Colombia/ La masacre del Estado a la protesta social. [Daniela Arias Baquero]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

7 de mayo 2021

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Colombia



El ensañamiento del Estado colombiano con la protesta social

Masacrados



Aunque la población logró el retiro de una impopular reforma tributaria,
persisten demandas que siguen sin ser escuchadas. Una de las más urgentes es
el reclamo contra la violencia policial, que viene dejando cientos de
heridos y 37 jóvenes asesinados por manifestarse.



Daniela Arias Baquero, desde Bogotá

Brecha, 7-5-2021

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El silencio no puede apaciguar el dolor que se siente cuando se escucha a la
madre de Santiago Murillo llorar. «¡Mi hijo, mi único hijo!», dice en un
grito que no halla consuelo. «A mí me mataron hoy, que me maten, porque me
voy con mi hijo, me voy con mi hijo. Era mi único hijo, me matan hoy, me
pegan un tiro también. ¿Dónde está? ¿Dónde está?», dice con voz
desgarradora.



Santiago, de 19 años, era un joven de Ibagué, Tolima, al oeste del país, que
murió tras recibir un disparo en el pecho por un agente policial durante las
protestas que se suceden en estos momentos en Colombia. Al día siguiente, su
madre fue acompañada por una multitud, a dos cuadras de su casa, donde su
hijo fue asesinado. Por casos como este se protesta en Colombia. Otros
jóvenes, como Sebastián, tampoco olvidan. En sus manos sostiene un cartel
que dice: «En pie de lucha por nuestros muertos, ni un minuto más de
silencio». Ellos no callan ni sucumben ante la represión del gobierno. Según
la ONG Temblores, que se encarga de registrar los casos de violencia
policial en Colombia, desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo, hubo 37
personas asesinadas, 26 víctimas de agresión en sus ojos, 234 víctimas de
violencia física, 11 víctimas de violencia sexual, 98 casos de disparos con
arma de fuego y 934 detenciones arbitrarias por parte del Estado.



Sebastián, como el resto de los manifestantes, expone su vida al tercer pico
de contagios por coronavirus en el país y a la militarización de las
ciudades: el presidente Iván Duque determinó, el 1 de mayo, el despliegue de
las Fuerzas Armadas bajo la figura de «asistencia militar» para asegurar el
«orden público», lo que ha incrementado la violencia estatal contra los
ciudadanos.



En otro de los carteles, un joven de unos 23 años dice: «¡Nos robaron hasta
el miedo!». Por eso, entre bombos y banderas de colores amarrillo, azul y
rojo, distintos sectores de la población, liderados por una nueva generación
de movimientos sociales, se unieron al paro nacional comenzado el 28 de
abril. Son miles de personas las que hoy expresan en la calle el descontento
generalizado por el exceso de fuerza y por la represión contra la protesta
social.



Descontento social y miseria



En la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Sebastián sale a
manifestarse junto con miles de personas que sufren el desempleo, un
problema que en marzo, el último mes del que se tienen cifras oficiales,
afectaba, al menos, al 14,2 por ciento del total de la población. Entre los
jóvenes, la situación es peor: ya antes de la pandemia la desocupación entre
ellos era de un 22,5 por ciento. Mientras la marcha avanza, los vendedores
informales, una ocupación que emplea a decenas de miles de personas en la
capital colombiana, caminan extenuados buscando hacer algo de dinero para
llevar a sus familias. Otro grupo de manifestantes que viene protestando por
la avenida Séptima es testigo de los rostros desconsolados de personas
tendidas en los andenes junto a sus maletas: familias enteras desplazadas
por la violencia sufrida en otras partes del país.



