Argentina/ La gran estafa: ¿cuáles son las causas de la inflación? [Mónica Arancibia/Gastón Remy]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de marzo 2021

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Argentina

 

La gran estafa: ¿cuáles son las causas de la inflación? 

 

Las consecuencias de la aceleración de los precios recaen sobre los sectores
de menores ingresos y erosiona el poder de compra. El Gobierno apunta a los
empresarios, las patronales responsabilizan a los aumentos de salarios y a
los impuestos, otros sectores ortodoxos hablan de la emisión monetaria. ¿Por
qué suben los precios?

 

Mónica Arancibia/Gastón Remy *

Ideas de Izquierda, 14-3-2021

https://www.laizquierdadiario.com/

 

La inflación no es un problema nuevo en Argentina. Como tampoco lo es el
hecho de que, si bien se presenta como un “círculo vicioso” que afecta a
“todos por igual”, en realidad le permite a los grandes empresarios mejorar
sus ganancias, puesto que en la competencia son los que más fuerza tienen
para imponer los precios por sobre la clase trabajadora, que corre detrás de
la inflación en la actualización de los salarios y jubilaciones, siendo
incluso, el sector informal el que –por sus propias condiciones– más pierde
en su capacidad de compra, como veremos más adelante.

 

Y aunque desde distintas vertientes políticas e ideológicas se pretenda
explicarla mediante una sola causa, en realidad es un fenómeno que no tiene
únicamente un origen monetario y de demanda (versión ortodoxa), o solamente
de costos o estructural (versión heterodoxa).

 

Una aproximación a un enfoque integral de la inflación lo podemos encontrar
en los planteos del economista Esteban Mercatante en su libro La economía
argentina en su laberinto. En el mismo, sostiene que la inflación puede
tener su origen en distintos desequilibrios en el ciclo del capital que
pueden obedecer a variados motivos, ya que “la producción capitalista es un
proceso fundamentalmente contradictorio, a través del cual agentes privados
llevan a cabo su actividad desconectados entre sí y expuestos a problemas de
mercados, de tecnología y de la explotación de la fuerza de trabajo” [1].
Agrega el economista Guillermo Gigliani que estas contradicciones “son mucho
más fuertes en las economías dependientes, que están sujetas a restricciones
de oferta muy severas (por ejemplo, la restricción del sector externo)” [2].

 

El rol del tipo de cambio

 

Observar la denominada “cuestión cambiaria”, es decir el valor del dólar en
términos de pesos, sirve para encontrar un punto de partida en la
explicación de la inflación en Argentina. Es a través del tipo de cambio que
se ponen de manifiesto las contradicciones estructurales de una economía
dependiente, que a diferencia de otras, mantiene una estructura industrial
considerable, aunque desde los años 1990 cada vez más desarticulada y con
mayor sesgo importador de insumos y maquinarias, y que muestra una
productividad rezagada en términos internacionales [3]. Para estos sectores
del capital, el tipo de cambio alto, cuando existe, es una forma de
compensar su baja productividad ya que reduce el costo de los salarios
(medidos en dólares), abarata el precio en dólares de las mercancías, a la
vez, que puede encarecer productos importados que compiten con los de origen
nacional.

 

Por ejemplo, la producción de camisas con un costo de producción de $ 600
(siendo, $ 400 materias primas, insumos y gastos varios, $ 100 salarios y $
100 ganancia), en caso de una devaluación que duplique el tipo de cambio
(suponiendo que partimos de una paridad 1 peso igual a 1 dólar), en términos
de dólar la camisa costará la mitad. Sin embargo, el tiempo de trabajo para
producir la camisa será el mismo que antes de la devaluación dado que no
hubo nuevas inversiones que reduzcan los costos de producción, lo cual,
redundará en primer término en una baja del salario en dólares (pasará de
100 a 50). En el caso de las camisas importadas el precio en pesos en
promedio tenderá a duplicarse, favoreciendo la venta de camisas de
fabricación nacional.

