Brasil/ Deforestación amazónica se agudiza y amenaza el clima mundial- [Mario Osava]

[Ernesto Herrera]

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Correspondencia de Prensa

20 de noviembre 2021

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Brasil



Deforestación amazónica se agudiza y amenaza el clima mundial



Mario Osava, desde Río de Janeiro

Inter Press Service, 19-11-2021

https://ipsnoticias.net/



El gobierno de Brasil ocultó por tres semanas  que la deforestación de la
Amazonia brasileña aumentó 21,97 por ciento el último año y acentuó una
tendencia que amenaza con echar a perder los esfuerzos por contener el
recalentamiento planetario.



El informe del estatal Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE,
en portugués) con los datos del año amazónico terminado en julio, e iniciado
en agosto de 2020, tiene fecha del 27 de octubre, pero el gobierno solo lo
divulgó el jueves 18 de noviembre.



Evitó así que el desastre deteriorara más aún la credibilidad del gobierno
del presidente Jair Bolsonaro, ya derrochada por casi tres años de acciones
antiambientales, en la antesala de la 26 Conferencia de las Partes (COP26)
de la convención sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow, entre el
31 de octubre y el 13 de noviembre.



El Proyecto de Monitoreo por Satélite de la Deforestación en la Amazonia
Legal (Prodes), del INPE, registró 13 235 kilómetros cuadrados de áreas que
tuvieron su cobertura boscosa totalmente suprimida, 21,97 % más que en el
período anterior y casi el triple de los 4571 kilómetros cuadrados de 2012.



La Amazonia Legal, que ocupa 5,01 millones de kilómetros cuadrados en
Brasil, ya perdió cerca de 17 % de su área boscosa. Una extensión similar
tuvo sus bosques degradados, es decir algunas especies taladas, reducción de
su biodiversidad y biomasa, según el no gubernamental Instituto del Hombre y
el Medio Ambiente de la Amazonia.



Carlos Nobre, uno de los principales climatólogos del país y quien integra
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
evalúa que el mayor complejo forestal tropical del mundo se acerca a su
degradación irreversible en un proceso de “sabanización”.



El punto de no retorno es la deforestación entre 20 a 25 %, estima el actual
investigador del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de São Paulo
y miembro de las academias de ciencias de Brasil y Estados Unidos.



Alcanzar ese punto constituiría un desastre para el planeta. Es que los
bosques y suelos amazónicos almacenan el carbono equivalente a cinco años de
las emisiones mundiales, estiman los especialistas. El colapso forestal
liberaría gran parte de sus gases del efecto invernadero en la atmósfera.



Un riesgo similar proviene del llamado permafrost, una capa de subsuelo
congelada bajo el hielo del Ártico y Groenlandia, por ejemplo, que empieza a
descongelarse ante el calentamiento global.



Brasil había logrado reducir la deforestación amazónica desde 2004, cuando
se registró 27 772 kilómetros cuadrados de bosques suprimidos. Un esfuerzo
de los órganos ambientales bajó ese exceso a 4571 kilómetros cuadrados en
2012. Vale decir que es posible, pero depende de la voluntad política y de
la gestión.



Es otro gigantesco almacén de carbono que, liberado, atropellaría el intento
de limitar en 1,5 grados Celsius el aumento de la temperatura de la Tierra
en este siglo.



La Amazonia, un inmenso bioma que se distribuye por ocho países
sudamericanos más el territorio  de la Guayana francesa, es por tanto clave
en la busca de soluciones para la crisis climática.



Brasil, con 60 % del bioma, tiene un papel decisivo. Y por eso es el blanco
evidente de la medida anunciada por la Comisión Europea que, con la esperada
aprobación del Parlamento Europeo, pretende prohibir la importación de
productos agrícolas asociados a la deforestación o la degradación forestal.



La Comisión, órgano ejecutivo del bloque de 27 países de la Unión Europea,
no distingue la deforestación legal y la ilegal. Exige que los exportadores
comprueben la exención de sus productos, mediante el rastreo de sus
proveedores.



