Uruguay/ Víctimas del "éxito" represivo. El empeoramiento del sistema carcelario. [Venancio Acosta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de noviembre 2021

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Uruguay



Continúan empeorando los índices del sistema carcelario



Barranca abajo



La población carcelaria aumenta aceleradamente, en el marco de un impulso
que se inició en 2018. En consonancia, los índices del sistema carcelario
continúan el declive. En los últimos 12 meses se consolidó la tendencia de
crecimiento de las mujeres presas, se registró un hacinamiento crítico en
todo el país (especialmente en el interior) y se batió el récord de muertes
bajo custodia desde que se conservan registros de este tipo de episodios.



Venancio Acosta

Brecha, 19-11-2021

https://brecha.com.uy/



Hay un dato irrebatible: desde hace aproximadamente cuatro años, el número
de personas privadas de libertad en todo el país comenzó nuevamente una
carrera ascendente. Si bien Uruguay es reconocido como uno de los países con
las tasas de prisionalización más altas del continente, desde el año 2018 la
cantidad de personas privadas de libertad no cesa de crecer. A fines de
octubre había 13.987 presos en todas las cárceles del país. En vistas de
que, luego de la reforma de 2011, no se registraron iniciativas políticas
importantes para revertir las condiciones de reclusión, ese aumento vino
acompañado –especialmente en el último año móvil– de un empeoramiento
general de casi todos los índices del sistema.



Las razones de la disparada suba no están del todo claras, pero constituyen
un punto de discusión entre el Ministerio del Interior (MI) y la Fiscalía
General de la Nación. La hipótesis principal tiene que ver con que el
aumento de los presos coincide casi plenamente con la entrada en vigor del
nuevo Código del Proceso Penal, a fines de 2017. Esa lectura fue sostenida
con ahínco por el ex fiscal de Corte Jorge Díaz. «El aumento de la población
carcelaria obedece estrictamente a una mejora en la persecución criminal.
[…] Creo que la eficiencia y la eficacia del sistema penal acusatorio en la
investigación y la persecución criminal con relación al sistema anterior las
marcan las cifras, de noticias de criminales imputados, de personas
imputadas, de porcentajes de delitos aclarados, y eso tiene un impacto en la
población carcelaria; no hay mucho misterio en eso», dijo Díaz al respecto,
en la Cámara de Diputados, en julio de este año. Esta postura también es
defendida por el actual fiscal general, Juan Gómez.



Del otro lado, el MI hace una interpretación política de los datos. El
actual ministro, Luis Alberto Heber, ha insistido con la idea de que el
aumento del número de personas tras las rejas responde a un «éxito de la
Policía» y, al igual que en la discusión sobre las cifras de los delitos, ha
minimizado otro tipo de variables. En junio de este año, en la propia sede
de la fiscalía, Heber unió los dos temas: «Es un éxito del sistema», dijo.
«Y es un éxito de la Policía haber bajado los homicidios, haber bajado las
rapiñas, haber bajado los guarismos y tener, lamentablemente, más población
carcelaria. Ahí tenemos un problema. Producto del éxito.» En setiembre, el
ministro anunció en el Parlamento que, en convenio con el Ministerio de
Economía y Finanzas y con el objetivo de «descomprimir» el sistema, se
financiará la construcción de tres cárceles nuevas en el terreno del Penal
de Libertad (con capacidad para aproximadamente 1.500 presos) y tres
«barracones» («galpones abiertos donde hay que tener presos de muy baja
peligrosidad») que se instalarán en Artigas, Tacuarembó y Treinta y Tres. En
esto se gastarán, según el ministro, alrededor de 60 millones de dólares. La
medida forma parte del Plan de Dignidad Carcelaria inaugurado por el
exministro del Interior Jorge Larrañaga, que, dada la dimensión del
problema, hasta el momento no ha arrojado resultados trascendentes.



«Esta situación de violación de derechos humanos no es de ahora; hace muchos
años que venimos violando los derechos humanos de las personas privadas de
libertad. Ese es el arranque, sin ánimo de echar culpas para atrás; es la
realidad que tenemos. Ahora, si la realidad molesta, a mí no me molesta. Lo
que a mí me apresura y me genera urgencia es tratar de resolverla», declaró
Heber el lunes ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia
del Senado, cuando el tema carcelario ocupó la mayor parte de la sesión
(aunque no haya sido el objeto de la convocatoria). De todas formas, el
ministro no dio detalles respecto de los avances del plan de construcción de
nuevas plazas y adujo que prefiere profundizar en ello más adelante.



