Colombia/ "Cada día se ven nuevas prácticas de violencia por parte de la Policía". [Alejandro Lanz - Entrevista]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de junio 2021

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Entrevista con Alejandro Lanz, codirector de Temblores



“En Colombia cada día se ven nuevas prácticas de violencia por parte de la
Policía”



La organización no gubernamental colombiana se convirtió en referente en el
registro y la denuncia de la represión a los manifestantes.



Cecilia Pérez Otero

La Diaria, 26-6-2021

https://ladiaria.com.uy/

El lunes se cumplen dos meses de las protestas que comenzaron el 28 de abril
en Colombia, impulsadas por el malestar contra el gobierno y el repudio a la
violencia con que fueron reprimidas. A pesar de que el Comité Nacional de
Paro, integrado por distintas organizaciones sociales, anunció que dejaría
de convocar a las marchas masivas de los miércoles, las movilizaciones
continúan, en particular en ciudades como Cali y Bogotá.

También continúa la represión. En estos dos meses, 43 personas murieron en
el marco de las manifestaciones, según los datos de organizaciones no
gubernamentales como Temblores, que se volvieron más fiables y exhaustivos
que los números oficiales.



Temblores fue creada en 2016 y ya tenía experiencia en registrar la
violencia policial, en particular contra las personas más vulnerables o con
mayores dificultades para acceder al sistema de justicia, y cuando surgieron
las manifestaciones, rápidamente comenzó a trabajar para reportar y
denunciar los nuevos casos. Días atrás presentó a una delegación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Colombia su
informe documentado sobre distintos tipos de uso ilegítimo de la fuerza por
parte de la Policía.



la diaria conversó con uno de los directores de esta organización, Alejandro
Lanz, acerca de las movilizaciones, la impunidad, la violencia respaldada
con armas que hasta ahora no se habían utilizado contra manifestantes en
ningún país de América Latina, y la desconfianza y el miedo que enfrentan
las víctimas al momento de denunciar.



Antes de las protestas, Temblores ya registraba la violencia policial.



Comenzamos con ese registro hace algunos años y así construimos un informe
de derechos humanos titulado “Bolillo, Dios y Patria” [algo así como Palo,
Dios y Patria], donde documentamos que entre 2017 y 2019 la Policía había
asesinado a 289 personas, había violentado físicamente a 39.613 y había
violentado sexualmente a 102 personas. En este paro en específico, venimos
documentando desde el comienzo cómo la Policía ha violentado físicamente a
los manifestantes y ha utilizado las armas de letalidad reducida para
atentar contra la vida y la integridad. Hemos documentado toda una serie de
prácticas en el informe que le entregamos a la CIDH, y las cifras son
preocupantes. Son 4.285 hechos de violencia policial en sólo estos dos
meses, entre los cuales resaltan los 43 homicidios cometidos presuntamente
por la fuerza pública. También tenemos registro de 215 víctimas de armas de
fuego, 81 víctimas de agresión en los ojos, y en total documentamos 1.468
casos de violencia física.



-¿Qué ha cambiado en estos dos meses?



A lo largo de estos últimos días, hemos documentado cómo en las noches la
rabia de la juventud contra la Policía se ha incrementado y se ha tornado un
poco más violenta, y la represión contra estas movilizaciones nocturnas ha
sido igualmente muy represiva y muy violenta, sin ningún tipo de
proporcionalidad, faltando a todos los principios policiales. Hemos visto
con preocupación que cada día tenemos que documentar nuevas prácticas.
Teníamos nueve grandes prácticas en el informe, pero hay una serie de
comportamientos en los que la Policía ha sido vista trabajando con grupos
armados al margen de la ley en la represión contra los manifestantes. Hemos
visto cómo el Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] ha disparado gases
lacrimógenos al interior de viviendas que están haciendo cacerolazos, por
ejemplo. La gente se está manifestando desde sus casas y el Esmad le dispara
al interior de las viviendas. Hemos visto también cortes de luz asociados a
puntos críticos donde ha habido violencia, o los ataques y daños a ollas
comunitarias. Tenemos reportes en los que policías del Esmad insertan en las
ollas comunitarias veneno o algún tipo de sustancia, para dañar el proceso
comunitario.



