Chile/ Crónica de un fraude anunciado. [Foro Por La Asamblea Constituyente]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

14 de mayo 2021

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Chile



Crónica de un fraude anunciado



Foro Por La Asamblea Constituyente

Santiago de Chile, 13 de mayo de 2021.

A dos días de las elecciones para la Convención Constitucional

La elección de la Asamblea Constitucional, en los términos en que se hará, y
a la vista de sus resultados posibles, constituye la más profunda derrota
para las izquierdas en Chile en los últimos treinta años. Una derrota solo
comparable al gran fraude que significaron el plebiscito de 1988, las
negociaciones consiguientes y el paso a una democracia de baja intensidad,
que implementó y profundizó el sistema neoliberal en todos los órdenes de
nuestras vidas.

Completamente a espaldas de la indignación masiva expresada en las calles
desde el 18 de octubre de 2019, se realizarán unas elecciones que conducen a
una Convención Constitucional que no es realmente democrática, que no es
soberana, que le da poder de veto a la derecha con solo un tercio de los
delegados, que tiene prohibido tratar de incidir en los tratados
internacionales que amarran al país a la jurisdicción interesada de los
órganos que representan al capital trasnacional, que no tiene normas claras
de transparencia, ni de financiamiento y que debe someter su autonomía a
fallos eventuales de comisiones designadas por la Corte Suprema.

Desde el Foro por la Asamblea Constituyente insistimos desde hace casi ocho
años en la necesidad de una verdadera Asamblea Constituyente: soberana,
democrática, participativa, transparente, efectivamente autónoma. Nada de
esto está expresado ni en la ley que convoca a esta Convención, ni en el
sistema electoral que la origina, ni en los desastrosos resultados que se
obtendrán.

Como Foro, propusimos procedimientos claros, establecimos definiciones y
políticas a seguir definidas, con toda clase de detalles y precautorias,
considerando la profunda administración a la que es sometida la democracia
por los sectores dominantes, enunciamos los principios y líneas de acción
públicamente, mucho antes de que el estallido de la ira popular hiciera
evidente a todos los que se habían negado a escuchar la necesidad de un
cambio radical en el sistema económico y político que vive el país desde
hace más de cuarenta y siete años.

Asumiendo el sentir expresado en la protesta social masiva, alejados de todo
vanguardismo y maximalismo, alejados sobre todo de la amplia auto
complacencia con que las izquierdas que no previeron, no iniciaron, ni
mantuvieron la radicalidad puesta en las calles han pretendido, sin embargo,
administrarla y encuadrarla en sus discursos, sostuvimos una línea
eminentemente pragmática, buscando en cada momento la vía radical, que
pudiera convertir la protesta, de acuerdo a las condiciones dominantes, en
una auténtica presión contra el régimen imperante.

Al calor del estallido inicial, propusimos que el movimiento organizado,
agrupado en la Mesa de Unidad Social, negociara directamente con el gobierno
la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre, soberana y democrática.
Ninguno de los movimientos y partidos de la izquierda organizada acogió de
manera real esta propuesta obvia, que era la consecuencia directa que la
reflexión de izquierda debería haber obtenido de la violencia y radicalidad
con que se desarrollaba la protesta masiva.

Por supuesto, el poder y la política institucional, profundamente impactados
y atemorizados por la violencia en las calles, fueron capaces de muchísimo
más pragmatismo y eficacia: después de un mes de violencia imparable
lograron el llamado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución del 15
de noviembre de 2019.

Ante el espectáculo inverosímil de que todas las posturas de derecha
(Concertación, Renovación Nacional, UDI) llegaran a un acuerdo vergonzoso y
claudicante con los que hasta solo un mes antes se declaraban de izquierda
(Frente Amplio), llamamos a rechazar ese acuerdo, a hacerlo insostenible e
inviable manteniendo la protesta popular, e insistimos en la necesidad de
una mesa de negociación directa del movimiento social con el gobierno.
Ninguno de los movimientos y partidos de la izquierda organizada acogió de
manera real este rechazo, ni siquiera aquellos que no firmaron el 15 de
noviembre. Lo que ocurrió de hecho es que, de manera pasiva, con retóricas
vagas y declaraciones ambiguas, todo el espectro político simplemente asumió
como un hecho el pacto firmado, incluso la negociación subsiguiente, que lo
agravó, lo consagró y lo convirtió en una milagrosa reforma constitucional a
la que se habían negado durante treinta años. Por supuesto, el efecto más
inmediato de esta aceptación general fue la notoria baja en la intensidad de
la protesta, gracias a la cual se habría podido aspirar a algo mejor y más
digno.

