América Central/ Nueva oleada de migrantes: pandemia, huracanes y pobreza [María García Arenales]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de enero 2021

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América Central



La pandemia y los huracanes generan una nueva oleada de migrantes de América
Central hacia Estados Unidos



A mediados de enero una caravana de 9.000 migrantes, en su mayoría
hondureños, fue reprimida con violencia por la Policía y el Ejército de
Guatemala cuando intentaba avanzar por ese país en su ruta hacia Estados
Unidos. Algunos cientos de personas continuaron su camino con la esperanza
de alcanzar territorio estadounidense y allí poder trabajar. La ambiciosa
reforma migratoria anunciada por el gobierno de Joe Biden dio esperanzas a
los migrantes centroamericanos, pero expertos consideran que la política de
Estados Unidos en esta materia seguirá siendo muy dura.



María García Arenales

La Diaria, 30-1-2021

https://ladiaria.com.uy/



José Wilman Torres nunca había salido de Honduras hasta hace unas semanas.
Se vio obligado a hacerlo a sus 46 años después de que en noviembre dos
huracanes consecutivos –Eta e Iota– destrozaran el hogar donde vivía junto a
su esposa Lilián y sus cuatro hijos, en el municipio de La Lima, al noroeste
del país. Las poderosas tormentas demolieron miles de viviendas, derribaron
puentes y dañaron carreteras en toda Honduras, además de arrasar extensiones
de cultivos. Más de 100 personas murieron y decenas de miles de familias lo
perdieron todo. Según un informe elaborado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) a petición del gobierno hondureño, los
daños provocados por las fuertes lluvias y vientos alcanzarían los 1.879
millones de dólares, si bien todos los países que conforman América Central
resultaron gravemente afectados.



Con esta situación, agravada por la pandemia del coronavirus, José Wilman no
tuvo más remedio que marcharse. “Los huracanes se lo llevaron todo, de mi
casa sólo quedó el puro terreno y me dio miedo volver a construir en el
mismo lugar. Vivía al día, trabajando como repartidor de pizzas, sin ningún
derecho, así que no tuve otra opción”, cuenta a la diaria. “Sin duda lo más
duro ha sido dejar a mis hijos, ellos también lo sufren”.



Emigrar del Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Honduras,
Guatemala y El Salvador, se ha convertido en prácticamente una obligación.
Su población no sólo huye de los devastadores efectos de la covid-19 y los
recientes huracanes, sino de los problemas estructurales como la pobreza, el
desempleo, la corrupción, el narcotráfico, la violencia de las pandillas y
el crimen organizado, que afectan a estas naciones desde hace décadas.



Para José la mejor opción era irse de Honduras acompañado, por lo que a
mediados de enero se unió junto a su esposa a la caravana de más de 9.000
migrantes que viajarían a pie rumbo a Estados Unidos en busca de un futuro
mejor. “El hecho de viajar con más gente me motivó, porque en grupo nos
podemos cuidar mejor”, asegura.



Sin embargo, la caravana duró mucho menos de lo previsto. Cuando los
migrantes intentaban avanzar por Guatemala, las fuerzas de seguridad de ese
país los reprimieron de manera violenta, utilizando palos y gases
lacrimógenos, sin importar siquiera que hubiera numerosas familias con
menores de edad. Tras la brutal represión de la Policía y Ejército
guatemaltecos, la mayoría de los hondureños que integraban la caravana
regresó a su país, pero José y Lilián, al igual que otros cientos de
migrantes, decidieron dispersarse y lograron avanzar por diferentes
senderos. Todo con el objetivo de continuar su camino hacia Estados Unidos,
aunque esta vez ya no sería en grupo.



Desde el 16 de enero en la Casa del Migrante, tanto en la de Ciudad de
Guatemala como en la de Tecún Umán, en la frontera con México, apenas han
dado abasto. Hasta el jueves habían atendido a unas 930 personas.



“Llegan con hambre y muy lastimados, algunos hasta sin suela en los zapatos
de lo que han caminado. Las carreteras que llevan hasta Honduras están
copadas por la Policía y el Ejército guatemaltecos y para ellos es muy
difícil moverse, por eso avanzan de noche, cuando hay menos vigilancia”,
explica a la diaria Carlos López, administrador y coordinador de proyectos
en la Casa del Migrante, que es atendida por la congregación religiosa de
los scalabrinianos. “Los migrantes [hondureños] llegan desesperados y ya no
buscan el sueño americano, sino una oportunidad, incluso en Guatemala o en
México, donde muchos tienen familiares o quieren solicitar refugio porque
son amenazados por las pandillas”, añade López.



José, que en estos últimos días en Guatemala ha desempeñado “algún
trabajillo, como cortar leña, para ir tirando”, ha llegado a estar más de
una semana sin poder bañarse y sólo puede hacer una comida al día, o a veces
ni eso. El martes tanto él como Lilián lograron cruzar a México y allí han
solicitado refugio, aunque su idea sigue siendo alcanzar territorio
estadounidense.



Violencia “inaudita”



Aunque la adopción de políticas represivas por parte de gobiernos
centroamericanos no sea novedosa, sorprende la violencia que Guatemala
empleó con la última caravana hondureña. “Es inaudito que se ensañasen
contra población civil desarmada; los golpearon de manera terrible”, señaló
Juan José Hurtado, director de la asociación guatemalteca Pop No’j, que
forma parte del grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria
para ese país.



