Ecuador/ La CONAIE, las elecciones y el cambio civilizatorio de la post-pandemia. [Pablo Dávalos]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

30 de marzo 2021

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Ecuador

 

El movimiento indígena en el laberinto del Minotauro: La CONAIE, las
elecciones y el cambio civilizatorio de la post-pandemia 

 

Pablo Dávalos

Rebelión, 30-3-2021 

https://rebelion.org/

 

El movimiento indígena ecuatoriano, al menos en el formato por el cual es
ahora conocido, emerge a la política contemporánea a partir del
levantamiento indígena de mediados del año 1990. Este levantamiento
continuaba una tradición de rebeliones, insurgencias y sublevaciones
indígenas que provenían desde las épocas coloniales y que habían
continuado también en la era republicana; sin embargo, el levantamiento de
1990 fue diferente a todos los demás porque por vez primera las
organizaciones indígenas a sus tradicionales demandas de tierra y en contra
de la opresión del sistema hacienda, incorporaron una categoría política
novedosa para el sistema político y que se convertirá en el centro y la
referencia en la construcción de su ontología política, esta categoría
es el Estado Plurinacional.

 

Ello los pone a discutir, cuestionar y debatir el centro y el núcleo duro
de la constitución y conformación del Estado liberal moderno y de la
democracia representativa, y por eso los indígenas pueden transformarse en
sujetos políticos que interpelan y cuestionan al Estado liberal en sus
fundamentos epistemológicos y ontológico-políticos. No se puede
comprender su recorrido en la historia contemporánea del Ecuador sin
referirse al Estado Plurinacional como el horizonte hacia el cual navega su
proyecto político.

 

La organización social que condensa tanto la estructura comunitaria que
caracteriza a los pueblos y naciones indígenas, cuanto a su propuesta
política de Estado Plurinacional es la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador, CONAIE, constituida a mediados de los años ochenta
del siglo pasado. Si bien existen otras organizaciones indígenas nacionales
como la FENOCIN, o la FEINE, es la CONAIE quien agrupa a la mayoría de
organizaciones indígenas y quien tiene la voz cantante en el debate
político. De grado o por fuerza de las circunstancias, las organizaciones
sociales nacionales siempre han tenido que converger hacia la CONAIE.

 

La estructura política organizativa interna de la CONAIE está atravesada,
definida y conformada desde la visión del Estado Plurinacional. Si se
quiere, la CONAIE es una expresión de su divisa de la Unidad en la
Diversidad. La definen organizaciones territoriales por la división
política del Estado (las provincias), pero también la conforman los
pueblos y nacionalidades indígenas, precisamente, por su visión de
plurinacionalidad. Se tratan de dos niveles de organización que se funden
en uno solo.

 

El fulcrum de su estructura organizativa son las comunidades y los centros
indígenas. Es ahí en donde emerge el real poder de esta organización. Es
desde ahí en donde se toman las decisiones más importantes. Ahí radica el
núcleo de su democracia y de todas sus condiciones de posibilidad y, por
supuesto, de su ontología política.

 

La CONAIE es la expresión organizativa de tres grandes estructuras tanto
territoriales como de pueblos y nacionalidades: aquella de los valles
interandinos de la sierra ecuatoriana, y que se denomina Ecuarunari y, de
hecho, es su más importante estructura organizativa; aquella que proviene
de los territorios amazónicos, la CONFENIAE y, otra más reciente y en
pleno proceso de conformación aunque se estructura por pueblos y naciones
indígenas de las estribaciones occidentales de la sierra y que se extienden
hasta la costa del Pacífico, y que se denomina CONAICE.

 

No existe al momento en el país un movimiento social con tal nivel de
organización, democracia interna, y complejidad como la CONAIE. Su
principal estructura directiva se denomina Consejo de Gobierno y sus
decisiones, a veces han sido denominadas como “Mandatos”. De acuerdo a la
coyuntura, el Consejo de Gobierno de la CONAIE llama a sus estructuras
regionales a Asambleas para dirimir y tomar posición sobre temas
trascendentes, y si las circunstancias lo ameritan convocan a un Congreso
Plurinacional que es su máximo organismo directivo y consultivo.