A la miseria y a los desplazamientos forzados habituales en el país, la
pandemia vino a agregar un desplome del PBI del 6,8 por ciento, el cierre
entre enero y octubre del año pasado de más de 500.000 pequeñas empresas y
el aumento del desempleo. Veintiún millones de colombianos (un 42,5 por
ciento de la población) vive hoy en la pobreza, de acuerdo a las cifras
oficiales. Ante una situación tan crítica como esta, la respuesta del
presidente Duque y el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla fue
proponer una reforma tributaria a la que llamaron Ley Solidaria Sostenible.
La reforma buscaba recaudar cerca de 23 billones de pesos (unos 6.000
millones de dólares) de los bolsillos de los colombianos, a través de un
impuesto adicional a la renta y la imposición del IVA a productos de la
canasta familiar y de consumo básico, como los servicios de agua, luz, gas,
servicios funerarios, Internet, entre otros sobre los que aún no pesaba ese
tributo. La reforma también imponía un impuesto solidario para salarios
altos. En total, el 73 por ciento del dinero iba a ser recaudado de personas
físicas y el peso recaería, sobre todo, en las clases medias y entre los
pobres del país.



Está situación fue el detonante de un descontento social que venía
acumulándose desde mucho antes, agravado en los años de gobierno de Duque.
Se hizo sentir en las protestas masivas de 2019 (véanse «Noviembre
caliente», «Cómo se cuece el sancocho» y «Lo que permanecía en silencio»,
Brecha, 29-XI-19 y 6-XII-19), en las que la población reclamaba la falta de
cumplimiento del acuerdo de paz con la guerrilla y contra el modelo
económico clientelista que favorece la privatización de la vida y la
inequidad en el país.



El 28 de abril, Sebastián y miles de ciudadanos salieron a manifestarse
contra la nueva reforma tributaria. Después de largas jornadas de reclamo,
el pueblo colombiano logró, el lunes, la renuncia del ministro Alberto
Carrasquilla y el retiro del proyecto del Ministerio de Hacienda. Sin
embargo, ante la represión y las graves violaciones a los derechos humanos
por la fuerza pública y por actores infiltrados durante las protestas –así
como por la permanencia de un proyecto oficial de reforma de la salud
ampliamente resistido por trabajadores y empresarios del sector–, el Comité
Nacional de Paro decidió la continuación de las protestas.



Fomentar la violencia



Alejandro Rodríguez Pavón, coordinador de la plataforma digital GRITA, a
través de la cual se pretende grabar y denunciar todos los casos de
violencia policial y asesorar legalmente a las víctimas, señala a Brecha que
«en Colombia ha venido creciendo progresivamente la movilización social,
pero también lo ha hecho la represión por el gobierno». «Hoy no solo vemos a
la Policía y el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] en las calles, sino
también a las fuerzas militares. Parece ser normal que un policía active su
arma de fuego contra manifestantes. Es realmente grave», agregó.



El 30 de abril, el expresidente Álvaro Uribe Vélez provocó polémica con un
tuit en el que apoyaba «el derecho de los soldados y policías de utilizar
armas para defender su integridad contra la acción criminal del terrorismo
vandálico». Rodríguez asegura que «estos discursos han acentuado la
violencia» y que no es el presidente Duque quien realmente está al mando,
sino que está «obedeciendo órdenes». De hecho, Duque pertenece al Centro
Democrático, partido liderado por Uribe, quien es investigado por la
Justicia por sus vínculos con el paramilitarismo (véase «La mala hora del
parapresidente», Brecha, 7-VIII-20).



Para Rodríguez, la decisión del gobierno de desplegar a los militares para
reprimir las protestas solo empeora la inseguridad en las ciudades, que ya
estaban golpeadas por la pandemia y el desempleo. En referencia a los hechos
de violencia ocurridos en los últimos días, afirma: «Las mismas alcaldías
locales no se habían preparado para estas catástrofes anunciadas, realmente
han permitido que este tipo de actos ocurran, ya sea por orden o por
omisión. A esto se le suma la existencia de grupos criminales y de población
civil armada en áreas periféricas de ciudades como Cali y Bogotá».



Criminalización de la pobreza y la protesta



La sucursal del cielo, como se la conoce a Cali, quedó confinada en una
noche de terror que se prolongó desde el martes 4 hasta la madrugada del
miércoles 5. En barrios marginales, como Siloé, los habitantes aseguran que
la Policía «tomó el sitio de trinchera» y disparó con ametralladoras a la
población, lo que resultó en cinco jóvenes muertos y unos 33 heridos.