 

Por otro lado, en tanto exista un tipo de cambio alto, el sector que más se
beneficia es el exportador y, en particular el agro [4], que es competitivo
gracias a una combinación de las ventajas naturales del suelo, la inversión
tecnológica, la concentración de tierras y puertos, su poder de lobby, entre
otros factores que le otorgan al agro la posibilidad de embolsar ganancias
extraordinarias.

 

Esta causa estructural se liga a la trayectoria monetaria del país, cuya
moneda perdió casi todas las funciones del dinero (en especial la de reserva
de valor), que son cumplidas por el dólar. Esta especie de “bimonetarismo”,
que lleva a que los bienes inmuebles se coticen en dólares o el ahorro se
busque hacerlo en esa moneda y no en pesos, se fue produciendo al calor de
sucesivos episodios de crisis de cuentas externas y fiscales, que desde
mediados de los años 70 se hicieron cada vez más agudas bajo el
estrangulamiento de la deuda (pública y mayormente externa) y la salida de
capitales.

 

Las variaciones del tipo de cambio que pueden ser beneficiosas para algunos
sectores del capital por lo general se produjeron en forma caótica, como
resultado de estas crisis externas, y solo ocasionalmente se alcanzó un tipo
de cambio alto (devaluación) como decisión de política económica para
favorecer a estos sectores sin que estuviera mediada por crisis. Por lo
general, esto solo ocurrió con los “ajustes moderados” (que se dieron bajo
la flotación sucia o crawling peg) como medidas cosméticas para mantener un
tipo de cambio competitivo ya logrado. Estos “ajustes moderados”, como el
que hoy contempla el ministro Guzmán para seguir aprovechando el “trabajo
sucio” de 2018 y 2019, también alimentan la inflación en “cuotas” [5].

 

Una suba del tipo de cambio (devaluación) con el fin de ganar
“competitividad”, como explicamos antes, provocará en primer lugar un golpe
al salario, como también una modificación de los precios relativos en el
país. Esto es, los precios de los bienes y servicios “transables”, aquellos
que pueden exportarse, como por ejemplo soja, maíz, trigo, automóviles y
otros bienes industriales tienden a aumentar en relación a los de los “no
transables”, aquellos que no se exportan, son para consumo interno, como por
ejemplo, alimentos y bebidas, vestimenta, servicios de transporte y
comunicaciones, la distribución de electricidad y gas –servicios sobre los
que volveremos más adelante–, o muchos de los insumos industriales para la
construcción. Si no hubo modificaciones del precio internacional en moneda
extranjera de los bienes transables, éstos tienden a encarecerse en moneda
nacional de forma proporcional a la devaluación. Un ejemplo. Si la tonelada
de soja cotiza a U$S 300, con una devaluación del peso del 100% que lleve el
dólar de valer S 1 a valer $ 2, se elevará el precio de la soja a $ 600 si
todo lo demás se mantiene igual.

 

El problema es que los cambios en los precios relativos provocados por la
devaluación empujan a continuos ajustes de los precios (y costos) con tal de
preservar el margen de ganancia previo. Esteban Mercatante señala en “Las
raíces de la inflación en la Argentina. Un análisis desde el marxismo” que
“el impacto contradictorio sobre la rentabilidad que tiene la depreciación
cambiaria, que dispara ajustes sucesivos en los precios, cada uno de los
cuales vuelve a tener también un impacto –también contradictorio– en la
rentabilidad creando condiciones para nuevos ajustes para compensar estos
impactos sosteniendo el mark up (NdR: margen de ganancia)” [6]. Bajo esta
dinámica los efectos positivos sobre la “competitividad” de las empresas, no
pueden durar para siempre. A la par de la devaluación comienza una dinámica
inflacionaria que presionará por volver al tipo de cambio real previo a la
devaluación, o sea, la suba generalizada y sostenida de los “precios
nacionales”, que incluirá al salario, retornará a los mismos a niveles en
términos del dinero mundial (hoy básicamente el dólar) que había antes de la
devaluación. En nuestro ejemplo, la camisa pasaría a costar $ 1.200 (o sea,
volvería a costar U$S 600). En realidad, rara vez los ajustes se limitan a
“volver” a la situación previa en términos de tipo de cambio real, sino que
alimentan una espiralización [7].