-¿Atacan las ollas comunitarias?



Eso comenzó a pasar hace una semana y media. Las ollas comunitarias son
lugares donde la gente prepara comida, en el espacio público, para las
personas que están protestando, y hemos tenido dos reportes de que la
Policía deposita una sustancia en una de estas ollas, no tenemos todavía
conocimiento de qué tipo de sustancia depositó, pero sí echa algo. El
policía fue grabado, y es una práctica que busca atacar también todo el
proceso de la olla comunitaria. Hemos visto también –creo que el martes– que
tumbaron una olla que se estaba preparando.



--¿Cómo es el proceso de verificar las denuncias que reciben?



Nosotros tenemos desde hace ya casi tres años una plataforma que se llama
Grita, que nos permite captar una gran cantidad de datos de personas que han
sido víctimas de la violencia. La persona puede clasificar su identidad de
género, orientación sexual, edad, estrato socioeconómico, y toda una serie
de categorías sociodemográficas y de vulnerabilidad de la víctima, y es en
esa plataforma donde ingresan la gran mayoría de los casos. Después nosotros
hacemos una llamada de verificación de esa información, y procedemos a hacer
un registro en una base de datos. Esto después tiene todo un ejercicio de
depuración, en el que eliminamos los dobles registros, porque muchos de los
casos nos llegan por varios canales. También tenemos la plataforma
Policarpa, en la que atendemos judicialmente a las víctimas para
acompañarlas en su proceso de denuncia ante la administración de la
justicia. Además, nos llega mucha información por nuestra línea telefónica
de Whatsapp, y ahí nos llega una gran cantidad de fotografías y videos que
documentan la violencia. Toda esa información, en una labor titánica, la
ponemos en una misma base de datos, y procedemos a verificar la información
con el testigo o con la víctima.



-¿Las personas que sufrieron violencia les transmiten en algún momento su
miedo a presentar una denuncia ante la Fiscalía o ante la propia Policía a
la que están denunciando?



Sí, hemos visto con gran preocupación que el incremento de la desconfianza
en las instituciones del Estado ha generado que muchas de las personas dejen
de denunciar ante la Fiscalía, que es la autoridad que investiga penalmente
los hechos, o ante la Policía misma y la Procuraduría, que son las que
investigan disciplinariamente a los funcionarios policiales. Esto se debe a
que hay un descontento muy grande y también poca independencia tanto de la
Fiscalía como de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con respecto al
gobierno nacional, el Ejecutivo. Hemos intentado, pese a todo esto,
convencer a las víctimas de que formalicen sus denuncias frente a las
autoridades competentes. Hacemos unas advertencias muy claras sobre la
emocionalidad que implica sumergirse en un proceso penal contra la fuerza
pública en Colombia. El nivel de impunidad que hemos documentado en
“Bolillo, Dios y Patria”, por ejemplo, indica que solamente 0,66% de los
casos terminan en una condena, una cifra absurdamente baja [que evidencia]
un nivel de impunidad bastante alto. En ese sentido somos muy transparentes
sobre lo que enfrentan las víctimas ante el sistema judicial cuando
denuncian a la Policía, pero también intentamos formalizar estas denuncias y
por medio de Policarpa, que es nuestra clínica de justicia ambulante,
hacemos este ejercicio. Algo que sucedió, que notamos con especial
preocupación, es que cuando la gente se enteró de que la CIDH venía al país,
muchas de las denuncias que nosotros ya teníamos por radicar, de casos que
estábamos atendiendo, desistieron de radicarlas en la Fiscalía y prefirieron
solamente hacer el puente con la CIDH. Esto se debe a que hay un temor muy
grande, no solamente por las represalias que puede haber por parte de la
Policía al momento de denunciar, sino porque hay una desconfianza profunda
en las instituciones.