«Como concepto general –resumió Heber–, tenemos un problema como sociedad en
las cárceles y lo tenemos que resolver. Ese es un plan que tenemos que hacer
con colaboración; si no hay colaboración, lo tenemos que hacer igual, porque
es nuestra obligación hacerlo. Yo preferiría que esto estuviera enmarcado en
un plan de “acá nadie está libre de culpa y, por lo tanto, rememos en un
sentido como para tener un sistema carcelario digno”.» A continuación, le
preguntó a Santiago González –responsable del área de Seguridad y
Convivencia del MI– qué porcentaje de población total atendía el Plan de
Dignidad Carcelaria, plan insigne de la administración actual.



«En distintas cuestiones, estamos cerca de los 2 mil, entre las chacras,
etcétera», contestó González, de forma no del todo precisa.



«Dos mil, y son 14 mil… o sea que tenemos que trabajar mucho más en esto»,
retomó el ministro.



Mientras tanto, según datos relevados por Brecha, al compás del aumento
general de la población carcelaria, las principales variables globales de
los establecimientos penitenciarios de todo el país se deterioran mes a mes.
El sistema volvió a tener índices de hacinamiento críticos (especialmente en
el interior del país), las muertes bajo custodia se dispararon de forma
inédita en 2021 y el crecimiento del número de personas privadas de libertad
es explicado, en gran medida, por un repentino aumento de mujeres recluidas
en todo el país.



Hasta las manos



Se conoce como densidad la variable que indica si la capacidad del sistema
penitenciario es acorde a la cantidad de personas recluidas. Regularmente se
calcula con base en la relación entre el total de plazas carcelarias y la
cantidad total de personas privadas de libertad. Si esta relación es mayor
que 100, se habla de superpoblación. Si es mayor que 120, se considera que
las condiciones son de Superpoblación crítica o hacinamiento crítico. En
2020, el sistema penitenciario uruguayo, considerado en forma global, volvió
a caer en una situación de hacinamiento crítico. Y fue bastante más allá.



El cálculo de la densidad presenta varias dificultades. En primer lugar, no
considera explícitamente aspectos sutiles de la convivencia ni de las
condiciones de reclusión. Pero el problema principal tiene que ver con
determinar con exactitud –para un sistema de las características del
uruguayo– cuántas son realmente las plazas carcelarias disponibles. En abril
de 2020, el MI estableció que las plazas totales del sistema eran 10.241
(cuando el último número disponible, hasta entonces, indicaba que había
11.834 lugares). Para la oficina del comisionado parlamentario, el ajuste a
la baja de este indicador fue realizado sin un criterio técnico claro ni una
base sólida. El MI argumentó que se había constatado que muchas plazas que
se contaban como «habilitadas» en realidad estaban inutilizables, por haber
sido vandalizadas. Con base en estas plazas –que tampoco se revisa
sistemáticamente–, en julio de 2020 el sistema carcelario uruguayo alcanzó
el promedio de 121,1 de densidad, es decir, de hacinamiento crítico. En
octubre de ese mismo año, el promedio había avanzado a 127. Y actualmente
–un año después– se ubica en 136.



Al tratarse de un promedio, los niveles de hacinamiento varían según el
establecimiento y la zona del país. Para la zona metropolitana, por ejemplo,
la densidad se sitúa actualmente en 120 (aunque hace un año era de 109). De
los 11 centros penitenciarios de esa zona –quitando Domingo Arena–, tres se
encuentran en situación de hacinamiento crítico: el ex-Comcar (161), la
cárcel femenina de Colón (152) y la Cárcel de Canelones (132). Se trata de
tres de los establecimientos con mayores números de reclusos. La cárcel más
poblada del país, el ex-Comcar, cuenta con 4.064 personas recluidas, pero
sus plazas totales son 2.520.



En cuanto a las unidades penitenciarias del interior, la densidad total,
promedio, a fines de octubre era de 181. Además, las 15 cárceles
distribuidas a lo largo del país estaban por encima del nivel de
hacinamiento crítico. La densidad de la cárcel que registra menor nivel de
hacinamiento se sitúa en 124 (en Río Negro, donde hay 116 plazas carcelarias
y 144 personas recluidas). La cárcel con mayor hacinamiento del país tiene
217 como promedio de densidad: es la de Artigas, donde hay plazas para 90
personas y están presas 195.



El podio



De octubre de 2020 a octubre de 2021, la población del sistema carcelario
uruguayo registró una tasa de crecimiento del 7,5 por ciento. Las unidades
de la zona metropolitana (las más pobladas) crecieron un 6,8 por ciento y la
del interior, un 8,9 por ciento en promedio. En la zona metropolitana, la
cárcel que vio aumentar más su población fue la de Domingo Arena (creció un
73 por ciento: pasó de 15 a 26 presos). Dado que esta es una unidad con
características diferentes al resto, se puede considerar que el centro que
creció más en esta zona fue la Unidad 5 Femenino: de 440 mujeres recluidas,
en el período considerado se pasó a 592. Los otros establecimientos de la
zona metropolitana que más crecieron fueron el ex-Comcar y la Unidad 1 Punta
de Rieles (13,3 por ciento y 6,9 por ciento, respectivamente). A nivel del
país, la Unidad 5 solo fue superada por la Cárcel de Durazno, que vio
acrecentar su población en un 35,6 por ciento. También crecieron Salto
(18,8), Rivera (17,9), Maldonado (15,7), Paysandú (14,1), Florida (8,5),
Lavalleja (7,9), Artigas (6), Tacuarembó (1,6) y Treinta y Tres (0,9).



