Guatemala/ Esos atropellos, ese silencio. [Daniel Gatti - Ana Cofiño]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

29 de julio 2021

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Guatemala



Con Ana Cofiño, sobre la situación en Guatemala

Esos atropellos, ese silencio



Rodeado de acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico, el
gobierno refuerza su asfixia del aparato judicial y la represión de las
organizaciones sociales. Además, quiere sancionar a quienes se atrevan a
investigar el genocidio perpetrado por los militares.



Daniel Gatti

Brecha, 29-7-2021

https://brecha.com.uy/



«En Guatemala estamos en un momento en el que los tres poderes del Estado
están siendo cooptados de una manera descarada por una extensa red de
funcionarios y exfuncionarios corruptos, vinculados al tráfico de armas, de
drogas, de personas, a las violaciones a los derechos humanos», dice Ana
Cofiño, antropóloga, historiadora, fundadora de la revista feminista La
Cuerda. Lo de «momento» hay que tomarlo en sentido relativo. Hace ya mucho
que dura ese estado de situación. La propia Cofiño lo denunciaba en una
entrevista anterior (véase «La ira en las entrañas del odio», Brecha,
11-XII-20). Y dura hace bastantes años. «Lo que pasa es que se va
profundizando.» De gobierno en gobierno se va profundizando. «El copamiento
del Estado por las elites no es precisamente nuevo en Guatemala. Es una
estrategia de toma». Y, en tanto estrategia, es de largo aliento,
progresiva. Cofiño dice que lo llamativo de ahora es el descaro, que cada
vez hay más impunidad para cometer todo tipo de delitos y cada vez menos
instituciones independientes y menos instancias de control. Los asesinatos
«selectivos» de dirigentes sociales (campesinos, ambientalistas,
sindicalistas) continúan años tras año, sin que nadie parezca inquietarse.
El silencio de la comunidad internacional o de las instituciones regionales
ante lo que sucede en Guatemala a Cofiño no la sorprende.



***



En 2019 Guatemala fue el sexto país en el mundo con mayor número de
homicidios de militantes ambientalistas. Colombia fue el primero. El mes
pasado, 25 organizaciones sociales de los dos países presentaron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de audiencia para
denunciar el «continuum de violencia» de que son objeto «las personas
defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medioambiente». Dicen
que los procesos de paz respectivos (lejano, el guatemalteco, reciente, el
colombiano) no alteraron la situación, porque lejos estuvieron de alterar
eso que comúnmente se llama el modelo de desarrollo, y que ese modelo,
marcado por «la expansión sin precedentes de las actividades extractivas
como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran
escala, los monocultivos y la deforestación», se impone muy a menudo por la
coerción.



***



La semana pasada Juan Francisco Sandoval, fiscal especial adscrito a la
Fiscalía Especial contra la Impunidad fue destituido por la fiscal general,
Consuelo Porras. Fue uno de los últimos episodios de la ofensiva contra
quienes intentan poner diques de contención al «aparato de corruptos que es
este Estado prebendario», dice Cofiño. En la madrugada del sábado 24, el
hombre se fue de Guatemala. «Temía por mi vida», dijo. Sandoval fue
respaldado por Jordán Rodas, procurador de derechos humanos. Rodas ha
quedado como una de las pocas autoridades estatales independientes. La única
plenamente confiable, insiste Cofiño.



A principios de junio la Fiscalía de Derechos Humanos imputó a 12 militares
y policías retirados por un caso conocido como «Diario militar»: el
secuestro y la desaparición de al menos 183 opositores entre 1983 y 1985, en
el contexto de una guerra sucia que duró 36 años (de 1960 a 1996) y que,
entre asesinatos y desapariciones, causó unas 245 mil muertes, más del 90
por ciento de ellas atribuidas por una comisión independiente a las Fuerzas
Armadas y a los grupos paramilitares. Los 12 acusados (seis comparecerán
ante los tribunales y el resto están internados en hospitales) eran parte de
departamentos de inteligencia o contrainsurgencia del Estado.



Aunque resulten condenados, es muy poco probable que vayan a la cárcel. Está
el antecedente del general Efraín Ríos Montt, bajo cuya dictadura, de 1982 a
1983, fueron asesinadas decenas de miles de personas y al menos 400 aldeas
indígenas fueron totalmente arrasadas. En mayo de 2013 Ríos Montt fue
condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros delitos de lesa
humanidad, pero la Corte Suprema anuló el proceso por un tecnicismo absurdo.
En los tribunales, los sobrevivientes de las masacres ordenadas por el
general evangelista habían relatado horrores de todo tipo.



