Cuba/ El estallido social como crimen político. [Rafael Rojas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

21 de julio 2021

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Cuba



El estallido social como crimen político



La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier
protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese
discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.



Rafael Rojas +

Nueva Sociedad, julio 2021

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El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el
gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel
Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su
gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de
energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin
reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar
las razones del descontento popular: cortes de electricidad,
desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la
endemia de covid-19.



Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las
causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían
enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente
Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que
había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue
embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores
de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.



Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de
«golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de
la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos
contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el
desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de
mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela,
muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de
Nicolás Maduro.



Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron
choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son
antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se
vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como
asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. La manifestaciones, sin
embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o
lideradas por la oposición, como en Venezuela.



La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano
como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que
eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados
Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata
cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico
o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los
primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el
«odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación
sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.



La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de
diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de
Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a
propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos,
delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores
manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes
sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del
lumpen proletariado.



Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el
11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se
les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido
no se entiende como estallido sino como intento de golpe de Estado, otra
línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con
grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el
gobierno responsabiliza por las manifestaciones.



La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo.
Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión
foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes
contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en
América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema
político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso
excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional
cuando se trata de judicializar una protesta.



En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de
criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda
Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo
comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía
de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece
una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las
sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir
los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o
manifestación.



La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan
amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño
de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton.
Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en
los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera
Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los
afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa
independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados
Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política
punitiva por ejercer la crítica al gobierno.



En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el
«27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de
1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser
procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y
arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al
pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de
las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última
Constitución de 2019.



En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el
venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han
adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la
oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos
de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos
meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la
cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la
Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.



¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos
o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de
julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político
de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida,
es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia
cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el
conflicto bilateral con Estados Unidos.



Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el
gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la
hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la
acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19,
desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad,
represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte
de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de
Estados Unidos.



Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita,
acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en
la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados
Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del
estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la
maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la
criminalización de la protesta en la isla.



* Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano residente en la Ciudad de
México. Su último libro es La polis literaria. La Revolución, el boom y la
Guerra Fría (Taurus, 2018). Se desempeña como profesor e investigador del
Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.

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