Nicaragua/ Pandemia, violencia política y salida electoral [Elvira Cuadra Lira]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

9 de marzo 2021

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Nicaragua

 

Pandemia, violencia política y salida electoral 

 

La crisis social y política nicaragüense se agudizó con la pandemia de
covid-19 y sus efectos económicos. En la sociedad crecen las expectativas de
resolverla de cara a las elecciones que se realizarán a fines de este año.
Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen asediando a una oposición que, sin
embargo, no consigue unificarse.

 

Elvira Cuadra Lira *

Nueva Sociedad, febrero 2021 

https://nuso.org/articulo/

 

En 2018 Nicaragua llamó nuevamente la atención mundial cuando una ola de
protestas sociales se extendió por todo el país y se prolongó durante varios
meses. Las movilizaciones eran la expresión generalizada de un profundo
descontento y llevaron la contienda política hasta el más alto nivel cuando
las acciones de represión gubernamental provocaron una gran cantidad de
muertes, personas heridas, encarcelamientos, torturas, malos tratos y
juicios arbitrarios. En aquel contexto, decenas de miles de personas huyeron
hacia el exterior. El gobierno, encabezado por Daniel Ortega y su esposa
Rosario Murillo, intentó aplacar las movilizaciones con acciones de
violencia letal y dos rondas fallidas de negociación que se efectuaron en
mayo de 2018 y febrero de 2021. 

 

Desde entonces y hasta la actualidad, se ha instalado una política de
represión gubernamental caracterizada por amplios despliegues policiales y
grupos de civiles progubernamentales armados que actúan en conjunto con la
policía. Además, se ejecuta una política de hostigamiento, vigilancia y
agresiones a líderes y activistas políticos, defensores de derechos humanos,
periodistas y medios independientes, prisioneros políticos excarcelados y
familiares de víctimas de la represión. Estas acciones de hostigamiento
policial han llegado al punto de impedir que líderes políticos puedan salir
de sus casas sin que exista de por medio una orden judicial. Sobre el resto
de la ciudadanía se ha impuesto un estado de excepción de facto que ha
cercenado derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de expresión y
de prensa, el derecho de movilización y organización, entre otros. 

 

Como el gobierno controla a los demás poderes estatales, entre finales de
2020 e inicios de 2021 promovió la aprobación de un conjunto de leyes que
tienen como propósito criminalizar a la oposición y limitar aún más derechos
ciudadanos fundamentales. Estas son la Ley de «Agentes Extranjeros», que
obliga a las organizaciones sociales y personas individuales que reciben
fondos del exterior a inscribirse en una oficina, además de someterse a una
serie de restricciones y controles; la Ley de Ciberdelitos, que incrementa
la vigilancia obligando a las compañías telefónicas a suministrar los datos
de personas que el gobierno considere de interés político; la Ley de Cadena
Perpetua, que implicó una reforma a la Constitución e incrementó las penas
para delitos que el gobierno considera «de odio», además de llevar el
periodo de detención preventiva de 48 horas a 90 días; y, finalmente, una
ley que sanciona a quienes participen o lideren acciones de oposición. 

 

Desde el inicio de las acciones represivas gubernamentales, organismos
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han elaborado informes
y declaraciones para alertar sobre las graves violaciones que se están
cometiendo. Otras instancias internacionales, como la Secretaría General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo, han
emitido resoluciones en rechazo de estas violaciones y llamando al gobierno
de Ortega a restablecer las libertades y derechos ciudadanos, así como a
encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis sociopolítica. Estados
Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido han impuestos
sanciones a una veintena de funcionarios e instituciones relacionadas con el
gobierno. 

 

Las elecciones como punto de inflexión 

 

En la medida en que la crisis se ha prolongado en el tiempo y se ha vuelto
más compleja por la pandemia de covid-19 y sus efectos económicos, en la
sociedad nicaragüense han crecido las expectativas de resolverla con las
elecciones presidenciales previstas para finales de 2021. Pero hay otros
elementos que también han alimentado esas expectativas. Uno de los más
significativos es la memoria histórica y colectiva sobre las posibilidades
del voto ciudadano como un instrumento de cambio político hacia rutas
democráticas a partir de las lecciones de 1990. 

