Honduras/ Las elites también mataron a Berta Cáceres. [Christian Duarte]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

10 de marzo 2021

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Honduras

 

Las elites también mataron a Berta Cáceres 

 

Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de
izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación
desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político
en Honduras.

 

Christian Duarte *

Nueva Sociedad, marzo 2021

https://nuso.org/

 

El pasado 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta
Cáceres, la líder indígena, feminista, ambientalista y anticapitalista. En
su asesinato convergieron prácticas previas de criminalización y amenazas,
así como una serie de tácticas de amedrentamiento propias de las antiguas
políticas de la llamada «contrainsurgencia». Estas pueden evidenciarse en la
participación de ex-militares entrenados en Estados Unidos, en la
utilización de flujos de dinero provenientes de las elites económicas, en el
encubrimiento político al más alto nivel y en el uso de la infraestructura
militar y judicial del Estado.

 

Si bien los autores materiales del asesinato y sus operadores intelectuales
han sido procesados, la justicia parece estar lejos de alcanzar a los
principales artífices del crimen. Entre ellos, se encuentra implicada la
poderosa familia Atala.  

 

Dueña de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco –y contra
la que Berta Cáceres luchaba«– y del Banco de América Central Honduras, una
poderosa institución bancaria que ha recibido la mayor parte de los
fideicomisos de parte del gobierno desde el golpe de Estado de 2009, la
familia Atala fue señalada en numerosas ocasiones como parte de la
estructura criminal que acabó con la vida de Berta Cáceres. Pero su poder es
tal que nadie ha hecho nada al respecto. Para comprender la dimensión
político-económica de los Atala, alcanza con mencionar que el Banco de
América Central Honduras era, hasta hace solo dos años, el mayor
administrador de fideicomisos públicos del país. Además, investigaciones
publicadas por The Intercept demostraron una serie de comunicaciones entre
los sicarios que asesinaron a Cáceres con altos directivos de Desarrollos
Energéticos SA (DESA), la constructora de la represa hidroeléctrica dirigida
por los Atala.

 

Este caso, marcado por complicidades político-económicas, permite hacerse
las preguntas centrales en la vida sociopolítica de Honduras. ¿Qué papel
juegan las elites en la política nacional? ¿De qué forma ejercen su
influencia? ¿Qué recursos poseen? ¿Cómo garantizan su impunidad aún y cuando
hay evidencia que las involucra directamente en el asesinato de Berta
Cáceres? 

 

Tal como afirma la politóloga y profesora en el Centro de Desarrollo y Medio
Ambiente de la Universidad de Oslo Benedicte Bull, las elites y sus redes
son más fuertes cuando las instituciones son débiles. En su trabajo Towards
a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central
America [Hacia una economía política de instituciones débiles y elites
fuertes en Centroamérica], Bull analiza el comportamiento de las
instituciones y de las elites en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Condicionados por los procesos de transición democrática tutelados desde el
Departamento de Estado de Estados Unidos y la ausencia de actores
movilizados que impulsaran la democratización del Estado, estos países han
sufrido la cooptación de las débiles instituciones públicas por las elites
políticas y sus redes de influencia. Bull establece claramente los recursos
que despliega la elite para este propósito: dinero, fuerza, información e
ideología.

 

En este mismo sentido, Tasha Fairfield –investigadora de la London School of
Economics sobre la relación entre política y elites económicas en América–
afirma que los mecanismos de incidencia de las elites sobre la agenda
pública resultan cada vez más evidentes. Fairfield resalta dos niveles
centrales de influencia (e intimidación) de las elites en la política. Por
un lado, hace eje en el poder estructural que refiere a las llamadas
«señales de mercado» –no a una acción deliberada– que podrían desencadenarse
ante una eventual amenaza a los negocios de la elite (como la retirada de la
inversión extranjera). Por otro, se focaliza en el denominado «poder
instrumental»: los recursos específicos de las elites se articulan con
espacios partidarios e institucionales, favorecen las «puertas giratorias» y
pueden incidir en los procesos electorales.

 

El caso de la lucha de Río Blanco a la luz de estos esquemas demuestra que
las elites en Honduras poseen una muy consolidada relación con el mundo
político, a la vez que un modus operandi permanente con el cual ejercen
influencia sin restricciones públicas y en total impunidad.

 

Los instrumentos de la elite en el caso de Río Blanco

 

El informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
(GAIPE) en noviembre de 2017, titulado Represa de violencia. El plan de que
asesinó a Berta Cáceres y el libro Who Killed Berta Cáceres? [Quién mató a
Berta Cáceres], escrito por Nina Lakhani, periodista y corresponsal del
periódico The Guardian, resultan claves para comprender el caso. Ambos
trabajos plasman una investigación que ayuda a comprender esos vínculos en
el caso específico del asesinato de Cáceres y constatan el despliegue de
seis recursos. En primer lugar, hacen énfasis en el dinero, un recurso
abundante para las elites económicas y que es utilizado para múltiples
objetivos y tareas. En el caso del asesinato de Cáceres, se destacan
prebendas y beneficios para ofertar y convencer a la comunidad, pago de
promotores o de informantes de esas mismas comunidades, chantaje para los
opositores, sobornos a militares, operadores de justicia e incluso políticos
de alto nivel.

