Colombia/ El levantamiento popular está derrumbando el régimen neoliberal y militarista de Duque. [Movimiento Ecosocialista]

[Ernesto Herrera]

  _____

Correspondencia de Prensa

19 de mayo 2021

https://correspondenciadeprensa.com/

redacción y suscripciones

germain en montevideo.com.uy <mailto:germain en montevideo.com.uy>

  _____



Colombia



El levantamiento popular está derrumbando el régimen neoliberal y
militarista de Duque



Movimiento Ecosocialista

18 de mayo 2021



“El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo
que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema
nuestro, de las y los demócratas del mundo.” Boaventura Dos Santos.



El 28 de Abril de 2021 marcó una nueva etapa en la historia de la
movilización y el ejercicio de la protesta social en Colombia. El paro
nacional convocado por las centrales obreras terminó convirtiéndose en un
gran levantamiento popular. Ese mismo día las ciudades capitales
presenciaron movilizaciones de trabajadores, de informales, estudiantes,
organizaciones barriales,  de mujeres, comunidades  indígenas y afros; una
expresión   social  diversa  y plural  de un pueblo desesperado  y
acorralado por la implementación  durante décadas  de  las políticas
neoliberales y que durante  la pandemia fue  abandonado a su propia suerte.
Este levantamiento popular tiene una línea de continuidad con las
movilizaciones urbanas del 21 de Noviembre del 2019, pero, en esta ocasión,
se sumaron las ciudades intermedias y las zonas rurales. Hubo protestas
callejeras en 600 municipios y el número de manifestantes alcanzó
aproximadamente  los cinco millones de personas.



Esta protesta masiva ya ha logrado resultados. La caída de la reforma
tributaria, la  salida del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y de su
equipo económico,  el abandono del cargo de la Canciller Claudia Blum, el
empantanamiento  de las reformas  de la salud, pensiones y laboral en  el
Congreso que hacen parte del “Paquetazo” del gobierno de Duque exigido por
las calificadoras de riesgo y el FMI.



Estos resultados han sido obtenidos a pesar del despliegue policial y
militar sin precedentes en el país autorizado por el gobierno en contra  de
la movilización  social. Los 50 asesinatos, 400 desaparecidos, los
centenares de heridos  y decenas de mujeres  abusadas sexualmente  que en el
caso de Alisson Meléndez de 17 años de edad,  violentada en una  Unidad  de
Respuesta Inmediata-URI- en Popayán, que la llevó a la decisión trágica  de
suicidarse, han  sido la consecuencia de un tratamiento  de guerra civil que
el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la policía, el ejército y civiles
armados le han dado a la protesta ciudadana. En el caso de Cali la represión
incluyó  la utilización  de armas largas, granadas y gases  sobre los
cuerpos de los manifestantes y los  barrios o unidades residenciales
circunvecinas  e incluso ametrallamiento desde helicópteros militares como
ocurrió en Siloé. En las afueras de Buga, en la carretera Panamericana,
también  fueron utilizadas unidades militares aéreo transportadas y los
barrios cercanos aún se encuentran rodeados  por el  ESMAD y atacados con
gases y armas explosivas. En Popayán la respuesta militarista al
levantamiento de indignación popular causado por los abusos de la policía ya
han costado un estudiante muerto, desaparecidos y heridos. En Yumbo ha
ocurrido algo similar. Estos “teatros de operaciones” militares fueron
autorizados de manera personal y directa por el Presidente Iván Duque , el
comandante general de las Fuerzas armadas Eduardo Zapateiro, el director
general de la policía  Jorge Luis  Vargas  a lo que debe sumarse  la
responsabilidad por omisión de los alcaldes locales  quienes  entregaron  el
control  del  “orden público” de las ciudades sin siquiera discutirlo. Todos
ellos son responsables de genocidio, de terrorismo en contra de los pueblos
y  deben ser juzgados como tales ante la Corte Penal Internacional y los
organismos internacionales creados para el efecto.



Esta barbarie militarista confirma que estamos asistiendo al colapso del
llamado “Estado de Derecho” y confirma que existe una separación abismal
entre las instituciones de una  democracia representativa precaria y las
exigencias sociales de la mayoría de los colombianos.