El estallido que hoy vive Colombia, además de ser provocado por la represión
y la violencia del Estado, es también generado por la criminalización de la
pobreza y de la protesta social en esta parte de las ciudades. «Los barrios
donde es más grave la situación son los de clases bajas, donde hay gente
joven y pobre. Las personas más asesinadas son ellos», expresa Rodríguez.
Asimismo, durante las jornadas de protestas en Cali y otras ciudades la
población ha reportado cortes de energía y de Internet. «Nos preocupa esto
porque va en contra del derecho a la libertad de expresión; la ciudadanía
tiene el derecho a usar las redes sociales como mecanismo de denuncia y lo
que vemos es que están siendo censurados, no sabemos si por el Ejército o
por quién», agrega el coordinador de GRITA. Diversas personas y movimientos
sociales también han denunciado la presencia en las calles de policías sin
su número de identificación y de policías que se visten de civil, así como
de civiles que se visten de policías para causar confusión en las protestas.



A las graves violaciones de derechos humanos, se suma en Cali una cultura
del narcotráfico que en los últimos años se ha intensificado, así como una
migración desbordada de quienes han huido de la guerra en el suroccidente
del país. Esto ha acentuado la división entre diferentes sectores sociales y
la estigmatización de la protesta como «vandalismo». Es el caso de Ciudad
Jardín, un barrio de estrato alto de Cali en el que «sus habitantes salieron
en varias camionetas blindadas, un signo del paramilitarismo, criminalizando
a los manifestantes y diciéndoles, con arma en mano, que debían cuidar sus
barrios y que, si los veían por el suyo, tomarían justicia por mano propia»,
dice Rodríguez.



Un Estado indolente



Sebastián recuerda como si fuera ayer el 25 de noviembre de 2019, cuando vio
morir a pocos metros de distancia a Dilan Cruz, otro joven asesinado por el
ESMAD. «Iba con una banda de 100 o de 200 personas. Una cuadra más adelante,
nos encontramos con otro grupo de la marcha, que lo iba comandando un amigo
con una bandera gigante. Nos abrazamos. Empezamos a cantar: “¡Amigo mirón,
únase al montón!”. Cuando salimos a la esquina de la Diecinueve con la
Quinta, una amiga se desmayó y, en ese momento, vimos cuando mataron a
Dilan», relata con tristeza en su mirada. Acto seguido señala el Capitolio,
donde se encuentra el ESMAD junto con las fuerzas militares y la Policía.
Dice, con rabia, «ellos lo mataron, le dispararon con una bola compactada de
aluminio y le quedó incrustada en la cabeza. Yo lo vi. Luego hicimos un
altar con piedras en homenaje a Dilan y contra el abuso policial».



Y es que, además de los discursos del gobierno que legitiman el uso de la
fuerza contra «los vándalos» para justificar el abuso de poder y los
crímenes de Estado cometidos contra la ciudadanía, ha aumentado la impunidad
en los casos de violencia policial. Un ejemplo doloroso: luego de que todo
el país vio los videos en que un agente del ESMAD le dispara a Dilan, la
Fiscalía decidió que el caso debía continuar en la justicia penal militar y
no en la justicia ordinaria. Finalmente, la investigación de la Fiscalía
dictaminó que el culpable era el muerto, por «ingresar de manera repentina
en el ángulo de visión previamente establecido por el tirador». Además, para
justificar su muerte, el informe del Ministerio Público presenta un perfil
cuasicriminal del joven.



