Colombia/ Un mes de paro y un futuro incierto. [Sandra Borda G].

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

26 de mayo 2021

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Colombia



Un mes de paro y un futuro incierto



No es extraño que la juventud colombiana –cada vez más afectada por la
desocupación y la pobreza– sea uno de los sectores más activos en las
protestas. Sin embargo, está poco representada en las negociaciones. La
estrategia del gobierno, que apuesta a una mezcla de represión y diálogo, ha
venido contribuyendo a la erosión de la credibilidad de las instituciones,
mientras los actores políticos comienzan a mirar hacia las elecciones
presidenciales del próximo año.



Sandra Borda G. *

Nueva Sociedad, mayo 2021

https://nuso.org/



En el último año, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de
pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema en Colombia. En
2020, 42,5% de la población vivió en condiciones de pobreza, lo que indica
un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019 (35,7%).
Hoy, en total, son más de 21 millones de personas las que subsisten con
menos de 331.688 pesos mensuales (aproximadamente 88 dólares)  y 7,47
millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (aproximadamente 39
dólares). Las estimaciones sugieren que se ha retrocedido al menos una
década de lucha contra la pobreza en el país.



Fueron las grandes ciudades las que más sufrieron los efectos de la pandemia
y de las políticas de confinamiento. En Bogotá, por ejemplo, el número de
personas que viven en condición de pobreza es de 3,3 millones; le sigue
Antioquia (cuya capital es la segunda ciudad más importante del país,
Medellín) con un total de 2,32 millones, Valle del Cauca (su capital es la
tercera más importante del país, Cali) con 1,67 millones, Bolívar (1,71
millones), Córdoba (1,092 millones) y Atlántico (1,04 millones).



Dos de los sectores más afectados por la crisis en Colombia son las mujeres
y los jóvenes. 46,7% de las mujeres en Colombia hoy vive en situación de
pobreza, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de 40,1.
Según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), «la brecha de género aumentó durante la pandemia y esto
necesariamente golpea la incidencia de pobreza en aquellos hogares donde la
mujer es cabeza de hogar». La situación de los jóvenes también se precarizó:
la tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años fue de
42%, con una disminución del 1,6% comparado con el trimestre enero-marzo de
2020 (43,6%). El desempleo joven fue 23,9%, con un un aumento de 3,4% frente
al trimestre enero-marzo de 2020 (20,5%).



Esto último explica por qué los jóvenes han sido los protagonistas de la
movilización social en Colombia, que se reactivó contra la reforma
tributaria en abril pasado y prosiguió con otras reivindicaciones como el
rechazo a la reforma sanitaria del gobierno. En las protestas del 2019 se
habían organizado para llamar la atención sobre una situación que la
pandemia solo contribuyó a empeorar. No solo estaban viendo sus expectativas
de trabajo reducidas, sino que adicionalmente, sus posibilidades de obtener
educación superior estaban decreciendo. Las universidades públicas no
contaban con suficiente inversión estatal para ampliar sus cupos y el
ingreso a universidades privadas los estaba dejando altamente endeudados.
Para colmo, la pandemia no solo contribuyó a expulsar a los jóvenes del
mercado laboral sino también del sistema educativo: en el 2020 un total de
243.801 estudiantes desertaron del sistema escolar oficial y no oficial, lo
que corresponde al 2,7 %.



Si se ponen todos estos datos juntos es fácil entender por qué los barrios
más pobres de las grandes ciudades han sido aquellos donde la movilización
se ha tornado más multitudinaria. Se trata de una situación mala que ha
empeorado ostensiblemente gracias a la pandemia. En muchos casos, además,
estos son lugares en los que operan grupos ilegales (ya sean disidencias de
la guerrilla, grupos dedicados al microtráfico o a otras formas de
criminalidad) y que ven en estos jóvenes posibilidades de reclutamiento.
Estos barrios recibieron y siguen recibiendo familias víctimas del
desplazamiento forzado que lo abandonan todo para buscar protección en el
anonimato que les brindan las ciudades grandes. Los jóvenes pertenecientes a
estas familias sufren de un desarraigo que solo termina de acentuarse
gracias a la falta de oportunidades laborales y de educación.



Por si todo lo anterior fuera poco, su relación diaria con la policía puede
ser definida como una de tensión constante en la que el asedio, la detención
ilegal y los abusos son el pan de todos los días. Lo que ya era un problema
endémico solo empeoró durante la pandemia en virtud de los poderes
adicionales que se le entregaron a la fuerza pública para hacer que el
confinamiento y las medidas de bioseguridad se cumplieran. Mientras estos
jóvenes y sus familias no hacían sino empobrecerse encerrados y sin
posibilidad alguna de que esta difícil situación cambiara en el futuro más
inmediato, en la calle la policía era cada vez más poderosa y más dueña del
espacio público. Así las cosas, cuando la desesperada situación económica no
se pudo contener más, el choque entre la frustración de estos jóvenes y la
fuerza policial fue de una brutalidad sin precedentes en el pasado reciente
colombiano.



