Ecuador/ Crisis carcelaria: matar y dejar matar. [Jorge Vicente Paladines]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

19 de noviembre 2021

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Ecuador



Crisis carcelaria: matar y dejar matar



Jorge Vicente Paladines*

Página/12, 18-11-2021

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Es la cuarta vez en lo que va del año. Las prisiones ecuatorianas se han
convertido en los lugares más inseguros del planeta, en espacios físicos
donde de forma sistemática y masiva se reproduce la práctica de machacar la
sustancia humana. Una saga de horror y muerte que deja en suspenso el
derecho a la vida de cada interno que allí sobrevive. Las cárceles son
instituciones totales -como diría Foucault- devenidas en mataderos.



Los familiares de las personas descuartizadas son receptoras de un sugestivo
relato. Más allá de la sensibilidad contenida en una condolencia colectiva,
el gobierno intenta explicar cada matanza en la emergencia del narcotráfico,
la disputa por el territorio y las riñas entre bandas, sin descartar teorías
conspiracionistas de última hora que insinúan en móviles políticos como el
sabotaje y terrorismo; un extraño empalme discursivo que aparece en tiempos
donde también se debaten los Papeles de Pandora para incomodidad del
régimen. Sin embargo, las muertes son explicadas desde una peligrosa base
moral. Si bien se distingue el pasado judicial de los asesinados, se olvida
que todos ellos merecen justicia sin importar lo que hicieron. Las personas
masacradas quedan entonces atrapadas en el dilema del “bien” y del “mal”, en
una guerra entre presos-delincuentes que ahora no diferencia vinculación a
bandas, estado de la causa procesal o nimiedad del delito cometido.



Mientras el Presidente Guillermo Lasso llamaba a cerrar filas contra un
enemigo en común, el narcotráfico, se ensamblaron otros relatos. A pocos
días de producirse la nueva matanza del 13 de noviembre, la Asamblea
Nacional emitió un informe que destaca en las necesidades del sistema
penitenciario como problema de Estado, claro está, bajo una sutil mirada que
en retrospectiva alcanza curiosamente al gobierno de Rafael Correa.
Asimismo, y tras permitir cada estado de excepción, la complaciente Corte
Constitucional conminó en marzo al entonces gobierno de Lenín Moreno a
preocuparse del estado de las prisiones, aunque sin declarar el estado de
cosas inconstitucional como lo hiciera su equivalente en Colombia. Después
de la nueva masacre, hasta la propia Fiscalía General del Estado habría de
pronunciarse contra el abuso de la prisión preventiva.



A los relatos sobre el incumplimiento de los estándares internacionales para
las personas privadas de la libertad se suman las voces de expertos,
académicos y opinólogos de coyuntura. La mayoría de sus análisis subrayan en
las deficiencias del Estado para la provisión de recursos humanos y
económicos, así como la denuncia sobre las deplorables condiciones del
encarcelamiento. Bajo una babilónica gama de propuestas multicausales
coexisten iniciativas para militarizar y privatizar las cárceles, contratar
más policías, construir regímenes de “cárcel dura”, solicitar cooperación
internacional, fortalecer la inteligencia, flexibilizar el porte de armas,
inmunizar la actuación de policía, reformar las leyes, humanizar las
cárceles, indultar y reducir el hacinamiento, desburocratizar los trámites
para la pre-libertad, aumentar más jueces penitenciarios, insistir en el uso
de la prisión preventiva como ultima ratio; en fin, un conjunto de ideas
donde la “mano dura” y la “mano blanda” se yuxtaponen y colaboran.



Todos estos relatos construyen la realidad de los familiares. Pero aunque
cada matanza produzca una conmoción nacional, no existe una causa en común.
Las explicaciones, informes o análisis se extravían del camino o razón que
los motiva. No se discute en sí sobre las masacres en cuanto al
esclarecimiento de la verdad, es decir, los pormenores que llevaron a
quienes iban a ser descuartizados el 13 de noviembre a llamar y chatear
desesperadamente a sus familiares pidiendo que sean rescatados. A pesar que
sus madres y hermanos -muchos de ellos apostados en el portón de la
Penitenciería del Litoral de Guayaquil- imploraron por auxilio durante
varias horas, ningún policía o militar interrumpió el curso causal de la
masacre. Los detenidos esperaron que caigan las paredes de su pabellón; sus
mensajes transcriben no sólo desgarradoras despedidas, sino también una
especial forma de impunidad.



Los familiares de las personas masacradas no merecen recibir el relato de la
“mala suerte” o del “destino”. Tampoco la irresponsable versión
estadofallista de que las cárceles están controladas por las bandas
criminales locales, pues nada de lo ocurrido allí tiene que ver con la
existencia de un orden racional alguno sino con el ascenso violento de un
poder brutal. La Fiscalía del Ecuador deberá investigar y acusar a quienes
actuaron y participaron en estas masacres al interior de las cárceles
-paradójicamente mientras es liberado por beneficios penitenciarios uno de
sus líderes-. Pero también deberá investigar a quienes no brindaron auxilio
teniendo la obligación legal de hacerlo, en especial para descifrar la
existencia o no de posibles y complejos entramados de connivencia.



A diferencia de las matanzas del Lurigancho y El Frontón (Perú, 1986) o del
Carandirú (Brasil, 1992), las perpetradas en suelo ecuatoriano no vienen
precisamente de la mano directa de policías o militares. A simple vista, la
sangre habría sólo de salpicar a los miembros de las organizaciones o bandas
que, de forma manifiesta, se muestran como criminales. Y, porque además, una
ligera lectura o primer plano de la definición jurídica del Ecuador impide
subsumir el execrable crimen internacional de ejecución extrajudicial, dado
que quienes obraron para matar son extraños a la calidad burocrática como
agente de seguridad pública, ni tampoco habrían recibido fácticamente el
mandato para ejecutarlos en su nombre.



Lo que olvidan quienes desean invocar el estricto principio de legalidad
ecuatoriano es que la definición de la ejecución extrajudicial es producto
de la doctrina y jurisprudencia internacional. Es decir, para la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el cifrado de su definición jurídica no
se ha clausurado, sigue siendo un constructo. De ahí las diferencias entre
ejecuciones sumarias o masivas, motivadas o no por razones políticas, con
aquiescencia, tolerancia u omisión deliberada como formas de dolo o
intencionalidad. Su impronta está en la memoria del “gatillo fácil” y las
técnicas de “limpieza social”, pero también en la serie de matanzas
producidas en las prisiones latinoamericanas, lugares donde el Estado está
en posición de garante de la vida e integridad de las personas que en nombre
de sus leyes fueron privadas de la libertad. Por ello, cualquier muerte
ilícita producida en las prisiones demanda la aplicación del Protocolo de
Minnesota.



En la otrora “isla de paz” del Ecuador han sido masacradas cerca de
trescientas personas en lo que va del 2021. Las masacres muestran la crudeza
del crimen organizado mediante formas jamás vistas en su vida republicana.
También la parsimonia de un Estado que desprotegió a sus ciudadanos al no
acudir inmediatamente al llamado de quienes fueron asesinados en sus propias
prisiones. Ningún relato es fundamental mientras no haya respuestas. No sólo
para satisfacer la sed de verdad de los familiares de las víctimas, sino
para que la sociedad ecuatoriana sepa que está conviviendo o no en un Estado
de Derecho. Si no se investiga en profundidad cada masacre sus víctimas
habrían muerto dos veces: primero por sus victimarios y luego por la
impunidad.



* Profesor de la Universidad Central del Ecuador.

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