 

Un mensaje de Daniel Atala presentado en el juicio decía: «He gastado mucho
dinero y capital político para garantizar esos tres arrestos», refiriéndose
al intento de criminalización de Cáceres y otros líderes comunitarios. En
segundo orden, ambas investigaciones hacen eje en el recurso de la fuerza.
En el asesinato de la líder se ve implicada la fuerza pública –dada la
protección de las empresas involucradas por parte de la Policía y de
elementos del Ejército–, pero también la privada, mediante la contratación
de ex-militares a cargo del departamento de seguridad de DESA, pago de
sicarios y la conformación de grupos paramilitares para la ejecución
extrajudicial de los líderes comunitarios opositores.

 

El tercer recurso destacado por las investigaciones es el de la información.
El juicio y la publicidad de conversaciones de WhatsApp entre los directivos
de DESA han demostrado que estos tenían acceso privilegiado a información
confidencial y extremadamente sensible sobre los líderes del Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (fundado por Cáceres) y
sus familias. El recurso de la información también se expresa en el
componente técnico y especializado del que pueden disponer las elites:
contratación de especialistas en comunicación, brokers para el lobby
político, abogados de «alto calibre». En cuarto término, se destaca el
recurso de la ideología. Esta apunta a la construcción de discursos que
justifiquen la inversión de capital extranjero como único motor de
crecimiento económico, la instalación de la represa como elemento promotor
del desarrollo comunitario y la criminalización de los opositores como
vándalos y «quema llantas». Todo esto es facilitado por el nivel de acceso a
medios de comunicación del que disponen las elites –en este caso, la familia
Atala–: exposición en los grandes medios, páginas web, propaganda local,
programas pagados, etc. En quinto lugar, las investigaciones destacan los
vínculos de las elites con los partidos y la elección de candidatos. Los
vínculos de estas familias  –entre las cuales se encuentra la Atala– con los
partidos políticos son conocidos. Por ejemplo, el dominio de la familia
Facussé en el Partido Liberal disputado por los Ronsenthal, y la influencia
de los Canahuati, Nasser y Atala en el Partido Nacional.

 

Luego del golpe de Estado de 2009, el evento Honduras Is Open for Business
[Honduras está abierta a los negocios], impulsado por las familias
mencionadas, permitió el reparto de los recursos naturales del país cual
botín de guerra, incluido Río Blanco. Otra expresión de estos recursos es el
intercambio de favores entre la elite y políticos a escala local: alcaldes o
diputados que respaldan los proyectos de la elite y reciben a cambio algún
tipo de apalancamiento económico.

 

En sexto lugar, se destacan los vínculos institucionales nacionales e
internacionales. Entre ellos, puede identificarse la aprobación en el
Congreso Nacional de las concesiones, obtención de licencias ambientales sin
los requisitos mínimos, protección del Ejército y la Policía, acceso al
Ministerio Público e influencia en los juzgados. Luego del asesinato de
Tomás García (el primero en encarar la lucha de Río Blanco) el 15 de julio
de 2013, Daniel Atala (hijo de José Eduardo Atala Zablah, una de las cabezas
empresariales de la familia, gerente financiero de DESA y acusado de ser uno
de los autores intelectuales del crimen) le escribió el siguiente mensaje a
David Castillo (el enlace entre los autores intelectuales y los sicarios que
mataron a Cáceres): «Los militares mataron a un indio. ¿Debería hacer que mi
viejo hable con Arturo Corrales? [ministro de Defensa entre mayo de 2013 y
diciembre de 2014]». Castillo le respondió afirmativamente y añadió «y a
Pompeyo Bonilla [ministro de seguridad de octubre de 2011 a abril de 2013]…
está hecho… están movilizando gente». Son igualmente alarmantes el
financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la Corporación
Financiera Internacional, entidad del Grupo Banco Mundial. 

 

Por último, pero no menos importante, se destaca el uso de las llamadas
«puertas giratorias»: el traslado de integrantes de la elite al sector
público (como ministros o candidatos y candidatas), así como el
reclutamiento de ex-funcionarios públicos con conocimiento especializado
contratados por empresas privadas. El caso del ya mencionado David Castillo
es aleccionador: ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de
Estados Unidos, subteniente de Inteligencia Militar en las Fuerzas Armadas
de Honduras y coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE), Castillo se valió de esta experiencia (y de los
contactos asociados a ella) para migrar al sector privado. Fue así como
consiguió llegar a ser el presidente ejecutivo de DESA, cargo que ostentaba
cuando Cáceres fue asesinada. Hoy es acusado como uno de los autores
intelectuales del crimen. 

 

El asesinato de Cáceres es aleccionador. Ha mostrado que las elites
hondureñas están acostumbradas a actuar sin mediación institucional alguna y
sin control democrático. Estas elites económicas han moldeado históricamente
el Estado para que las instituciones sean débiles, maleables y fáciles de
cooptar. Dispuestas a defender sus intereses, ponen y quitan presidentes sin
pestañear. Además, disponen de un abanico de recursos que las convierten en
un actor sumamente poderoso: dinero, información, acceso a medios y control
sobre los partidos políticos. Esto les permite desplegar todo tipo de
violencia y garantizarse impunidad.

 

La sociedad organizada y movilizada debe exigir un Estado que restrinja la
influencia de las elites mediante estos recursos antidemocráticos, así como
la determinación de la legalidad y legitimidad en la procedencia de estos.
Solo así se podrán garantizar soluciones democráticas para los problemas que
nos aquejan y que esta historia no se continúe repitiendo cada vez con mayor
frecuencia. 

 

* Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y
maestrante del posgrado de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Es militante del Partido
Libertad y Refundación.

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