Colombia/ Cinco años del Acuerdo de Paz. El Capítulo Étnico está confinado en papel. [Verdad Abierta]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de noviembre 2021

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Colombia



Cinco años del acuerdo de paz



El Capítulo Étnico está confinado en papel



Tras superar múltiples obstáculos, las comunidades afrodescendientes e
indígenas lograron incluir un conjunto de garantías en el Acuerdo de Paz
para proteger sus derechos y que sus territorios no se vieran afectados por
la implementación de las políticas del posconflicto. Cinco años después los
avances son prácticamente nulos, salvo contadas excepciones.



Verdad Abierta, 18-11-2021

https://verdadabierta.com/



“Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo”, reza el refrán. Esa frase
ejemplifica cómo ha sido la implementación del conjunto de salvaguardas que
los pueblos originarios pudieron consignar, a última hora, en el pacto que
le puso fin a más de 50 años de confrontación entre el Estado colombiano y
la otrora guerrilla más antigua del continente.



El desayuno viene a ser los diálogos de paz que el gobierno del entonces
presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la extinta guerrilla de las Farc
sostuvieron en La Habana, Cuba, entre noviembre de 2012 y agosto de 2016.
Desde que se anunció que se establecería una mesa de negociaciones para
discutir una agenda de seis puntos con el fin de construir una paz estable y
duradera, afros e indígenas pidieron que los dejaran participar.



A pesar de la insistencia, sus palabras no fueron escuchadas, como sí
ocurrió son la Subcomisión de Género, que se creó para garantizar que los
derechos de las mujeres y miembros de la comunidad LGBTI, estuvieran de
manera armónica en el Acuerdo de Paz. Ante las negativas, las comunidades
éticas respondían con más insistencia y diversas acciones de incidencia,
como crear la Comisión Étnica de Paz para aunar esfuerzos y hasta pedir
apoyo en el exterior, especialmente ante el Congreso de Estados Unidos.



No bajar los brazos finalmente rindió frutos: entre el 26 y el 27 junio de
2016, los negociadores del gobierno nacional y de las extintas Farc
recibieron a una delegación de diez representantes de las comunidades
negras, diez de las comunidades indígenas y dos de las comunidades Rrom. 



Para ese momento en Cuba ya se habían acordado cinco de los seis puntos del
futuro Acuerdo de Paz. El margen de maniobra que tuvieron los delegados
étnicos fue estrecho y volvieron a la isla del Caribe en agosto. Por esa
razón, de las 310 páginas que componen el tratado de paz con las Farc, tan
sólo cuatro le dan vida al Capítulo Étnico.



El día 24 de ese mes, cuando se le anunció al mundo que “todo estaba
acordado”, los representantes afros e indígenas aún seguían luchando por sus
derechos. Finalmente lograron que quedaran consignados como el Punto 6.2 del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.



Su principio rector reconoce que las comunidades étnicas “han sufrido
condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la
esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras,
territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el
conflicto armado”.



Feliciano Valencia, indígena del pueblo Nasa y senador de la República por
el Movimiento Alianza Indígena y Social (MAIS), explica que el Capítulo
Étnico contempla cuatro salvaguardas que evitan que la implementación los
acuerdos de La Habana vayan en detrimento de los derechos de los pueblos
étnicos. Por esa razón, cualquier política del denominado posconflicto debe
preservar el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre
e informada; el derecho a la objeción cultural como garantía de no
repetición; el enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y
generación; y la garantía de la no regresividad.



Así fue el ‘desayuno’ del Capítulo Étnico y desde hace cinco años se está
sirviendo su ‘almuerzo’. Y como lo sugiere el viejo refrán, su
implementación está siendo similar a su negociación, pues ha estado nutrida
de retrasos, incumplimientos y negativas.



Nuevo escenario, viejas costumbres



Así como las comunidades étnicas fueron escuchadas sólo al final de los
diálogos de paz, también ocurrió lo mismo con la construcción del Plan Marco
de Implementación (PMI), que es la hoja de ruta para traducir las
disposiciones del Acuerdo de Paz en políticas públicas.



“Se tenían cuatro meses para la implementación del Punto 6.1, relacionado
con el desarrollo del Plan Marco de Implementación. De inmediato el gobierno
continuó con el parámetro de exclusión sistemática de pueblos étnicos: no
iniciamos en el proceso de construcción, aunque las salvaguardas del
Capítulo Étnico así lo establecían”, explica Helmer Quiñones, coordinador
del equipo asesor de la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos
Étnicos (IEANPE).



Para subsanar ese inconveniente, las comunidades recurrieron a su
herramienta más poderosa: la protesta. “Terminamos participando también al
final del Plan Marco de Implementación, entre los meses de septiembre y
diciembre de 2017, pero como producto de la minga indígena y
afrodescendiente que bloqueó la vía Panamericana y que forzó al gobierno a
que participáramos en el proceso”, recuerda Quiñones.



