Colombia/ Tragedia en tres actos: el absurdo teatro del horror colombiano. [Andrés Arango]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

8 de junio 2021

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Colombia



Tragedia en tres actos: el absurdo teatro del horror colombiano



No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se
sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor
parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son
los manifestantes



Andrés Arango

CTXT, 2-6-2021

https://ctxt.es/es/



El diario El Espectador es uno de los más prestigiosos de Colombia. El 17 de
diciembre de 1986, Guillermo Cano, su entonces director, fue asesinado por
la mafia para acallar sus valerosas críticas a un fenómeno que ya despuntaba
y que hoy tiene arrodillada a Colombia: el narcotráfico. Esa es una de las
múltiples pruebas, seguramente la más terrible, del valor de este medio.
Pero más que por su valor –que merece mucha tinta–, lo menciono a propósito
de uno de sus últimos editoriales: “El teatro del absurdo y del horror en
Bielorrusia”. Publicado en su versión digital, en el índice –o en el
pantallazo en el que está junto a los otros editoriales– aparece con fecha
de 29 de mayo; una vez abierto para comenzar su lectura, la fecha es la del
28.



La importancia de la fecha es su coincidencia con el mes cumplido del paro
nacional en Colombia, con mayor exactitud, su trigésimo primer día. No
resulta reseñable que un medio que se precie de su independencia y de su
talante democrático le dedique un editorial a los abusos del poder
autoritario y sus despóticas manifestaciones en cualquier lugar del planeta.
Lo que sí parece un poco triste es que este se escriba desde el campo de
exterminio en el que se ha convertido Colombia hoy; que se publique en la
simbólica, dolorosa y al mismo tiempo triunfal fecha y que además de no
lograr ver esta inocultable realidad, el editorialista parezca no haber
visto lo que ocurría a nivel político, hechos que presagiaban nuevas y
reforzadas profundizaciones del macabro momento que atraviesa el país.



Por todo lo anterior, y para incentivar el saludable gusto de la prensa por
las tablas, voy a hacerle una reseña a un nuevo capítulo de la actual
tragedia colombiana. De antemano pido disculpas por la escasez de
terminología teatral. Esa ausencia es parte de la escenografía de esta
Crónica de una masacre anunciada.



Primer acto



Ante la espantosa arremetida del Gobierno colombiano contra la sociedad
civil, que a más de tres semanas de paro ya iba engrosando las cifras de
muertes, desapariciones, mutilaciones y violaciones (sexuales), algunos
congresistas de la oposición citaron a un debate de moción de censura al
actual ministro de Defensa. El debate se llevó a cabo los días miércoles 26
(senado) y jueves 27 (cámara de representantes) de mayo. Es necesario anotar
que el actual Gobierno ha roto los récords por funcionarios del gabinete
citados a este tipo de debates. Para el caso de los ministros de Defensa,
este era el tercero de la actual administración. En el primer caso, el
ministro renunció antes de la votación que ya se le había revelado
completamente adversa. El segundo ministro logró evadirla, pero su
ministerio fue interrumpido de forma definitiva por la pandemia. Hay que
destacar, también, que cada nuevo ministro de Defensa llega con mayor
disposición a cualquier cosa que el anterior, como lo prueba el actual. A
pesar de los antecedentes, y ante el clamor de justicia de la inmensa
mayoría de la sociedad colombiana, resultó decepcionante y ofensivo el hecho
de que el ministro hubiese superado el “examen”. El mensaje enviado por el
Gobierno y los 69 senadores que apoyaron la terrible decisión de negarse a
destituir al funcionario fue clarísimo para el país: la sangría continuará.



Segundo acto



Pocas horas después de conocida esa primera votación que le daba el triunfo
a la ignominia, se filtró una conversación de WhatsApp de Milton Angulo, un
congresista del partido de Gobierno, quien escribió –transcribo siguiendo la
ortografía original–: “Esos bandalos lo que necesitan es plomo, así dejan la
joda”. Si bien esta clase de incitación a la violencia se ha ido haciendo la
norma en el país desde que se instaló el actual régimen, hay que entenderla
en el contexto del triunfo de un ministro que, con la ayuda de congresistas
de los partidos coaligados con el de Gobierno, salió indemne de una moción
que apenas amenazaba con dejarlo desempleado. El antepenúltimo ministro de
defensa es hoy embajador de Colombia en Chile. Existen rumores acompañados
de ciertas insinuaciones de que esos congresistas se habrían dejado comprar
con puestos, prebendas y quién sabe qué promesas, pues, al fin y al cabo, el
paro, que había logrado hacer recular al Gobierno en dos de sus abusivas
reformas (tributaria y de salud) y había logrado también cambios en el
gabinete, se habría anotado un triunfo para la dignidad –y a lo mejor habría
salvado algunas vidas– si el ministro de Defensa hubiese dejado su cargo. El
funcionario recibió, en cambio, un respaldo a su gestión y una recarga de
legitimidad.