Ríos Montt murió en 2018, a los 91 años, habiendo pasado apenas un tiempito
en prisión domiciliaria (véase «Acabar hasta con la semilla», Brecha,
6-IV-18). El gobierno y los partidos que lo apoyan están promoviendo una ley
de amnistía para los militares acusados de delitos de lesa humanidad. Pero
no solo eso: el proyecto prevé incluso sanciones contra los jueces que abran
causas por esos y otros delitos graves. «Cada vez hay en este país más
impunidad para cometer cualquier clase de atropellos, desde el genocidio
hasta los tráficos de drogas o de personas, los desfalcos, lo que sea»,
cuenta Cofiño. El presidente, Alejandro Giammattei, «se siente con las manos
libres porque todo el aparato de Estado está cooptado por el crimen
organizado. Y se da, por ejemplo, el lujo de condecorar a corruptos que
están siendo investigados en otros países. Continuamente está provocando, y
sabe que no corre riesgos».



***



La pandemia ha dado para cualquier cosa. Y ha sido reveladora de la «enorme
brecha social que existe en este país». Guatemala es uno de los países
americanos con menor porcentaje de gente vacunada contra el covid-19: menos
de 9 por ciento con dos dosis, según datos de fines de junio. Al ritmo
actual, se tardaría nueve o diez años en vacunar a la población objetivo. Y
el perfil de los vacunados es límpido: apenas el 16 por ciento son indígenas
en un país en que más del 43 por ciento de sus casi 15 millones de
habitantes se reconocen como tales.



«El plan de vacunación del gobierno es excluyente y discriminatorio», dijo
en el Congreso la diputada y médica Lucrecia Hernández Mack, hija de Mirna
Mack, una antropóloga asesinada en 1990 por un comando paramilitar. La
diputada denunció, entre otras cosas, que la población debe agendarse en una
plataforma digital cuando menos del 30 por ciento de los guatemaltecos
accede a Internet, que los vacunatorios en el medio rural brillan por su
ausencia, que las vacunas han llegado con cuentagotas y han sido
distribuidas según criterios muy poco claros. Hay quienes viajan al exterior
(a la frontera con México, a Estados Unidos) para vacunarse. Miami es más
seguro que Chiapas. Menos riesgoso el viaje, más fácil vacunarse. También
más caro bancarse la estadía hasta recibir el pinchazo. «Ahí también se ven
las diferencias entre quienes se quedan y quienes pueden viajar, y entre
quienes se van al exterior. Es un poco absurdo, de todas maneras, que se
vacunen afuera, porque luego regresan y se encuentran con que acá el virus
circula casi libremente. De las medidas de contención del gobierno mejor ni
hablar», dice Cofiño.



Rodas pidió la renuncia de las autoridades de salud del país, comenzando por
la ministra Amelia Flores, por el manejo global de la pandemia. A comienzos
de julio Flores fue denunciada, además, por «peculado por sustracción» por
un contrato leonino de compra de 16 millones de dosis de Sputnik V a un
oscuro empresario ruso que apenas entregó unos pocos cientos de miles. La
ministra habría «mordido» una coima, como otra coima habrían mordido las
autoridades que toleraban el funcionamiento en el aeropuerto de Ciudad de
Guatemala de un laboratorio ilegal que hacía pruebas truchas de detección
del coronavirus a los viajeros llegados del exterior.



***



Las organizaciones de la sociedad civil se sienten acorraladas. Una ley de
oenegés autoriza al presidente a prohibir cualquier asociación de la que
sospeche de «alterar el orden público» y prevé dispositivos para ahogarlas
financieramente. Todos los recursos de amparo presentados contra esa norma
fracasaron. A mediados de junio la Corte de Constitucionalidad falló que la
ley de oenegés no violaba ningún derecho y le dio luz verde. «Era
previsible. Hay muy pocos funcionarios en todo el Poder Judicial con
voluntad de resistencia. A los jueces los contás con los dedos de una mano.
Cuatro de ellos han tenido que recurrir a la fiscalía para protegerse,
porque se les quiere quitar la inmunidad. Estamos ante un callejón sin
salida, bajo ataque por todos los flancos. Los medios de comunicación
independientes tampoco tienen margen, el acoso al que los someten desde
arriba es tremendo», apunta Cofiño.



Ante la embestida contra las organizaciones sociales ha habido
manifestaciones de protesta, señala, «pero no existe una opción de oposición
clara». «El descontento es muy perceptible, pero no se pasa de allí. Es
difícil explicar por qué se vota por esta gente, y domina en la sociedad el
“sálvese quien pueda”. Una continúa sin embargo apostando a que resurjan las
reservas de lucha, y la historia muestra que cuando los pueblos se hartan…»

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