunciados tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino
Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios del Ministerio de Salud. Ellos son
sindicados como los responsables de haber decidido, planificado y ordenado,
junto al exdictador, la política de esterilizaciones forzadas. Aguinaga,
médico de cabecera del encarcelado Fujimori, postula al Congreso en las
elecciones de abril próximo junto a la candidata presidencial Keiko
Fujimori, hija del exdictador de 82 años.



El caso llega a tribunales después de más de veinte años de impunidad y una
accidentada investigación fiscal, que fue archivada y reabierta varias
veces. La Fiscalía abrió investigación el año 2002, luego de una decisión de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado peruano
investigar las esterilizaciones forzadas a raíz de la denuncia ante este
organismo del caso de María Mamérita Mestanza, campesina andina que fue
esterilizada contra su voluntad en marzo de 1998 y que una semana después
murió a causa de la operación. Luego de varios intentos de archivar el caso,
en 2018 la Fiscalía finalmente presentó acusación, que recién más de dos
años después será vista por un juez.



“Si en esta próxima audiencia el juez decide abrir proceso penal, que es lo
que esperamos ocurra porque hay elementos para ello, entonces comenzará una
investigación judicial dirigida por el juez de primera instancia, quien
después de esa investigación definirá si se pasa o no a juicio oral. Esta
investigación, por ser un caso complejo, con más de mil víctimas que viven
en zonas alejadas del país, podría tomar entre dos y tres años. Recién
entonces comenzaría el juicio oral, eso si el juez decide en ese sentido,
que es lo que esperamos ocurra, porque también podría archivar el caso. El
juicio oral podría tomar otros cinco o seis años, recién entonces tendríamos
una sentencia. Las penas contra Fujimori y los otros acusados podrían ser de
ocho a diez años”, le señaló a Página/12 el abogado Sigfredo Florián, del
Instituto de Defensa legal (IDL), que defiende a un grupo de víctimas.



La acusación de la Fiscalía establece que las esterilizaciones se hicieron
sin la autorización de las víctimas o arrancándoles una autorización con
engaños, sin informarles adecuadamente. Y establece que esa fue una política
del gobierno de entonces. La defensa de los acusados señala que las
esterilizaciones fueron autorizadas por las víctimas, pero los testimonios
de esas víctimas y los documentos que se han podido rescatar desmienten este
argumento.



“La información que se tiene indica que las esterilizaciones fueron
forzadas. Existen los testimonios de las víctimas que señalan que fueron
esterilizadas contra su voluntad. Y en los casos que se tienen las historias
clínicas -la mayoría ha desaparecido, lo que es un ocultamiento de pruebas-
o no existe un documento en el que se autorice la esterilización o hay una
autorización firmada por la víctima pero que está escrita en español cuando
las víctimas son quechuahablantes y no hablan español. Las hicieron firmar
con engaños”, indica el abogado Florián.



“Enfermeras vinieron a buscarme a mi casa, me llevaron, en un cuarto me
amarraron las manos y me ligaron”, le relató Norma Mori, una de las miles de
mujeres esterilizadas, al diario La República. “Yo les dije que no, siempre
les decía que no, pero me obligaron”, es el testimonio de otra víctima,
Victoria Ccoya.



Este caso también ha sido llevado, por las víctimas y la organización
Justicia y Reparación, ante el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.



Para que Fujimori pueda ser juzgado por las esterilizaciones forzadas se
deberá solicitar una ampliación de la extradición otorgada por Chile, país
donde fue detenido y del que fue extraditado en 2007, ya que la extradición
para que sea juzgado en el Perú no incluyó este caso. El camino todavía es
largo, pero ya se comienza a desmontar la larga impunidad por las masivas
esterilizaciones forzadas.

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