Tercer acto



Finalmente, tras la segunda parte del debate de moción de censura, llegó el
día 28, día de conmemoración del primer mes del paro, mes en el que el
Gobierno ha seguido agrediendo a la ciudadanía, engañando a la opinión y
mintiendo a la comunidad internacional. No se había alcanzado ni la mitad
del día cuando ya en la ciudad de Cali, una de las más cruelmente golpeadas
por la respuesta del Gobierno, un sujeto armado comenzó a disparar a
ciudadanos que ni siquiera se estaban movilizando, pero que formaban parte
de lo que hoy en día se conoce como puntos de resistencia. En una funesta
apertura de lo que después de la fallida moción ha sido un renovado impulso
del Gobierno en su política de solucionar todo a punta de pistola y fusil,
los hechos dejaron tres muertos: el sicario y dos ciudadanos. En un par de
escenas dignas de las más retorcidas del cine gore, el asesino fue linchado
por los que antes habían sido sus objetivos. Y la balacera, como todas las
demás, tiene a su vez su contexto, que es el de una violencia justificada y
legitimada desde las más altas instancias gubernamentales, como lo
atestiguan la impunidad de un ministro de defensa salvado de una destitución
por una cuadrilla de congresistas corruptos y una repetida incitación a la
violencia por parte no solo de congresistas y militantes del partido de
Gobierno, sino de muchos otros actores sociales que están de acuerdo con
esta suerte de “solución final” que pretende forzar el actual presidente. El
pistolero de esta tal vez no primera, pero sí muy difundida y sangrienta
secuencia, resultó ser un investigador de la Fiscalía. El fiscal general de
la nación, tan bueno como el ministro de Defensa, ofreció la escandalosa
pero previsible excusa de que el “funcionario” no estaba trabajando en ese
momento. O, en otras palabras: dado que el investigador asesinado le dejó
con la imposibilidad de negar su pertenencia a la institucionalidad, le tocó
aceptar que sí pertenecía a la fiscalía, pero no cuando estaba matando
porque estaba en sus horas de descanso.



Pero apenas se iniciaba el día. En horas de la tarde circularon videos en
los que ya no disparaba un solo individuo, sino una muchedumbre de sujetos
vestidos de civil acompañados por una de uniformados. Este renacer del
paramilitarismo tuvo otras manifestaciones a lo largo del día, aunque no en
una escala tan enorme como la de Cali: de Medellín y de Pereira circularon
videos de individuos con armas desenfundadas ante la actitud indiferente de
los uniformados, que parecían actuar más bien como una especie de
guardaespaldas. Mientras esto ocurría, en algún otro lugar de la ciudad de
Cali, Álvaro Herrera Melo, un estudiante de música, cornista que participaba
en un “cacerolazo sinfónico”, fue arrestado, torturado y luego obligado a
hacer declaraciones que lo incriminaban en actos ajenos a la actividad
musical. Una militante del partido de Gobierno fue quien al parecer difundió
el video en el que a la auto incriminación forzada del joven músico agregaba
algún mensaje de incitación y justificación. En una de las múltiples
evidencias audiovisuales ampliamente difundidas se veía cómo, a escasos
centímetros de los policías que participaban del atropello, circulaba un
ciudadano de bien, con camisa blanca, chaleco antibalas y lo que parecía un
fusil o un rifle de asalto. Otros ciudadanos de bien celebraban el abuso con
arengas. Cuando esto escribo, algún juez que no ha caído en la trampa de
convertirse en un delincuente declaró ilegal la captura.



Ante semejante desorden del que acá solo se mencionan dos o tres casos, la
reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente viajó a la ciudad de
Cali, donde se reunió primero con la gente de bien, que es más o menos como
se autodenominan aquellos que están de acuerdo con acribillar a todo el
mundo y a la que pertenecen los pocos pistoleros que no son funcionarios en
su día libre. También se arriesgó en algunos puntos de la ciudad no tan
amables con su estrategia. Finalmente, prometió “el máximo despliegue
militar” y “triplicar la capacidad operativa de la policía” para acabar con
las “islas de anarquía”, como al parecer entiende que son los ciudadanos que
se resisten a aceptar la canallada que ha sido su gobierno entero.



Cierre de telón



No se sabe a dónde irá a parar el país ni cuándo terminará el derramamiento
de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. Los
partidos corruptos, también. El líder de uno de ellos ya hace más de una
semana afirmó que “el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado
de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para
controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de
determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender
alcaldes y gobernadores”. Para comprender la irresponsabilidad de estas
afirmaciones, hay que advertir que, en el actual estado de cosas, si la tal
declaratoria llegase a ocurrir, la sangría no haría más que intensificarse.
Por otra parte, la institucionalidad y la mayor parte de la gran prensa han
normalizado un lenguaje en el cual la violencia y la violación de los
derechos humanos son las barricadas, los bloqueos, los puntos de resistencia
y los lugares donde se reúnen los manifestantes. El gobierno nunca usa la
palabra violencia para referirse a la arremetida homicida de la fuerza
pública, en parte, porque no la reconoce. No la reconoció el ministro en su
extremadamente cínica defensa durante la primera parte del debate de moción
de censura ni aparece jamás en las justificaciones y altisonantes
intervenciones del presidente. La última evolución de esta obstinada
estrategia de negación fue la aparición del ministro de Justicia Wilson
Ruiz, quien en una entrevista para un medio extranjero afirmó que los
muertos eran producto de riñas y que el paro era producto de una
conspiración internacional. Así está el oscuro tono de la situación en
Colombia. Es difícil concluir este texto porque nada ha cesado. Todo
continúa pasando. Se multiplican los actos de la tragedia.

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