 

En la organización indígena CONAIE, las decisiones se adoptan a partir de
la regla del consenso y del diálogo. Las elecciones internas para definir
autoridades o tomar decisiones, si bien implican y apelan a la regla de la
mayoría, son el resultado de un proceso previo que es el consenso y el
diálogo. Si no existe el consenso, no hay posibilidad alguna que las
decisiones que adopte el Consejo de Gobierno de la CONAIE pueda ser
reconocida, seguida o avalada por las estructuras orgánicas que la
conforman. El Presidente de la CONAIE no puede tomar decisiones
trascendentes sin el consenso con todo el entramado organizativo que lo
sostiene. Es la expresión de aquello que los zapatistas de México
denominan “mandar obedeciendo”.

 

En el año de 1990 su emergencia fue tan potente que se convirtieron en el
relevo organizativo de la resistencia y oposición al neoliberalismo. A
partir de entonces, y por medio de movilizaciones gigantescas, han logrado
derrotar varias veces los programas de ajuste neoliberal del FMI, del Banco
Mundial y de las elites empresariales del país. Toda la década de los
años noventa está marcada por la movilización indígena. Fueron ellos los
que lograron derrocar a varios presidentes: Abdalá Bucaram en el año 1997,
Jamil Mahuad en enero del 2000, Lucio Gutiérrez en el año 2005. Fueron
ellos los que han convocado y han generado las movilizaciones sociales más
importantes de las dos últimas décadas en el país.

 

Para tratar de someterlos, el Banco Mundial creó un concepto específico
para las organizaciones indígenas, aquel del “etnodesarrollo” y ha
intentado varias veces, sin éxito por lo demás, articular proyectos de
intervención sobre las organizaciones indígenas para convertirlas en una
especie de gigantescas ONG en interfaz directa con el Banco Mundial y la
Cooperación Internacional al Desarrollo para “luchar contra la pobreza”.
Sin embargo, la CONAIE entendió muy bien que detrás de la “lucha contra la
pobreza” del Banco Mundial se esconde en realidad una estrategia de
contrainsurgencia de lucha contra los pobres.

 

La CONAIE como organización social es contundente al momento de ejercer
presión al sistema político y convertirse en poder de veto, sobre todo
ante las medidas económicas del neoliberalismo, como efectivamente sucedió
durante la última década del siglo pasado y la primera década del
presente, pero por su misma estructura política y organizativa no puede
incidir desde dentro del sistema político en la definición de las leyes y
el control del Estado. Por ello, en el año 1995 creó el Movimiento de
Unidad Plurinacional Pachakutik para ingresar al sistema político y
transformarlo desde dentro.

 

A diferencia de la organización social que tiene un fuerte anclaje
territorial y comunitario, Pachakutik es una organización política que
debe cumplir con los requisitos establecidos por el sistema político, que
considera a los partidos políticos como maquinarias para ganar las
elecciones y no como estructuras de formación y participación política a
la ciudadanía en condiciones de pluralismo y diversidad.

 

Con el movimiento Pachakutik, la organización indígena participó en las
elecciones del año 1996 y logró el tercer lugar de las elecciones
presidenciales y alrededor de un diez por ciento de la representación
parlamentaria de ese entonces. Para evitar el sello étnico a su
representación política, la organización social abrió las compuertas de
su organización política Pachakutik a todos los sectores sociales con los
cuales coincidían en su resistencia al neoliberalismo y que se ubican a la
izquierda del sistema político. Pachakutik no es un partido étnico ni
tampoco de centro, es un partido creado desde la lucha social de las
organizaciones indígenas en su resistencia al neoliberalismo y se ubica en
la izquierda del sistema político. Sin embargo, al cohabitar el espacio de
la izquierda con otras organizaciones políticas del mismo espectro tiene
que compartir criterios y nociones que no son parte de su cosmovisión del
mundo y que tampoco se armonizan con su visión del Estado Plurinacional.
Ahí surgen una de las tantas aporías políticas que hasta el momento
Pachakutik y la CONAIE aún no han resuelto.