 

Débil inversión, fuerte especulación

 

Ls problemas de baja productividad del conjunto de la economía argentina se
profundizan por la débil acumulación de capital (la formación bruta de
capital fijo, lo que se refiere a la inversión y mide el valor de los
activos fijos adquiridos o producidos en el país en un período, es un 14 %
del PBI, por debajo de los niveles de la región, 17 % y de los países de la
OCDE 21 %), que algunos denominan “reticencia inversora”. Lo que ocurre es
que los recursos, en vez de destinarse a la inversión que aumente la
capacidad productiva y la infraestructura de transporte y comercialización
de mercancías, en su mayor volumen se retiran del país. La fuga de capitales
es el destino desde finales de los años setenta hasta la actualidad de un
porcentaje considerable de la masa de ganancias que se apropia la burguesía
argentina [8].

 

La débil inversión es un limitante para el incremento sostenido de la
producción, cuando la demanda mantiene un fuerte ritmo de crecimiento. Esto
es lo que ocurrió durante los primeros años de los gobiernos kirchneristas
por el ciclo económico internacional favorable y la devaluación durante el
gobierno de Duhalde. En esos momentos la baja inversión contribuye a la
inercia inflacionaria [9]. Y como explicamos antes, este comportamiento
sobre todo el ligado a la fuga de capitales en momentos de escasez de
reservas en el BCRA colabora en precipitar la devaluación con los efectos
antes descritos sobre la inflación.

 

Emisión monetaria y precios

 

Los economistas liberales o de derecha suelen apuntar a la emisión de
billetes del Banco Central (la llamada “maquinita”) como causante único de
la suba de precios con la cual pretenden justificar el ajuste sobre el gasto
público. Indirectamente, alientan el financiamiento del Estado mediante el
endeudamiento con los buitres financieros, a la vez, que evitan discutir la
“estabilidad fiscal”, por medio de atacar el sistema tributario regresivo y
subiendo impuestos a los grandes empresarios.

 

Aunque el ministro Guzmán en los hechos hacia fin del año pasado ha ido
pisando la emisión y frenando el gasto social por Covid-19 (IFE, ATP), en el
caso de los economistas ligados actualmente al Gobierno nacional más bien
tienden a rehuir de asociar a la emisión monetaria del BCRA como responsable
de la inflación, argumentando que en realidad el esquema de la ortodoxia
económica se aplica a una economía con pleno empleo y en crecimiento que no
es el caso de la Argentina desde los últimos años.

 

Si se analiza la evolución de la emisión (crecimiento de la base monetaria,
billetes y monedas del Banco Central) en los últimos años estuvo por detrás
del aumento de la inflación [10]. Es decir, no se puede establecer una
relación mecánica, pero tampoco se puede desconocer su influencia sobre la
evolución del nivel general de precios de la economía.

 

Rolando Astarita distingue entre la emisión por entrada de divisas (el Banco
Central emite para comprar dólares) que no tiene por qué ser inflacionaria
en sí misma, y la emisión contra "pagadios" del Tesoro (hace referencia a
los títulos emitidos por el Tesoro), que señala que sí es inflacionaria ya
que [“constituye un aumento de la base monetaria (encajes de los bancos y
billetes en manos del público) que inevitablemente desvaloriza el peso en
relación a su respaldo; y por ende, da lugar al aumento de precios” [11].

