México/ Racismo de Estado y guerra contra los pueblos en Chiapas. [Gilberto López y Rivas]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

13 de noviembre 2021

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México



Racismo de Estado y guerra contra los pueblos en Chiapas



Gilberto López y Rivas

La Jornada, 12-11-202

https://www.jornada.com.mx/



El 4 de noviembre pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
las Casas (Frayba) publicó en su página la acción urgente 10, que da cuenta
del desplazamiento forzado de más de 3 mil personas del municipio de Aldama,
Chiapas, cuya población registrada no pasa de 5 mil habitantes.



En la nota se contabilizan 47 ataques recientes con armas de fuego de alto
poder contra 10 comunidades, por un grupo paramilitar que opera desde Santa
Martha, municipio de Chenalhó, y se denuncia la permanente ausencia y
complicidad del gobierno mexicano para atender esta grave situación de
violencia extrema, también revelada desde hace varios meses por otras
organizaciones sociales, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el
propio EZLN, que en comunicado del 19 de septiembre, Chiapas al borde de la
guerra civil, constata que las alianzas del gobierno de Rutilio Escandón con
el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a
formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar la
vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo
solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y
financia a grupos paramilitares, como los que atacan continuamente
comunidades en Aldama y Santa Martha.



De manera reiterada, el Frayba ha puesto de manifiesto que la ineficacia y
simulación de las acciones del Estado mexicano siguen favoreciendo un
ambiente de violencia y terror contra las comunidades de Aldama, que desde
el 28 de marzo de 2018 presentaron ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, “frente al
riesgo a la vida e integridad física y sicológica por los constantes ataques
de arma de fuego que estaban –y continúan– recibiendo por parte de grupos
armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó,
Chiapas, que ocasionan desplazamiento de personas”. Tres años después de
esta solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por el Frayba y del
Estado mexicano, finalmente, el 23 de abril de 2021, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo la resolución 35/2021,
decidió otorgar medidas cautelares, registradas con el número MC-284-18.” A
pesar de la adopción de estas medidas, se han contabilizado más de un
centenar de agresiones, que han causado la pérdida de la vida de siete
personas y otras 22 han resultado heridas, provocándose un ambiente de
inseguridad total que ha trastocado la vida comunitaria.



El EZLN en su comunicado evidencia las acciones de la Orcao, a la que
caracteriza como organización político-militar de corte paramilitar que
tiene uniformes, equipos, armas y parque obtenidos con el dinero que reciben
de los programas sociales. Se quedan con una parte y la otra la dan a los
funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el
asistencialismo. Con esas armas disparan todas las noches contra la
comunidad zapatista de Moisés y Gandhi.



En este contexto, es muy preocupante que los mayas zapatistas adviertan:
“Ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al
crimen actual y los anteriores, tomaremos las medidas pertinentes para que
se aplique la justicia a los criminales de la Orcao y funcionarios que los
apadrinan […] Para otra ocasión ya no habrá comunicado. O sea, no habrá
palabras sino hechos”.



¿No parece evidente que estamos ante un escenario similar al que precedió a
la masacre de Acteal? Con recomendaciones de una instancia internacional,
como la CIDH, hacia el Estado mexicano, sus representantes no se percatan de
la gravedad de los hechos en la entidad federativa que concentra el mayor
número de personal militar en todo el territorio nacional. ¿Será que los
altos mandos de la Sedena no están informados por su sección segunda de la
existencia de estos grupos paramilitares que han asolado Chiapas desde 1994
hasta la fecha? ¿Su comandante en jefe, ocupado como está en otorgar
aumentos presupuestales considerables, misiones, tareas, funciones,
responsabilidades y prebendas a las fuerzas armadas, al margen de la
Constitución, va a seguir manteniendo la vieja tesis de los conflictos
comunitarios, para evadir su responsabilidad sobre una situación que está
llegando a los límites?



El racismo histórico del Estado mexicano, que desprecia a los pueblos
indígenas, considerados objetos pasivos de sus políticas y acciones de
gobierno, continúa en Chiapas, con las múltiples violencias que conlleva la
estrategia de contrainsurgencia que se está siguiendo, con la complicidad de
la clase política local, a través de la saturación del teatro de la guerra
con soldados, cercos de penetración, grupos paramilitares y crimen
organizado, pese a los riesgos y costos políticos y sociales evidentes.



Por omisión o comisión, será el Estado mexicano el que deberá responder por
otra tragedia humanitaria anunciada.

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