 

En el año 2002 el movimiento Pachakutik ganó las elecciones presidenciales
en alianza con Lucio Gutiérrez, pero fue traicionado antes que se posesione
el gobierno. En efecto, Gutiérrez se alió con la derecha del partido
socialcristiano que representa los intereses oligárquicos de la burguesía
agroexportadora de la costa ecuatoriana y, en específico, de la ciudad de
Guayaquil, al tiempo que se declaró el mejor amigo del gobierno americano
en clara contraposición con el proyecto político de las organizaciones
indígenas. Una vez en el poder, entregó la conducción de la economía a
los grupos más recalcitrantes del neoliberalismo que suscribieron nuevos
acuerdos con el FMI y el Banco Mundial. Esta traición le iba a costar a
Lucio Gutiérrez su destitución en el año 2005, como consecuencia de
multitudinarias movilizaciones sociales en las cuales tuvo una directa
participación el movimiento indígena.

 

Durante el ciclo político de la revolución ciudadana de 2007 a 2017, la
CONAIE no se adscribió al gobierno de ese entonces, ni Pachakutik tampoco
formó parte de las decisiones legislativas que se adoptaron en ese momento,
porque el proceso político de la revolución ciudadana acumuló tanta
energía política que no necesitó de alianzas de ningún tipo y con
ninguna organización social o política, de ahí que el gobierno de la
revolución ciudadana no haya tenido problema alguno en minimizar cualquier
tipo de acuerdo con las organizaciones indígenas y que, al no poder
cooptarlas a su proyecto político, más bien haya optado por perseguirlas,
judicializarlas e, incluso, criminalizarlas. El ciclo político de la
revolución ciudadana tenía pretensiones de hegemonía absoluta para un
ejercicio de control total sobre el sistema político, como condición de
posibilidad para su poder y como garantía de su estabilidad, gobernabilidad
política y permanencia.

 

Durante este periodo, la capacidad de representación política de
Pachakutik se redujo al mínimo, mientras que la CONAIE se dedicó a
defenderse tanto como organización de los permanentes ataques del gobierno,
cuanto a los territorios indígenas que fueron puestos en subasta por el
gobierno de ese entonces por las derivas extractivas que lo caracterizaron.
La CONAIE organizó varias marchas, levantamientos, y ejerció presión
sobre las derivas extractivas y autoritarias del partido de gobierno. Pero
se enfrentó a una construcción hegemónica relativamente novedosa en la
cual el espacio de resistencia social creado por las organizaciones
indígenas no podía establecer   vasos comunicantes con la sociedad porque
esta también estaba sometida al control y al espejismo del consumo por la
vía del gasto público.

 

El autismo de la revolución ciudadana impidió cualquier acercamiento o
proceso de diálogo con la mayor organización social del país, porque la
revolución ciudadana consideraba que hablar en igualdad de condiciones con
la CONAIE ponía en riesgo su capacidad hegemónica y su dominación
política. En este proyecto de construcción hegemónica, solo cabía un
diálogo en una sola dirección y bajo condiciones de subordinación y
sometimiento. Algo impensable para la organización indígena. A pesar de
ello, al menos en los primeros años de la revolución ciudadana y cuando
estaba en pleno proceso de estructuración su capacidad hegemónica, la
CONAIE logró que muchos de sus puntos principales de su agenda política
consten en la Constitución del año 2008, como el Estado Plurinacional, el
agua como derecho humano, los derechos de la naturaleza y la transformación
ontológica del régimen de desarrollo económico como régimen del Buen
Vivir.

 

La debacle del partido hasta ese entonces hegemónico Alianza País y el
vacío político que se generó durante el régimen de Lenin Moreno en el
periodo 2017-2021, permitió, entre otros aspectos, la reemergencia
política del movimiento Pachakutik que logró nuevamente ganar importantes
espacios de representación en los gobiernos territoriales y se convirtió
en la tercera fuerza política más importante del país por el número de
prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales ganadas en las elecciones del
año 2016.

 

En el giro neoliberal de Lenin Moreno, que se radicaliza en el año 2019, la
CONAIE retoma su capacidad de veto y es la fuerza motriz de la mayor
movilización social de las últimas décadas, aquella de octubre de 2019 y
que dio al traste todo el programa de ajuste fiscal que el gobierno de
Moreno había pactado con el FMI. En diciembre de ese año el FMI habría de
recurrir al argumento de la “notificación errónea” para cancelar el
acuerdo suscrito en marzo de 2019. En esa coyuntura, la CONAIE llamó al
Parlamento de los Pueblos para construir un programa económico alternativo
y para oponerse a la continuidad del ajuste y el neoliberalismo, al que
denominó: Minga por la Vida.