 

La circulación de dinero para Marx es un proceso determinado por los
múltiples procesos de compra y venta de mercancías, y de cancelación de
deudas y obligaciones entre el sector privado y los Estados. La emisión
monetaria puede estimular una demanda de bienes y servicios que puede
presionar al alza de precios en momentos donde la oferta no cuente ya con
los productos disponibles (como puede ocurrir en la actualidad en la
construcción con ramas productivas que no logran abastecer la demanda por
diversos factores, como en algunos casos las restricciones por Covid-19 o en
ciertos bienes importados que el gobierno limita su ingreso al país) para
abastecer al mercado; como también puede lanzar un dinero “excedente” que no
se traduce en estímulo a la demanda sino que se canaliza activos monetarios
y/o financieros como la compra de dólares con motivo de atesoramiento que
presiona sobre el tipo de cambio y así sobre la inflación como es cada vez
más recurrente en la economía nacional y, más aún, cuando hay expectativas
de devaluación. Algo de esto último se vio con los beneficios por Covid-19
(ATP, préstamos subsidiados, desgravaciones impositivas) que dio el
oficialismo a las empresas y no pocas de ellas canalizaron a la compra de
dólares.

 

Durante el gobierno de Macri, cuyos funcionarios tenían una visión de que la
emisión era la causante de la inflación, pusieron en funcionamiento un
mecanismo para absorber los pesos emitidos para comprar los dólares que
ingresaron al país para la bicicleta financiera, esto derivó en la “bomba”
de Lebacs (títulos de deuda). Los dólares que alimentaron el funcionamiento
de la economía en esos años vinieron de los capitales especulativos, quienes
supieron aprovechar el diferencial de las elevadas tasas de interés locales
para incrementar sus ganancias en poco tiempo y luego los cambiaban a
dólares. Se creó un negocio redondo para los bancos, fondos de inversión
amigos y otros. Cuando los especuladores perdieron confianza en recibir los
dólares a cambio de sus inversiones en pesos se retiraron casi en manada
vendiendo las Lebacs (y otros títulos) a cambio de dólares y provocaron un
abrupto salto del tipo de cambio, que como toda devaluación, terminó
retroalimentado la inercia inflacionaria.

 

Servicios públicos privatizados y dolarizados

 

Considerando la gravitación del tipo de cambio sobre la estructura de
precios relativos en la economía argentina, un aspecto estructural que
incide sobre el nivel general de precios es la dolarización de las tarifas
de los servicios públicos. Durante el menemismo con la privatización de los
servicios públicos las tarifas de luz y gas se dolarizaron amparadas en los
marcos regulatorios y la ley de convertibilidad. Así, las empresas se
protegen de la inflación y la devaluación. En tanto, Argentina si bien es
productor (producción petrolera), las entregas de petróleo crudo se
comercializan a la cotización del precio internacional (petróleo Brent),
pero el Estado estableció un precio sostén del petróleo, un “barril
criollo”, que fija un valor para el mercado interno que le garantiza a los
productores un margen de rentabilidad cuando el precio internacional baja
considerablemente como fue el año pasado.

 

Las devaluaciones impactan disminuyendo las ganancias en dólares de las
empresas de servicios privatizadas, las cuales, presionan permanentemente
para mantener sus beneficios, ya sea actualizando las tarifas al nuevo valor
del dólar, o son compensadas por subsidios estatales. Las crecientes
dificultades del financiamiento del Estado han llevado a rondas de tarifazos
que comenzaron en el último gobierno de Cristina Fernández, una dinámica que
será muy difícil de frenar –pese a las declaraciones de intención del
Gobierno– considerando las exigencias de ajuste fiscal que demandará el FMI
y el conjunto de los acreedores de la deuda pública que buscarán que, más
temprano que tarde, la prioridad del gasto del Estado sea saldar sus deudas.

 

Una carrera que ganan siempre los mismos

 

En la carrera por preservar los márgenes de rentabilidad, que mencionamos
antes, los grupos económicos que cuentan con mayor concentración [12] en la
producción y comercialización de las mercancías, llevan las de ganar. Ellos
pueden influir en la fijación de los precios y sacar así ventajas.

 

Lo contrario ocurre en el caso del salario. La clase trabajadora corre
claramente en inferioridad de condiciones frente a los formadores de precios
que en una economía capitalista son los empresarios y, en particular,
aquellos grandes jugadores. Los sucesivos eventos devaluatorios de las
últimas décadas (2002, 2014, 2016, 2018, 2019), aunque de distinta
proporción cada uno de ellos, tuvieron un objetivo central: disminuir el
costo salarial en dólares y en pesos, atacar el poder de compra del salario.

