Argentina/ El cuco mapuche. La puja por la tierra en la Patagonia. [Fabián Kovacic]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

5 de noviembre 2021

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Argentina



El conflicto en la Patagonia se mete en la campaña argentina

El cuco mapuche



Fabián Kovacic, desde Buenos Aires

Brecha, 5-11-2021

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La nueva confrontación se inició el 18 de setiembre con el reclamo de
tierras por la comunidad mapuche Quemquemtrew en la localidad de Cuesta del
Ternero, zona cordillerana de Río Negro, donde tiene permiso de explotación
un empresario maderero dedicado a sembrar pinos. Los indígenas denuncian que
ese cultivo atenta contra el bosque nativo que manos privadas desmontan a
pasos acelerados. Las tierras circundantes habían estado en manos de
descendientes mapuches que fueron asesinados a balazos en 1993 en un caso
aún sin aclarar. El capítulo actual estalló cuando la comunidad originaria
decidió finalmente recuperar esas tierras y la Justicia ordenó su desalojo
por la fuerza.



La Patagonia argentina viene siendo tierra de choques violentos entre los
pueblos originarios y los poderes concentrados empresariales desde hace
años. En agosto de 2017, ocurrió la desaparición y el asesinato de Santiago
Maldonado en el río Chubut y, dos meses después, el asesinato del joven
mapuche Rafael Nahuel en la localidad de Mascardi, Río Negro. En ambos
casos, los jóvenes participaban de reclamos territoriales mapuches. El
conflicto se reavivó con la detención del referente Facundo Jones Huala, su
extradición a Chile un año más tarde, en setiembre de 2018, y su condena
allí por delitos contra la propiedad. El mes pasado, el embajador argentino
en Chile, Rafael Bielsa, solicitó que se cumpliera el derecho internacional
que asiste a Huala en el reclamo de prisión domiciliaria. El cruce
diplomático tensó la relación bilateral y se metió de lleno en el escenario
electoral argentino, a dos semanas de las parlamentarias.



«No son argentinos»



En medio del conflicto en el sur, el 19 de octubre el auditor general de la
nación, Miguel Pichetto –excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019–,
encabezó un acto frente a la tumba del general y expresidente Julio Roca,
líder de la llamada campaña al desierto, que llevó en 1879 al asesinato en
masa y la esclavitud de los pueblos originarios de la Patagonia. Pichetto
reivindicó la figura de Roca y reclamó «orden» para evitar «la construcción
de un Estado mapuche en la Patagonia». «Hay acciones desde el gobierno
nacional que convalidan estas ideas disparatadas», disparó y dio comienzo a
una furibunda campaña mediática en los días siguientes.



El sábado 23, la gobernadora de Río Negro, la peronista opositora Arabela
Carreras, dijo a Radio Mitre que los jerarcas del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) eran «cómplices», «instigadores» y «soporte
económico» de grupos delictivos «que perjudican el normal funcionamiento de
las instituciones». El lunes 25, el ministro de Seguridad de Chubut,
Federico Massoni, declaró a LN+ que Argentina es «un Estado nacional que
parece ser amigo de los terroristas, porque les damos cobijo, les pedimos la
libertad condicional, los vamos a representar cuando ellos mismos dicen que
no son argentinos». La víspera, su par en la provincia de Buenos Aires, el
oficialista Sergio Berni, manifestó a Radio del Plata que en el sur del país
hay «terrorismo» y agregó: «No tengo ninguna duda de que es obligación del
Estado nacional enviar tropas». Antes había ironizado en Twitter con que el
gobierno «regala territorio nacional» a «autodenominados ciudadanos
mapuches».



Esta semana, Magdalena Odarda, titular del INAI, dependiente del Ministerio
de Justicia, afirmó a Página 12 que el discurso racista en auge ahora en Río
Negro –provincia de la que fue senadora– y en la prensa conservadora de
Buenos Aires tiene «una intencionalidad de cara a las próximas elecciones».
La abogada Andrea Riele, referente de la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre y patrocinante de las familias afectadas en el conflicto de Cuesta
del Ternero, coincide con Odarda y en diálogo con Brecha remarcó no solo el
tinte electoral de la escalada antiindígena a dos semanas de las
legislativas, «sino también el costado económico de los hechos». «Impulsan
estas maniobras grupos de poder empresarial que vienen por los recursos
naturales, con emprendimientos inmobiliarios, en el petróleo, la madera, el
agua y la minería. Estos grupos están apoyados por un discurso mediático de
violencia inusitada», afirmó.



Prórroga y gendarmes



Mientras tanto, el Senado argentino prorrogó la aplicación por otros cuatro
años de la ley 26.160, llamada Ley de Emergencia Territorial Indígena, para
dar tiempo a los estados provinciales a hacer el relevamiento catastral de
tierras y definir cuáles corresponden a las comunidades originarias que
tradicionalmente las ocuparon. Ahora falta que la Cámara de Diputados
sancione la prórroga antes del 23 de noviembre, fecha de vencimiento de la
norma. Sin esta extensión del plazo, las denuncias de los empresarios contra
las comunidades originarias se convertirán en acciones legales directas que
deberá determinar la justicia penal ordinaria.



Al mismo tiempo, el gobierno nacional decidió enviar fuerzas de Gendarmería
a Río Negro en respuesta a un pedido de refuerzos de la gobernadora Carreras
tras el incendio del Club Andino Piltriquitrón, ocurrido a mediados de
octubre. Antes se habían producido incendios en una oficina de turismo de El
Bolsón y en otra de vialidad nacional. Pero en el seno del Ejecutivo
reclaman una mesa de diálogo para encaminar el conflicto. Máxime tras el
anuncio del presidente en Glasgow, durante su intervención en la COP26, en
la que aseguró que en Punta Colorada, Río Negro, se instalará la empresa
australiana Fortescue, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares
para producir hidrógeno verde como vector energético. En la zona hay una
docena de comunidades mapuches y, pese a que aún no hay precisiones sobre el
proyecto, la alerta ya se encendió. El conflicto en la Patagonia sigue
abierto y las pujas por la tierra auguran nuevos choques.

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