 

Sin embargo, el contexto mundial se altera radicalmente en el año 2020 con
la crisis sanitaria derivada del Covid-19. La pandemia actúa como un vector
externo a la globalización que la condiciona y la somete a una
interrupción de sus circuitos mundiales de producción, comercio y consumo
que son inéditos para el capitalismo. Para controlar el avance de la peste
las sociedades tuvieron que acudir e imponer estrictos protocolos de salud
pública de distanciamiento social, confinamiento y medidas obligatorias de
prevención.

 

El gobierno de Lenin Moreno, que había atravesado una dolorosa derrota ante
la CONAIE en octubre de 2019, cuando tuvo que derogar los decretos
neoliberales y tuvo que constatar que se hundían sus acuerdos con el FMI,
vio en la peste una oportunidad para recuperar el espacio perdido ante las
organizaciones indígenas. Existe ahí una historia que aún no ha sido
contada y que tiene que ver la forma estratégica por la cual el gobierno de
Lenin  Moreno y sus aliados políticos se apalancaron en esa pandemia para
imponer y radicalizar su agenda neoliberal. 

 

En efecto, el gobierno optó por crear un vacío institucional sobre la
salud pública en las comunidades indígenas que provocó la expansión de
la pandemia en los territorios indígenas, al mismo tiempo que el Estado
evacuaba de esos territorios la institucionalidad de salud pública que
hubiese podido protegerlos. Dirigentes indígenas y sus familiares se
contagiaron y muchos de ellos sucumbieron a la peste. Fue como si el
régimen aprovechaba la letalidad de la peste para reducir las capacidades
políticas, organizativas y de movilización de las organizaciones sociales.

 

Cuando el gobierno avanzó en medio de la pandemia en la radicalización del
ajuste, a través de despidos masivos en el sector público,
desinstitucionalización extensiva e intensiva (el país perdió en esas
circunstancias la empresa nacional de correos por ejemplo), y eliminó el
subsidio a los combustibles, la misma medida que provocó las movilizaciones
de octubre, muchos se preguntaban porqué el movimiento indígena no se
manifestaba ante la agresión neoliberal del gobierno. Lo que pocos sabían,
aunque se intuía, es que el movimiento indígena era sometido
políticamente por una especie de necropolítica o tanatopolítica, es
decir, una administración de la muerte como consecuencia inevitable del
vaciamiento del Estado en los territorios indígenas y el avance de la peste
en sus comunidades.

 

De la mano del FMI, el gobierno llevó adelante una estrategia de
indefensión en salud pública en las comunidades y territorios indígenas,
que obligó a que la organización indígena CONAIE asuma el rol del Estado
en esos territorios. Fue la CONAIE la que aplicó los protocolos de salud
pública y buscó las estrategias y los recursos para proteger a la
población del contagio de la pandemia.

 

Al neutralizar a la CONAIE, el gobierno tuvo las manos libres para volver al
FMI y renegociar la fallida Carta de Intención. Los sucesivos estados de
emergencia promulgados en el año de la pandemia, si bien se contextualizan
con la crisis sanitaria fueron también importantes instrumentos de control
político a la población. En septiembre de 2020 el gobierno de Lenin Moreno
suscribe un nuevo acuerdo con el FMI, que continúa con las tareas
pendientes del anterior acuerdo de marzo de 2019. A diferencia del año 2019
esta vez no hay oposición política a este acuerdo con el FMI, que no sea
aquella del propio sistema político que, además, puede ser manipulada,
comprada o cooptada directamente por el gobierno. Como pasaría
efectivamente cuando se empezaron a procesar las leyes de estos acuerdos con
el FMI con el apoyo del sistema político.

 

Es sobre ese contexto que se producen las elecciones de 2021 y en las cuales
participa el movimiento indígena. La intención del movimiento indígena
era trasladar la energía política de la movilización de Octubre de 2019 y
el Mandato por la Vida creado por los Parlamentos del Pueblo, como plan de
gobierno y como una continuación de la lucha, resistencia y movilización
social que tuvo en Octubre su momento más importante, al tiempo que le
permita desarticular esa necropolítica a la cual estaba sometido. Esa fue
al menos la intención de la organización CONAIE y esa fue la instrucción
que esta organización definió para su organización política Pachakutik.