 

El salario promedio de los asalariados registrados equivale a 450 dólares
mientras que a fines de 2017 alcanzaba a casi 1.400 dólares. También hubo un
deterioro del poder adquisitivo de los salarios, de manera desigual entre
los sectores. Los trabajadores informales y precarios fueron los más
vulnerables, y dentro de los trabajadores registrados también hubo bajas más
pronunciadas del poder de compra en varios sectores. Según un informe de
Cifra, “si bien los salarios reales de los trabajadores registrados en el
sector privado sufrieron una reducción promedio de 15,4% entre noviembre de
2015 y el mismo mes de 2020, la mitad de los trabajadores tuvieron caídas
superiores al 19%” [13]. El documento analizó varias ramas de actividad
donde constató que hubo ramas que registraron caídas superiores al 30%. Para
los trabajadores del sector público el desplome del salario real fue del 29%
entre noviembre de 2015 y diciembre de 2020.

 

La política del Gobierno: acuerdo de precios y salarios

 

La estrategia del Gobierno frente a la inflación es pactar un acuerdo social
con los representantes de los trabajadores y los empresarios con el objetivo
de alinear precios y salarios. Una arquitectura muy compleja, no solo por el
hecho de controlar a los grandes formadores de precios sino que el objetivo
de este tipo de política es actuar sobre las consecuencias y no sobre las
causas centrales de la inflación.

 

Por otra parte, estos acuerdos ya se intentaron en otros momentos de la
historia nacional y siempre quedaron en la nada. Un ejemplo es el Pacto
Social 1973 de Perón y su ministro de economía Gelbard que terminó
estallando ante el ascenso obrero y jaqueado por la crisis económica y
política. Los empresarios buscan mayor libertad para remarcar los precios,
frenar todo lo que puedan el reclamo paritario de los trabajadores,
ampliando la brecha entre el precio de las mercaderías que venden y los
salarios que pagan, lo cual les permite aumentar sus ganancias a costa de
los trabajadores.

 

La lógica de fondo de este tipo de acuerdos es considerar que una causa de
la inflación son las subas desmedidas de salarios, la clásica frase que
repiten los empresarios. Sin embargo, en los últimos años los aumentos de
salarios estuvieron por detrás de la inflación.

 

Los salarios del sector privado registrado aumentaron un 30,4 % en 2018 en
relación al 2017, mientras que la inflación fue del 47,6 %. En 2019 los
salarios del mismo sector subieron un 44,3 %, y la inflación un 53,8 %. En
2020 los salarios del mismo sector tuvieron un alza del 34,4% y los precios
treparon un 36,1 %. Los aumentos de los salarios del sector público quedaron
por detrás de la inflación en el mismo período analizado. En 2018 los
salarios subieron un 30,3 % (los precios 47,6 %), en 2019 los salarios
aumentaron un 42,9 % (los precios 53,8 %), y en 2020 un 26,8 % (los precios
36,1 %). Como se detalló antes, hubo una fuerte caída del poder de compra.

 

La creciente inflación y la carestía de vida vuelven urgente la movilización
por medidas de emergencia para evitar que la suba de precios se devore el
salario. Un salario equivalente a la canasta familiar y la incorporación de
cláusulas gatillo que actualice el salario mes a mes según la inflación es
una medida defensiva urgente. Las recientes luchas que se extienden en el
país dan cuentan que la clase trabajadora ya no quiere volver a perder.

 

Sin embargo, los justos reclamos de recomposición salarial que buscan
resarcir la pérdida provocada por la inflación que erosionó los salarios,
van a encontrar a la clase capitalista, cuando se vea obligada a pagar
mayores salarios, a compensarse aumentando los precios. Es así que no puede
decirse que sean los salarios los "causantes" de la inflación; sino el
intento de los capitalistas por no resignar ninguna cuota de ganancia. Esta
"puja distributiva" solo llega a expresarse en inflación cuando hay otras
causas, como las que analizamos, que dan lugar al fenómeno.