 

Los altos porcentajes de participación en los procesos electorales muestran
que entre la sociedad nicaragüense se instaló esa idea hasta que, en 2000,
un pacto entre los caudillos políticos de las dos fuerzas políticas más
importantes —Ortega, por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
y Arnoldo Alemán, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— dio paso
a la captura del sistema electoral y trastocó la competencia electoral por
las graves irregularidades y fraudes que se cometieron, especialmente desde
2011 hasta la fecha. A pesar de la falta de transparencia, credibilidad y
confianza en el sistema electoral, un porcentaje importante de la ciudadanía
espera que las elecciones previstas para noviembre de 2021 se conviertan en
un momento de cambio y apertura democrática. 

 

Sin embargo, los momentos y las posibilidades entre 1990 y 2021 son
diferentes. Una de las características del contexto actual es que el
gobierno ha instalado una política de represión y un estado de excepción
para impedir que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales como la
libertad de expresión y la libertad de movilización y de organización, entre
otros. Hoy, en Nicaragua, se suma una pandemia de alcance global, que ha
sido tratada por el gobierno con una política sanitaria que no previene ni
atiende la situación, sino que más bien promueve actividades públicas
masivas y oculta los datos reales de contagios y fallecimientos; además, una
grave crisis económica golpea a amplios sectores de población, pero
especialmente a los más vulnerables. 

 

En el ámbito político, la coalición electoral opositora de 1990 estuvo
conformada por 14 partidos políticos de distintos signos ideológicos. Esta
vez, existen dos plataformas opositoras —la Coalición Nacional y la Alianza
Ciudadana—, que incluyen entre sus integrantes tanto a partidos políticos
como a rganizaciones y movimientos sociales. Además, en todo el país existen
numerosos grupos y organizaciones ciudadanas nacidas a partir de 2018 que no
están vinculadas con estas plataformas. La mayoría de estos actores son
emergentes y están en conflicto con los partidos políticos por la poca
legitimidad y confianza que tienen entre la ciudadanía, así como por su
participación en negociaciones y acuerdos excluyentes promovidos por las
elites como mecanismo de gobernabilidad y viabilidad política durante las
últimas tres décadas. 

 

Actores internacionales como la OEA, la Unión Europea y diferentes gobiernos
han expresado su deseo de que las elecciones se conviertan en un medio para
resolver la crisis sociopolítica y que el gobierno de Ortega procure las
condiciones para ello: las necesarias reformas electorales que permitan un
proceso competitivo, justo y transparente, la liberación de los prisioneros
políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. Pero para que
las elecciones se conviertan efectivamente en el punto de inflexión hacia
una transición democrática en Nicaragua, es necesario resolver aspectos
críticos que involucran la voluntad política tanto del gobierno como de las
distintas fuerzas de oposición para concurrir con una fórmula presidencial
de consenso. 

 

Condiciones y puntos críticos 

 

Una de las condiciones fundamentales para las elecciones previstas en
noviembre de 2021 es que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su
derecho al voto en libertad, con una competencia justa entre diferentes
fuerzas políticas, en un proceso transparente en el que se respeten los
resultados de las votaciones. Para eso se requieren reformas electorales de
fondo que el gobierno de Ortega parece no estar dispuesto a conceder. En la
actualidad, el sistema electoral está controlado por el propio mandatario,
quien rompió el balance entre los poderes del Estado desde su llegada a la
Presidencia en 2007. El pacto que efectuó en 2000 con Alemán le permitió
conseguir ese control, modificar las reglas del juego electoral y, más
adelante, cometer irregularidades y fraudes para asegurar su continuidad en
la Presidencia. 