 

Sin embargo, en esta ocasión la organización política Pachakutik,
decidió soltar amarras de su organización social, la CONAIE, y decidió
asumir por su cuenta y riesgo el momento electoral. Tenía a su haber las
disposiciones del Código de la Democracia, un instrumento legal que
convierte a los partidos políticos en verdaderas maquinarias electorales.
En los estatutos del movimiento Pachakutik la capacidad de representación y
control interno que pueden tener las organizaciones sociales se diluye, se
neutraliza y, a la larga, deviene irrelevante. Un pequeño número de
militantes o adherentes reconocidos por la autoridad electoral tienen peso y
pueden tomar decisiones de forma independiente de cualquier tipo de
estructura social que forme parte de los partidos y movimientos políticos.
Puede ser que el peso organizativo sea legítimo y sumamente importante pero
si no tiene reconocimiento legal ante la autoridad electoral es irrelevante
para tomar y validar decisiones electorales. Un pequeño número de personas
legalmente reconocidas por la autoridad electoral cuenta más que centenas
de miles de adherentes y militantes sociales.

 

Habida cuenta de sus excelentes resultados en las elecciones de los
gobiernos autónomos descentralizados, el movimiento Pachakutik se apalancó
más en esos gobiernos territoriales que en su estructura social y
organizativa. Y eso se entiende porque esos gobiernos territoriales,
justamente por los recursos que poseen, pueden tejer lazos clientelares como
efectivamente pasó con la Prefectura del Azuay y la dirigencia del
movimiento Pachakutik; son lazos difíciles de romper y que crean alianzas y
sinergias más potentes que la relación de militancia con las
organizaciones sociales. Es precisamente esta relación clientelar la que
creó las condiciones de posibilidad para que la dirigencia del movimiento
Pachakutik se decante por la candidatura del entonces prefecto indígena de
la provincia del Azuay, Yaku Pérez a la Presidencia de la República.

 

Así, el movimiento indígena se encontró ante un déjà vu. En efecto, en
el año 2002, el movimiento Pachakutik se alió con Lucio Gutiérrez sin que
haya mediado en esa alianza la participación, el aval, la legitimidad y la
participación de la CONAIE. Se trató de una alianza hecha a espaldas de la
CONAIE quien tuvo que asumir esa alianza y esa campaña electoral sin haber
participado previamente en sus definiciones. Cuando Lucio Gutiérrez
traicionó al movimiento indígena, fue la CONAIE quien tuvo que asumir los
costos políticos de esa traición y quien tuvo que resolver esos impasses a
través de la movilización y en contra del criterio de los dirigentes del
movimiento Pachakutik que, en esa coyuntura, querían quedarse en el
gobierno de Gutiérrez a cualquier precio. Posteriormente esos dirigentes
serían expulsados y se convertirían luego en dirigentes, funcionarios y
autoridades políticas de la revolución ciudadana.

 

Ahora bien, en esta oportunidad la CONAIE se confronta a un escenario
similar pero no con una alianza con otros sectores políticos, sino con sus
propias bases. La dirigencia política del movimiento Pachakutik tomó
decisiones basadas más en las prerrogativas que le concede la ley electoral
que en la legitimidad que proviene de su movimiento social. Se produce ahí
un desencuentro entre la intención de la CONAIE de convertir a las
elecciones de 2021 en una continuidad de sus movilizaciones de octubre de
2019, porque tenía que detener el agresivo proceso de criminalización
social al tiempo que quería recuperar el sentido y la convocatoria que
tuvieron esas movilizaciones, de hecho las más importantes de las últimas
décadas.

 

La dirigencia del movimiento Pachakutik, en cambio, se desprende de ese
proyecto y se apega más a la institucionalidad. De esta manera, rompe la
relación entre las elecciones de 2021 y las movilizaciones sociales de
octubre de 2019. Asume una decisión legal, sin duda alguna, al reunir
solamente a los coordinadores provinciales del movimiento Pachakutik para
que sean ellos quienes tomen la decisión de elegir al candidato
presidencial del movimiento indígena que se decantan en su mayoría por el
entonces prefecto del Azuay Yaku Pérez. Una decisión relativamente
inédita en un movimiento social que siempre había apostado por la
democracia directa de sus bases.