 

Por eso, al momento de analizar qué medidas pueden poner un freno a la
inflación, un requisito fundamental es que las mismas estén orientadas a
atacar sus causas. Como ya explicamos, se trata de desarticular los nudos de
una economía atrasada y dependiente que presiona por resolver sus
contradicciones en el proceso de valorización de los capitales en el ámbito
nacional e internacional, a través de violentas devaluaciones. Entonces,
medidas como la nacionalización de los servicios públicos, bajo control,
administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios
populares, para acceder a tarifas bajas, en un camino hacia el abaratamiento
de los costos energéticos en base al desarrollo productivo. La expropiación
de los 4.000 principales terratenientes, los puertos en manos privadas y los
complejos cerealeros, permitiría ganar soberanía en la producción de
alimentos e insumos para la alimentación del ganado, y reorientar la
producción hacia el mercado interno, en primer lugar, evitando así la
presión permanente a fijar precios internos de acuerdo a los precios
internacionales que es una lógica propia de la rentabilidad capitalista.

 

Otro tanto ocurre con la nacionalización del sistema financiero, creando un
banco único estatal, desde el cual poner un freno a la salida de capitales
(dólares), la denominada fuga que se opera a través de los bancos. Esto, en
momentos de escasez de dólares, es algo crucial para desactivar uno de los
fusibles que dispara la devaluación. Además, y con la centralidad que tiene
el comercio exterior y en especial el grupo de 10 multinacionales que
concentra el 60 % del ingreso de dólares de las exportaciones (cereales y
subproductos), sobre la determinación del tipo de cambio, medidas como
establecer el monopolio del comercio exterior permitiría ampliar los
márgenes del control de los dólares que salen y entran al país. Esto puede
facilitar el manejo del tipo de cambio, evitando bruscas devaluaciones, como
también reorientar el crédito interno junto con la banca nacionalizada hacia
la inversión en actividades industriales y de los servicios e
infraestructura que apunten a incrementar la productividad del conjunto de
la economía.

 

Medidas de este carácter, no pueden ser tomadas por los grandes empresarios,
banqueros y terratenientes, y sus gobiernos, que como explicamos se terminan
beneficiando de la inflación. Son medidas para que implemente otra clase,
las y los trabajadores, buscando el apoyo de los pequeños comerciantes y
productores, en definitiva una respuesta de los agobiados por la inflación y
las crisis permanentes que los distintos gobiernos descargan sobre sus
espaldas. 

 

* Mónica Arancibia, es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores
Socialistas desde 2008. Coedita la sección de Economía de La Izquierda
Diario. Gastón Remy, economista, docente en la Facultad Ciencias
Económicas, Universidad de Jujuy. ,

 

Notas

 

[1] Esteban Mercatante, La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan
doce años de kirchnerismo, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2015, p. 226. 

[2] Guillermo Gigliani, “La inflación en el capitalismo dependiente”,
consultado el 02/03/2021 en
https://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/04/la-inflacic3b3n-en-el-ca
pitalismo-dependiente.pdf . 

[3] Esto implica que producir un bien manufacturado en el país es en la
mayoría de las ramas más costoso respecto de otros países, en especial los
que alcanzaron una mayor productividad. Por ejemplo, el costo promedio de un
bien en Argentina es tres veces mayor respecto de Estados Unidos. Esta
brecha de productividad que se ha ido profundizando en las últimas décadas
genera condiciones estructurales para la devaluación del peso, de la cual
sacan mayor provecho los sectores vinculados con el mercado mundial como lo
es el campo. 

[4] Además, en las coyunturas donde los precios internacionales de las
materias primas agropecuarias aumentan, considerando que constituyen el
grueso de las exportaciones del país y que se concentran en un puñado de
grupos trasnacionales, esto actúa como un factor adicional inflacionario, ya
que empujan los precios internos (en pesos) para que se acerquen a los
internacionales. Por otro lado, la monopolización de suelos y puertos, la
ampliación de la frontera sojera, el uso de agrotóxicos sin límites, todos
los beneficios que tienen los grandes actores del agro porque son un factor
de poder, a pesar de todo lo que “lloran”, son sectores mucho más
depredatorios que "inversores tecnológicos". 