Nuevamente llevados a la vez por la radicalidad y el pragmatismo, sin
retóricas principistas ni grandilocuencias vanguardistas, sostuvimos que,
dado ese escenario, lo que había que hacer, a través de la protesta popular,
era luchar por una reforma constitucional adicional, que estableciera normas
de transparencia para la Asamblea, que convirtiera la regla de los dos
tercios en la obligación de un plebiscito intermedio, vinculante, para
dirimir por la vía directa los temas en que la Asamblea no llegare a
acuerdo, que permitiera revertir las trabas a su soberanía efectiva. Todas
las izquierdas, sin embargo, concentraron su atención en las normas de
paridad y en la participación de los pueblos originarios, dos temas que,
siendo un gran avance democrático, no tocaban en absoluto el amarre que
implicaba el sistema electoral acordado para elegir a los constituyentes, ni
la regla de los dos tercios, ni el carácter sagrado de los tratados
internacionales, cuestiones que, en la práctica, permiten anular lo que se
pueda obtener en democratización con la paridad de género y la participación
de los pueblos originarios.

Lo que se obtuvo es una nueva reforma constitucional, aprobada nuevamente
con una mayoría milagrosa conformada por la derecha, el centro y las
izquierdas, en que no se dio ninguna oportunidad real a los independientes,
en que no se estableció nada sobre la transparencia, en que no se tocó
absolutamente nada del núcleo del Acuerdo por la Paz Social. Entonces,
nuevamente, sin la menor oposición real, y a pesar de que a esas alturas las
izquierdas ya reivindicaban como propia la gesta iniciada en octubre del
2019, todos los movimientos y partidos de las izquierdas organizadas
empezaron a sacar cuentas y a moverse aceptando sin más y de hecho el marco
establecido. Convirtiendo, en la práctica, la ira movilizada solo en una vía
institucional doblemente administrada por dos reformas constitucionales
pensadas de manera ad hoc para dar todas las garantías posibles a la derecha
más dura.

No somos partidarios del principismo ni del vanguardismo. Somos enemigos de
las desilusiones apresuradas o del retiro testimonial, que salva la propia
dignidad mientras el mundo permanece intacto. Creemos que es perfectamente
posible formular políticas radicales manteniendo a la vez el ánimo
pragmático, el examen realista de cada momento y sus circunstancias.
Sabemos, además, que las políticas abstencionistas, en un marco histórico de
democracia administrada, solo favorecen a los sectores gobernantes.
Pensamos, nuevamente, que lo que había que hacer era preguntarse cuál es la
política más avanzada, la que conduce mejor, aunque sea difícilmente, a los
objetivos sustantivos que tenemos, dado un escenario que a esas alturas ya
era bastante malo.

En ese momento sostuvimos que se debía perseguir dos objetivos inmediatos y
una política permanente de mediano plazo. Primero, formar un gran pacto que
reuniera a todas las izquierdas, ordenadas en subpactos, para, dadas las
características de la ley electoral impuesta, obtener como máximo los dos
tercios de la Convención y, como mínimo, un tercio de los delegados de
izquierda dura, que pudiera bloquear las mociones constituyentes que
confirmaran el modelo neoliberal y, de esa manera, aplazarlas para
debatirlas luego, bajo una nueva Constitución, como materia de ley. Y, en
segundo lugar, tratar de obtener una mayoría muy contundente en el
plebiscito convocado para, ¡recién entonces!, reconocer legalmente la
convocatoria de una instancia que ya no era ni Asamblea, ni Constituyente,
pero que dada la inercia de las izquierdas, era lo que más se parecía a lo
que la indignación popular había exigido. Pensamos que, obtenida esa mayoría
contundente, podríamos tener poder de negociación para algo más progresista.

Por otro lado, como política a mediano plazo, propusimos que había que
mantener la lucha por una nueva reforma constitucional que permitiera
modificar la regla de los dos tercios, recuperar la soberanía de la
Convención, dotarla de transparencia y mecanismos participativos
vinculantes. Y buscar la unidad de las izquierdas en torno a un programa
constitucional sustantivo, radical, por el cual luchar en la Asamblea. Una
lucha, por cierto, que solo se podía dar manteniendo la presencia en las
calles, articulando el movimiento territorial que había surgido, buscando
las instancias de coordinación de los movimientos de base con los
movimientos y partidos organizados formalmente.

