Chile/ ¿Bastará con cambiar la Constitución? [Franck Gaudichaud]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de mayo 2021

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Chile



¿Bastará con cambiar la Constitución?



Franck Gaudichaud

Jacobin, 14-4-2021

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Traducción de Micaela Houston



Este domingo se desarrollarán en Chile las elecciones constituyentes, al
mismo tiempo que las municipales y de gobernadores regionales. La elección
de esta Convención Constitucional es un acontecimiento central del nuevo
ciclo político que se abrió con la gran rebelión popular de octubre 2019.



.Hubiéramos esperado a que exprese alegría, pero Alondra Carrillo está
furiosa. Desde hace muchos años, esta joven militante feminista de Santiago
de Chile esperaba el momento en que su país se desharía de la Constitución
de 1980, heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989).
Mientras que desde la transición a la democracia todos los gobiernos se
dedicaron a preservar el statu quo, unas manifestaciones masivas finalmente
forzaron al poder a modificar la Carta Magna. Se estableció, entonces, una
plataforma virtual para facilitar el patrocinio ciudadano de las dos mil
personas que optaron por una candidatura independiente, lejos de las
formaciones tradicionales. Con algunas compañeras de la Coordinadora
Feminista del 8 de Marzo, Carrillo se presenta como candidata para las
elecciones de convencionales constituyentes.



Sin embargo, en este 2 de marzo, echa humo: la autoridad electoral acaba de
hacer público el modo de financiamiento de la elección, que niega a los
candidatos independientes condiciones similares a las de los grandes
partidos. Denuncia que es una forma de “discriminación antipopular”,
consciente de que para los 450 candidatos independientes que ya obtuvieron
las firmas validando su candidatura, la carrera de obstáculos está lejos de
haber terminado.



Desde el final negociado del régimen militar en 1989, Chile ha sido descrito
por las elites latinoamericanas como una “democracia de consenso” ejemplar.
Sin embargo, la success story de la contrarrevolución neoliberal inaugurada
por los militares en 1973 se ha ido fisurando progresivamente hasta revelar
el malestar de una sociedad desigual, mercantilizada y anómica. A pesar del
aplastamiento del movimiento popular durante el régimen del general Pinochet
y de la precarización general del trabajo, las iras dispersas seguían
incubándose bajo las cenizas. Estudiantes, trabajadores portuarios o
mineros, feministas y minorías sexuales, jubilados dependientes de fondos de
pensión, clases medias endeudadas: desde 2006, muchos sectores manifestaron
su descontento. Sólo faltaba una chispa para el estallido.



La rebelión de octubre



Para comprender la situación actual hay que volver a 2019. “En medio de esta
América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia
estable”, se regocijaba el presidente multimillonario de derecha Sebastián
Piñera. Pocos días después, desbordado por la amplitud de los disturbios
populares, su gobierno invoca la Ley de Seguridad del Estado (una Ley de
excepción que permite condenas exprés en nombre del mantenimiento del orden
público) y se ve forzado a cerrar el conjunto de las líneas de subterráneo
de una capital que cuenta con seis millones de habitantes. Durante toda la
noche, los carabineros se enfrentan violentamente con manifestantes formados
en barricadas. Muchas estaciones del metro son incendiadas así como una
garita de policía y un edificio de la compañía multinacional de energía
Enel. Se cuentan numerosos heridos. Temprano en la mañana, Piñera parece
haber olvidado su bella imagen de apacible oasis. Decreta el toque de queda
en diez ciudades y, en un hecho inédito desde el fin de la dictadura,
despliega el ejército en las calles. Al día siguiente, el Presidente se
presenta ante el país acompañado por el ministro de Defensa y un general de
brigada en uniforme de combate. El tono es marcial: “Estamos en guerra
contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y
que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”.
¿El enemigo? El pueblo, movilizado de norte a Sur, y en particular la
juventud, en un movimiento que por su magnitud recuerda a aquellos de los
años ochenta contra la dictadura.



La gota que hizo rebalsar el vaso fue el aumento de treinta pesos del metro.
El 7 de octubre 2019, estudiantes secundarios hicieron un llamado a no pagar
y a practicar felizmente el salto de los torniquetes. Gracias a las redes
sociales, la práctica se extiende. El poder piensa poder apagar el incendio
incrementando la presencia policial en las calles; está tirando aceite al
fuego. El 25 de octubre, cerca de dos millones de personas toman las calles:
la marcha más grande de la historia del país, proclama una prensa obligada,
momentáneamente, a contener su apoyo al poder. “¡Chile despertó!”, proclaman
algunos. Todos los reclamos, fruto de una democratización parcial y de un
modelo económico violento, resurgen. Las banderas del pueblo Mapuche se izan
junto a la bandera nacional en la Plaza Italia, rebautizada “Plaza de la
Dignidad”. Las paredes de las ciudades se cubren de consignas y de frescos
que denuncian una clase política desacreditada por los casos de corrupción,
unas fuerzas armadas manchadas por casos de enriquecimiento ilícito y una
Iglesia Católica culpable de mansedumbre frente a los pedófilos en sotana.
Por las noches, las calles retumban con conciertos de cacerolas que parecen
unir los suburbios populares y los barrios de clase media. Contra la pared,
el gobierno levanta el estado de urgencia mientras Piñera echa a dos
ministros y anuncia algunas tímidas medidas sociales.