La actuación de las autoridades guatemaltecas, continúa Hurtado, “es
contraria a la Constitución, al Código de Migración, a tratados
internacionales de los que el país es firmante, y no se ha comprobado si
esas personas procedentes de Honduras, donde los niveles de violencia son
muy altos, requieren protección internacional, pues no se han seguido los
procedimientos adecuados”, explica el experto. No obstante, Hurtado recuerda
que esa respuesta represiva del gobierno liderado por Alejandro Giammattei
“poco tiene que ver con los gestos de solidaridad que ha habido desde la
sociedad civil organizada y la población en el terreno hacia los integrantes
de la caravana, pues les han brindado ayuda en lo que han podido”.



Esa violencia empleada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas se
entiende aún menos cuando además existe un Convenio Centroamericano de Libre
Movilidad (CA-4), que permite el tránsito intrarregional de los ciudadanos
de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua entre estos países
simplemente con el documento de identidad y sin necesidad de realizar otros
trámites.



Sin embargo, debido a la pandemia, Guatemala exige una prueba negativa de
coronavirus para ingresar al país, y la mayoría de los migrantes no
disponían de ella. “Fue la excusa perfecta para justificar la represión”,
asegura López.



Los expertos también explican que ya antes de la pandemia muchos
centroamericanos preferían cruzar la frontera de Guatemala de manera
irregular porque cuando lo hacían de forma regular la Policía los
extorsionaba cuando ingresaban al país.



Nueva política migratoria en Estados Unidos



La política migratoria de la era de Donald Trump ha sido especialmente dura
en los últimos cuatro años para quienes han intentado ingresar a territorio
estadounidense. Durante sus mítines de campaña por la presidencia en 2016
una de las promesas estrella del republicano fue la construcción de un muro
a lo largo de toda la frontera con México, cuyas obras, además, pagaría ese
país. Sin embargo, cuatro años después, aunque se sumaron nuevos tramos de
muro fronterizo a los más de 1.000 kilómetros de barreras que ya había antes
de que Trump llegara a la Casa Blanca, la mayoría de los trabajos se
centraron en renovar estructura dañada, nada que ver con la megaobra inicial
que prometió.



No obstante, durante su mandato Trump levantó otros muchos obstáculos para
los inmigrantes, normalmente a golpe de órdenes ejecutivas. Puso en marcha
medidas como el polémico programa “tolerancia cero”, vigente entre abril y
junio de 2018 y que provocó la separación de más de 3.000 familias
migrantes, pues se procesaba a los padres judicialmente por cruzar la
frontera de manera ilegal. Asimismo Trump vetó la entrada de refugiados e
inmigrantes de 11 países de mayoría musulmana y dificultó el acceso a la
residencia permanente.



Algunas de las primeras acciones que ha llevado a cabo el nuevo presidente
de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, están precisamente relacionadas
con la inmigración. El mandatario firmó órdenes ejecutivas para detener la
construcción del muro fronterizo con México, para salvaguardar el programa
DACA –que protege de la deportación a 690.000 indocumentados que llegaron al
país cuando eran niños– y para anular el veto migratorio que impedía la
entrada a ciudadanos de ciertas nacionalidades.



Biden también ha enviado al Congreso de Estados Unidos una propuesta de
reforma migratoria, que ayudaría a que más de diez millones de
indocumentados regularizaran su situación en el país. Sin embargo, para que
el plan pueda salir adelante no sólo debe contar con el apoyo de la Cámara
de Representantes, sino que necesita al menos 60 de los 100 votos del
Senado. Con la cámara alta integrada por 50 republicanos y 50 demócratas,
lograrlo no será fácil.



El nuevo Ejecutivo estadounidense también tiene previsto destinar 4.000
millones de dólares en ayudas al Triángulo Norte de Centroamérica, con el
objetivo de que Guatemala, Honduras y El Salvador frenen la migración
forzada, si bien en el pasado ya hubo iniciativas similares sin demasiado
éxito.



Con la llegada al poder de Biden muchos migrantes centroamericanos tienen
nuevas esperanzas de llegar a Estados Unidos con condiciones más favorables,
pero entre los expertos consultados por este medio reina el escepticismo.



“Aunque cambien las autoridades, la política migratoria de Estados Unidos es
la misma. Con los demócratas históricamente hemos tenido las mayores
deportaciones, y eso pasó justamente con Barack Obama, cuando Biden era
vicepresidente”, lamenta Carlos López, quien asegura que la represión que
hubo días atrás en Guatemala contra la caravana de migrantes hondureños “es
un ejemplo de la política migratoria para las personas que están avanzando
hacia Estados Unidos”.



Durante los ocho años del gobierno de Obama (2009-2017) más de 2,7 millones
de personas fueron deportadas, cifra que supera con creces a los 2,1
millones de indocumentados que fueron expulsados de Estados Unidos con el
republicano George W Bush (2001-2009).



Pese a que Juan José Hurtado espera que haya cambios significativos en
Estados Unidos en materia migratoria, también recuerda que “no se van a
producir de la noche a la mañana” y que aún está por ver cómo se resuelve la
situación.



Lo que está claro es que si no se abordan los graves problemas que dan
origen a la migración, como son la violencia, la exclusión, la pobreza, la
corrupción o la impunidad, los migrantes mexicanos y centroamericanos que
intenten probar suerte en Estados Unidos se seguirán contando por miles.

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