 

Diversas organizaciones y fuerzas políticas han demandado reformas
electorales para revertir ese control y, más recientemente, la Asamblea
General de la OEA emitió una resolución que urge a Ortega a llevarlas a cabo
antes de mayo, un plazo crítico porque marca el límite de tiempo necesario
para implementarlas antes de que se inicie la campaña electoral. Ortega ha
alargado el tiempo para que esas reformas, en el caso que decida
efectuarlas, no modifiquen en el fondo su control sobre el sistema
electoral. 

 

El gobierno también tiene la llave para resolver otras demandas planteadas
por la oposición, como la liberación de más de cien prisioneros políticos,
el restablecimiento de los derechos ciudadanos y la suspensión de la
política de represión impuesta hasta ahora. Sin esas condiciones, que forman
parte de los acuerdos suscritos en febrero-marzo de 2019, difícilmente la
ciudadanía y las mismas fuerzas políticas podrán desarrollar sus actividades
proselitistas durante la campaña electoral. 

 

Del lado de las fuerzas de oposición, uno de los puntos críticos se refiere
a la conformación de una alternativa electoral amplia que aglutine a la
mayoría de las organizaciones, movimientos y partidos, así como los votos de
la ciudadanía. La «unidad», como la llama la población, marcha a paso lento,
pero, igual que las reformas electorales, tiene plazos fatales. El camino
para esa coalición amplia está cruzado por fuertes conflictos que no parecen
fáciles de resolver por un falso dilema en la opinión pública entre
«izquierda» y «derecha»; la selección de una fórmula presidencial de
consenso entre una lista de precandidatos y los desencuentros entre los
opositores alimentados por el propio gobierno. 

 

¿Y si no hay condiciones? Los escenarios posibles 

 

Sobre el proceso electoral y las posibilidades de abrir el camino para la
transición democrática, hasta ahora se cierne un espeso nubarrón de
incertidumbre. Un escenario posible es que Ortega decida abrir un espacio
limitado para simular unas votaciones legítimas y obtener el reconocimiento
internacional. Dependiendo de qué tanto se abra ese espacio y la fortaleza
de las fuerzas de oposición democráticas para disputar los votos, es posible
pensar en un cambio de gobierno y la transición hacia la democracia. En ese
caso, el gobierno electo se enfrentaría a un escenario lleno de retos
complejos para resolver tanto en el ámbito político como en el económico y
social. 

 

Otro escenario es que Ortega no permita las condiciones necesarias para un
proceso electoral competitivo, transparente y en libertad, que se produzca
un fraude y se impongan resultados contrarios a la voluntad ciudadana para
asegurar su continuidad en el poder. En ese caso, las fuerzas democráticas
de oposición se enfrentarán al dilema de participar o no participar en el
proceso electoral, así como a una interrogante más estratégica: qué rumbo
político seguir para abrir las posibilidades de la transición a pesar de la
prolongación de la crisis y la permanencia de Ortega. 

 

En ambos casos, los escenarios son complejos y nada favorables para la
oposición democrática. Ortega se encuentra en su momento de legitimidad más
bajo, según los últimos sondeos de opinión, y su fuerza descansa
fundamentalmente en los empleados estatales, las fuerzas policiales y
militares y los grupos de civiles armados favorables al gobierno. A pesar de
ello, la sociedad nicaragüense ha venido experimentando cambios importantes
con el entretejido de grupos y organizaciones, así como la emergencia de una
red de líderes políticos en todo el país. Ese proceso lento y a veces
silencioso —cruzado por tensiones que muchas veces se dirimen en espacios
públicos como las redes sociales, lo que provoca una percepción de
polarización— está cambiando la cultura y las prácticas políticas. Los
intentos del gobierno para frenar ese proceso vigilando, persiguiendo e
incluso encarcelando a ciudadanos y líderes políticos han sido inútiles. El
potencial político de estos esfuerzos es enorme no solo para las elecciones
que se avecinan, sino también para recuperar la democracia. A la larga,
constituye un valioso capital político que quedará instalado para el futuro.

 

* Es investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación
(CINCO) y del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas
(IEEPP) de Nicaragua.

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