Paraguay/ El nuevo "marzo": agitación social y crisis política. [Ignacio González Bozzolasco]

Ernesto Herrera germain5 en chasque.net
Jue Mar 18 00:15:43 UYT 2021


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Correspondencia de Prensa

18 de marzo 2021

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Paraguay

 

El nuevo «marzo» que agita Paraguay 

 

Una serie de manifestaciones contra la gestión de la pandemia de Covid-19
conmocionan la política paraguaya. Si durante la primera ola el país logró
resultados sorprendentes, hoy se ve inmerso en la crisis sanitaria. Las
manifestaciones, que apuntan al presidente Abdo Benítez, transcurren en un
difícil momento para todo el país, en el que las cifras de contagio se
disparan, la interna en el Partido Colorado se agita y el cansancio social
se acumula.

 

Ignacio González Bozzolasco *

Nueva Sociedad, marzo 2021

https://nuso.org/

 

El 7 de marzo se cumplió un año desde que se registró el primer caso de
Covid-19 en Paraguay. En esa coyuntura, las autoridades sanitarias del país
ganaron elogios a escala nacional e internacional por las rápidas y
acertadas medidas tomadas: cierre de frontera y declaración de la cuarentena
total. Las decisiones adoptadas en ese contexto tuvieron como principal
motivación preparar al deficiente sistema de salud paraguayo para afrontar
el panorama complejo que se avizoraba, considerando los estragos que venía
causando la pandemia en los demás países del mundo y de la región.

 

Tal como señalan varios especialistas, la inversión social en Paraguay es
insuficiente para satisfacer las necesidades de la población y se mantiene
muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Según datos de 2019,
72,9% de la población paraguaya no cuenta con ningún tipo de seguro médico,
mientras que el presupuesto de la administración central destinado a salud
apenas alcanza 2,1% del PIB, cuando organismos como la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan destinar al menos 6% del PIB para
gastos públicos en esa área. 

 

Sin embargo, los preparativos anunciados por las autoridades sanitarias
paraguayas en los inicios de las medidas de pandemia mostraron paupérrimos
avances. La compra irregular de insumos médicos provenientes de China, en
abril de 2020, pusieron en evidencia una red de tráfico de influencias y
manejos indebidos en las compras públicas, dando el primer golpe que hizo
tambalear al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.Las deficiencias
del gobierno en la gestión de la pandemia se evidenciaron también en la
inacción para garantizar la provisión de vacunas. Las casi nulas gestiones
internacionales con los diversos fabricantes, sumada a una confianza extrema
en el COVAX —un mecanismo de alcance global que pretendía asegurar la
disponibilidad de vacunas de os países de bajos ingresos— como única
alternativa contemplada para la obtención de vacunas, pusieron al país en la
cola de todas las listas de provisión. El primer cargamento de vacunas que
arribó al país fue de la vacuna rusa Sputnik V, el 18 de febrero, con solo
4.000 dosis, que apenas permite inmunizar a una ínfima parte del personal de
salud. Esta situación coloca al país entre los menos inmunizados de la
región en la actualidad, con apenas un 0,02% de personas inmunizadas por
cada 100 habitantes. Muy por detrás del 26,62% de Chile, el 5,34% de Brasil,
el 3,35% de Argentina, el 3,53% de Uruguay, el 1,2% Perú, el 1,02% de
Bolivia, el 0,71 % de Colombia, el 0,43% de Ecuador, y el 0,04% de
Venezuela.

 

Pero la gota que desbordó el vaso fue la falta de medicamentos e insumos
básicos en los hospitales públicos, que se tornó evidente en las últimas
semanas. Tanto el personal médico como los directivos de los nosocomios que
atienen a pacientes de Covid-19 denunciaron la falta de medicamentos y otros
insumos básicos, lo que obliga a los pacientes a cubrir todos los costos.
Esta situación no solo generó el reclamo de familiares de los pacientes,
sino también el anuncio de su dimisión por parte del director del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), así como la
protesta del personal sanitario. 