Víctor Barrera, politólogo e investigador del Centro de Investigación y
Educación Popular, dice a Brecha que «existe un efecto acumulativo de alta
impunidad en los casos de violencia sistemática por agentes del Estado».
«Los procesos que han terminado en un fallo contra la Policía son casi nulos
y, por ende, nunca se identifica a los culpables», añade. Esta situación de
excepcionalidad ante la Justicia y el excesivo poder que tienen las agencias
de seguridad del Estado colombiano hacen que sea difícil emprender una
reforma estructural de esas fuerzas, como la que demandan los jóvenes que
hoy se manifiestan. «En Colombia, hay un problema de diseño institucional
muy grande, resultado de tener una Policía –que es un cuerpo civil en armas–
a la que se evalúa por su desempeño como fuerza militar», explica Barrera.



Las moléculas y los derechos



Por otro lado, el investigador asegura que la saña actual contra las
protestas es una reacción ante la caída de la popularidad del uribismo, «que
está viendo amenazada su continuidad para las próximas elecciones de 2022».
En enero de 2018, según la consultora Datexco, Uribe cosechaba una imagen
favorable en el 45 por ciento de la población y enfrentaba una desaprobación
del 49 por ciento. Para enero de 2021, sin embargo, su popularidad había
caído al 27 por ciento y el rechazo a su figura llegaba al 66 por ciento, a
diferencia de lo ocurrido con el principal candidato de la izquierda, el
senador Gustavo Petro, que ha visto su popularidad mantenerse estable por
encima del 40 por ciento. Según Barrera, el oficialismo «trata de sumir a la
población en una espiral de violencia debido a las dificultades que tiene
para mantener su influencia a través de procedimientos democráticos: por eso
toma decisiones inspiradas en modelos punitivos y de fuerza».



En ese contexto se dio en febrero la visita de Alexis López, un supuesto
investigador científico chileno que visitó Colombia para educar a las
fuerzas militares en el manejo de la protesta social. En varias conferencias
en la Universidad Militar Nueva Granada, López, que se define como
«entomólogo con estudios de periodismo, electrónica, informática y lenguas
clásicas», expuso lo que, según él, es el nuevo modelo conspirativo de la
izquierda latinoamericana para tomar el poder y acabar con la democracia: la
«revolución molecular disipada», una expresión tomada del filósofo francés
Gilles Deleuze. López se hizo conocido a principios de siglo en su país
natal por fundar el abiertamente neonazi y pinochetista Movimiento Patria
Nueva Sociedad, con el que supo organizar conferencias internacionales con
otros militantes de formaciones nacionalsocialistas. A este respecto, un
nuevo tuit de Uribe causó polémica en las redes el domingo 3, cuando hizo
cuatro recomendaciones para enfrentar las protestas, como si se trataran de
un crimen y no de un derecho legítimo; entre ellas, «reconocer que el
terrorismo es más grande de lo imaginado» y «resistir la revolución
molecular disipada».



Hasta el momento, Duque ha sido claro en su respaldo al uso de la fuerza «en
contra de los vándalos». En su última intervención, dijo que «ha diseñado
una estrategia contra el vandalismo a nivel nacional» y que paga una
recompensa de hasta 10 millones de pesos (2.600 dólares) por encontrar a
quienes hagan desmanes. Este martes, la consejera de Derechos Humanos del
presidente, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró a la revista Semana que «los
derechos humanos solo existen si todos los ciudadanos observamos los deberes
que tenemos para ser parte de la sociedad».



Pese a que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos y otras instancias internacionales han condenado la violencia
ejercida por las fuerzas estatales, la represión sigue vigente y tiene en
zozobra a los colombianos. El subdirector de la fundación Paz y
Reconciliación, Ariel Ávila, dijo recientemente que el despliegue de las
fuerzas militares en las ciudades es «un riesgo terrible», pues este cuerpo
está acostumbrado a combatir a sangre y fuego contra grupos armados como la
guerrilla y el narcotráfico. Pero, ante la violencia estatal, la protesta
sigue siendo la elección de muchos jóvenes que, como Sebastián, creen en la
posibilidad de un cambio. Él, como tantos otros, forma parte de una
generación que quiere la paz en Colombia. No es un vándalo ni un vago, es un
estudiante con sueños, que conoce sus derechos y quiere que su futuro esté
enmarcado por la empatía y no por la violencia.

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