 

Una vez tomada esa decisión, se refugian en las prerrogativas de la ley
para evitar que se produzcan cambios y se altere la nominación del
candidato a la Presidencia de la república. Se trató de un coup de force,
legal pero ilegítimo. La CONAIE reclamó a través de sus canales
habituales: el Consejo de Gobierno y las Asambleas. Quiso inscribir estos
impasses y resolverlos dentro del diálogo y el consenso. Empero, todo ello
fue inútil. Ni el Consejo de Gobierno de la CONAIE ni las Asambleas
indígenas tenían peso legal alguno ante la autoridad electoral nacional.
La decisión había sido tomada por las dirigencias provinciales del
movimiento Pachakutik y no habían posibilidades de alterarla ni
modificarla. La dirigencia de Pachakutik contaba a su haber con la ley
electoral para respaldar y avalar sus decisiones. Muchos de los dirigentes
provinciales que tomaron esa decisión a favor del candidato Yaku Pérez,
fueron también tomados en cuenta para encabezar las listas electorales a
nivel provincial del movimiento Pachakutik. De esta manera, la organización
social, CONAIE, fue separada definitivamente de las decisiones de su brazo
político.

 

El proyecto de crear una solución de continuidad entre la movilización de
octubre de 2019 con las elecciones de 2021 se quebró irremisiblemente. La
CONAIE se vio atrapada dentro de una aporía jurídica y también política.
No podía resolver esa aporía a riesgo de fracturarse ella misma.

 

El candidato Yaku Pérez, una vez legalizada e inscrita su candidatura
jamás vinculó esa candidatura con las movilizaciones de octubre, de hecho
se desmarcó de ellas y se identificó con la judicialización a los
dirigentes indígenas de las movilizaciones de octubre que se hacía desde
el poder, cuando hizo declaraciones como candidato presidencial en el
sentido que esos dirigentes, si en octubre habían trasgredido la ley,
entonces deberían pagar por ello.

 

Para la CONAIE la aporía era respaldar una candidatura presidencial que
había nacido desde su propio seno pero que iba a contrapunto de todo por lo
que había luchado. Si avalaba, respaldaba y se comprometía con esa
candidatura presidencial, tenía que, a su pesar, renegar del legado de
octubre y de todo lo que significa. Tenía que someterse a la
judicialización que enfrentaban desde el poder sus principales líderes.
Tenía que ceder y eliminar a octubre de 2019 del registro de sus luchas
sociales, y convertirlo en apenas un episodio más y limar su aporte
histórico para la lucha social. Por supuesto que la CONAIE no podía hacer
eso. Pero tampoco podía ser indiferente a una candidatura que nacía desde
sus entramados organizativos directos.

 

Se necesitaba de mucha madurez para asumir decisiones que tendrían
consecuencias futuras. La candidatura de Yaku Pérez amenazó, como pocas
veces en la historia de la CONAIE, con fracturar de forma irremisible al
movimiento indígena. El desafío lanzado por la organización política
Pachakutik puso en tensión a todo el entramado organizativo del movimiento
indígena que estuvo muy cerca de la ruptura. Es en estas circunstancias que
la dirigencia nacional de la CONAIE optó por la madurez política y por
crear una distancia prudente y estratégica con respecto a esta candidatura
presidencial para salvar el legado de Octubre y para evitar la ruptura y
fragmentación del movimiento indígena. Efectivamente, no se fragmentó,
tampoco se dividió, pero se debilitó precisamente cuando el escenario
electoral le era más favorable que nunca.