Sin embargo, la movilización continúa, al igual que la represión. Según
Amnistía Internacional, “los carabineros violaron de forma generalizada los
derechos de los manifestantes”. En cuarenta y cuatro días, más de 12.000
heridos ingresaron en las guardias de los hospitales. Unos 2.000 fueron
alcanzados por armas de fuego y casi 50 fueron víctimas de lesiones oculares
graves. Miles de casos de malos tratos en las comisarías y cientos de
denuncias de violencia sexual cometida por depositarios de la autoridad
pública inundan los tribunales. Pero la cultura de la impunidad persiste.
Más de 2.000 personas con prisión preventiva o imputadas y con medidas
cautelares esperando ser juzgadas, a veces desde hace más de un año. Algunas
son sin embargo menores y todas son consideradas como “presos políticos” por
varios abogados y ciertas figuras políticas, entre ellas la diputada
comunista Camila Vallejo, que pide una Ley de amnistía. A la vez que
manejaba con vigor la mano derecha del Estado, el ejecutivo comprendió
rápidamente que debía buscar una solución política a la crisis. No porque la
oposición parlamentaria pareciera en condiciones de capitalizar la fuerza
vital de la calle. Los estados mayores partidarios y sindicales del
centroizquierda están desbordados, y hasta asustados, por este movimiento
descentralizado, radical y horizontal que cuestiona su cogestión del
neoliberalismo desde hace treinta años. La salida de Piñera se convierte
rápidamente en una de las reivindicaciones de los “insurgentes”.  El éxito
de la gran huelga nacional del 12 de noviembre de 2019, cuya organización
debió asumir la Central Única de Trabajadores (CUT) ante la presión de los
acontecimientos y de su base, es una muestra para el gran empresariado y La
Moneda de la gravedad de la situación.



El acuerdo constitucional



La mayoría presidencial -Principalmente Renovación Nacional (RN) y Unión
Demócrata Independiente (UDI)- entabla entonces una hábil maniobra táctica.
En la noche del 15 de noviembre, logra hacer firmar por representantes de
primer nivel en el Congreso un Acuerdo por la Paz Social y una Nueva
Constitución. Se trata de retomar el control y de intentar canalizar el
movimiento social organizando un referendo sobre la Constitución. Si el
Partido Comunista (PC) resiste a este canto de sirenas, la Democracia
Cristiana y los socialistas (que gobernaron el país entre 1990 y 2010), así
como una mayoría del Frente Amplio (FA), nacido en la estela de las luchas
estudiantiles de 2011, aprueban la idea. La mayoría de la oposición
“capituló en forma deshonrosa ante la derecha que los intimidó con la
amenaza del derrumbe del Estado de derecho y un eventual golpe militar”,
estima el periodista Manuel Cabieses. En un primer momento, algunas voces se
elevan denunciando un acuerdo firmado a espaldas del pueblo movilizado. Pero
los llamados a la renuncia de Piñera poco a poco se debilitan. Una parte de
la izquierda ve en la perspectiva del referendo, que se llevó a cabo en
octubre de 2020, una ocasión soñada de volver a cuestionar un régimen
ultrapresidencialista y neoliberal, de imaginar instituciones más
participativas y más democráticas, de pensar la renacionalización del cobre,
del litio o del agua, de moldear un Estado plurinacional que reconozca los
derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación… El día del
escrutinio, sólo la mitad de los electores acude, 78% de los votantes se
pronuncian por una nueva Constitución y 79% de ellos por una asamblea
elegida por medio del sufragio universal directo. Próxima cita: 16 de mayo
2021, para elegir a los miembros de la Convención Constitucional.