Hay un problema adicional que dificulta aún más la situación y sus
posibilidades de solución. La ciudadanía colombiana ha venido desarrollando
una creciente desconfianza ante las instituciones estatales y ante los
partidos políticos. En 2004, según el Observatorio de la Democracia, la
satisfacción con la operación de las instituciones era de un 57,7% y hoy es
de solo 18,2%. La falta de credibilidad de las instituciones estatales está
acompañada, además, por una caída en la confianza frente a los medios de
comunicación e incluso frente a las mismas organizaciones sociales.



Así las cosas, la única forma en la que muchos creen que se puede tratar de
obtener respuestas frente a sus demandas es a través de la protesta. Han
perdido la fe en que una respuesta adecuada se pueda lograr a través de la
democracia representativa. La consecuencia inmediata es que los canales de
comunicación entre el gobierno y la gente que protesta en las calles están
taponados y truncados. Todos insisten en que la única salida a la actual
situación, después de un mes de paro, es la negociación. Pero no es una
tarea fácil identificar a los interlocutores. Si bien hay un Comité del Paro
con quien el gobierno está intentado dialogar, la queja constante de quienes
protestan es que los miembros del comité no los representan. Y no es un
capricho. Para dar solo un ejemplo: la única persona joven allí representada
es una activista del movimiento estudiantil universitario y ello contrasta
con el hecho de que muchos de los jóvenes que protestan están saliendo del
sistema escolar y tienen remotas posibilidades de ingresar a la universidad.



El gobierno, mientras tanto, ha preferido apostar con más vehemencia a una
estrategia de orden público para tratar de contener la movilización.
Constantemente criminaliza la protesta, hace un énfasis desproporcionado en
el daño material que produce el paro, se presenta como víctima de intereses
electorales y, haciendo uso de todas estas estratagemas, solo contribuye a
restarle agencia y voz a quienes protestan. Si a eso se le suma su
complicidad y nula actitud crítica frente al abuso policial, es fácil
deducir que es el gobierno mismo quien ha contribuido a que el paro se
prolongue y la protesta se haga cada vez más masiva.



La inmensa debilidad de la administración Duque, a quien ni siquiera su
propio partido acompañó a sacar adelante la propuesta de reforma tributaria
que desencadenó las manifestaciones, es el principal obstáculo para salir
del atolladero. No tiene capacidad de convocatoria para liderar un diálogo
de concertación alrededor de las medidas que es necesario adoptar y, por
tanto, su única salida es muy poca zanahoria y grandes dosis de garrote en
las calles. El garrote produce más escenarios de posibilidad para la
violencia policial y la reacción de la comunidad internacional ante las
violaciones a los derechos humanos lo hacen ver acorralado. Al punto que en
una decisión sin precedentes, el gobierno nacional ha rechazado el pedido de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita in loco
que les permita evaluar la situación de derechos humanos en el país después
de un mes de paro. Y luego señaló que sí, pero «no por ahora».



Lo más dramático es que cada día que pasa es un día que se pierde en el
proceso de adoptar e implementar medidas de emergencia para ayudar a paliar
la desesperación económica de tantas familias empobrecidas. Cada día que
pasa, la estrategia del gobierno contribuye a minar más la confianza de la
gente en las maltrechas instituciones colombianas. Los organismos de control
que deberían velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos han sido
cooptados por el gobierno y perdido toda su capacidad de constituirse en
entes de vigilancia del comportamiento del gobierno y de la fuerza pública.



La clase política, por su parte, parece sumida en un sueño profundo
provocado por los intereses electorales ya activados con miras a las
votaciones del año entrante. La izquierda partidista, siempre protagonista
de las reivindicaciones sociales, ahora es cautelosa porque quiere evitar
que la acusen del caos y los desmanes de la protesta. La derecha hábilmente
espera al acecho porque sabe que una protesta degradada y desgastada es su
mejor oportunidad para re-encauchar el discurso anti-«castrochavista» y el
poder de la mano dura. Y, finalmente, el centro político ha tomado la
decisión de iniciar su desvertebramiento justo en esta coyuntura. Las
posibles salidas lucen remotas y el liderazgo político colombiano parece a
la baja, ya con pocas dosis de imaginación.



* Sandra Borda G. es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política
de la Universidad de Los Andes (Bogotá).

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