 

En este contexto, el 4 de marzo, en su primera sesión ordinaria del año, la
Cámara de Senadores instó a las autoridades de Salud a presentar renuncia a
sus cargo. Uno de los principales argumentos esgrimidos por los senadores
fue que esa Cámara había apoyado firmemente los pedidos realizados por la
cartera de salud, aprobando todas las solicitudes de ampliación de fondos.
No obstante, el Ministerio de Salud demostró grandes fallas en la gestión y
ejecución de los fondos, dado que personal médico y pacientes denuncian
faltantes de insumos mientras que la institución cuenta aún con «un saldo de
126 millones de dólares para la adquisición de insumos» en su presupuesto.
Claramente, el tiempo ganado por las autoridades sanitarias al inicio de la
pandemia con las medidas de cuarentena se había desperdiciado.

 

El tenor de los reclamos fue escalando en intensidad, con insistentes
pedidos de renuncia de las autoridades sanitarias e incluso de juicio
político al propio presidente Mario Abdo Benítez. La primera convocatoria de
movilización por parte de la sociedad civil se produjo el 5 de marzo y
concitó la atención y el apoyo de diferentes sectores de la prensa. La
consigna «Estoy para el marzo 2021», hacía referencia a dos episodios de la
historia reciente de la democracia paraguaya. El primero, a la fatídica
jornada de protesta realizada entre los días 23 y 28 de marzo de 1999, tras
el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, que terminó con la
muerte ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del entonces
presidente Raúl Cubas (1998-1999). El segundo, a la manifestación del 31 de
marzo de 2017, en contra del intento de reforma constitucional liderado por
el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) con el fin de habilitar la
reelección presidencial, que terminó con la quema del Congreso paraguayo y
el asesinato de un joven militante en la sede del Partido Liberal. 

 

La manifestación del 5 marzo pasado, que inauguró la serie de movilizaciones
actuales, fue multitudinaria. Algunos análisis refieren una convocatoria de
entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de
habitantes). Pero lo que arrancó como una protesta pacífica, acabó en
violencia policial a causa de unos pocos manifestantes que atropellaron las
vallas de seguridad de la policía. Las fuerzas de seguridad aprovecharon la
situación para despejar  desatando una fuerte represión que terminó con
decenas de heridos. Esta no hizo más que caldear los ánimos de una
ciudadanía afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los
embates del covid-19 y golpeada económicamente por los efectos de la
pandemia. 

 

De manera ininterrumpida, se vienen organizando jornadas de protesta al
final de la jornada laboral, ya sea en las proximidades de la residencia
presidencial, en las inmediaciones del Congreso o frente a la residencia del
ex presidente Horacio Cartes, líder de la fracción Honor Colorado cuyo voto
puede definir el juicio político. Si bien la cantidad personas convocadas no
alcanza los números del primer día de protesta, una multitud de alrededor de
2.000 personas vienen ganando las calles cada día. Lo sorprendente sigue
siendo la persistencia de estas protestas, aún sin una organización o cara
visible a la cabeza. 

 

En la trastienda de toda esta coyuntura se pueden identificar dinámicas y
disputas políticas muy anteriores al advenimiento de la pandemia. En la
joven democracia paraguaya se fueron consolidando ciertas reglas y patrones
en el juego político, entre los cuales se destaca la limitación del poder
político del presidente una vez concluido su mandato. No solo impera la
prohibición de reelección presidencial, sino que, además, queda bloqueada su
postulación al Congreso. Una suerte de «jubilación política» obligada. 

 

Más allá de estas condiciones, todos los presidentes electos desde la caída
de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 buscaron vías para sortear
esta situación. Cada uno de ellos coqueteó con la idea de la reelección
presidencial avanzando, de manera creciente y de presidente en presidente,
en los intentos de reformar las normas que la impiden. Algunos ex
mandatarios buscaron también su acceso al Congreso, como, por ejemplo, los
expresidentes Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Fernando Lugo (2008-2012).
Pero, mientras que al primero le fue prohibido el acceso a las bancas en la
Cámara de Senadores obtenidas en las elecciones de 2008 y 2018, alegando
cláusulas constitucionales poco claras, el segundo pudo sortear esa
situación a causa de su destitución a través de un juicio político. De todas
formas, uno y otro ex presidente consiguieron mantener cierta presencia en
la arena política nacional, pero ya no con el nivel de preponderancia que
alguna vez habían logrado. Ese no es el caso del expresidente Horacio Cartes
(2013-2018). 