Las dos cárceles que más aumentaron su población en todo el país tienen un
punto en común. La Unidad 5 es enteramente femenina. La Cárcel de Durazno
tiene dos regímenes distintos (femenino y masculino), pero, si se mira la
distribución por género, dentro de esa unidad la población de varones
aumentó un 31,1 por ciento y la población de mujeres, un 114,3 por ciento
respecto del año anterior. Es decir, en buena medida el crecimiento se
sostiene en el aumento de mujeres tras las rejas. En la Unidad 5 hay plazas
para 390 personas, pero hay 592 presas. En la Cárcel de Durazno hay lugar
para 100 personas, pero hay 179.



Reclusas



Entre las 14 cárceles del interior del país en que existen regímenes de
prisión masculina y femenina (a excepción de Rocha y Flores), en diez de
ellas la población de mujeres creció más que la población de hombres. En el
interior, la cantidad de hombres presos aumentó un 8,2 por ciento en
promedio, mientras que la cantidad de mujeres presas se incrementó un 19,9
por ciento. En algunos departamentos esta diferencia se disparó de forma
inédita (como en el caso de Durazno, donde el crecimiento de la población
femenina representó un 114 por ciento, o los casos de Treinta y Tres y de
Tacuarembó, donde representó más de la mitad). En la zona metropolitana, en
promedio, esos valores fueron de un 5,3 por ciento de aumento de la
población masculina y un 31,5 por ciento de aumento de la población
femenina.



El semanario Búsqueda adelantó esta información recientemente (1) y la
relacionó, en su mayoría, con el aumento de las penas por delitos menores
vinculados al microtráfico de drogas –relacionado con algunas disposiciones
contenidas en la Ley de Urgente Consideración (LUC)–. Según dijo a Brecha el
comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, a raíz de esta nueva alarma
que se encendió en el sistema, varios legisladores del oficialismo y de la
oposición han planteado su interés en reformar las normas penales que
castigan con severidad el microtráfico. Un caso representativo es el de la
senadora colorada Carmen Sanguinetti (Ciudadanos), quien recientemente
sostuvo en Del Sol FM, que no está de acuerdo con el artículo 74 de la LUC y
que –luego del referéndum– trabajará para «removerlo» de la legislación. Se
trata de otro de los temas a partir de los cuales Sanguinetti busca
diferenciarse de la agenda del Partido Nacional.



En rigor, el aumento de la cantidad de mujeres presas es un aspecto
destacado, aunque no es del todo novedoso. Si se toman los establecimientos
de todo el país, en los últimos 12 meses, en promedio, la tasa de
crecimiento de la población privada de libertad representó un 6,3 para los
hombres y un 27,1 para las mujeres. Si bien no es la primera vez que la tasa
de crecimiento es apuntalada por la población femenina, esta relación se
mantiene –más o menos en los mismos términos– también desde hace
aproximadamente cuatro años. De 2018 a 2019, la tasa de crecimiento de la
población masculina fue de 15 por ciento y la de la población femenina, de
29,7 por ciento. De 2019 a 2020, la relación fue de 9,1 por ciento de
crecimiento para los hombres y de 28,8 por ciento para las mujeres. En todo
caso, la tendencia se consolida.



El salto



Otra tendencia consolidada es la de las muertes bajo custodia. Morir en la
cárcel es una eventualidad cada vez más probable en el sistema penitenciario
uruguayo. Si bien es un indicador que viene tallando en el análisis desde
hace varios años (se dispone de información, más o menos certera, al menos
desde 2016), este año las muertes en el sistema también se dispararon. A
octubre, se contaban en total 69 fallecimientos en total. Desde que se tiene
información al respecto, es la primera vez que se alcanza ese número.



Si bien los homicidios, los suicidios, los accidentes y los episodios de
violencia institucional se mantienen en los niveles previos, es la primera
vez que las muertes por enfermedad, por causas «naturales» u ocurridas a
partir de causas no violentas (según la clasificación utilizada por la
oficina del comisionado parlamentario) alcanzan las 40. Hasta ahora, el
máximo de muertes registradas bajo esta tipología había sido de 19 y se
había dado en 2019. Ni el Instituto Nacional de Rehabilitación ni el
comisionado parlamentario han logrado, hasta el momento, brindar
explicaciones de este salto, que supera, incluso, la tasa de crecimiento de
la población del sistema.



Nota



1. Véanse Búsqueda, 26-VIII-21 y 26-X-21.

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