Brasil es el gran exportador agrícola bajo la mirada de los ambientalistas y
líderes que, por interés comercial o ambiental, quieren mantener de pie los
bosques aún existentes en el mundo.



El aumento de 75 % en la deforestación amazónica en los casi tres años de
gobierno de Bolsonaro amplía la vulnerabilidad brasileña a las restricciones
comerciales por motivos ambientales.



Esa fue la probable razón de un cambio de actitud de la delegación
gubernamental en la ciudad escocesa Glasgow, durante la COP26.



Inesperadamente Brasil adhirió al compromiso de reducir 30 % de las
emisiones de metano para 2030, una medida que afecta su ganadería vacuna,
que responde por 71,8 % de las emisiones nacionales de ese gas de efecto
invernadero.



Como es el mayor exportador mundial de carne de vacuno, que obtuvo 8400
millones de dólares por dos millones de toneladas en 2020, Brasil había
rechazado anteriormente propuestas volcadas al metano, un gas por lo menos
20 veces más potente que el dióxido de carbono en recalentamiento global.



Brasil también prometió eliminar la deforestación hasta 2028, dos años antes
del compromiso propuesto, y dejó de obstruir acuerdos, como el del mercado
de carbono, en una postura totalmente distinta de la que adoptó en los dos
años anteriores.



La amenaza de barreras comerciales y el intento de mejorar la reputación
internacional del gobierno están por detrás de la nueva actitud. Los nuevos
ministros de Relaciones Exteriores, Carlos França, y de Medio Ambiente,
Joaquim Leite, en sus cargos desde abril y junio, respectivamente, tratan de
mitigar los daños provocados por sus antecesores, buros antidiplomáticos y
antiambientalistas.



Pero los datos de la deforestación amazónica y la dilación de su divulgación
desatan nueva ola de descrédito.



Leite alegó no haber tenido conocimiento anterior del informe del INPE, una
justificación poco creíble en un gobierno conocido por abusar de noticias
falsas y la desinformación. Anunció que el gobierno será “contundente” en la
represión a los delitos ambientales en la Amazonia, al comentar los datos de
la deforestación “inaceptables”.



Junto con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, que
tiene la Policía Federal bajo su administración, prometieron movilizar las
fuerzas necesarias para combatir la deforestación ilegal.



La reacción es tardía y de éxito dudoso, ante la disposición contraria del
jefe de gobierno y la desactivación de los órganos ambientales por el
ministro anterior, Ricardo Salles, que defendió extractores ilegales de
madera contra la acción policial.



El exministro privó de recursos y especialistas a los dos institutos
ejecutores de la política ambiental, uno de inspección y otro de protección
de la biodiversidad y gestión de las unidades de conservación. Además nombró
personas sin calificación, como policías militares, para comandar esos
órganos.



El presidente Bolsonaro abolió los consejos y otros mecanismos de
participación de la sociedad en la gestión ambiental, tal como en otros
sectores, y estimuló varias actividades ilegales en la Amazonia, como el
“garimpo” (minería informal), la invasión de áreas indígenas y tierras
públicas.



El resultado solo podría ser el incremento de la deforestación y los
incendios forestales que diseminaron la destrucción en los dos últimos años.
El humo de las “quemadas” contaminó el aire de ciudades a más de 1000
kilómetros.



Bolsonaro, sin embargo, declaró el 15 de noviembre en Dubai, en los Emiratos
Árabes Unidos, que en la Amazonia no ocurren incendios debido a la humedad
forestal y que 90% de la región se mantiene “igual que en 1500”, cuando
llegaron los portugueses en Brasil.



Su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, reconoció que “la
deforestación en la Amazonia es real, los datos del INPE no dejan dudas”. Su
inusual discrepancia con el presidente se basa en su experiencia al presidir
el Consejo Nacional de la Amazonia Legal, para proponer y coordinar acciones
en la región.



Brasil había logrado reducir la deforestación amazónica desde 2004, cuando
se registró 27 772 kilómetros cuadrados de bosques suprimidos. Un esfuerzo
de los órganos ambientales bajó ese exceso a 4571 kilómetros cuadrados en
2012. Vale decir que es posible, pero depende de la voluntad política y de
la gestión.

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