Sólo por las vías de hecho, las cuatro páginas del Capítulo Étnico se
convirtieron en 80 disposiciones y 97 indicadores, distribuidos en 27
pilares en los seis puntos del Acuerdo de Paz. Ese rezago ha sido constante
en la implementación.



De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Kroc, de la Universidad
de Notre Dame, que monitorea el nivel de aplicación de las políticas del
posconflicto, hasta el pasado mes de junio, la mayoría de los puntos étnicos
estaban bajo mínimos.



A raíz de esa paquidermia, Richard Moreno, coordinador del Consejo de Paz
Afrocolombiano (Conpa) y miembro del Foro Interétnico Solidaridad Chocó
(Fisch), afirma que los pueblos étnicos tienen una sensación agridulce con
el Acuerdo de Paz.



“Teníamos muchas esperanzas y aspirábamos a que el Capítulo Étnico sirviera
para avanzar en los rezagos que, históricamente, han tenido nuestros
pueblos, en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. En la valoración que
hacemos en su conjunto, la implementación está alrededor de un ocho por
ciento. Y los avances no se dan precisamente en los puntos más
trascendentales que necesitamos”, lamenta.



Charo Mina, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), que agrupa a
decenas de organizaciones afordescencientes, coincide con Moreno, y detalla
que los pocos avances se han dado en pequeños proyectos de infraestructura.



“Eso es muy problemático porque significa que no está relacionado con las
prioridades establecidas por el Capítulo Étnico, a nivel de derechos
territoriales, sino que está más relacionado con los compromisos del
gobierno nacional con las entidades territoriales, que no son nuestras
prioridades como pueblos étnicos. No hay titulación ni ampliación de
territorios colectivos, tampoco oportunidades de retorno para los
desplazados”, precisa Mina.



Tierra, la principal deuda



Diferentes organizaciones afrodescendientes e indígenas coinciden en que hay
enormes fallas en el punto de Reforma Rural Integral. Incluso, señalan que
el gobierno nacional está inflando las cifras de hectáreas adjudicadas a
través del naciente Fondo de Tierras.



Camilo Niño, presidente de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de
Territorios Indígenas (CNTI), cuenta que se enteraron de esa situación
cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT), les notificó que les había
otorgado 245 mil hectáreas provenientes del Fondo de Tierras, producto de la
implementación del Acuerdo de Paz.



“Al revisar, encontramos que las 245 mil hectáreas vienen de procesos que se
estaban adelantando antes de que se firmaran los acuerdos de paz. Por
ejemplo, tenemos un resguardo que desde hace 42 años había solicitado su
ampliación y otros que correspondían a procesos judiciales, pero que fueron
incluidos como resultado del Acuerdo de Paz”, detalla.



Niño afirma enfáticamente que ese otorgamiento no es posible porque no se
han cumplido los requisitos definidos para tal fin. “Tenía que construirse
un FISO (Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento) y un RESO
(Registro de Sujetos de Ordenamiento) indígena que se diferenciara del
campesino. Hasta la fecha, no existe un FISO étnico, ni una subcuenta étnica
en el Fondo de Tierras. Por eso nos seguimos preguntado de dónde salieron
esas tierras, si no existen los instructivos diferenciales que el decreto
ley considera”, argumenta.



Al respecto, Mina, del PCN, pide que se respete la salvaguarda que
estableció que los procesos de reclamación que venían adelantando las
comunidades étnicas antes de la firma del Acuerdo de Paz no se incluirían
como parte de la implementación.



“El gobierno ha mostrado titulación colectiva que no corresponde a los
compromisos del Acuerdo, sino a compromisos que venían de atrás. Eso quiere
decir que los compromisos nuevos no están siendo cumplidos”, insiste.



Sobre las deudas que esperan que el Acuerdo de Paz ayude a saldar, está la
necesidad de alrededor de un millón de hectáreas para 200 consejos
comunitarios que están solicitando su titulación colectiva. “Hay consejos
comunitarios que han perdido espacios y que nunca han logrado su titulación
colectiva, como los 40 del norte de Cauca, porque diferentes gobiernos se
han negado a reconocer que en esos territorios hay población
afrodescendiente”, refiere Mina.



En una situación similar están 779 resguardos indígenas en todo el país, que
han ido adquiriendo predios por sus propios medios a través del Sistema
General de Participación, pero que no han sido anexados a sus títulos
colectivos. En los despachos de la ANT hay 1.014 solicitudes de ampliación,
constitución y saneamiento. (Leer más en: “Estamos pidiendo la formalización
de 8 millones de hectáreas”)



Sobre ese punto en particular, Niño, de la CNTI, aclara que no es cierto que
los pueblos indígenas estén exigiendo que el Estado compre y les adjudique
millones de hectáreas, porque “ya tenemos uso y posesión de muchas áreas que
sólo requieren formalización”. Aunque no descarta que algunos resguardos
indígenas sí necesiten adjudicación.