La aplicación sistemática y programada del terrorismo de Estado evidencia
igualmente la crisis  del capitalismo periférico  en el país asociada  con
la peor crisis  económica en la historia del capitalismo, agravada por la
pandemia del Covid-19.Hemos llegado al punto del callejón sin salida de un
Estado y unas elites incapaces de resolver las necesidades más elementales
de la población, ahora, en el mediano y en  el largo plazo.



El estallido social desbordó las formas clásicas de la movilización popular,
posibilitó expresiones de solidaridad como en el caso de la  presencia de la
“Minga” indígena en Cali y puso al bloqueo en las ciudades y su defensa (las
barricadas) como puntos claves de un verdadero paro nacional.



Quienes han liderado los bloqueos, la llamada “primera línea” está
constituida por jóvenes marginados por el neoliberalismo, carentes de
salud, educación y trabajo que llegan a la protesta por indignación, unidos
por la desesperanza. No creen en las instituciones convencionales, tampoco
en los partidos políticos,  bien sean de izquierda o de derecha. Se
organizan “desde abajo” en  procesos  lentos de coordinación dadaslas
exigencias de la resistencia callejera  auto convocándose; rechazan los
liderazgos personales, proclaman la “horizontalidad” en la toma de
decisiones y han ganado una gran legitimidad social en los barrios en dónde
operan y facilitan la realización de asambleas populares. Estos bloqueos
urbanos tal y como lo afirmó en declaraciones públicas el arzobispo  de Cali
Darío  Monsalve “constituyen casi la única manera que tienen los activistas
del paro de hacerse oír…” y surgieron adicionalmente como respuesta al
asedio  de las Fuerzas Armadas sobre las ciudades.



El hecho de que  desde el inicio de las jornadas de protesta ya
contabilizamos más de dos semanas y que los bloqueos vienen siendo
utilizados por el gobierno, los  empresarios y comerciantes locales para
presentarlos ante la población como los responsables  de  la carestía de
artículos de primera necesidad y de combustibles, a pesar de que han sido
habilitados “corredores humanitarios” por parte de los manifestantes, ha
abierto,la discusión sobre la oportunidad de mantenerlos. Al respecto,
consideramos que cualquier decisión sobre este asunto  debe estar precedida
de garantías de no judicialización, ni de  criminalización para la totalidad
de quienes lideran los bloqueos, supervisadas por organismos de derechos
humanos y en lo posible  con veeduría internacional y con compromisos
explícitos  del gobierno nacional y los mandatarios locales sobre sus
demandas. Lo que ha venido ocurriendo en Cali después del fracaso  de la
mesa negociadora que se intentó con la alcaldía es contrario a lo que
requerimos para encontrar salidas a la actual situación. Los líderes
barriales que asistieron a la convocatoria fueron detectados y actualmente
son detenidos por la policía en sus casas para  judicializarlos.



En lo que se refiere a la decisión política de terminar  con los bloqueos
consideramos que ésta debe corresponder a quienes  han venido organizándolos
como  forma de resistencia legítima, es decir, a los miembros de  las
primeras líneas y de apoyo logístico cercano. Quienes han liderado los
enfrentamientos callejeros y han colocado los muertos, los heridos y los
desaparecidos son los que tienen la autoridad moral  para tomar esta
decisión. Lo mismo debe decirse sobre los bloqueos a carreteras impulsados
por transportadores y campesinos.



Las gigantescas marchas que hemos presenciado en Ibagué, Neiva y Bogotá  en
los últimos días y las organizaciones sociales que se  han sumado  como los
transportadores en todo  el país y los campesinos cocaleros en suroccidente
confirman que este  levantamiento popular se encuentra en ascenso, razón por
la cual consideramos que el factor decisivo es  la apertura de  alternativas
políticas “desde abajo” a la crisis del capitalismo periférico en el país.
Está mostrando que la auto organización y la democracia directa que se
expresa en múltiples formas de resistencia caminan hacia la consolidación
de una “institucionalidad paralela” que desborda los  estrechos  límites de
la democracia representativa. Este levantamiento superó la representatividad
tradicional  de  las organizaciones sindicales y el  Comando  Nacional de
Paro, confirmando  que su  estrecho accionar  reivindicativo  las deja por
fuera  de las exigencias del amplio espectro popular. El 1 de Mayo lo
evidenció de manera dramática.  Mientras en las refriegas callejeras la
brutalidad policial ya contabilizaba muertos y desaparecidos las centrales
sindicales convocaron a una celebración del día de los trabajadores con
“desfile virtual”. La desconfianza de los líderes barriales y populares con
las negociaciones  que intenta  desarrollar el comité de paro parten de esta
realidad.