 

La candidatura presidencial de Yaku Pérez, a pesar de pertenecer al
movimiento social más antisistémico, más radical y más crítico al
liberalismo y al neoliberalismo, como es el caso del movimiento indígena
ecuatoriano, optó por la institucionalidad, por el clientelismo y por
moverse hacia el centro del espectro político. Yaku Pérez rompió con el
legado de octubre, quizá por el hecho que en octubre de 2019 no tuvo
ningún rol dirimente, pero nunca hizo una relación directa de su
candidatura con esta movilización. Se alejó de la CONAIE y construyó una
campaña presidencial de manera independiente de la trayectoria histórica
del movimiento indígena. Nunca mencionó ni posicionó el Estado
Plurinacional en su campaña política. Nunca se refirió a octubre, salvo
para deslindarse de cualquier consecuencia legal que pueda generarle esa
movilización a su propia candidatura. Nunca apeló a las estructuras
organizativas existentes del movimiento indígena y social, salvo cuando
necesitó de ellas para proteger su paso a la segunda vuelta electoral.
Nunca utilizó ni mencionó el plan de gobierno hecho por el Parlamento de
los Pueblos durante las jornadas de octubre. Quería que la organización
social participe y entre de lleno en su campaña, pero sin ningún beneficio
de inventario.

 

Octubre de 2019 creó la energía política y las condiciones de posibilidad
para la candidatura del movimiento indígena. En octubre de 2019 se había
roto esa falsa dialéctica entre “correístas” y “anticorreístas” y que
había sido tan funcional para el poder. Octubre de 2019 creó un nuevo polo
en la resistencia social y lucha popular. Octubre liquidó a varios
políticos de la derecha, como Jaime Nebot por ejemplo. Octubre de 2019
creó el primer plan de gobierno hecho directamente por la sociedad en el
Parlamento de los Pueblos en un ejercicio de democracia directa nunca antes
visto. Por ello octubre fue tan estigmatizado y combatido tanto por la
derecha (los anticorreístas) cuanto por los “correístas”.

 

Las movilizaciones sociales habían abierto un espacio en la dominación
política y había un amplio reconocimiento social al movimiento indígena
para liderar ese espacio. Es decir, y como lo ratificarían posteriormente
las elecciones, el movimiento indígena no estaba descaminado al querer
vincular las movilizaciones de octubre de 2019 con las elecciones de 2021.
Habían posibilidades ciertas y plausibles de entrar al control directo del
Estado y ganar las elecciones con un presidente indígena por vez primera en
la historia republicana del país. La CONAIE estuvo a un paso de gigante de
transformar la historia.

 

Esas posibilidades fueron fracturadas por la candidatura de Yaku Pérez. Los
resultados electorales daban cuenta que la lectura política de los
dirigentes indígenas era correcta. Octubre había creado tanta energía
política que habían todas las oportunidades para que una candidatura
indígena que nazca desde la CONAIE pueda ganar las elecciones
presidenciales. En efecto, la candidatura de Yaku Pérez, a pesar que en su
campaña electoral nunca haya hecho referencia a octubre, pero debía a esa
movilización social el caudal de sus votos, es decir sus propias
condiciones de posibilidad. La derecha política se asustó ante esa caudal
y decidió escamotearlo en el último minuto. Yaku Pérez había ganado las
elecciones y tenía el pasaporte listo para el balotaje, pero no contaba con
la astucia de la derecha política que le quitó en el último segundo el
acceso a la segunda vuelta electoral.

 

Cuando la candidatura de Yaku Pérez regresó a ver a la organización
social para que pueda defender esos resultados legalmente ganados en las
urnas, se encontró con una factura que tenía pendiente. Si Yaku Pérez
había hecho una campaña electoral a espaldas de la organización y a
espaldas de octubre, era difícil suponer que la organización social ahora
se convierta en el escudo de protección que necesitaba. La aporía que
atravesó a la CONAIE desde el inicio de la candidatura de Yaku Pérez se
expresó esta vez con toda nitidez. Yaku Pérez se encontró huérfano de
apoyos sociales y organizativos para defender su paso a la segunda vuelta
electoral porque él mismo había creado esa situación de orfandad. Su
situación era la visualización que algo clave se había roto al interior
del movimiento indígena.

 

Esa distancia prudente y estratégica de la CONAIE con respecto a una
candidatura presidencial que nacía desde sus propias estructuras políticas
fue, como se comprobará más tarde, un factor decisivo cuando el candidato
presidencial Yaku Pérez no tuvo el suficiente capital político para
proteger su paso a la segunda vuelta electoral.