Como sabemos, todo esto se vio profundamente alterado por dos hechos
esenciales: la desastrosa falta de vocación para la tolerancia y la unidad
en torno a objetivos mayores mostrada por todas y cada una de las
izquierdas, y los mecanismos de control ciudadano, sanitarios y políticos,
que ha hecho posible la pandemia. El primer factor condujo a una desastrosa
dispersión de pretensiones electorales que, notoriamente, dado el marco de
hierro de una ley electoral pensada para favorecer los pactos grandes y a
los partidos políticos institucionales, hace prever un desenlace electoral
penoso para las izquierdas y curiosamente lleno de optimismo para la
derecha. El segundo factor, desencadenado por la pandemia, pero azuzado y
exigido por la propia izquierda (¡!), en un afán inmediatista y pequeño de
socavar la base puramente electoral, solo en las encuestas, del gobierno de
turno, ha terminado por desbaratar casi por completo la movilización popular
a lo largo de todo un año.

Estamos hoy, a dos días de las elecciones de constituyentes, en el peor de
los escenarios posibles. Ninguna de las izquierdas está proponiendo un
programa constitucional realmente sustantivo. Tampoco se tiene en la mira,
por ningún lado, dar la pelea por democratizar y hacer realmente soberana a
una Convención que se nos ofrece sin garantías de transparencia, ni
mecanismos participativos, y con trabas sustantivas a las materias que puede
discutir, incluso al tratar de formular su reglamento interno.

La perspectiva estrecha e inmediatista de elegir un concejal, un alcalde, un
gobernador, de posicionar candidaturas al parlamento y a la presidencia, ha
copado de manera completa y absorbente la “agenda” de las izquierdas
organizadas en partidos y movimientos. La protesta social vivida y sufrida a
costa de miles de víctimas de diverso tipo y de cientos de presos que aún
permanecen en los regímenes “preventivos” posibilitados por la represión
estatal, se ha diluido casi completamente en esperanzas electorales, o en
programas inmediatistas que se mueven enteramente dentro de lo dado, del
escenario establecido por un “acuerdo” canallesco, sin recoger en absoluto
el contenido esencial de la indignación expresada en las calles: terminar de
manera efectiva con la administración neoliberal de nuestras vidas.

Creemos que, en este escenario oscuro, lo que se puede intentar es convertir
todo el proceso de la Convención Constitucional en una larga y profunda
clase de educación política de la ciudadanía. Cada tema que se discuta en la
Convención debe ser discutido en la base social, en los territorios, en los
partidos y movimientos formales, o en los colectivos que se han reunido con
este propósito y que deberían tener un largo y productivo porvenir. Cada
disposición contraria a los intereses populares que se apruebe en la
Convención, por muy edulcorada que esté con lenguajes inclusivos o
proclamaciones altisonantes de derechos intangibles, debe ser resistida en
la calle, frente a cada municipio, en protestas organizadas que capaces de
responder a las provocaciones tanto de la policía como del vanguardismo.

Un objetivo pequeño, muy inmediato y pragmático, pero prometedor, es
intentar que las numerosas listas de independientes obtengan muchos votos.
Esto permitirá mostrar la enorme desproporción entre la votación sumada de
los independientes a nivel nacional y el número de delegados constituyentes
que efectivamente obtendrán estas candidaturas. Una muestra flagrante del
carácter no democrático de esta convocatoria que se puede invocar y reclamar
en las calles.

Es necesario repetirlo: no creemos en la desilusión fácil, en la abstención
inútil, en el desánimo sistemático, con que suelen revestirse las izquierdas
existenciales y meramente testimoniales. Estas batallas forman parte de una
guerra que es muy larga, y que debe ser pensada no solo en sus expresiones
inmediatas, contingentes, sino en términos de la perspectiva estratégica en
que nos situamos. Queremos un mundo más justo, radicalmente diferente del
mundo en que vivimos. Estamos dispuestos a luchar de manera permanente y
porfiada, pragmática y realista, por lo que creemos que es justo.

El proceso constitucional en marcha, dada sus condiciones y límites, no
permitirá revertir en ningún aspecto esencial la administración neoliberal
del país. Peor aún, puede perfectamente convertirse en un blanqueo
constitucional análogo al arcoíris que nos vendieron en 1989. Mucha alegría
y arcoíris en las declaraciones, neoliberalismo duro y profundizado en la
realidad. Pero, al mismo tiempo, como lo fueron los gobiernos neoliberales
de la Concertación, será fuente de nuevas violencias. La ceguera de las
élites politiqueras, la ambición desmedida y depredadora de los capitalistas
nacionales y trasnacionales que pillan este país, no les permite una
política moderada, no les permite una administración medianamente
benefactora. Solo están dispuestos a ganar, a saquearlo todo, sin ningún
proyecto u horizonte estratégico que no sea el de la ganancia inmediata y
abusiva. Están sembrando y sembrando vientos. Cosecharán tempestades.

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