El levantamiento popular demuestra igualmente la incapacidad de un congreso
y unos partidos políticos atrapados por la corrupción y los compromisos con
los negocios de los grandes capitalistas, al igual que  unos organismos de
control y unas altas cortes  que han jugado  el  papel de cómplices ante la
barbarie militarista  que actualmente presenciamos. Por ello, ha abierto una
crisis institucional que puede terminar en la renuncia del Presidente Duque.
El desarrollo de los acontecimientos y las correlaciones de fuerza  que se
establezcan  en el futuro inmediato  determinarán si es posible concretar
esa posibilidad que implica un golpe certero al Régimen Político neoliberal
y militarista. Estamos de acuerdo  en que es necesario plantearla desde ya
tal y como lo vienen proponiendo, cada vez con más fuerza, organizaciones
políticas y  sociales. Desconocer esa posibilidad  argumentando que
produciría un  “vacío institucional”, que  en secuencia estaríamos ante el
arribo al Palacio de Nariño  de la vicepresidenta o del Presidente  del
Congreso que supuestamente  son peores que Duque, o que  una vez producida
la renuncia  se abriría el camino del golpe militar, razones por las cuales
es necesario “defender a Duque  del uribismo” que lo colocó en el poder no
sólo lo exime de responsabilidades políticas, frente al asesinato colectivo
contra el pueblo inerme, como jefe de las  fuerzas armadas, sino que,  parte
del criterio equivocado de que la profundización de la crisis institucional
que abriría el derrocamiento popular de un gobierno reaccionario como el de
Duque, algo inédito en la historia del país,  sólo podría resolverse en el
marco de la misma institucionalidad que  se desploma.



Por el contrario, consideramos que un triunfo popular de esas
características abriría grandes   posibilidades al accionar político
autónomo de la población y el camino a la convocatoria de una Asamblea
Constituyente y Popular. Sería la mejor manera de aislar y derrotar a la
reacción política y a los golpistas, en momentos en que se cuenta con una
inmensa solidaridad popular a nivel internacional.



Los líderes sociales y populares también han enfatizado en las siguientes
reivindicaciones  económicas y sociales  que acompañamos  y que pueden
conformar una plataforma mínima y de urgencia ante el empobrecimiento al que
han sido sometidos millones de colombiano(a)s  a causa de las políticas
neoliberales que continúan imponiéndose por el Gobierno de Duque:



-Judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las
desapariciones ocurridas durante la militarización de la protesta social.
Castigo a los responsables de violaciones sexuales a mujeres. Desmonte del
ESMAD y transformación de la policía en un organismo de carácter civil
dependiente del Ministerio de Gobierno. Detener el asesinato y las masacres
de líderes sociales. Propiciar un acuerdo humanitario  desde ya con todos
los  grupos armados en la perspectiva de encontrar una  salida  al conflicto
que debe concluir en mesas de negociación diferenciadas conforme a las
características de cada grupo.



- Básica de Emergencia para informales y desempleados. Para conseguir este
objetivo es necesario  suspender el pago de la deuda pública  que en la
actualidad representa el 63% del Producto Interno Bruto y realizar una
reforma tributaria democrática y redistributiva que establezca un impuesto
al patrimonio a los ricos y super ricos, no descontable del impuesto a la
renta; impuesto a los dividendos empresariales y a las herencias, así como
la eliminación de las exenciones tributarias a las grandes empresas y al
sector financiero.



-Cumplimiento  de  los acuerdos de paz particularmente en lo referente a la
sustitución voluntaria de cultivos  y en la implementación de proyectos
colectivos que mejoren el nivel de vida de las comunidades campesinas y
étnicas, basados en la soberanía alimentaria.



-Programa de generación de empleo para jóvenes, ampliación de la cobertura y
financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades
públicas.



¡Fuera el gobierno genocida de Iván Duque!



¡Por una salida alternativa a la actual crisis …Asamblea  Constituyente y
Popular!

  _____





--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus


------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://listas.chasque.net/pipermail/boletin-prensa/attachments/20210519/3a8652cd/attachment-0001.htm