¿Y las Guardias?



Una de las pocas menciones con nombre propio que hacen las cuatro páginas
del Capítulo Étnico están dedicadas a los mecanismos de protección colectiva
de los pueblos originarios. “Se garantizará el fortalecimiento de los
sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel
nacional e internacional como la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona”,
requiere.



Armando Valbuena, secretario de la IEANPE, entidad creada por el Acuerdo de
Paz para hacerle seguimiento a la implementación de las disposiciones
étnicas, afirma que sigue siendo una deuda por la falta de voluntad política
del gobierno nacional y que les han dado pocos recursos.



“La Unidad Nacional de Protección ha apoyado con recursos algunos procesos
puntales de protección colectiva, pero no son una política de Estado para
que se ejerza el control territorial. En el Pacífico hacemos presencia en 30
municipios y no contamos con los recursos necesarios para la movilización de
los guardias. Se necesitan cosas sencillas como comunicaciones en regiones
sin conectividad, por eso pedimos radios de comunicación y es un proceso
largo que no ha sido admitido”, cuenta.



La situación de la Guardia Cimarrona es peor porque no tiene reconocimiento
jurídico. “Allí hay una discrepancia con el gobierno nacional de reconocer a
esta Guardia como un mecanismo que hace parte del sistema de gobierno del
pueblo negro y ha sido muy difícil de llegar a un acuerdo”, plantea Mina.



Y prosigue: “Hay un acto discriminador por parte del gobierno nacional
respecto a la Guardia Cimarrona. No necesita una ley para ser reconocida,
tiene el reconocimiento por ser parte del proceso de lucha. Eso está en el
marco de acciones discriminatorias del gobierno. No hay voluntad política de
reconocer al pueblo afrodescendiente”.



Edwin Mauricio Capaz, uno de los voceros del Consejo Regional Indígena del
Cauca (Cric), refiere que la Guardia en ese departamento ha recibido alguna
dotación logística que no es suficiente para los contextos de violencia que
enfrenta: “Han dado botas, radios, chalecos. Cosas útiles para el diario, no
vamos a desvalorar lo que se ha dado; pero botas y chalecos cada año, frente
a lo que asumimos, no es suficiente para las dinámicas tan adversas que hay
en nuestros territorios, que ameritan esfuerzos mayores. Seguramente serían
suficientes en otros contextos”. Entre 2016 y 2020, tan sólo en la zona
norte de Cauca, fueron asesinados 175 comuneros indígenas. (Leer más en: La
dolorosa e incesante cuenta de cobro a los Nasa)



Sistema Integral, otro cantar



En la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), de la
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CVE) y de la Unidad de Búsqueda de
Personas Desaparecidas (UBPD), a diferencia de otras medidas del Acuerdo de
Paz, las comunidades étnicas sí fueron tenidas en cuenta. Esas tres
entidades le dan vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y
No Repetición.



Al respecto, Helmer Quiñones, de la IEANPE, plantea que ese caso muestra
cómo la implementación correcta de las salvaguardas del Capítulo Étnico
cambia el destino de los pueblos originarios.



“El mecanismo de selección recibió el mensaje que tenía que implementar un
enfoque étnico y racial. Por eso se cuidó en elegir a Patricia Tobón y a
Ángela Salazar en la Comisión; tuvimos la posibilidad de que ocho de los 38
magistrados sean étnicos; y en la Unidad de Búsqueda tuvimos un referente
igual y con su directora diseñamos un mecanismo de consulta más sofisticado
y tenemos caminos de diálogo que permitieron que el Plan Nacional de
Búsqueda tenga capítulos específicos para afros e indígenas”, refiere.



Para Marino Córdoba, presidente de la Asociación de Afrocolombianos
Desplazados (Afrodes), a pesar de que el Sistema Integral ha tenido una
oposición muy fuerte por parte del gobierno nacional, es el único componente
que hasta ahora está arrojando resultados concretos para las comunidades
étnicas.



“Duele escuchar esa realidad, pero para nosotros es importante entender cómo
el conflicto nos afectó de manera diferencial. También ha habido avances en
materia de participación, en la construcción de informes, en presentar
nuestros puntos de vista, hemos sido escuchados y estamos representados. Lo
único que podemos resaltar de todo este proceso de paz, con limitaciones
incluidas, es el Sistema Integral”, precisa.