El nuevo ciclo



Indiscutiblemente, se abre un nuevo ciclo político e histórico. En
doscientos años de historia republicana, Chile sólo tuvo constituciones
redactadas por la oligarquía. Esta vez, fruto de largas negociaciones en el
Congreso, la asamblea será totalmente paritaria (¡la primera en todo el
mundo!) e incluirá bancas reservadas a los pueblos originarios, aunque no en
las proporciones exigidas por los involucrados. Resultado de un proceso
deliberativo de nueve a doce meses, la nueva Carta Magna será, además,
nuevamente sometida a su aprobación por referendo. Entonces, ¿victoria? Sí.
Pero, ¿para quién? Tras haber sentido el roce de la bala, Piñera recuperó
las riendas: encarnación hasta ayer de todas las disfunciones del país, hoy
es el garante de su mutación. Las instituciones volvieron a estar en el
centro del debate público. El 16 de mayo, al mismo tiempo que la Convención
Constitucional, se llevarán a cabo elecciones municipales y de gobernadores
regionales. Luego, una elección presidencial debería asimismo acaparar los
medios de comunicación (la primera vuelta se llevará a cabo en noviembre
próximo). Ciertamente, el ala dura de la coalición presidencial está
indignada frente a la idea de ver la gran obra constitucional del general
desmantelada. Sin embargo, si la derecha insistió tanto en hablar de
“Convención” (y no de Asamblea Constituyente), es porque el nuevo órgano
electo va a deliberar en el marco de un perímetro delimitado por una
comisión técnica preparatoria. Un ejemplo: los convencionales no podrán
cuestionar los tratados internacionales (y, por ende, los acuerdos de libre
comercio).



Cada artículo propuesto deberá ser aprobado por una mayoría calificada de
dos tercios, lo que otorga a la derecha una minoría de bloqueo, sobre todo
en un contexto en el que ésta se encuentra unida mientras que el centro y la
coalición de la izquierda parlamentaria (en torno al PC) no han logrado
ponerse de acuerdo sobre listas comunes. Por último, la posibilidad de una
presencia notoria de candidatos surgidos de movimientos sociales fue
descartada: las normas electorales han sido calcadas del escrutinio
proporcional plurinominal de las elecciones legislativas (según el
cuestionado sistema D’Hondt), que favorece mecánicamente los grandes pactos
electorales y sobrerrepresenta las listas que obtienen más votos.



Un campo minado



De todas formas, aquellos que lograron obtener un patrocinio de sus
candidaturas por fuera de los partidos sólo tienen derecho cada uno a… un
segundo de tiempo al aire para la franja electoral televisada. Las
organizaciones llamadas “representativas” conservan así un casi monopolio y
dispondrán de varios cientos de miles de dólares cada una (hasta 800.000
para la UDI), mientras que 1.700 dólares serán generosamente atribuidos a
los candidatos militantes… Se entiende entonces porqué Carrillo está furiosa
y que su entorno denuncie una legislación “al servicio de los patrones”. No
obstante, tanto para ella como para el ecologista Lucio Cuenca, el
sindicalista Luis Mesina o para la abogada feminista Karina Nohales, la
decisión tomada sigue siendo la correcta. Incluso sin ilusiones. El combate
será largo: un pie dentro del movimiento social, el otro dentro de la arena
constitucional que se entreabre. “Hemos construido y defendido nuestras
demandas en las calles y en la lucha para hacer escuchar nuestra voz y
nuestros programas en la Convención  –declara Nohales-. Porque nuestra voz
es indelegable, hacemos un llamado a votar con independencia de los partidos
que administraron el neoliberalismo”.



Otros son mucho más críticos acerca de esta participación y afirman que la
trampa de una Convención Constitucional moldeada por los deseos de los
poderosos está clausurando la lucha llevada a cabo desde octubre de 2019.
Estas elecciones no harán más que poner una capa de barniz democrático al
sistema –cambiar la Constitución para que nada cambie, en cierta forma–. Es
en alguna medida lo que explicaba, a fines de 2020, el ministro de Asuntos
Exteriores Andrés Allamand. Buscando tranquilizar a todos aquellos que
temían que la nueva Constitución “refunde” Chile, el antiguo apóstol de la
dictadura analizaba aquello que consideraba como un “gravísimo error”. Al
contrario, explicaba: el nuevo texto permitiría “mantener, sin ninguna duda,
algunos pilares claves del desarrollo económico chileno como el respeto a la
propiedad privada, la iniciativa individual, el tratamiento no
discriminatorio entre la inversión nacional y la inversión extranjera”.
Según las diversas estimaciones, los sectores conservadores tienen algunas
razones para alegrarse: con alrededor del 40% de los elegidos, deberían
asegurarse cómodas minorías de bloqueo para la Convención.



Piñera, gracias a lo que parecía un exitoso programa de vacunas contra el
Covid-19 (con la ayuda de China), ha aumentado levemente -y de manera muy
transitoria- su extremadamente decaído apoyo en los sondeos. Hoy está
totalmente aislado políticamente. No obstante, la derecha sigue soñando con
un triunfo posible en la próxima elección presidencial a fines de año con un
candidato como Joaquín Lavín, lo que evidentemente está por verse. Una nueva
rebelión popular o, en otro plano, la cada vez más popular candidatura
presidencial de Daniel Jadue, alcalde comunista de la comuna de Recoleta
(Santiago), podrían perturbar los planes de la oligarquía chilena. (Este
texto fue publicado originalmente en la edición de abril de Le Monde
Diplomatique (Francia) www.monde-diplomatique.fr
<http://www.monde-diplomatique.fr> )

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