 

Si la CONAIE resignó la posibilidad cierta que Yaku Pérez vaya al balotaje
y que incluso pueda ganar la presidencia de la república, fue porque su
memoria histórica le recordaba que se trataba de una situación que ya la
vivió. Es complejo asumir una candidatura presidencial y un proyecto de
gobierno cuando este ha sido construido a espaldas de la organización. Se
sabe que las aporías son imposibles de resolver, y eso le pasó en esta
oportunidad a la organización social. Esta candidatura presidencial se
parecía mucho al laberinto del Minotauro, pero esta vez no existía ningún
hilo de Ariadna para la CONAIE. Antes de entrar al laberinto, la
organización social optó por aquello que los griegos clásicos denominan
phronesis, es decir, la prudencia de saber actuar en función de una visión
de largo plazo. Esta vez, una jugada que nace desde sus mismas estructuras
políticas, pretendió imponerse y casi resquebraja los fundamentos y el
proyecto histórico de la organización indígena.

 

Ahora la CONAIE está consciente que no creó los canales necesarios que
permitan articular de forma coherente y estratégica a su brazo político
con su proyecto histórico y que eso le pasó la factura y creó la aporía
de esta candidatura presidencial. Tiene que cerrar esas brechas. Tiene que
evitar que vuelvan a recrearse estas aporías. Pero tiene un panorama más
complejo porque Pachakutik ya no es un partido marginal o circunstancial en
el sistema político. Es, de hecho, la fuerza política más importante del
país, y en la Asamblea Nacional es la segunda fuerza política por la
cantidad de su representación legislativa. La CONAIE y Pachakutik pueden
marcar el ritmo y los contenidos de la agenda política del país. Si esa
agenda implica desarmar el andamiaje neoliberal creado por el gobierno de
Moreno y proponer y aprobar leyes que garanticen derechos al tiempo que
construyan una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria,
entonces son una opción real de poder al mediano plazo. La CONAIE puede
volver al sistema político y esta vez puede ser dirimente. Pero no puede
dejar a su brazo político Pachakutik por fuera de su propio proyecto
histórico y sin control político.

 

Por ello, ahora no puede descuidar la representación parlamentaria como lo
hizo en el periodo 2017-2021 cuando sus asambleístas votaron por las leyes
neoliberales del FMI e incluso en contra de los derechos de mujeres, niños
y adolescentes, y no jugaron ningún rol en las movilizaciones de octubre.
Ahora la CONAIE necesita ejercer un control real sobre esa representación
parlamentaria y sobre su brazo político, porque las elecciones de 2021 han
cambiado de forma fundamental el panorama político y proyectan al
movimiento Pachakutik como una opción real en el futuro próximo.

 

Se sabe que el gobierno que emerge en las elecciones de 2021 no tiene la
mayoría parlamentaria, y que intentará construirla de cualquier manera y a
cualquier costo, y la CONAIE tiene que aprender ahora a actuar tanto dentro
como fuera del sistema político. Octubre aún está ahí. El gobierno que
emerge en las elecciones de 2021 en realidad es un gobierno de transición,
porque los tiempos han cambiado radicalmente. La única organización que,
por el momento, tiene la posibilidad de comprender esos cambios
civilizatorios que se vienen es la CONAIE, porque su registro
ontológico-político está hecho precisamente para eso.

 

El nuevo gobierno tiene que reinstitucionalizar al país pero también tiene
que construir el mundo de la post-pandemia. La noción política y
civilizatoria más importante para ese nuevo mundo que nace desde la
post-pandemia le pertenece por entero al movimiento indígena, es aquella
del Sumak Kawsay, la vida en plenitud.

 

La CONAIE asumió con madurez e inteligencia el grave momento que le
significó la candidatura presidencial de Yaku Pérez. Con esa misma madurez
pudo desmarcarse de la coyuntura electoral con el voto nulo ideológico para
el balotaje final, y ahora con esa experiencia acumulada tiene que procesar
los cambios civilizatorios de un capitalismo tardío que cada vez se
convierte en una amenaza para la humanidad, para construir alternativas
viables, plausibles y necesarias. Tiene que recuperar su proyecto de Estado
Plurinacional como hilo de Ariadna, para volver a ingresar al Laberinto del
Minotauro.

 

(Artículo publicado originalmente en el blog del autor: 25-3-2021:
https://pablo-davalos.blogspot.com/) 

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