¿Qué información le brindaron a la CIDH?



Entregamos un informe que documenta nueve prácticas de violencia policial,
cuántos casos hay asociados a cada práctica, y una descripción cualitativa
de tres casos por cada una de esas prácticas. Además, entregamos tres bases
de datos: la de violencia homicida, la de violencia sexual y la de lesiones
oculares.



-¿Podrías resumir esas nueve prácticas?



Reportamos el uso indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de
fuego en contra de manifestantes por parte de la fuerza pública. Uno es el
de los disparos de armas de fuego directamente contra los manifestantes, que
nos ha dejado un alto saldo: al corte del informe eran 20 las personas que
murieron víctimas de armas de fuego. La segunda práctica es el uso de
armamentos de aparente letalidad reducida, que al ser utilizados
directamente contra el pecho o la cabeza de los manifestantes, para
dispersar protestas pacíficas, han generado un alto nivel de letalidad y de
daños a la integridad física. Esto incluye disparos de perdigones, granadas
aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma. Estos disparos, al ser
horizontales y no parabólicos, y al dispararse a un metraje ilegal e
indebido, han generado unas heridas muy graves en los manifestantes, algunos
de los cuales han perdido la vida. Después están los disparos horizontales
con arma Venom, que es esta arma de largo alcance y de poca precisión, que
en Colombia se ha utilizado en lugares residenciales y contra manifestantes.
Son armas que no tienen ningún tipo de control, y que en toda América Latina
no habíamos visto que se utilizaran en protestas. Sólo hay reportes en
Colombia. Vimos que muchas veces han alcanzado los cuerpos de manifestantes
y viviendas. [Se trata de un dispositivo eléctrico que ha sido denunciado
por organizaciones como Amnistía Internacional, que sirve para disparar
múltiples o sucesivas granadas de estruendo, de humo o de gases irritantes a
una distancia de hasta 200 metros]. En la cuarta parte del informe, sobre el
lanzamiento de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras al interior de
viviendas en barrios residenciales, hemos visto cómo dos personas mayores
murieron asfixiadas por cuenta de esta práctica. Por otra parte, está la
vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales.
Esto abarca el ocultamiento de las placas de policía para evitar futuras
judicializaciones, o que las personas son retenidas y llevadas a lugares de
tal modo que sus familiares o abogados no pueden saber dónde están. Es todo
un proceso de ocultamiento de la práctica y acción policial. También está la
imposición de requisitos y medidas paralegales a personas retenidas
arbitrariamente por parte de la Policía a cambio de la libertad: te obligan
a firmar un documento en el que tú aseguras que te han tratado bien, para
utilizarlo después en los procesos. Y están también la violencia sexual y
basada en género hacia manifestantes, la generación de traumas oculares, que
no habíamos visto antes con tanta intensidad, y todo el proceso de
desaparición forzada de manifestantes.



-¿Se ha localizado a las personas desaparecidas?



Hemos visto que la gente sale a denunciar porque las retenciones arbitrarias
impiden que las personas se comuniquen con sus familias y que las familias
sepan adónde trasladan a la gente. Nosotros hicimos una plataforma especial
para esto que se llama BIDA –Búsqueda de Identidades Desaparecidas– y hasta
la fecha hemos recibido 40 reportes de los cuales ya 37 aparecieron; muchos
de ellos fueron víctimas de violencia policial. Sólo hay tres registros de
personas que simplemente no aparecieron porque estaban en la movilización y
no avisaron a sus familias, y además dos que serían denuncias falsas, pero
las 37 restantes vivieron episodios de violencia por parte del Esmad o de la
Policía, y hay tres casos que nos preocupan muchísimo de personas que están
desaparecidas desde hace más de siete días. La Defensoría del Pueblo tiene
al día de hoy 77 mecanismos activos de personas desaparecidas.

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