Venezuela/ ¿Por qué el Partido Comunista se aleja de Maduro? [Omar Vázquez Heredia]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

17 de marzo 2021

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Venezuela

 

¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro? 

 

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela
se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de
autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las
persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y
cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

Omar Vázquez Heredia *

Nueva Sociedad, marzo 2021 

https://nuso.org/

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás
Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó
en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación
nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa,
una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un
sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni
dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente
hasta 2017 (XIV congreso).

 

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas
tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que
se define como enemigos principales al imperialismo, representado por
Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En
esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y
conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin
trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el
desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que
necesita la futura transición al socialismo.

 

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el
movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general
Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal
(1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la
realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el
segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de
Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura
de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos
primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

 

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez
el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a
partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución
Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y
apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa
gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria),
y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato
estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica
antiimperialista.

 

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril
de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del
impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones,
aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas
a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de
salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al
discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra
económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de
mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó
a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto
expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de
la economía como instrumento que revierta el proceso político y social
venezolano». 

 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un
incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue
originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las
importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del
gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos
legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del
precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas
estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario
desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la
capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes
básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa
política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el
gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015
en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la
oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos
tercios de la Asamblea Nacional. 

 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de
las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la
población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el
PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran
conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es
decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista
sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa
caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de
las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición
tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el
establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de
Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016
y 2017.

 

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de
libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas
en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se
convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con
manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la
ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una
acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo».
Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha
fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea
Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera
«revolucionaria».

 

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de
los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos
con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado,
generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la
línea política de ese partido, que es la base programática de la actual
ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan
los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su
condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía,
produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también,
resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es
el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el
gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas
elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la
agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados
europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para
intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la
dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro,
en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y
«fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario
del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro
comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de
Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una
megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de
precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del
impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las
empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792,
emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo
Eduardo Piñate. 

 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de
distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una
destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios
regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica
gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos
contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del
principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario,
el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales,
despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la
figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del
salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del
derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del
Trabajo.

 

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría
de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un
depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto,
por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de
incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas
extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación
salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares
mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la
fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio
informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política
laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que
establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con
un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto
son bonos de alimentación y transporte.

 

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y
fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial
de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa
confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas
económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la
oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí
sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó
la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para
que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción
era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también
había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

 

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y
entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores
campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del
PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a
Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del
movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma
política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos
campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores
agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra
Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía
revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en
octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro
del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto
de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de
denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros
Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de
esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo
tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar
el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y
defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad
agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares
y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En
enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis
Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del
Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que
rompieran con la política de la oposición tradicional.

 

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e
Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del
PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas
estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la
destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta
de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la
industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública,
sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y
del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron
despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo
Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor,
detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos
Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo
Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales
siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

 

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando
canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó
a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones
políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones
parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue
igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria
para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales
a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el
despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR,
en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

 

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las
críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y
Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la
inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29
una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al
principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley
antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe
Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro,
ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como
Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y
activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el
objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas
y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes
de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

 

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo
textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un
«brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la
intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los
derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora
rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en
2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley
de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la
ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen
político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas
autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala
que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un
avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de
militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población
venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de
derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales
del movimiento chavista.

 

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la
llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes,
cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un
movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de
mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede
canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas
elecciones parlamentarias. 

 

* Omar Vázquez Heredia, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, y politólogo de la Universidad Central de Venezuela.

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