[5] En 2020 el dólar aumentó un 38 %, y la inflación alcanzó el 36,1 % en el
mismo año. El Banco Central realizó durante el año minidevaluaciones
permanentes mensuales del tipo de cambio, es decir fue subiendo levemente el
dólar. Guzmán anunció que espera un dólar a 102 pesos a fin de este año, o
sea que la devaluación “programada” en 2021 sería del 25 %. 

[6] Esteban Mercatante, “Las raíces de la inflación en la Argentina. Un
análisis desde el marxismo”, Blog del IPS, consultado el 01/03/2021 en
https://www.ips.org.ar/?p=6612 . 

[7] En el mismo sentido, Julio Olivera introduce un aspecto adicional cuando
explica la inflación estructural. Allí sostiene que “cualquier cambio de las
razones de precios se reflejará sobre el nivel de precios, mientras la
rigidez de la estructura de oferta, derivada de la lentitud de los
movimientos de los factores, magnificará la amplitud de las variaciones de
los precios relativos”. Ver Julio H.G. Olivera, “La inflación estructural y
el estructuralismo latinoamericano”, consultado el 04/03/2021 en
https://revistas.uns.edu.ar/ee/article/view/1001/633.  

[8] Para un análisis de este proceso y sus causas en la Argentina reciente,
ver Esteban Mercatante, La economía…, ob. cit., capítulo 6. 

[9] Anwar Shaikh comprueba por qué lo determinante para comprender la
inflación es la relación entre la evolución de la tasa de ganancia y la tasa
de acumulación, es decir la proporción de la ganancia que es reinvertida.
Ver Anwar Shaikh en “La explicación de la inflación y el desempleo: una
alternativa a la teoría económica neoliberal”, en Razón y Revolución N.º 7,
verano de 2001. 

[10] En 2017 la base monetaria en términos nominales creció 30% mientras la
inflación (Indec) fue del 25 %; en 2018 la relación fue 33 % versus 48 %, en
2019 fue 23 % contra 54 %, y en 2020 fue 40 % contra 36 %. 

[11] Rolando Astarita, “Papel moneda, oro y la teoría monetaria de Marx”,
consultado el 06/03/2021 en
https://rolandoastarita.blog/2016/08/15/papel-moneda-oro-y-la-teoria-monetar
ia-de-marx-2/ . 

[12] Por su parte, la concentración en las esferas de la producción y
comercialización es un factor que amplifica la suba acelerada de precios que
se manifestó en los últimos años. Pablo Manzanelli y Martín Schorr,
advierten sobre el peso de la concentración económica en la industria que se
profundizó en la posconvertibilidad, y que aprovechan su capacidad para
fijar precios. Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (Enge) del
Indec, en 2019 de las 500 grandes empresas, 270 corresponden a la industria
manufacturera (54 %), y 100 corresponden a empresas industriales de
alimentos y bebidas (un 20 %). Un ejemplo es el caso de la empresa Ledesma,
que tiene una posición líder en la producción y comercialización de azúcar
-controlando el 40 % de este último sector-. El kilo de azúcar según el
precio mayorista sería de $ 36,4, mientras que el gobierno nacional acordó
según el programa “precios cuidados” un valor de $ 62 por kilo. Se trata de
una diferencia de precio del azúcar en puerta del ingenio y en la góndola
del 70 %. Pero hay muchos otros ejemplos de empresas con fuerte poder de
mercado en el ámbito de la producción de productos esenciales. A esto se
agrega la conducta remarcadora de intermediarios y grandes cadenas de
supermercados minoristas y mayoristas. 

[13] Pablo Manzanelli y Cecilia Garriga, “El descenso del salario real tras
las dos pandemias, y sus asimetrías”, en
http://www.centrocifra.org.ar/docs/El%20descenso%20del%20salario%20real.pdf
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