Sobre las comunidades indígenas, el senador Valencia señala que la labor las
tres entidades creadas para reparar a las víctimas del conflicto armado,
puede generar “un reconocimiento y una verdad acerca del conflicto desde las
voces de las mismas comunidades indígenas, porque si bien el conflicto
armado ha afectado de manera profunda a muchos sectores sociales y
comunidades rurales, los impactos que ha tenido sobre las comunidades
indígenas se revisten de un sentido particular dado que trascienden la
individualidad y han permeado al sujeto colectivo”.



La lupa de los entes de control



La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la
República le han hecho estrecho seguimiento a la implementación del Capítulo
Étnico. En diferentes informes han cuestionado el rezago en su
implementación y piden celeridad para saldar las deudas con los pueblos
étnicos.



En su Tercer Informe al Congreso Sobre el Estado de Avance de la
Implementación del Acuerdo de Paz, presentado el pasado mes de agosto, el
Ministerio Público concluyó que la aplicación del Capítulo Étnico, tras
cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, tiene un bajísimo nivel.



“Los pueblos siguen padeciendo las condiciones históricas de injusticia e
inequidad y continúan siendo afectados gravemente por las dinámicas de
reconfiguración del conflicto armado interno y la intensificación de la
violencia en los territorios”, afirma.



Una de sus principales críticas fue dirigida hacia la gestión del Fondo
Tierras, puesto que la subcuenta étnica aún no está reglamentada y no tiene
fondos asignados. Y en línea con las denuncias realizadas por voceros de la
CNTI y del PCN, señala que la constitución de tres resguardos indígenas y la
ampliación de otros dos, no están relacionadas con el Acuerdo de Paz, como
lo reportó la ANT.



Al respecto, Emilio Archila, alto consejero presidencial para la
Estabilización y la Consolidación, explica que las metas logradas durante el
gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) son más que satisfactorias,
pues han logrado ingresar al banco de tierras 1,2 millones de hectáreas en
los últimos tres años, cuando la meta para 15 años es de tres millones, y de
las 7 millones de hectáreas que se proyectaron entregar a campesinos sin
tierra o con muy poca, ya se han otorgado más de un millón.



“Hay una discusión tanto política como jurídica que tiene que ver con la
formalización de tierras. En la lectura que hace la Procuraduría, las
tierras que vienen de procesos anteriores no deberíamos poder contarlas y
los que son baldíos tampoco, pero la visión nuestra es que necesitamos
campesinos con tierras”, resalta el funcionario.



Los rezagos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos (PNIS) también fueron reseñados porque no cuenta con un enfoque
étnico y tan sólo hasta diciembre del año pasado, se acordó una consulta con
las comunidades indígenas para su ejecución, pero el gobierno nacional
“manifestó su voluntad de implementar el programa en territorios que no han
sido formalizados como resguardos, por lo que no se consultaría con las
comunidades que habitan estos espacios”.



Otro lunar que señala la Procuraduría es que la consulta previa, libre e
informada, “no se ha realizado de forma efectiva en las comunidades, por lo
que existe un alto riesgo de regresividad en este aspecto”. Y también
cuestiona que tan sólo hasta marzo del año pasado, se le asignara una
partida presupuestal a la IEANPE para que pueda cumplir con su mandato de
actuar como consultora, representante e interlocutora en los temas
relacionados con el Capítulo Étnico.



Por su parte, la principal crítica de la Contraloría es que cinco años
después de la firma del Acuerdo de Paz, no existe un indicador que permita
medir la inversión presupuestal para cumplir con la implementación del
Capítulo Étnico.



En su radiografía, el ente fiscal coincide en varios puntos con la
Procuraduría. Pero presenta duros hallazgos en el punto de tierras, el más
sensible para las comunidades étnicas por sus necesidades y cosmogonía.
Estableció que, hasta el 31 de marzo de este año, ninguno de los Planes
Nacionales para la Reforma Rural Integral había incorporado efectivamente el
enfoque étnico.



“No se ha garantizado la participación de los pueblos étnicos en el diseño e
implementación de los Planes Nacionales, pues además de carencia de
estrategia para la atención a esta población, en algunos casos (Agua, Riego)
se ha justificado la ausencia de enfoque diferencial étnico, en el carácter
universal del servicio público, y aunque en los restantes se menciona en el
texto del Plan, sólo se apuntala a tenerlo como un criterio diferenciador”,
detalla.



Todas esas deudas, a las que se les suma el resurgimiento de la violencia en
los resguardos y consejos comunitarios, por parte de nuevos y antiguos
grupos armados que se disputan los territorios que controlaron las antiguas
Farc, demuestran que el Capítulo Étnico está confinado en las cuatro páginas
del Acuerdo de Paz.



No obstante, las comunidades afro e indígenas les han pedido a sus líderes
que sigan luchando por la implementación del Capítulo Étnico, porque no
pierden la esperanza de vivir en paz.

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