 

De la misma manera que sus antecesores, Cartes coqueteó con la idea de la
reelección presidencial, llegando incluso a ser el presidente más próximo a
obtenerla. También se postuló como candidato al Senado, cargo para el cual
fue electo, pero, al igual que Duarte Frutos, le fue bloqueado el acceso. La
peculiaridad del caso radica en que Cartes logró mantener articulado su
espacio político en el interior del Partido Colorado. Aun cuando su
candidato a presidente fue derrotado en las internas partidarias por el
actual presidente Abdo Benítez, posee la mayoría de los diputados colorados
en el Congreso, así como representantes en el Senado, las gobernaciones e
intendencias (alcaldías). Por tanto, continúa manteniendo una inusitada
presencia política, situación hasta ahora nunca vista en los anteriores
expresidentes de la transición. 

 

En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, el ex presidente Cartes ha sabido
manejar su fuerza política como palanca de sus demandas. Logró así mantener
a sus representantes en la cabeza del Partido Colorado y articular cierta
concordia con el gobierno. De todas formas, su juego sigue siendo el de
debilitar al presidente para garantizar el fortalecimiento del cartismo en
el coloradismo, que le garantice una victoria en las elecciones municipales
de este año y la candidatura presidencial de su sector para las próximas
elecciones de 2023. Los comicios municipales del presente año constituyen
otro elemento clave que incide en la trastienda de la actual coyuntura
política. En el caso paraguayo, las elecciones municipales se realizan de
manera separada a las nacionales, con dos años de distancia. Debido a las
medidas de cuarentena del año pasado, las elecciones fueron postergadas para
el 10 de octubre del presente año, mientras que las internas partidarias
simultáneas se realizarán el 20 de junio. En este contexto, queda claro que
las diferentes fuerzas políticas del país tienen presente los próximos
desafíos electorales para el desarrollo de sus estrategias de intervención
en el actual escenario. Primero en las elecciones internas y luego en las
municipales.

 

La crisis fue atendida por el presidente Abdo Benítez con exagerada lentitud
y parsimonia. Sus principales acciones tendieron al reemplazo de algunas
cabezas ministeriales (especialmente en las carteras de Salud, Educación y
de la Mujer) y a las negociaciones con su principal oposición
intrapartidaria liderada por Cartes. En un segundo plano quedó la
satisfacción de las demandas que iniciaron las protestas, que todavía no
encuentran una clara solución. 

 

Aunque estas medidas lograron tranquilizar los ánimos de sectores de la
prensa (en especial el conglomerado de medios del expresidente Cartes), no
desactivaron la movilización en las calles. Tampoco frenaron las acciones de
la oposición en el Congreso, que insiste en avanzar con el juicio político
al presidente, aunque los números no le son favorables aún en ambas. De
todas formas, la oposición parecería estar subsumida a las disputas libradas
en el seno del Partido Colorado, el viejo partido que gobernó el país
durante la dictadura de stronista.

 

Hasta el momento queda claro que la actual crisis política no ha sido
superada, más allá las diferentes medidas llevadas adelante por el gobierno
y los acuerdos políticos realizados con algunos sectores. La movilización
ciudadana continúa activa y la insatisfacción generalizada a causa de la
gestión de la crisis sanitaria sigue latente, aunque el gobierno, con el
apoyo del cartismo, tiene garantizado aún el respaldo parlamentario capaz de
bloquear cualquier intento de juicio político. 

 

Pero nada está completamente definido. La situación puede verse afectada con
las derivaciones de la pandemia que sigue golpeando con fuerza al país. Un
sostenido crecimiento en las cifras de contagio, la completa saturación de
los servicios sanitarios, el retrasado proceso de vacunación y la
persistencia de la movilización en las calles podría convertirse en un
cóctel explosivo capaz de provocar incluso la caída del presidente Abdo
Benítez. De todas formas, incluso si sobrevive en el poder su panorama
resulta muy complicado, envuelto en una crisis de difícil superación y cuyas
derivaciones parecen arrinconarlo ante dos únicas opciones: el juicio
político o su entrega a los brazos del cartismo. 

 

* Ignacio González Bozzolasco es sociólogo por la Universidad Católica de
Asunción (UCA) y especialista en Ciencias Sociales por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Paraguay. Además, es
Magister en Historia por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y
Doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se
desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la
UCA. Es autor de La encrucijada del cambio. Análisis sobre la realidad
social y política del Paraguay contemporáneo, (Germinal/Arandura, 2013) y El
Nuevo Despertar. Breve historia del Movimiento Intersindical de Trabajadores
del Paraguay (1985-1989), (Germinal/Arandura, 2013).

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